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Retropost: Cierta indefensión

viernes, 19 de febrero de 2016

Retropost #654 (14 de diciembre de 2005): Cierta indefensión



Se acaba de publicar el primer informe anual del Defensor Universitario de la Universidad de Zaragoza. Reconozco, entre los expedientes que describe sin dar nombres de los interesados, el que me atañe a mí:
 
"Expediente 8-2005/4.3

Un profesor se dirige al Defensor Universitario manifestando su queja por no haber recibido respuesta al recurso que en su momento interpuso relacionado con el desarrollo de una oposición.

El Defensor Universitario según lo dispuesto en el art. 93.2 de los Estatutos y en el art. 10.3.d) del Reglamento de organización y funcionamiento del Defensor Universitario, no admite la queja a trámite ya que el tema se encuentra pendiente de procedimiento administrativo, si bien realiza gestiones para, de ser conforme a procedimiento, se conteste a la persona interesada".

Esto me confirma que si el Rectorado me envió (a los dos años de la oposición que recurrí) una respuesta, fue a instancias un tanto telefónicas o "extraoficiales" del Defensor, que no llegó a producir ningún papel sobre este tema (antes de este que sale ahora), por las razones que indica. La respuesta no fue gran cosa, venía a decir que se consideraba el caso cerrado por silencio administrativo. (A una consulta anterior al Rector sobre si debía interpretarlo como silencio administrativo también se había contestado con silencio, y eso que la ley indica que esa pregunta hay que responderla por escrito. Claro que también dice que hay que responder en cualquier caso, y no guardar silencio). Al parecer no se consideraron recursos formales mis escritos, así que el mes pasado presenté un recurso de alzada formalmente redactado, habiendo recibido esta mínima respuesta, primera relativa a una resolución sobre la oposición recurrida. Y estoy a la espera de ver si se contesta ese recurso de alzada.

A lo que voy ahora es que existe un ángulo muerto en la normativa del Defensor Universitario que provoca indefensión en casos como el mío. Suponiendo que el proceso administrativo esté vigente, y nada nos hacía suponer que no lo estuviese (de ahí que no actuase en su momento el Defensor, como dice su escrito), yo quedo sin amparo del Defensor, porque su normativa de actuación dice que se inadmitirán sistemáticamente todos los asuntos a los dos años de haber tenido lugar el hecho que lleve a solicitar esta intervención del Defensor. En teoría el proceso administrativo sigue abierto, con un recurso de alzada que no ha sido contestado. Pero yo ya no soy un caso del cual tenga que ocuparse, o pueda ocuparse, el Defensor Universitario.



 


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Domingo, 19 de Febrero de 2017 11:52. José Ángel García Landa Enlace permanente. Cátedra


Retropost 2005: Más cátedras

jueves, 18 de febrero de 2016

Retropost #653: 13 de diciembre de 2005: Más cátedras


Por fin más cátedras en este departamento, y que sean para bien. Enhorabuena al candidato que la ha obtenido hoy, con 100 puntos sobre 100. Eso es sentar cátedra, y lo demás son cuentos.

Que hacen falta más cátedras es una opinión, desde luego (hay quien las suprimiría todas por perniciosas); me refiero a que ha estado muy cerrada y manipulada la promoción del profesorado en este departamento. Cuando yo me presenté a cátedras hace dos años (y no me la dieron) le hice notar al tribunal en mi memoria estos curiosos datos:



Según los datos ofrecidos por el Consejo de Universidades a fecha 1 de enero de 2003, la distribución de profesorado universitario en los distintos cuerpos funcionariales era como sigue:

 


- Catedrát. Univ. Titulares Univ. Catedrát. Esc.U. Titulares Esc.U. TOTAL
Conjunto del profesorado 7.377 23.025 1.985 10.812 43.199
Filología Inglesa 61 416 35 284 798
Universidad de Zaragoza 186 872 26 384 1468

 En cuanto a los datos del Departamento, son como sigue:

Dpto. Fil. Ingl.
y Alemana       1              23               3               17             44 



Es decir, la proporción de catedráticos de Universidad con respecto al resto de los cuerpos de funcionarios que podrían promocionarse a ese cuerpo es, redondeando, de 1 a 26 en este Departamento, de 1 a 9 en el área de Filología Inglesa a nivel nacional, de 1 a 5 en la Universidad de Zaragoza y de 1 a 4 en el conjunto del funcionariado docente universitario. Creemos que son cifras que deberían hacer reflexionar a las Comisiones evaluadoras de Filología Inglesa antes de declarar desiertas las plazas, como se hace con cierta frecuencia.


Fin de la cita. Bueno, la Comisión sí estimó oportuno declarar la plaza desierta, por insuficiencia o inadecuación de todos los candidatos, tres de ellos de este departamento. En mi caso se me dio una puntuación de 18 sobre 100, alegando diversas insuficiencias, supuestas carencias, errores sin especificar, etc. — todo ello en un proceso plagado, naturalmente, de irregularidades, desconocimiento de la normativa por parte de la comisión, ignorancia deliberada, mala fe, etc. Es un caso que he comentado bastante en este blog, por lo que no me voy a enrollar más con él. Sólo recordar que el Rector ha corrido un tupido velo sobre él, no contestando a ninguno de los escritos de denuncia y recursos que le he enviado. Ni un solo argumento ofrecido en escrito público para rebatir los míos.

Hace dos años este departamento era incapaz de cubrir una plaza de catedrático de Filología Inglesa, aunque algunos llevábamos muchos años de carrera, doctorados ya en los años ochenta, con tramos de investigación reconocidos, funcionarios con muchos trienios y quinquenios y sexenios. Eso fue un insulto no sólo para mí, sino para los demás concursantes, y para el departamento en conjunto: incapacidad manifiesta. Déficit total de profesorado promocionable, y encima todos suspensos cuando lo intentan, hala. ¡Inútiles! —¡negaos! Claro que los demás candidatos y el Departamento eligieron no verlo así; es más elegante y práctico. Son cosas que pasan, en las cátedras no hay estándares ni baremos, depende todo cómo sople el viento. Puedes hacerte catedrático con dos artículos, o no te valdrán toneladas de publicaciones (de camino al examen se partió por el peso uno de los dos carritos en que llevaba mis publicaciones). Es el arbitrio de los dioses, no hay apelación posible, es la discrecionalidad técnica. 


Para una plaza de asociado, cuentan hasta los medios puntos con regla milimetrada; en una cátedra, en cambio, se puede coger toda la carrera de un candidato como una mesa puesta, hacer un rebullón con platos y copas, y tirarlo todo por la ventana sin mayores contemplaciones. Así que los señores del tribunal, Dres. Onega, Garrudo, Martínez y González, me pusieron un 1,8 sobre 10, y se quedaron tan anchos. Yo no. Les envié a cada uno en persona una carta, con una copia de mi primer escrito de denuncia al rector, y expresándoles la opinión que me había merecido su actuación. Hasta la fecha no me han contestado.

Con el tiempo, otros profesores han dejado más alto el pabellón del Departamento. Hoy, por ejemplo, el Dr. Deleyto ha conseguido 100 puntos sobre 100, con un tribunal también presidido por la Dra. Onega. Tampoco creo, ciertamente, que el departamento se dé mucho por aludido en este caso, sabiendo que al menos algún profesor promocionable sí que tiene. (El año pasado obtuvo una cátedra también el Dr. Collado). Y no les voy yo a discutir sus méritos a los Dres. Collado o Deleyto, claro. Lo que sí discuto es que mi trabajo valga cinco veces menos que el suyo. Por ahí si que no paso.

Pongamos, por ejemplo, que el Dr. Deleyto ha publicado una mongrafía en Paidós. Bueno, yo tengo una publicada en la Universidad de Salamanca. (Y otra en Zaragoza. Y otra en América). Que tenga artículos en Film Journal. Eso está muy bien, ciertamente. Yo también tengo artículos, en el European Journal of English Studies, por ejemplo. Que tenga coeditado un volumen colectivo en Edimburgo, y otro en Zaragoza. Vale. Yo tengo uno en Amsterdam, y otro en Londres (en Longman). Que le dieran el premio de nuestra asociación profesional nacional el año pasado—enhorabuena. A mí me lo dieron hace más de diez años. También tengo publicaciones en la Linguist List. En Berlín (de Gruyter). En la Universidad de Oxford. Esta misma semana sacábamos los dos un artículo en la misma publicación (un libro sobre cine de la editorial Rodopi). También he dirigido una revista académica de nuestra especialidad (bueno, él no). Mis publicaciones están en la web para quien quiera verlas. Y, como él, he hecho otras cosas al margen de publicar. Nada, sin embargo, que pueda justificar una puntuación de un 1’8 en un caso frente a un 10 en el otro.

Pero, dirán Vds., todo esto son pamplinas. Este señor no se entera. Las cátedras no se deciden por méritos. Los puntos, los votos, los méritos, son una ficción conveniente.

Pues a eso voy. A denunciar el MANGONEO. En mi caso, entiéndaseme bien, no en el del candidato de hoy.

Con mi felicitación por delante.




