La evaluación evaluada
Nos hacen llegar los representantes sindicales de FETE-UGT esta valoración tan negativa del novedoso programa de evaluación de la actividad docente del profesorado recién implantado por la Universidad de Zaragoza:
Habréis recibido (seguramente con sorpresa) una carta del Vicerrector de Profesorado en la que nos comunica, sin grandes explicaciones, que se ha implantado el nuevo proceso de evaluación de la actividad docente del profesorado, por supuesto, sin conocer ni publicar previamente los criterios de valoración ni el modelo de encuesta.
La evaluación de la actividad docente del profesorado constituye, tanto por el contenido como por la forma de implantarlo, otro ejemplo de IMPOSICIÓN por parte del actual equipo rectoral.
UGT quiere manifestar que comparte el interés por mejorar la calidad de la docencia universitaria, esto siempre ha sido una voluntad reiteradamente expresada en sus congresos, pero rechaza frontalmente los métodos utilizados por el equipo rectoral, imponiendo un procedimiento que puede terminar desvirtuando la actividad docente del profesorado con el único fin de conseguir la evaluación positiva. Somos conscientes de que los defensores a ultranza de este procedimiento (¿con qué intenciones?), rápidamente nos acusarán de corporativismo, por esa razón y ya desde el principio, queremos dejar claro que no hay que jugar a la confusión, que nuestro compromiso es defender a todos los miembros de la comunidad universitaria (PDI, PAS y alumnos), y en este caso, entendemos que se lesionan gravemente los derechos del profesorado.
Así pues, VALORAMOS MUY NEGATIVAMENTE:
• Las actuaciones del vicerrector de profesorado durante el proceso hasta la aprobación del documento “Normativa básica sobre el procedimiento y los criterios de evaluación de la actividad docente del profesorado”.
• El contenido de la propia normativa, sobre la que se presentaron numerosos escritos y alegaciones por parte de la Junta de PDI en su totalidad.
• El apresurado comienzo del procedimiento a pesar del desacuerdo mostrado por la mayoría de los representantes de los trabajadores.
Como en otros temas relativos a las condiciones laborales del PDI, la actitud del vicerrector de profesorado se ha limitado a reunir a los representantes, comunicarles lo que el equipo piensa llevar al Consejo de Gobierno e indicarles lo que no están dispuestos a negociar, es decir todo. En este contexto, UGT DENUNCIA LA FALTA DE NEGOCIACIÓN con los representantes legales de los profesores de la UZ. A diferencia de otras universidades españolas donde se están firmando numerosos acuerdos que van permitiendo mejorar las condiciones laborales, encorsetadas por la legislación nacional de su personal, en la Universidad de Zaragoza se continúa en el oscurantismo, defendiendo a ultranza una normativa calcada de la anterior (de nefasta experiencia....) y que no sirvió para mejorar la docencia que era su objetivo, sino todo lo contrario, para crear malestar e incluso fomentar el “mobbing laboral” o acoso psicológico o moral en el trabajo. Entendemos, pues, que no es suficiente poner sobre el papel que “…se cumplirá con los requisitos legales de información, análisis y negociación con los órganos de representación de los trabajadores…”, ¿con quién se ha negociado?, ¿quién le ha dado las bendiciones?. Desde luego, UGT no.
Con respecto al procedimiento para la evaluación docente, RESALTAMOS y CRITICAMOS los siguientes aspectos:
• El proceso resulta complejo, generando gran cantidad de burocracia, para terminar limitándose a la encuesta anónima de los alumnos. En este sentido, es preciso señalar que, salvo la encuesta a los alumnos, los restantes elementos de evaluación están sin regular, lo que ofrece una idea muy clara de la importancia que se les piensa conceder a pesar de todas las “buenas palabras”.
• Generará indefensión y malestar en el profesorado al verse sometido a la valoración subjetiva tanto de los alumnos como de los miembros de las diversas comisiones implicadas. Para detectar incumplimientos o deficiencias en la calidad de la actividad docente, indudablemente existen métodos más objetivos. Además, la Universidad no puede delegar en otros una función que como gestora de fondos públicos es suya.
• Algunas etapas del proceso crean serias dudas respecto a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal. La confidencialidad no se garantiza en el caso del profesor, dada la forma en que se pretende dar a conocer el resultado.
• Las encuestas de opinión son herramientas de sondeo muy útiles para detectar cuestiones específicas a mejorar. A modo de ejemplo, en los EEUU, de donde algunos siempre quieren aprender, se inventaron las encuestas de opinión para saber, por ejemplo, si un coche gustaba a los usuarios, nunca se pretendió saber con ellas si un coche ere mejor que otro, y mucho menos para saber si era bueno o malo. Sin embargo, como ya se ha apuntado al principio, la mala utilización de las mismas puede incentivar al profesorado a que no sea riguroso y exigente en la docencia para conseguir una evaluación positiva. Apoya lo anterior el hecho de que los profesores universitarios vivimos de nuestro trabajo, necesitamos complementos que ayuden a pagar nuestras hipotecas, necesitamos consolidar una plaza tras años de dedicación, etc.
