Recurso por la oposición remitido al Defensor Universitario
Retropost #107 (31 de enero de 2005): Valoración atípica en mi oposición
Resumiré brevemente el caso, para quienes no estén al tanto. En febrero de 2003, una comisión presidida por la catedrática de Filología Inglesa de nuestro departamento, y compuesta por tres profesores de otras universidades, proponía la no provisión de una plaza de catedrático de universidad de Filología Inglesa a cuya primera prueba nos habíamos presentado cuatro candidatos, tres de ellos del departamento en el que se convocaba la plaza, el mío. Esta plaza (resultante de la jubilación de la otra catedrática del departamento) había sido sacada a concurso tras consejo de departamento en el que se pidió su salida a concurso dada la necesidad urgente de dotar de catedráticos a un grupo de más de 80 personas que en el momento de la jubilación de una de las catedráticas había quedado en situación deficitaria con sólo una catedrática ejerciendo esta función, una desproporción probablemente sin equivalente en toda la universidad española. Esta situación se prolongó durante varios años, a los que hay que sumar los dos años que tardó en realizarse la prueba tras la petición de la plaza. El día que finalmente el tribunal nos examinó (con sólo cuatro miembros del mismo presentes), todos los candidatos (tres de la casa y uno de Barcelona) fuimos suspendidos en el primer ejercicio, a pesar de tener méritos contrastados evidentes: todos con dos o tres tramos de investigación reconocidos. Los demás candidatos no han recurrido esta decisión: yo presenté un recurso ya a los criterios de evaluación expuestos por el tribunal (lo cual pudo perjudicarme) y seguidamente a la aplicación de los mismos durante las pruebas. Y denuncié la actuación del tribunal como injusta y prevaricadora, en escritos largos, numerosos y detallados que no han tenido réplica.
Durante estos últimos dos años, la provisión o no provisión de la plaza ha estado en suspenso; la documentación de todos los concursantes está retenida en la Vicegerencia correspondiente y la plaza se mantiene en suspenso, sin haber podido el Departamento reasignar su perfil ni hacer que saliera a concurso en el marco del nuevo sistema de habilitaciones LOU (dada su tardanza en salir a concurso, la plaza fue una de las últimas que se regían por la LRU).
Desde el primer escrito de recurso, me he visto obligado a enviar una decena de escritos al Rectorado solicitando una investigación sobre el caso, una respuesta a mis escritos, una decisión sobre el tema, o algún tipo de resolución. No he obtenido en ningún caso una respuesta oficial. Sí me he entrevistado en dos ocasiones con el Rector, pero al no habérseme dado nunca una respuesta por escrito debo considerar esas entrevistas como extraoficiales, "off the record" y quizá inexistentes a todos los efectos prácticos.
En mis sucesivas entrevistas con el Rector, éste me ha asegurado reiteradente que se abriría una investigación sobre este asunto inmediatamente si yo persistía en mis demandas. Más exactamente, entendí que se investigaría ese asunto en paralelo con las acusaciones de difamación que la presidenta de la comisión evaluadora había presentado contra mí, al negarme yo a retirar las palabras que constaban en mi recurso. Sea como sea, los resultados de tal investigación no me consta que se hayan materializado. Sólo en una ocasión y también de modo extraoficial, mantuve una entrevista con una persona nombrada por el Rector para entrevistarnos a mí y a la presidenta de la comisión evaluadora. De esta investigación y de lo relativo a otras posibles derivadas de mi recurso, no me consta solo documento escrito, porque se me ha citado únicamente por teléfono y no se ha respondido en ningún caso a mis escritos con ningún papel.. Me siento desprotegido y desatendido en mi derecho al amparo por parte de la institución para la que trabajo.
Creo que es evidente que en todo este proceso se han vulnerado mis derechos a una correcta administración repetidas veces. No me refiero ya sólo al recurso en sí, a los derechos que puedan haber sido vulnerados por la comisión evaluadora, sino a mi derecho a obtener una resolución por vía administrativa, y una gestión por parte de las autoridades universitarias que se atenga a la normativa y legislación que rigen estos procedimientos. Me temo que no se han cumplido plazos que debían cumplirse, no se han llevado a cabo las investigaciones que debían realizarse, y no se han dado respuestas que la normativa requiere que se den.
Yo he concedido, lealmente, un margen razonable al Rectorado, que intentaba resolver este asunto de una manera amistosa – pero mucho me temo que la única solución "amistosa" posible (a tenor de los criterios de la otra parte afectada) pasaría por una retirada de mi recurso y una renuncia a mi derecho a que mis alegaciones se examinen. Dando este margen al Rectorado, y confiando en un solución dentro de los cauces administrativos internos a la Universidad, he dejado pasar el plazo legal de presentar un recurso contencioso administrativo. Es algo, sin embargo, que no descarto hacer si se produce algún tipo de resolución administrativa sobre la plaza en cuestión que la extraiga del limbo administrativo en el que ahora se encuentra. Pero prefiero agotar la vía administrativa interna a la Universidad, y por eso he puesto el caso en conocimiento del recién nombrado Defensor Universitario, confiando en obtener por fin alguna respuesta. No digo ya una respuesta favorable a mis argumentaciones en lo referente a la oposición: me refiero a una respuesta oficial por escrito que estime o desestime mi solicitud (de modo razonado, claro), en lugar del inexplicable silencio con el que se han ido recibiendo mis sucesivos escritos-un silencio que no es ni justo, ni cortés y que me impide actuar por otras vías.
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