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Sábado, 18 de Febrero de 2017 22:52. José Ángel García Landa Enlace permanente. Cátedra


Retropost: La Justicia es un cachondeo

Retropost #605 (14 de noviembre de 2005): La Justicia es un cachondeo


Tras declararse desierta la plaza de catedrático de Filología Inglesa a la que opté con otros tres concursantes en 2003, dirigí al Rector de la Universidad de Zaragoza numerosos escritos denunciando las irregularidades, numerosas y de bulto, que permitieron a la comisión juzgadora presidida por nuestra catedrática llegar a ese resultado. Tras diversas entrevistas, dilaciones y amagos de investigación, la cosa quedó en que el Rector contestó con silencio administrativo.

Una interpretación de dicho silencio es que no se consideraron como "recursos" los fajos de escritos que le dirigí al Rectorado, o quizá que era menos engorroso y una solución "más limpia" no contestar a nada que tener que presentar argumentos que justificasen todas esas irregularidades (menudo embolado sería ese). Los escritos, tras denunciar las irregularidades, instaban al Rector a actuar como juzgase oportuno. No contestar ha sido lo más oportuno.

Esto, evidentemente, es una tomadura de pelo, entre otras cosas porque, confiando en la investigación del Rector, no llevé el asunto a contencioso administrativo y ahora sólo lo puedo llevar en respuesta a una resolución explícita del Rector – probablemente otra buena razón para no contestar.

En cualquier caso, visto que los escritos anteriores no se han recibido ni contestado como recursos administrativos, envío ahora una versión simplificada de los escritos que sí dice que es un "recurso de alzada" y sí pide una resolución concreta: la retrotracción del concurso-oposición hasta el momento en que se cometió la primera irregularidad, y el nombramiento de una nueva Comisión. (Cosa que el Rector ya sabía, por supuesto, que yo solicitaba – y aseguró de hecho que se investigaría a fondo sobre la cuestión. Pero, parole parole...).

En este nuevo papelote que presento hoy al Rectorado, candidato a un nuevo silencio administrativo, retomo los cincuenta folios de denuncias de irregularidades, y quitándolas a decenas, me concentro en tres de las más palpables. Por poner algo, y simplificar. Aquí extraigo, del recurso, la argumentación de la irregularidad número 1. Principio de la cita:

I.- La Comisión Juzgadora introduce la exigencia de un requisito no contemplado en la legislación vigente. Se ha exigido, a efectos de valoración del primer ejercicio, la presentación de un proyecto de investigación (cuando la legislación vigente no prevé este tipo de requisito para este tipo de concurso).
La Comisión Juzgadora ha confundido de forma notoria y estrepitosa el contenido de los artículos 9.1 y 10.1 del Real Decreto 1.888/1984 de 26 de septiembre, por el que se regulan los Concursos para la provisión de Plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios (modificado por el Real Decreto 1427/86 de 13 de Junio).
Dicho de otro modo, la Comisión Juzgadora ha confundido este concurso ordinario convocado al amparo del artículo 38 de la Ley 11/83 de universidades con los concursos especiales del artículo 39.3 de la misma ley.
Y para este concurso ordinario se aplica el artículo 9.1 del Real Decreto 1.888/1984 y para los concursos especiales del artículo 39.3 se aplica el artículo 10.1.
Estos dos preceptos señalan lo siguiente:
Artículo 9
1. En los concursos regulados por los arts. 35 a 38 de la Ley de Reforma Universitaria, los concursantes entregarán al Presidente de la Comisión en el acto de presentación la siguiente documentación:
a) Currículum vitae, por quintuplicado, según el modelo que establezca la convocatoria del concurso y un ejemplar de las publicaciones y documentos acreditativos de lo consignado en el mismo. La Universidad convocante se encargará de que todos los miembros de la Comisión dispongan de las publicaciones y documentos acreditativos necesarios para la emisión del informe razonado a que se refiere el apartado 2 de este artículo.
b) Proyecto docente, por quintuplicado, que el candidato se propone desarrollar de serle adjudicada la plaza a la que concursa; dicho proyecto se ajustará, si se hubiesen fijado en la convocatoria, a las especificaciones establecidas por la Universidad convocante.
Artículo 10
1. En los concursos a que se alude en el apartado 3 del art. 39 de la Ley de Reforma Universitaria, los concursantes entregarán en el acto de presentación la siguiente documentación:
a) Currículum vitae, por quintuplicado, según el modelo que establezca la convocatoria del concurso, de acuerdo con lo establecido en el apartado 2 del art. 3º y un ejemplar de las publicaciones y documentos acreditativos de lo consignado en el mismo. La Universidad convocante se encargará de que todos los miembros de la Comisión dispongan de las publicaciones y documentos acreditativos necesarios para la emisión del informe razonado a que se refiere el apartado 2 de este artículo.
b) Proyecto docente y de investigación, por quintuplicado, que el candidato se propone desarrollar de serle adjudicada la plaza a la que concursa. El proyecto docente se ajustará, si se hubiesen fijado en la convocatoria, a las especificaciones establecidas por la Universidad convocante. El proyecto de investigación sólo será exigible en los concursos de aquellos Cuerpos docentes universitarios para cuyo ingreso se exija el título de Doctor.
Como puede observarse, en el caso de los concursos del artículo 38 de la antigua LRU, de acceso abierto a cátedra entre catedráticos y profesores titulares de universidad (que es el caso que aquí nos ocupa), según el artículo 9.1. b) NO SE PRESENTA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN sino sólo proyecto docente.
Y por el contrario en el caso especial de los concursos del artículo 39.3 de la antigua LRU, concursos especiales de méritos entre quienes ya son Catedráticos del cuerpo (que no el caso aquí debatido) según el artículo 10.1 b) SÍ se exige proyecto de investigación.
En consecuencia, no cabía aquí exigir proyecto de investigación y mucho menos valorarlo.
En los criterios de valoración publicitados por la Comisión se alude al proyecto investigador y, posteriormente, en el juicio razonado sobre los concursantes se reprocha al compareciente la falta de presentación de un proyecto investigador.
Así se deduce de los juicios razonados emitidos sobre el concursante reclamante donde se recrimina al reclamante la no presentación de proyecto de investigación.
Las circunstancias anteriores, determinan que el resultado del primer ejercicio ha venido mediatizado por la exigencia de un requisito que según la legislación aplicable no es exigible. (Originariamente el Real Decreto 1.888/1984 de 26 de septiembre, por el que se regulan los Concursos para la provisión de Plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios contemplaba la posibilidad de que en estos concursos se exigiera proyecto investigador junto al proyecto docente. Pero esa posibilidad desapareció con la reforma operada por el Real Decreto 1427/86 de 13 de Junio).
En este concurso no era exigible el proyecto investigador. Y, a partir de lo anterior, el hecho de haberlo exigido y haberlo tenido en cuenta ha determinado la infracción del artículo 9 y concordantes del Real Decreto 1.888/1984 de 26 de septiembre, por el que se regulan los Concursos para la provisión de Plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios (modificado por el Real Decreto 1427/86 de 13 de Junio) constituyendo asimismo factor de vulneración directa del principio de igualdad en el acceso a cargos y funciones públicas reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución española (en perjuicio directo del aquí reclamante).
En las antecedentes circunstancias, la concurrencia de este motivo, observable desde el exterior (control de requisitos exigidos) y, por tanto, alejado notablemente del núcleo de la discrecionalidad técnica, debe de llevar al Rector de la Universidad a la estimación del recurso formulado por el reclamante.


Fin de la cita.

Bueno, pues, ¿por qué digo que la justicia es un cachondeo? Ya no porque ni me han contestado hasta ahora ni vayan a contestarme – que también. Lo digo porque para que comience siquiera a tomar forma visible la cuestión para la cuadrícula del jurista de turno, hay que simplificar los hechos de una manera que lleva a convertir todo el proceso en una ficción. Porque, en lo arriba citado, ni siquiera me molesto en mencionar que en la documentación que entregué a la Comisión evaluadora SÍ QUE FIGURABA mi proyecto de investigación - el que dicen que no presenté. Cito de uno de mis escritos enviados por entonces al Rector:

Pero lo más grave y llamativo de este asunto es que la Comisión ignora durante todo el primer ejercicio que sí le había hecho entrega de mi proyecto de investigación, concretamente en los clasificadores 85 y 86 de la documentación, apareciendo también listado entre los proyectos de investigación de mi curriculum como el que está actualmente en curso. Se incluyó en la documentación entregada el día 3 la copia del proyecto titulado "Narración, interacción e interpretación", en el que me encuentro trabajando desde 2001, y que ha sido presentado al plan de apoyo a la investigación de la DGA y también al Ministerio de Ciencia y Tecnología solicitando ayuda financiera. Por supuesto, este proyecto es el que se iba a presentar también en el segundo ejercicio, junto con los trabajos en curso realizados por mí en el marco del mismo, si hubiese habido oportunidad de hacerlo. Si no lo encuaderné junto con el proyecto docente es porque ateniéndome a mi interpretación de la normativa era el segundo ejercicio donde debía exponer este proyecto. Y en cualquier caso ya estaba entregado. Pero la Comisión lo desconoce totalmente, e incluso hace constar en acta que no se ha entregado un proyecto de investigación. Esto no responde a la realidad, como puede comprobarse fácilmente consultando la documentación original, o su listado en el curriculum entregado.