Desde UGT entendemos que un programa de mejora continua de la calidad de enseñanza, debe partir de un análisis exhaustivo de la situación actual (por ejemplo analizando las consecuencias de la excesiva masificación en las aulas,…), para poner en marcha programas concretos de actuación, que posteriormente deberán ser evaluados, de forma que el proceso se vaya perfeccionando en etapas sucesivas. En la UZ parece que lo más importante es poner en tela de juicio al profesor, amenazarle con la penalización (se habla de complementos, pero pensemos en lo que puede suponer para los profesores que todavía no tienen plaza consolidada). ¿Es una buena estrategia para motivar al profesorado?. ¿Casi veinte años de experiencia negativa ha servido para algo?.
FETE-UGT. SECCIÓN SINDICAL UNIVERSIDAD.
Recuerdo a este respecto que en la última oposición a la que me presenté, la presidenta del tribunal me echó en cara que no les hubiese presentado entre la documentación para la plaza los resultados de las encuestas de docencia de los alumnos. A lo que repliqué que le había presentado al tribunal el documento que creía oficial y relevante sobre este particular, a saber, la certificación por parte de la Comisión de Docencia del centro (que había tenido en cuenta las encuestas como parte de su proceso de evaluación). Una certificación en la que se comunicaba la valoración positiva de mi docencia y se me felicitaba por la labor realizada. Pero la presidenta del tribunal insistía:
- ¿Que por qué no les entregaba las encuestas al tribunal?
- Pues porque era un documento previo a la elaboración del informe, y además de carácter confidencial, y no se requería para presentarse a la oposición.
- Pero el Tribunal deseaba verlas, me recordaba la Presidenta, y tenía derecho a solicitarlas.
- Bien, ustedes tienen derecho a expresar ese deseo, pero yo tengo derecho a no dárselas, les dije, y a que se me evalúe de acuerdo con los documentos que tienen validez oficial, es decir, los informes emitidos por mi centro.
Y así quedó la cosa, y así me fue en la oposición, supongo... (Por cierto, mis encuestas de alumnos eran todas positivas si bien no brillantes, así que, con hindsight, le ahorré al tribunal el trabajo de esgrimir ese argumento para dejarme en la cuneta. Tampoco pondría yo la mano en el fuego de que mis clases sean necesariamente peores que las de profesores que sean mejor puntuados por los estudiantes).
Evaluación e inspección ha de haber en la Universidad, eso parece claro. Pero habrá que regular los procedimientos y usos y límites adecuados de las diversas fases del proceso de evaluación, además de su resultado final. El mal uso interesado de las evaluaciones nunca quedará descartado. Con lo cual la energía perdida en medios, y en medios para examinar los medios, va a ser realmente notable.
Habréis recibido (seguramente con sorpresa) una carta del Vicerrector de Profesorado en la que nos comunica, sin grandes explicaciones, que se ha implantado el nuevo proceso de evaluación de la actividad docente del profesorado, por supuesto, sin conocer ni publicar previamente los criterios de valoración ni el modelo de encuesta.
La evaluación de la actividad docente del profesorado constituye, tanto por el contenido como por la forma de implantarlo, otro ejemplo de IMPOSICIÓN por parte del actual equipo rectoral.
UGT quiere manifestar que comparte el interés por mejorar la calidad de la docencia universitaria, esto siempre ha sido una voluntad reiteradamente expresada en sus congresos, pero rechaza frontalmente los métodos utilizados por el equipo rectoral, imponiendo un procedimiento que puede terminar desvirtuando la actividad docente del profesorado con el único fin de conseguir la evaluación positiva. Somos conscientes de que los defensores a ultranza de este procedimiento (¿con qué intenciones?), rápidamente nos acusarán de corporativismo, por esa razón y ya desde el principio, queremos dejar claro que no hay que jugar a la confusión, que nuestro compromiso es defender a todos los miembros de la comunidad universitaria (PDI, PAS y alumnos), y en este caso, entendemos que se lesionan gravemente los derechos del profesorado.
Así pues, VALORAMOS MUY NEGATIVAMENTE:
• Las actuaciones del vicerrector de profesorado durante el proceso hasta la aprobación del documento “Normativa básica sobre el procedimiento y los criterios de evaluación de la actividad docente del profesorado”.
• El contenido de la propia normativa, sobre la que se presentaron numerosos escritos y alegaciones por parte de la Junta de PDI en su totalidad.
• El apresurado comienzo del procedimiento a pesar del desacuerdo mostrado por la mayoría de los representantes de los trabajadores.
Como en otros temas relativos a las condiciones laborales del PDI, la actitud del vicerrector de profesorado se ha limitado a reunir a los representantes, comunicarles lo que el equipo piensa llevar al Consejo de Gobierno e indicarles lo que no están dispuestos a negociar, es decir todo. En este contexto, UGT DENUNCIA LA FALTA DE NEGOCIACIÓN con los representantes legales de los profesores de la UZ. A diferencia de otras universidades españolas donde se están firmando numerosos acuerdos que van permitiendo mejorar las condiciones laborales, encorsetadas por la legislación nacional de su personal, en la Universidad de Zaragoza se continúa en el oscurantismo, defendiendo a ultranza una normativa calcada de la anterior (de nefasta experiencia....) y que no sirvió para mejorar la docencia que era su objetivo, sino todo lo contrario, para crear malestar e incluso fomentar el “mobbing laboral” o acoso psicológico o moral en el trabajo. Entendemos, pues, que no es suficiente poner sobre el papel que “…se cumplirá con los requisitos legales de información, análisis y negociación con los órganos de representación de los trabajadores…”, ¿con quién se ha negociado?, ¿quién le ha dado las bendiciones?. Desde luego, UGT no.
