Vanity Fea

Vaya, parece que hay ciertos problemas conceptuales en la Constitución Española. No define bastante sus términos básicos... por ejemplo qué es un ser humano, o una persona.

Ahora parece ser que el Gobierno va a dictar, por decreto ley, que los fetos de hasta siete meses no son seres humanos, sino meros "residuos biosanitarios". Eso para favorecer a las clínicas abortistas, para que puedan enviar a todos los fetos a la trituradora legalmente, y no bajo mano como hasta ahora. Y terminar de institucionalizar el aborto libre de facto, sin necesidad de tocar más la ley—por lo bajini.

Todo esto será legal. Seguramente será inmoral en opinión de muchos, pero no se puede decir que no sea legal. A otros les parecerá cojonudo, por supuesto, sobre todo a los trituradores de fetos, que se van a ahorrar una pasta y unas preocupaciones. Si es que preocupaciones tienen alguna.

La Declaración universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas no se pronuncia en absoluto sobre la cualidad de personas o no de los no nacidos. Pero... tampoco de los nacidos. Declara los derechos de las personas o individuos, pero no nos dice qué es una persona o individuo, o un ser humano. Eso lo definen las leyes. Bastaría, quizá, con que una legislación estableciese que no se alcanza la "personalidad" o la "individualidad" hasta el ingreso en guardería, o hasta la edad de (pongamos) siete años, para que cumpliese perfectamente esta Declaración. Autorizando el infanticidio hasta entonces, si por allí les diese a los progenitores. Y los demás a ejercer la tolerancia en estos asuntos privados, como ahora con los abortos sietemensinos. Culturas hay que lo han hecho.

O bastaría una norma específica que remitiese la obtención de la categoría de ser humano a quien fuese capaz de superar un examen o baremo de humanidad, por ejemplo basado en criterios filosóficos tan rancios y añejos como la consciencia de sí o la iniciativa personal, o la capacidad de racionalidad, o de expresión de deseos propios o de un proyecto vital. Los tests serían fiables al ser diseñados por expertos altamente cualificados y por comisiones nacionales acreditadas. Y los locos, los Alzheimer y los subnormales, al horno crematorio—con los demás residuos biosanitarios.

Incluso con Declaración Universal de los Derechos Humanos, y con Constitución, estamos siempre a un paso de Auschwitz. Que también era, seguramente, legal.