Y en esta línea, una tras otra tras otra. Pero detallitos como esos, a estas alturas, ya son de los que ni vale la pena mencionar. Que si no la gente se pierde, se emburrulla y dice, oiga, mejor hago como que no he oído nada. Si la Comisión puede coger mi carrera, el trabajo de toda mi vida académica, con mis dos sexenios de investigación reconocidos en el área, y a ojo de buen cubero me pone un 1’8 sobre 10... para qué andarse con chiquitas. Y no es que le den la plaza a otro con más méritos, no... todos con sus carreras de veinte años a cuestas, pues patada en el culo y suspensos. Y si eso cuela – pues ¿para qué molestarse en entrar en mayores detalles? Queda más claro el dibujo a brocha gorda. Y con un poco de cachondeo, que es lo que se lleva.




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Viernes, 03 de Febrero de 2017 08:17. José Ángel García Landa Enlace permanente. Cátedra


Search Me

viernes, 14 de agosto de 2015

Search me

A mí que me registren, que no les debo favores a los de Bing, ni a los de Google, perdón, Alphabet. Pero el caso es que, haciendo una búsqueda como es debido (con comillas, con dos apellidos cada cual), hago una comparativa y veo que tengo más resultados que todos los catedráticos de mi departamento JUNTOS.

Y separados, claro.

Busquen ustedes si quieren, no vaya a tratarse de una búsqueda personalizada para agradar al consumidor.

Aquí la búsqueda de "José Angel García Landa" (cuatro palabras, 27.000 resultados).

Los catedráticos de mi departamento se llaman Susana Onega Jaén, Carmen Pérez-Llantada Auría, Francisco Collado Rodríguez, Marita Nadal Blasco, y Celestino Deleyto Alcalá.  Ya me dirán si me lo invento.

Claro, que más resultados tiene Cristiano Ronaldo, y tampoco le dan el sexenio.


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Domingo, 14 de Agosto de 2016 12:34. José Ángel García Landa Enlace permanente. Cátedra


Retropost #124: 17 de febrero de 2005 (Carta de un Imperio Oriental)

miércoles, 12 de agosto de 2015

Retropost #124: 17 de febrero de 2005 (Carta de un Imperio Oriental)


17 de febrero de 2005

Comentaba esta mañana con una amiga que en realidad no se puede hablar con el Rector, al menos en la Universidad de Zaragoza, y que por tanto hice mal en creer a la persona que ocupaba el despacho del Rector cuando me aseguró que habría una respuesta razonada a los escritos de protesta que yo envié con ocasión de la oposición de cátedras. Esa persona, llámesele "el rector", es una cosa, y el Rector, como entelequia, es otra. El Rector, por supuesto, sólo se comunica por escrito, y resuelve las cosas por escrito: no habla con nadie, quizás ni con el rector. Y naturalmente, al Rector no le comprometen las opiniones o proyectos o intenciones del rector. El rector, como cualquier mortal, sólo inciertamente puede adivinar lo que serán las decisiones del Rector; por tanto supongo que el rector no actuó de mala fe cuando a mediados de 2004 me dijo que se investigaría la cuestión, que estaba en ello, y que muy pronto recibiría una respuesta del Rector. Debí sospechar todo esto cuando observé que el rector siempre se refería al Rector en tercera persona, teniendo al parecer muy claro que no estamos hablando del mismo ente. Es una situación un tanto kafkiana, en realidad. Alasdair Gray tiene un cuento donde pasa algo parecido, "Cinco cartas desde un Imperio Oriental" (en Unlikely Stories, Mostly, traducido al español como Historias sobre todo inverosímiles , y publicado por Minotauro). Allí sucede que cuando se consigue llegar a través del laberíntico palacio hasta el emperador de la China, resulta que el Emperador no existe como tal persona, de hecho ni siquiera hace falta que nadie ocupe su lugar; hay una máscara que hace las funciones de emperador, y toda la maquinaria rueda como si tal cosa. Quizá saliésemos ganando si se adoptase a las claras el sistema chino: el nuestro se presta a equívocos. Hasta puede, incluso, que sea el nuestro el más oriental de los dos.





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Viernes, 12 de Agosto de 2016 13:34. José Ángel García Landa Enlace permanente. Cátedra


Retropost: La respuesta del rector

domingo, 9 de agosto de 2015

Retropost #118: 11 de febrero de 2005


11 de febrero

Un dato curioso sobre la tan esperada respuesta del Rector. Yo le había mandado un escrito diciendo que de no recibir respuesta antes del día 5 de febrero, pondría el asunto en manos del Defensor Universitario. De hecho lo puse antes, el 31 de enero, para evitar que pasase el plazo de dos años a partir del cual el Defensor inadmite los asuntos. Y al entrevistarme con él unos días después, el Defensor me dijo que esperaríamos a ver si el Rector contestaba "espontáneamente", antes de enviarle un escrito. Lectura entre líneas: que le va a dar un telefonazo al Rector por si quiere contestar sin recibir un escrito del Defensor. Pues bien, llegó el "espontáneo" escrito, el 7 de febrero, con sello de salida del 7 de febrero. Pero con fecha de 1 de febrero. Traducción: "este escrito se hizo antes de que Vd. hablase con el Defensor: es un escrito espontáneo, una respuesta del Rector que se pensaba dar en todo momento, sin ninguna conexión con el recurso al Defensor". Claro, que uno puede suponer, como interpretación alternativa, que los asuntos de palacio van despacio y que el papel estuvo atascado en el paso desde el Rectorado al gabinete jurídico y vuelta al despacho del Rector.... pero no: resulta que me llegó el mensaje directamente, con acuse de recibo, desde el despacho de la asesoría jurídica. Vamos, que ni ha pasado por el despacho del Rector. Incluso podría ser, por matizar lo dicho en posts anteriores, que el Rector ni siquiera conozca la existencia o contenido del escrito, y funcione por delegación entregando hojas firmadas a su asesora. En todo caso, se pasa a firmarlas por su despacho. Y le ponen fecha anterior al escrito para curarse en salud, toda precaución es poca. Bueno, igual me invento cosas y es sólo que se pierden los papeles encima de la mesa. Los míos, desde luego, se les han perdido durante años (oops, se le ha pasado el plazo, qué tonto, mira que no llevarnos a juicio directamente, se ve que no nos conoce).

Hoy pongo un post en Por la boca muere el pez sobre las diferencias entre lenguas y naciones, a cuento de los vascos que no quieren ser españoles y de los valencianos que no quieren hablar catalán. Expanded version:

El llamar a las cosas de una manera u otra es una decisión política, claro; y si el nombre es sólo el habito de la cosa, recuérdese que el hábito hace al monje (no el hábito de fuera sin más, sino el hábito de dentro, el hábito de comportarse como un monje, lo cual incluye el vestirse de monje). Pasa lo mismo que con las naciones. Si en una "zona" los habitantes NO QUIEREN ser de la misma nación que los de al lado, al final no lo serán (no entro en cuestiones de cuántos quieren o no quieren, el problema vasco en suma). A lo que voy es que es una cuestión no de esencia sino de decisión. Si muchos hablantes quieren que su lengua sea una lengua distinta a la del vecino, aunque se entiendan perfectamente, al final lo será, empezando por el nombre en los documentos políticos, siguiendo por convenciones ortográficas y acabando por imponer un estándar lo más lejano posible de la otra lengua. No está claro que eso sea lo que pasa con el catalán o el valenciano, igual es que no están tirando lo bastante fuerte pero quieren parte de las prebendas que les daría la diferencia, y parte de las ventajas que les da la identidad... Si es que no se puede tener todo, ni en política ni en lengua. Pero quien lo intenta, se sitúa en la pole position. No es educado, pero es efectivo.

Y otro post en El hábitat del unicornio, sobre quienes explican fenómenos mentales atribuyéndolos al vudú y quienes buscan explicaciones psicosociales:

A veces nos parece aceptable una actitud o explicación en una persona de una cultura muy alejada de la nuestra, mientras que la misma explicación o actitud en nuestro propio entorno nos parecería obscurantista, lamentable, inmadura o políticamente incorrecta. ¿No estamos así diciendo, en cierto modo, "pobres, déjalos, que así se apañan, la verdad no está a su alcance, y si con esa explicación salen adelante, pues bastante tienen, y si los santeros los manipulan, pues es su cultura y todos felices"? O, en otro orden de cosas, "pues déjalas que sean las esclavas del marido si quieren, es una cosa cultural, no hay que meterse en eso"? Y claro, es cierto, que a mucha gente les supone más ansiedad el cambiarse de marco de referencia que el seguir con sus demonios a cuestas. Pero el que algunos sean incapaces de salir de explicaciones fantasiosas no nos debería llevar a confundir nosotros la fantasía de alguien con la realidad —con nuestra realidad.

Hoy visita al cine de las que se puede ahorrar uno: Closer de Mike Nichols, con un guión basado en un drama del guionista, que debe ser, colijo, parecido al personaje del escritor de necrológicas de la película, el que peor me cae y el más parecido a mí (tampoco tanto, ojo)... Insoportables personajes, insoportables móviles; y lo que es peor, ni siquiera se enrollan los dos tíos, que empiezan ligando uno con otro por Internet y se llevan un idilio homosocial de intercambio de parejas que vamos, se tienen unas ganas... pero no parece que esto les llegue a aflorar a la consciencia, ni a ellos ni al guionista. Le recomiendo que se dedique a las necrológicas.

Malas noticias para el pequeño Oscar (4 años): recibe la información de que se va a morir él también. Hoy ha tomado la decisión de indagar en el destino, de preguntar a quienes lo conocen, y se ha hecho con los datos. No se puede decir que le haya sorprendido mucho, quizá ya se lo olía; lo que sí le ha impresionado es la revelación de que su papá también se morirá.