Con respecto al procedimiento para la evaluación docente, RESALTAMOS y CRITICAMOS los siguientes aspectos:
• El proceso resulta complejo, generando gran cantidad de burocracia, para terminar limitándose a la encuesta anónima de los alumnos. En este sentido, es preciso señalar que, salvo la encuesta a los alumnos, los restantes elementos de evaluación están sin regular, lo que ofrece una idea muy clara de la importancia que se les piensa conceder a pesar de todas las “buenas palabras”.
• Generará indefensión y malestar en el profesorado al verse sometido a la valoración subjetiva tanto de los alumnos como de los miembros de las diversas comisiones implicadas. Para detectar incumplimientos o deficiencias en la calidad de la actividad docente, indudablemente existen métodos más objetivos. Además, la Universidad no puede delegar en otros una función que como gestora de fondos públicos es suya.
• Algunas etapas del proceso crean serias dudas respecto a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal. La confidencialidad no se garantiza en el caso del profesor, dada la forma en que se pretende dar a conocer el resultado.
• Las encuestas de opinión son herramientas de sondeo muy útiles para detectar cuestiones específicas a mejorar. A modo de ejemplo, en los EEUU, de donde algunos siempre quieren aprender, se inventaron las encuestas de opinión para saber, por ejemplo, si un coche gustaba a los usuarios, nunca se pretendió saber con ellas si un coche ere mejor que otro, y mucho menos para saber si era bueno o malo. Sin embargo, como ya se ha apuntado al principio, la mala utilización de las mismas puede incentivar al profesorado a que no sea riguroso y exigente en la docencia para conseguir una evaluación positiva. Apoya lo anterior el hecho de que los profesores universitarios vivimos de nuestro trabajo, necesitamos complementos que ayuden a pagar nuestras hipotecas, necesitamos consolidar una plaza tras años de dedicación, etc.
Desde UGT entendemos que un programa de mejora continua de la calidad de enseñanza, debe partir de un análisis exhaustivo de la situación actual (por ejemplo analizando las consecuencias de la excesiva masificación en las aulas,…), para poner en marcha programas concretos de actuación, que posteriormente deberán ser evaluados, de forma que el proceso se vaya perfeccionando en etapas sucesivas. En la UZ parece que lo más importante es poner en tela de juicio al profesor, amenazarle con la penalización (se habla de complementos, pero pensemos en lo que puede suponer para los profesores que todavía no tienen plaza consolidada). ¿Es una buena estrategia para motivar al profesorado?. ¿Casi veinte años de experiencia negativa ha servido para algo?.
FETE-UGT. SECCIÓN SINDICAL UNIVERSIDAD.
Recuerdo a este respecto que en la última oposición a la que me presenté, la presidenta del tribunal me echó en cara que no les hubiese presentado entre la documentación para la plaza los resultados de las encuestas de docencia de los alumnos. A lo que repliqué que le había presentado al tribunal el documento que creía oficial y relevante sobre este particular, a saber, la certificación por parte de la Comisión de Docencia del centro (que había tenido en cuenta las encuestas como parte de su proceso de evaluación). Una certificación en la que se comunicaba la valoración positiva de mi docencia y se me felicitaba por la labor realizada. Pero la presidenta del tribunal insistía:
- ¿Que por qué no les entregaba las encuestas al tribunal?
- Pues porque era un documento previo a la elaboración del informe, y además de carácter confidencial, y no se requería para presentarse a la oposición.
- Pero el Tribunal deseaba verlas, me recordaba la Presidenta, y tenía derecho a solicitarlas.
- Bien, ustedes tienen derecho a expresar ese deseo, pero yo tengo derecho a no dárselas, les dije, y a que se me evalúe de acuerdo con los documentos que tienen validez oficial, es decir, los informes emitidos por mi centro.
Y así quedó la cosa, y así me fue en la oposición, supongo... (Por cierto, mis encuestas de alumnos eran todas positivas si bien no brillantes, así que, con hindsight, le ahorré al tribunal el trabajo de esgrimir ese argumento para dejarme en la cuneta. Tampoco pondría yo la mano en el fuego de que mis clases sean necesariamente peores que las de profesores que sean mejor puntuados por los estudiantes).
Evaluación e inspección ha de haber en la Universidad, eso parece claro. Pero habrá que regular los procedimientos y usos y límites adecuados de las diversas fases del proceso de evaluación, además de su resultado final. El mal uso interesado de las evaluaciones nunca quedará descartado. Con lo cual la energía perdida en medios, y en medios para examinar los medios, va a ser realmente notable.
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