A los cuatro años uno recibe esa información, que está condenado a muerte, y a otra cosa mariposa. Pero queda el conocimiento, y la muerte se ha acercado un paso más. Hay veces en que sí parece oportuna la pasmada reflexión del obispo de Castellón: "la muerte es la peor enemiga del hombre" (y del nene pequeño, claro).

También se ha muerto un marido de Marilyn. ¿Más necrológicas? La de todo el mundo: The dead and still. The still living.






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Martes, 09 de Agosto de 2016 13:22. José Ángel García Landa Enlace permanente. Cátedra


Retropost #117: 10 de febrero de 2005

Retropost #117: 10 de febrero de 2005



10 de febrero

Esta semana nos enteramos del acuerdo de reorganización de títulos de la Universidad de Zaragoza. Allí aparece dicho que con ocasión de la Expo se va a implantar una titulación especial en idiomas para varias carreras. Aunque esto afecta de manera especial al departamento de Filología Inglesa y Alemana, esta es la primera noticia que tenemos de semejante cosa. Le digo al director del departamento que se ha publicado la noticia en el Qué! , el periódico gratuito que nos reparten a la entrada de la universidad. Pero el director tampoco parece muy dispuesto a interesarse por el tema... ya nos dirán algo... pues eso, ya nos dirán algo; pero todo esto no parece muy serio. En todo caso, son buenas noticias con vista a la "crisis" de alumnos y por tanto de profesorado que tenemos. Si la filología va de capa caída, trabajo en inglés de academia parece que no nos va a faltar...

Y hoy discuten las Cortes de Aragón la ley de organización del sistema universitario de Aragón... los críticos señalan que es parte de la actual tendencia a aflojar la universidad pública y reducir la Univerisdad al mercado, favoreciendo las universidades privadas. Todo seguirá su curso; si la ley es mala, nos podemos consolar con que los puntos de contacto entre la ley y la realidad son siempre tenues.

Hombre, una buena noticia oigo por la radio: oigo que el Congreso ha pedido por fin la retirada de la estatua del sanguinario traidor Franco de la Academia General Militar. A ver si se materializa el asunto, y se desmaterializa la estatua. No es suficiente que se le caguen las palomas encima. Nota: el partido popular se abstiene; claro, les da corte votar en contra, buena señal, aún hay asomos de vergüenza.

Un chiste en la radio: "En España hay tres millones de inmigrantes empadronados. El padrón no engaña." Ja. Yo no los he contado. solo sé que de cada cuatro conversaciones que oigo por la calle, una no es en español. Por supuesto, están empadronados todos.

Y otro chiste más, un triste chiste este: la famosa cinta de Asturias relacionada con el atentado terrorista del 11-M, la del confidente que denunciaba el tráfico de explosivos y la inminente preparación de un atentado, esa que la policía tuvo escondida... pues ahora dice el fiscal que no pasa nada, que la echen al cajón otra vez. La justicia en España es un (póngase aquí la palabra que más adecuada parezca, o que las circunstancias parezcan sugerir).

Todo son obstáculos para quien ve sus derechos vulnerados: necesita un abogado inmediatamente (es imposible defenderse sin uno, mientras que es facilísimo vulnerar los derechos del prójimo sin la compañía del abogado-- y si además lo hay, pues mejor). La Administración puede no seguir sus propias normas, y no pasa nada. Pero ay del administrado que tropiece en una coma. Los plazos de reclamaciones y recursos prescriben en breve, para que los malhechores puedan dormir tranquilos. El efecto de la tropelía no prescribe, en cambio. Los recursos han de formularse en base a unas palabras mágicas, fórmulas rituales, para cursar los efectos deseados, porque no vale denunciar los hechos en la forma y lenguaje que todo el mundo, incluida la autoridad, entiende: se dará por no aludida. No sirve el sentido que la Real Academia Española de a las palabras. Y la lógica habitual del lenguaje no se aplica al lenguaje jurídico: por ejemplo, no cabe presuponer que un recurso a cada uno de los pasos de un procedimiento viciado es un recurso a la resolución final que de él resulta. Si esto ofende a la lógica... no importa. La ley no es lógica, y si amaga con serlo, están los intérpretes para cuidarse de reconducirla. Escritos abundantemente argumentados, precisos y detallados no causan efecto alguno, mientras que el mero silencio de la administración, o una respuesta desatinada, o secreta, o mal redactada, tiene sin embargo la virtud de hacerse inexpugnable a todo razonamiento y argumentación, si viene de quien tiene que venir. La justicia es un cachondeo.

Intentaremos, no obstante, un recurso de reposición ante el Rector, como último paso del procedimiento administrativo. Pero no es previsible que quien no ha querido oir antes decida darse por aludido ahora. El Rector prometió iniciar una investigación y emitir una resolución, y lo hizo una vez finalizada sin conclusiones la instrucción preliminar de la investigación confidencial. No dijo: "esto se ha clausurado"; dijo: "esto se investigará". En su lugar ha optado por reescribir los hechos para argüir que todo este asunto se resolvió tiempo ha, con el efecto de provocar la indefensión de quien esperaba esa investigación y esa resolución, incapacitándole para acudir a los tribunales de justicia al negársele la resolución administrativa prometida. Se ha caído en una tentación muy malsana: la de creer que la palabra dada no compromete, por no estar escrita. Como si el silencio tuviese entre personas la función que tiene entre administraciones y administrados. Como si el rector no fuera una persona, sino sólo una figura legal con forma humana. No es previsible que una vez dado este paso se vuelva atrás. Pero todo queda escrito: por ejemplo, aquí. Aquí y en la conciencia de quien así actúa. Si no queda escrito allí, la decisión de actuar de este modo se tomó ya mucho antes.





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Martes, 09 de Agosto de 2016 13:20. José Ángel García Landa Enlace permanente. Cátedra


Retropost #116: 9 de febrero de 2005 (Lingüística en sentido estrecho)

sábado, 8 de agosto de 2015

Retropost #116: 9 de febrero de 2005 (Lingüística en sentido estrecho)


9 de febrero

Pongo aquí un extracto del artículo "Linguistics" de la Wikipedia:, un artículo cuya lectura recomiendo a los miembros de la comisión evaluadora que consideraron que yo no era un "lingüista" y por tanto no procedía mi candidatura a la cátedra. Después de una definición inclusiva de lingüística, en la que aparecen cosas como la semiótica, la estilística, la pragmática y todas esas cosas que tienen que ver con lo que yo hago, sigue esta coletilla:

Narrower conceptions of "linguistics"

"Linguistics" and "linguist" may not always be meant to apply as broadly as above. In some contexts, the best definitions may be "what is studied in a typical university's department of linguistics", and "one who is a professor in such a department." Linguistics in this narrow sense usually does not refer to learning to speak foreign languages (except insofar as this helps to craft formal models of language.) It does not include literary analysis. Only sometimes does it include study of things such as metaphor. It probably does not apply to those engaged in such prescriptive efforts as found in Strunk and White's The Elements of Style; "linguists" usually seek to study what people do, not what they should do. One could probably argue for a long while about who is and who is not a "linguist".


Con buena voluntad, uno podría decir que el tribunal que me suspendió se atuvo a la "definición estrecha" de quién es un lingüista... si no fuese porque tampoco ellos eran profesores de ningún departamento de lingüística, sino filólogos anglistas, como yo, según me tomé la libertad de recordarles. Y la presidenta del tribunal consideraba muy normal que ella pudiera presidirlo, pero que a la vez yo estuviese fuera de lugar como candidato—eso a pesar de que ella se autodefínía como "no lingüista" y poco capacitada para juzgar sobre estas materias por su desconocimiento....


No importa, el sistema rueda solo y se pueden decir, y hacer, las mayores barbaridades sin que produzcan ningún efecto, porque las autoridades que deberían poner orden y racionalidad dejan hacer, dejan hacer... y así tenemos la universidad que tenemos. Veremos si la justicia ordinaria tiene algo que aportar a esto, o si, como se rumorea, es (también) un cachondeo.

Últimas consideraciones intempestivas: en los artículos recientes de Aventura en la Tierra, Por la Boca muere el Pez, y El Hábitat del Unicornio.






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Martes, 09 de Agosto de 2016 13:16. José Ángel García Landa Enlace permanente. Cátedra


Retropost #115: 8 de febrero de 2005 (Investigación secreta para cubrir el expediente)

Retropost #115: 8 de febrero de 2005 (Investigación secreta para cubrir el expediente)



8 de febrero

Llevo un gripazo de esos que no te dejan tumbarte sin empezar a toser como un descosido, lo cual se convierte en un problema para dormir. Exactamente lo mismo que hace dos años, la semana de las oposiciones de cátedra; debe ser de carácter conmemorativo, como la respuesta puntual del Rectorado dando el tema por cerrado. He estado hablando una vez más con el Defensor Universitario, que está un tanto desbordado por el asunto; no tiene todavía asesores jurídicos. En cualquier caso decido no dar más vueltas al asunto dentro de la Universidad, y llevarlo a contencioso administrativo si es posible. Como le digo al Defensor, si después de dos años de insistir obtengo este papelito del Rectorado, no voy a seguir insistiendo otros dos años para obtener otro parecido. El papel del Rectorado, el otro papel, en este asunto, ha sido vergonzoso. No sólo se han incumplido sistemáticamente las formas y normas administrativas: se me ha engañado directamente, dando ahora por resuelto hace año y medio un asunto que el Rector, mientras tanto, seguía insistiéndome, verbalmente, que seguía bajo investigación y pendiente de resolución. De resolución secreta, claro está, porque en el papel se me dice que "Vd. conoce que se realizó una investigación reservada habiendo finalizado con el oportuno informe de la instructora." Aquí la sintaxis incorrecta no deja adivinar si el "Vd. conoce" se aplica también al "habiendo finalizado": porque eso sí que no lo conozco: de hecho el Rector me lo desmitió expresamente, diciendo que tras la actuación de la investigadora estaba por tomar la resolución definitiva, que me sería comunicada. En cualquier caso, si la investigación ha tenido carácter oficial, dando lugar a resoluciones administrativas, se me debería haber dado a conocer ese informe. Quizá lo pida, a ver qué me contestan. Todo esto no ha sido sino amparar la actuación injusta y prevaricadora de una comisión, y poner trabas a una investigación en regla de los hechos. Y el contencioso administrativo que presentaré no ha de entenderse como un recurso contra la Universidad de Zaragoza, sino a su favor, y en contra la actuación incorrecta de quienes la representan.

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PS (2015): Viendo este asunto de la cátedra, oposición y recurso en retrospección, hay que enlazar obligatoriamente a la resolución eventual de todo el asunto, años más tarde, con la desestimación del recurso por el tribunal de lo contencioso administrativo y por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (ver aquí, "Fallamos"). Fue una actuación para los anales de la cocina judicial, un rosario de atentados al Derecho y a la Lógica que comento en detalle para los gourmets de la Justicia a la hispana en una serie de artículos que comienzan aquí sobre La Sentencia de la Cátedra.



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Martes, 09 de Agosto de 2016 13:11. José Ángel García Landa Enlace permanente. Cátedra


Retropost #114: 7 de febrero de 2005 (Dos años tras la oposición)

Retropost #114: 7 de febrero de 2005 (Dos años tras la oposición)


7 de febrero

a.m.: Hoy hace DOS años que el tribunal de la cátedra de Filología Inglesa dejó la plaza vacante, por no encontrar candidatos apropiados para ocuparla. Yo era uno de los aspirantes suspendidos, y presenté un recurso (los demás no). A mi entender, es contradictorio en términos que se nos suspenda en el primer ejercicio, habiendo sido todos evaluados favorablemente en nuestra carrera con tramos de investigación. Es decir, los candidatos éramos promocionables a catedrático todos, sólo se trataba de determinar cuál. En lugar de eso, el tribunal tomó una opción muy cuestionable, a saber, negar la validez de la carrera realizada por todos los aspirantes, y hacerlo además haciendo primar el examen en sí sobre la carrera realizada hasta entonces por el candidato (cosa de todo punto contraria a la ley). Por otra parte, un miembro del tribunal se ausentó alegando el fallecimiento de un tío, inmediatamente después de constituirse el tribunal. Y se hizo criterio único para la valoración el famoso perfil de la plaza, ignorando por completo el área de conocimiento. Lo cual no debería haberme afectado, pero el tribunal también consideró que la teoría narrativa que yo hago no entra dentro de la lingüística, y que "lengua" y "literatura" son ámbitos mutuamente excluyentes en la Filología Inglesa... en fin, para qué seguir.

A esto se suman detalles y más detalles, a cuál más cuestionable, sorprendente y atípico, hasta llenar unos cincuenta folios en los escritos que he enviado al Rectorado. Y hete aquí que el Rectorado no me ha contestado, cuando tiene la obligación de hacerlo. Lo que sucede no es, al parecer, que se me haya considerado alguien a quien no vale la pena contestar; aunque sólo sea por mi insistencia, hubiese conseguido en ese caso un papelillo que dijese "se desestima su recurso por tal y por cual"­ vamos, lo que suele contestar el Rectorado en estos casos, que a sus ojos es válida la interpretación que del asunto hace el tribunal, y no la que hace el damnificado. La cuestión es, ¿por qué no se me ha contestado eso? Yo me atrevo a pensar, pero claro, soy parte interesada, que es porque es difícil rebatir toda la argumentación que he presentado sin que se vea una voluntad obvia de no darse por enterado por parte del rebatidor. Pero ya veremos. Si recibo una respuesta, claro. Si no, ya hemos visto. Es lamentable el retraso con el que se ha llevado este asunto: eso no hace más que crear confusión y envenenar una situación ya de por sí poco agradable.

p. m.: Contesta el Rector según previsto, y con la solución prevista, dando carpetazo al asunto de la manera más expeditiva posible. No, aún lo mejora: dice el escrito que ya en tiempos se le dio carpetazo al asunto, como indicaba el silencio con que se respondió a mis escritos, y que yo debería haber sabido interpretar mejor. Perfecto... sólo que eso se contradice con el hecho de que el Rector prometió una resolución muchos meses después de haber transcurrido ya ese plazo, y ha estado reteniendo los papeles hasta el momento presente. Por tanto, esta solución retroactiva es sólo una cortina de papeles que confía en cubrir el expediente de la manera más segura para el Rectorado. Un pequeño problema para la coherencia de esta respuesta es que la investigación a que alude se hizo en fecha posterior a la que invoca como fecha de resolución por silencio administrativo. ¿Por qué se investigaba, entonces, algo ya resuelto? Sencillamente, porque no estaba resuelto. Se quiere dar por resuelto retroactivamente ahora, pero esto es hacer malabarismos (torpes) con las leyes.

Y otro pequeño problema: dice el Rector que se resolvió de tal modo mi recurso (con silencio) porque no caben recurso a las resoluciones de las comisiones evaluadoras que no proveen las plazas. El pequeño problema es éste: que mi recurso no iba dirigido a la resolución, sino a los criterios evaluadores publicados por el tribunal. Malamente podía recurrir la resolución el día 5 de febrero, fecha de mi primer recurso, cuando ésta se produjo el día 7. En fin, lamentable. Otras cuestiones que quedan por el camino en este asunto, sin entrar en detalles concretos de los recursos, son las siguientes:

Normativa administrativa incumplida
por el Rectorado de la Universidad de Zaragoza:



- Obligación de informar al interesado

Ley 30/1992, de 26 de noviembre (Jefatura del Estado), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, art. 42.4:

"En todo caso, las Administraciones Públicas informarán a los interesados del plazo máximo normativamente establecido para la resolución y notificación de los procedimientos, así como de los efectos que pueda producir el silencio administrativo, incluyendo dicha mención en la notificación o publicación del acuerdo de iniciación de oficio, o en comunicación que se les dirigirá al efecto dentro de los diez días siguientes a la recepción de la solicitud en el registro del órgano competente para su tramitación. En este último caso, la comunicación indicará además la fecha en que la solicitud ha sido recibida por el órgano competente."

En mi caso, no se me ha hecho llegar ninguna información ni notificación relativa a los recursos que he presentado, hasta la fecha: dos años después.

- Obligación de instruir el procedimiento

Ley 30/1992, de 26 de noviembre (Jefatura del Estado), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, art. 78.1

"Los actos de instrucción necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución, se realizarán de oficio por el órgano que tramite el procedimiento, sin perjuicio del derecho de los interesados a proponer aquellas actuaciones que requieran su intervención o constituyan trámites legal o reglamentariamente establecidos".

No se ha realizado ninguna acción (al menos ninguna de la cual se me haya informado, información que es preceptiva) de que se haya comenzado a instruir ningún procedimiento, al margen de la información confidencial al Rector por la investigadora que nombró, a pesar de la intención expresada verbalmente a este efecto por el Excmo. y Mgfco. Sr. Rector en entrevista personal, el 24 de julio de 2003, y nuevamente un año después. El Rector no especificó, por otra parte, si el procedimiento que ordenaría instruir se iniciaría debido a mis denuncias o debido a las denuncias de supuesta difamación contra mí que le había hecho llegar la presidenta del tribunal.


- Obligación de resolver:

Ley 30/1992, de 26 de noviembre (Jefatura del Estado), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, Art. 42.1:

"La Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla cualquiera que sea su forma de iniciación".

Art. 42.2, 3 (Plazo máximo en que debe solicitarse la resolución expresa):

"Este plazo no podrá exceder de seis meses" ( . . . ) ·"Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, éste será de tres meses".

En este caso no se ha producido ninguna resolución en los plazos previstos, únicamente silencio administrativo.

Art. 89.1
"La resolución que ponga fin al procedimiento decidirá todas las cuestiones planteadas por los interesados y aquellas otras derivadas del mismo".

El silencio administrativo producido no decide todas las cuestiones planteadas en mis escritos de recurso, aunque sí produzca algunos efectos administrativos.


Art. 89.4:
"En ningún caso podrá la Administración abstenerse de resolver so pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de los preceptos legales aplicados al caso, aunque podrá resolver la inadmisión de las solicitudes de reconocimiento de derechos no previstos en el ordenamiento jurídico o manifiestamente carentes de fundamento", etc.

Estatutos de la Universidad de Zaragoza (Cito los estatutos actualmente en vigor, aunque podría acudirse igualmente a los anteriores estatutos vigentes en el momento de presentar los recursos). Art. 66, e:
Es competencia del Rector "Exigir el ejercicio y cumplimiento de las funciones atribuidas a los distintos órganos de la Universidad".

Art. 66, o:
Es competencia del Rector: "Adoptar las decisiones relativas a las situaciones administrativas y de régimen disciplinario"
En este caso no se ha adoptado ninguna decisión relativa a los abusos de poder de la Dirección del Departamento y de la Comisión evaluadora.

Obligación de determinar nulidad o anulabilidad

Nulidad de pleno derecho:

Ley 30/1992, de 26 de noviembre (Jefatura del Estado), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, art. 62.2:

"serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren ( . . . ) las leyes".

En mis escritos detallo la manera en que el proceder de la Comisión evaluadadora vulnera la LRU que regía el concurso-oposición en cuestión, al no valorar los méritos en relación a las áreas de conocimiento como es preceptivo en esa ley, sino únicamente en relación al "perfil" de la plaza, término por otra parte inexistente en esa normativa. La resolución dictada es, por tanto, nula de pleno derecho.

Anulabilidad:

Ley 30/1992, de 26 de noviembre (Jefatura del Estado), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, art 63.
"Son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder".

Muchas otras actuaciones de la Comisión evaluadora infringen el Real Decreto 1888/1983 de provisión de plazas para cuerpos docentes en varios puntos, y otras suponen desviación de poder, como he manifestado en los recursos presentados. La resolución dictada sería, por tanto, anulable-si no fuera nula de pleno derecho. Pero no ha habido resolución razonada justificando la actuación de la comisión.

- Obligación de suspender el acto impugnado al no haberse dictado resolución

Ley 30/1992, de 26 de noviembre (Jefatura del Estado), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, Art. 111 (Suspensión de la ejecución), punto 3: "La ejecución del acto impugnado se entenderá suspendida si transcurridos treinta días desde que la solicitud de suspensión haya tenido entrada en el registro del órgano competente para decidir sobre la misma, éste no ha dictado resolución expresa al respecto."

Podría entenderse que el Rectorado sí suspendió la no provisión de la plaza, manteniéndola paralizada durante dos años, pero ahora niega este extremo.

- Obligación de atender al fondo del asunto, y no únicamente a cuestiones formales:

Ley 30/1992, de 26 de noviembre (Jefatura del Estado), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, Art. 113.3:
"El órgano que resuelva el recurso decidirá cuantas cuestiones, tanto de forma como de fondo, plantee el procedimiento hayan sido o no alegadas por los interesados. En este último caso se les oirá previamente."
Aquí no se ha dado respuesta a ninguna de las cuestines planteadas en los recursos.

- Obligación de atender al recurso presentado al silencio administrativo
Ley 30/1992, de 26 de noviembre (Jefatura del Estado), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, Art. 43.2:
"cuando el recurso de alzada se haya interpuesto contra la desestimación por silencio administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo, se entenderá estimado el mismo si, llegado el plazo de resolución, el órgano administrativo competente no dictase resolución expresa sobre el mismo.
43.3: "La estimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizado del procedimiento."
En mi escrito de 4 de diciembre de 2003 solicitaba del Rectorado que me comunicase si debía entender como silencio administrativo la carencia de respuesta. A esta solicitud se respondió con otro silencio, aunque de hecho se desmintió el silencio que ahora se argumenta al instruirse una investigación confidencial, siempre sin papeles de por medio (Pero sea como sea no se han producido los efectos previstos por la ley).

- Obligación de admitir los efectos de los actos administrativos producidos por silencio administrativo
Ley 30/1992, de 26 de noviembre (Jefatura del Estado), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, Art. 43.5:

"Los actos administrativos producidos por silencio administrativo se podrán hacer valer tanto ante la Administración como ante cualquier persona física o jurídica, pública o privada. Los mismos producen efectos desde el vencimiento del plazo máximo en el que debe dictarse y notificarse la resolución expresa sin que la misma se haya producido, y su existencia puede ser acreditada por cualquier medio de prueba admitido en Derecho, incluido el certificado acreditativo del silencio producido que pudiera solicitarse del órgano competente para resolver."

- Obligación de expedir certificado de silencio administrativo

Ley 30/1992, de 26 de noviembre (Jefatura del Estado), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, Art. 43.5:
[Sobre el certificado acreditativo del silencio producido que pudiera solicitarse del órgano competente para resolver]: "Solicitado el certificado, éste deberá emitirse en el plazo máximo de quince días."

Obligatoriedad de suspender la ejecución

Ley 30/1992, de 26 de noviembre (Jefatura del Estado), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, Art. 111.3:
"La ejecución del acto impugnado se entenderá suspendida si transcurridos treinta días desde que la solicitud de suspensión haya tenido entrada en el registro del órgano competente para decidir sobre la misma, éste no ha dictado resolución expresa al respecto."

Estos efectos no se han producido.

Obligatoriedad de términos y plazos

Ley 30/1992, de 26 de noviembre (Jefatura del Estado), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, Art. 47:
"Los términos y plazos establecidos en ésta u otras Leyes obligan a las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas competentes para la tramitación de los asuntos, así como a los interesados en los mismos".

El Rectorado ha incumplido repetidamente su obligación de respetar plazos relativos a actos de información, notificación, instrucción y resolución.

- Obligación de publicidad 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre (Jefatura del Estado), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, Art. 42.4:
"Las Administraciones Públicas deben publicar y mantener actualizadas, a efectos informativos, las relaciones de procedimientos, con indicación de los plazos máximos de duración de los mismos, así como de los efectos que produzca el silencio administrativo".

En el caso de que no se hubiesen incumplido las obligaciones de instruir, resolver, etc., se habría cumplido la obligación de publicidad, puesto que tales actos administrativos se habrían realizado en secreto. El escrito del Rectorado presupone que debo darme por enterado del resultado de una investigación confidencial, resolución que en ningún momento se me ha dado a conocer.

- Obligación de salvaguardar los derechos

Si se consideran atropellados ciertos derechos, el Defensor Universitario debería entrar a examinarlos, y dictar una resolución al respecto, pues de lo contrario no hay salvaguarda de los mismos.

Obligación de adecuarse al ordenamiento jurídico y de hacer cumplir la legalidad

La obligación del funcionario de cumplir las leyes y demás disposiciones jurídicas vigentes es manifestación directa de la vinculación constitucional de la Administración a la ley y al derecho (art. 103.1º de la Constitución Española).

Obligación de mantener el régimen disciplinario

El Reglamento de Régimen Disciplinario de los funcionarios de la Administración General del Estado, RD 33/1986, de 10 de enero, art. 7.1, tipifica como infracción disciplinaria la tolerancia de los superiores con la comisión de faltas muy graves y graves de sus subordinados, así como el descuido o negligencia en el ejercicio de sus funciones (art.8.d) y en general el incumplimiento de los deberes y obligaciones del funcionario (art. 8.e del Reglamento de Régimen Disciplinario).

Esta será la sustancia de un recurso contencioso-administrativo que tengo la intención de presentar contra la resolución del Rectorado dando por buena la actuación de la comisión evaluadora en la plaza de Catedrático de Filología Inglesa (Nº 1, 2003).



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Retirado el epígrafe del blog: "un post!, un post!: mi reino por un post!" Ahí va uno de Oscar Wilde, siempre de actualidad... 

Hay algo más injusto que la injusticia: la Justicia sin su espada (Oscar Wilde)







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Lunes, 08 de Agosto de 2016 12:14. José Ángel García Landa Enlace permanente. Cátedra


Recurso por la oposición remitido al Defensor Universitario

Retropost #107 (31 de enero de 2005): Valoración atípica en mi oposición




31 de enero   Hoy envío al Defensor Universitario la documentación del recurso de la cátedra y papeles anexos, unos 30 escritos, pidiendo un dictamen al respecto.   El día 5 de febrero hará dos años de la presentación del primer recurso, y el Rectorado, prudentemente aconsejado quizás, no ha producido una sola línea de texto en respuesta a mis escritos. Así nadie se pilla los dedos. Claro que con este proceder se han vulnerado muchas normas del procedimiento administrativo --no se puede tener todo. Espero que el Defensor Universitario sea mejor cumplidor de la normativa que el Rector.

Resumiré brevemente el caso, para quienes no estén al tanto. En febrero de 2003, una comisión presidida por la catedrática de Filología Inglesa de nuestro departamento, y compuesta por tres profesores de otras universidades, proponía la no provisión de una plaza de catedrático de universidad de Filología Inglesa a cuya primera prueba nos habíamos presentado cuatro candidatos, tres de ellos del departamento en el que se convocaba la plaza, el mío. Esta plaza (resultante de la jubilación de la otra catedrática del departamento) había sido sacada a concurso tras consejo de departamento en el que se pidió su salida a concurso dada la necesidad urgente de dotar de catedráticos a un grupo de más de 80 personas que en el momento de la jubilación de una de las catedráticas había quedado en situación deficitaria con sólo una catedrática ejerciendo esta función, una desproporción probablemente sin equivalente en toda la universidad española. Esta situación se prolongó durante varios años, a los que hay que sumar los dos años que tardó en realizarse la prueba tras la petición de la plaza. El día que finalmente el tribunal nos examinó (con sólo cuatro miembros del mismo presentes), todos los candidatos (tres de la casa y uno de Barcelona) fuimos suspendidos en el primer ejercicio, a pesar de tener méritos contrastados evidentes: todos con dos o tres tramos de investigación reconocidos. Los demás candidatos no han recurrido esta decisión: yo presenté un recurso ya a los criterios de evaluación expuestos por el tribunal (lo cual pudo perjudicarme) y seguidamente a la aplicación de los mismos durante las pruebas. Y denuncié la actuación del tribunal como injusta y prevaricadora, en escritos largos, numerosos y detallados que no han tenido réplica.
Durante estos últimos dos años, la provisión o no provisión de la plaza ha estado en suspenso; la documentación de todos los concursantes está retenida en la Vicegerencia correspondiente y la plaza se mantiene en suspenso, sin haber podido el Departamento reasignar su perfil ni hacer que saliera a concurso en el marco del nuevo sistema de habilitaciones LOU (dada su tardanza en salir a concurso, la plaza fue una de las últimas que se regían por la LRU).
Desde el primer escrito de recurso, me he visto obligado a enviar una decena de escritos al Rectorado solicitando una investigación sobre el caso, una respuesta a mis escritos, una decisión sobre el tema, o algún tipo de resolución. No he obtenido en ningún caso una respuesta oficial. Sí me he entrevistado en dos ocasiones con el Rector, pero al no habérseme dado nunca una respuesta por escrito debo considerar esas entrevistas como extraoficiales, "off the record" y quizá inexistentes a todos los efectos prácticos.
En mis sucesivas entrevistas con el Rector, éste me ha asegurado reiteradente que se abriría una investigación sobre este asunto inmediatamente si yo persistía en mis demandas. Más exactamente, entendí que se investigaría ese asunto en paralelo con las acusaciones de difamación que la presidenta de la comisión evaluadora había presentado contra mí, al negarme yo a retirar las palabras que constaban en mi recurso. Sea como sea, los resultados de tal investigación no me consta que se hayan materializado. Sólo en una ocasión y también de modo extraoficial, mantuve una entrevista con una persona nombrada por el Rector para entrevistarnos a mí y a la presidenta de la comisión evaluadora. De esta investigación y de lo relativo a otras posibles derivadas de mi recurso, no me consta solo documento escrito, porque se me ha citado únicamente por teléfono y no se ha respondido en ningún caso a mis escritos con ningún papel.. Me siento desprotegido y desatendido en mi derecho al amparo por parte de la institución para la que trabajo.
Creo que es evidente que en todo este proceso se han vulnerado mis derechos a una correcta administración repetidas veces. No me refiero ya sólo al recurso en sí, a los derechos que puedan haber sido vulnerados por la comisión evaluadora, sino a mi derecho a obtener una resolución por vía administrativa, y una gestión por parte de las autoridades universitarias que se atenga a la normativa y legislación que rigen estos procedimientos. Me temo que no se han cumplido plazos que debían cumplirse, no se han llevado a cabo las investigaciones que debían realizarse, y no se han dado respuestas que la normativa requiere que se den.
Yo he concedido, lealmente, un margen razonable al Rectorado, que intentaba resolver este asunto de una manera amistosa – ­pero mucho me temo que la única solución "amistosa" posible (a tenor de los criterios de la otra parte afectada) pasaría por una retirada de mi recurso y una renuncia a mi derecho a que mis alegaciones se examinen. Dando este margen al Rectorado, y confiando en un solución dentro de los cauces administrativos internos a la Universidad, he dejado pasar el plazo legal de presentar un recurso contencioso administrativo. Es algo, sin embargo, que no descarto hacer si se produce algún tipo de resolución administrativa sobre la plaza en cuestión que la extraiga del limbo administrativo en el que ahora se encuentra. Pero prefiero agotar la vía administrativa interna a la Universidad, y por eso he puesto el caso en conocimiento del recién nombrado Defensor Universitario, confiando en obtener por fin alguna respuesta. No digo ya una respuesta favorable a mis argumentaciones en lo referente a la oposición: me refiero a una respuesta oficial por escrito que estime o desestime mi solicitud (de modo razonado, claro), en lugar del inexplicable silencio con el que se han ido recibiendo mis sucesivos escritos-un silencio que no es ni justo, ni cortés y que me impide actuar por otras vías.

Solicito del Defensor que dictamine sobre dos puntos: - Sobre la justicia o no de lo que se alega en el recurso: es decir, si tienen fundamento mis denuncias de una actuación del tribunal injusta y no conforme a derecho. - Sobre la conveniencia de que el Rectorado dé una respuesta a este recurso.   La continuación, más adelante. Mucho más adelante, probablemente...   Incursiones de hoy: - Sobre la autobiografía de Bob Dylan en Blogpocket. - Sobre las elecciones iraquíes en Guardian Unlimited . Hay que aplaudir el valor demostrado por tantos iraquíes acudiendo a votar bajo amenaza de muerte, y con lo fácil que lo tenían para buscarse excusas diciendo que Bush les pondrá un gobierno pelele. Sin embargo, y ójala me equivoque, la alta participación (chiíta) puede ser señal más bien de una fractura social y de un enfrentamiento creciente con los sunitas, más bien que de una plaga súbita de democracia y tolerancia...  



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Jueves, 04 de Agosto de 2016 19:33. José Ángel García Landa Enlace permanente. Cátedra


Evaluación atípica en la oposición de cátedra

Retropost #106: 30 de enero de 2005


30 de enero

Larga sesión de cine con La Bisabuela de Amélie, perdón, con Largo domingo de noviazgo, de Jean-Pierre Jeunet. Como hoy ha puesto un post sobre ella Javier Armentia, pues allí que os mando. Bueno, allí y al cine. Es de las que hacen que la vida de uno se vuelva un poco más como el cine - descubre uno retrospectivamente sus momentos-Amélie, en este caso Mathilde-moments, viéndola.

Rumor que me llega a través de un colega: "Parece que las habilitaciones serán sustituidas el año que viene por un sistema de acreditación sin presencia del candidato". Para quien no esté al tanto, los profesores universitarios tenemos que hacer una oposición si queremos promocionarnos a un puesto superior; con el sistema de habilitaciones se añadieron los obstáculos, al tener que hacer dos oposiciones en vez de una: una en la universidad que ofrece la plaza, como solía ser desde los años 80, y otra a nivel nacional. Yo no me planteo la posibilidad de promocionarme desde que está este sistema vigente, porque se han duplicado las dificultades y un 100% de aumento es una subida de precio abusiva; ya veremos, si se cambia la oposición por una especie de visto bueno a la carrera de uno. Para más exámenes ya no estoy, sobre todo después de la última experiencia en la oposición de 2003: suspenso con menos de dos puntos sobre diez, para mayor gloria del tribunal que emitió esa calificación. Un gráfico con mis calificaciones, concursos y evaluaciones a lo largo de mis estudios y carrera iría algo así, a grandes rasgos:

  Calificación media   10 ________________________________ 9 8 7 6 5 4 3 2 1                                                                 _____


Año: 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2003

Este tribunal de 2003 disiente, como se ve, de todos los evaluadores anteriores. La plaza a la que me presentaba, una cátedra de Filología Inglesa, se quedó desierta por falta de candidatos mínimamente adecuados, a decir del tribunal. Interpuse un recurso contra los resultados, por injustos y prevaricadores. La interpretación alternativa, claro, sería que me dió una fiebre cerebral que me dañó seriamente las meninges. Hasta la fecha el recurso sigue sin respuesta, pues el Rectorado de la Universidad de Zaragoza no ha dado por escrito ni un acuse de recibo. Esta semana presento el caso ante el Defensor Universitario, antes de que pase el plazo de dos años a partir del cual no admite los casos.






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Jueves, 04 de Agosto de 2016 19:15. José Ángel García Landa Enlace permanente. Cátedra


Muñoz Molina sobre 'la cátedra'

sábado, 25 de abril de 2015

Muñoz Molina sobre 'la cátedra'

El libro de Antonio Muñoz Molina Todo lo que era sólido es un repaso desilusionado a la España del pelotazo, entre 1990 y 2010, la que llevó a la famosa crisis que nos aqueja, y que nos explica "qué hemos hecho para merecer esto." Es una llamada a la responsabilidad de cada cual en el desbarajuste nacional español, y el diagnóstico retrospectivo viene acompañado de meditaciones sobre la retrospección, como ésta:


He hablado en Nueva York con bastantes personas que vivían en Yugoslavia en 1989 y todas me han contado que nadie dudaba de la solidez del país y que la idea de una guerra civil era tan inverosímil que ni siquiera se pensaba en ella.
     Porque las cosas han sucedido de una cierta manera nos convencemos de que tenían que suceder así. Lo que en la vida real es indeterminación y azar los relatos históricos lo convierten en desenlace necesario. Pero no está el mañana ni el ayer escrito, y la renuncia racional al cautiverio religioso de la predestinación es a la vez motivo de esperanza y de alerta. No estamos condenados a lo peor, ni el pasado nos ata a un porvenir inevitable: pero tampoco hay ninguna garantía de que durará lo bueno que hemos logrado, o de que no se volverá insufrible lo que por ahora toleramos sin mucha dificultad, o de que no añoraremos lo que por haber formado parte de la vida diaria nos resultaba indiferente, y hasta invisible. No hay facultad que no se atrofie sin la práctica.


Y, ya que estamos en el tema de las facultades, esto es lo que dice sobre la cátedra:

Cuando la barbarie triunfa no es gracias a la fuerza de los bárbaros sino a la capitulación de los civilizados.
     Me ha entristecido ver la aceptación cínica del éxito de los trepadores, los corruptos y los enchufados, y la dificultad de muchas personas brillantes y honradas para desarrollar sus capacidades y recibir una recompensa justa por sus méritos que al mismo tiempo contribuyen al progreso de la comunidad. Me ha llenado de abatimiento que muchas veces diera igual que se hicieran las cosas bien o que se hicieran de cualquier modo o no se hicieran, que el mérito se quedara sin elogio y la trapacería o el engaño sin censura, que se aceptara con naturalidad el favor y la trampa, lo mismo en un premio literario que en la provisión de una cátedra (énfasis mío).  (...)
     Nada importaba. La capilaridad de la corrupción puede infectar de cinismo a una sociedad entera: en cada ámbito de lo privado y lo público, cada pequeña corruptela agregando su dosis de toxicidad a la atmósfera viciada que respira por igual todo el mundo, cada claudicación menor favoreciendo las de gran escala. Para obtener lo mismo una cátedra universitaria que un puesto de conserje no había que estar preparado sino tener mejores conexiones.

 





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Martes, 31 de Mayo de 2016 08:44. José Ángel García Landa Enlace permanente. Cátedra


Filología y Lingüística Inglesa en Zaragoza

sábado, 4 de enero de 2014

Filología y Lingüística Inglesa en Zaragoza


La Filología y la Lingüística Inglesa en el marco de los estudios universitarios en Zaragoza

SSRN Philosophy of Language eJournal 07/2012;
 
Este artículo analiza el contexto institucional de los estudios ingleses en general, a nivel universitario, en la Universidad de Zaragoza, en el contexto de los primeros años del siglo XXI. Prestamos atención especial a la situación disciplinaria, profesional e institucional de la lingüística inglesa. La redacción data de 2003.

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ABSTRACT: 

English Philology and Linguistics in the Context of University Studies at Saragossa

This paper analyzes the institutional context of English studies in general, at university level at the University of Zaragoza in the early years of the 21st century, with a special focus on the disciplinary, professional and institutional status of English linguistics. The paper was written in 2003.
Este artículo, que ahora subo a ResearchGate, procede de la memoria de mi fallida oposición a cátedras, hace más de diez años. Empezamos hablando de la idea y función de la Universidad, para pasar a hablar de la Universidad de Zaragoza, nuestros estudios de Filología Inglesa y el objeto de la plaza que se sometía a concurso.

Lean la nota 13, que dice así tras una comparativa de datos muy reveladora: 
"Es decir, la proporción de catedráticos de Universidad con respecto al resto de los cuerpos de funcionarios que podrían promocionarse a ese cuerpo es, redondeando, de 1 a 26 en este Departamento, de 1 a 9 en el área de Filología Inglesa a nivel nacional, de 1 a 5 en la Universidad de Zaragoza y de 1 a 4 en el conjunto del funcionariado docente universitario. Creemos que son cifras que deberían hacer reflexionar a las Comisiones evaluadoras de Filología Inglesa antes de declarar desiertas las plazas,como se hace con cierta frecuencia."
Reflexionar no sé si reflexionaron, pero desierta quedó la plaza, vacante... y a la espera de que llegase algún pariente o amigo.  No se hicieron esperar, tampoco.

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Martes, 20 de Mayo de 2014 13:14. José Ángel García Landa Enlace permanente. Cátedra


Irrelevance Theory

viernes, 1 de noviembre de 2013

Irrelevance Theory

A la memoria me ha venido un trozo de mi fallida memoria de oposición a cátedras—que me lo he encontrado re-electrocutado en CoolEssay. Se titula así:

"Filología, Lingüística y Teoría Literaria: Sobre 'Subáreas' e Interfaces en Filología Inglesa."

 Últimamente sólo hay que meter el brazo en la red a ver qué encuentras, y sacas alguna versión reconvertida o pirateada o multiplicada de tus propias publicaciones, subida por algún servicial robot, o un sufrido y pálido humano, a algún repositorio de China o de Rusia. En este caso los gráficos no han pasado bien la conversión. Mejor se ven en esta revista electrónica, que es de donde habrá venido el artículo:

Cognitive Linguistics: Cognition, Language, Gesture eJournal
ver fecha de 20 de julio de 2012.

Hay que decir que el razonamiento escéptico con las subáreas y los subareantes no convenció nada al tribunal, partidario decididamente de oposiciones basadas en una oposición estricta y excluyente entre lingüistas y literatos. Digo que no los convenció, suponiendo que se leyesen algo de esto, que mucha prisa se tenían que haber dado. Más bien estaba la cosa ya bastante decidida de antemano.

Tiene una companion piece, si les interesa, titulada:

"La Filología y la Lingüística inglesa en el marco de los estudios universitarios en Zaragoza."

Tampoco agradó. Menos agradó todavía mi defensa de mi candidatura, en la que se me acusó de jactarme demasiado de mis méritos. Y eso que el tribunal admitió que tenía muchos.... y que estábamos en la parte de la oposición vulgarmente llamada autobombo, en la que debería haber obtenido yo algún éxito. Pues hasta eso estaba de más. Es que cuando hay oposición, es difícil sacarla, o claramente imposible, y los méritos acumulados se vuelven irrelevantes. Cuando no la hay, en cambio, los méritos se vuelven (también) irrelevantes. In my experience.

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Lunes, 10 de Febrero de 2014 08:41. José Ángel García Landa Enlace permanente. Cátedra


Defensa de la Filología

lunes, 21 de octubre de 2013

Defensa de la Filología

Aparece en CoolEssays un trabajo mío titulado "Filología, Lingüística y Teoría Literaria: Sobre 'subáreas' e interfaces en Filología Inglesa." Lo publiqué en mi web hace tiempo, y en el SSRN, y ahora lo reencuentro convertido a nuevo formato. Ocho páginas en red, más bien unas 40 páginas tamaño folio, que vienen de mi fallida memoria de cátedras de hace diez años.  Cometí la "osadía" de presentarme a una plaza de Filología Inglesa, con tareas docentes en "lingüística inglesa", con un currículum investigador centrado en la teoría literaria, el análisis del discurso, la narratología, estilística y teoría de la interpretación. Como ya venía avisado por la presidenta del tribunal de que no se veía mi candidatura favorablemente, me pertreché para justificar teóricamente lo que quizá no haría falta justificar en principio: que el estudio de la Filología Inglesa requiere tanto el conocimiento de la lengua como de la literatura; que los estudios de teoría literaria, narratología, estilística, etc., son inherentemente lingüísticos, y que la interfaz entre estudios lingüísticos y literarios es el meollo mismo y definición de la disciplina de Filología.

Que si quieres.

El tribunal se despachó por la vía rápida, alabando la calidad de mi trayectoria y de mis publicaciones, pero negándose en redondo a aceptar que estas cuestiones tuviesen nada que ver con la lingüística. Al parecer el tribunal entendía por "lingüística" única y estrictamente "gramática"—una pequeña confusión interesada que les hubiera costado un cero patatero en un examen de lingüística de primero.

Hay que decir que la idea misma de Filología al parecer desagrada a muchos de nuestros filólogos, que prefieren concebirse a sí mismos como "lingüistas" o "literatos" ignorando en la medida de lo posible el terreno común o interfaz que los une, o fumigándolo si es preciso. La Filología se considera una cosa decimonónica y digna de ser desmantelada. Pasmoso, pero es así. De ahí que nuestro grado haya dejado de llamarse "Filología Inglesa" para pasar a llamarse "Estudios ingleses". 

Al dejarse vacante la cátedra, recurrí al Rectorado, que guardó silencio administrativo, callado como una tumba esperando enterrar la cuestión. Y recurrí a los juzgados, que en sustancia dieron la razón al tribunal por un razonamiento típico de la justicia española. A saber, como los miembros del tribunal son el tribunal, tienen razón por definición en todo lo que digan sobre su área, que para eso son los expertos. Las irregularidades formales, que también las hubo a manta, las justificaron todas los jueces como si les fuese la vida en ello. Y a correr.

Esta resolución mereció un detallado comentario estilístico-jurídico que le dediqué en varios capítulos. En cuanto a la plaza de cátedra, largos años vacante, fue a donde tenía que ir a parar, a gente con más apoyos y mejor relacionada con los catedráticos del departamento. Y que, si no hacían gramática, sí hacían una lingüística más del gusto de los oídos del tribunal.

En fin, allá queda un trozo de mi argumentación sobre la filología y la lingüística, for what it's worth.


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Lunes, 27 de Enero de 2014 12:31. José Ángel García Landa Enlace permanente. Cátedra


Premio

lunes, 19 de noviembre de 2012

Premio

Nos comunica el Director del departamento:

En el Congreso de AEDEAN de Málaga, celebrado la semana pasada, Carmen
Pérez-Llantada ha recibido el Premio Leocadio Martín Mingorance al
mejor libro de investigación en Lengua y Lingüística de 2012, por su
obra _Scientific Discourse and the Rhetoric of Globalization: The
Impact of Language and Culture_, publicado por Continuum. El libro
trata del papel del inglés en la investigación científica y en el
contexto de la globalización.
Qué cosas, el premio de AEDEAN (Asociación Española de Estudios Anglo-Norteamericanos) me lo dieron a mí hace 20 años, y aún no soy catedrático, ni lo seré. Claro que el expediente de la Dra. Pérez-Llantada, que ella sí es catedrática desde hace varios años, lo han visto con mejores ojos que al mío los tribunales de oposiciones y las fuerzas vivas que nos rodean...  C'est la vie. Pues enhorabuena.



Cátedra

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Sábado, 15 de Diciembre de 2012 17:16. José Ángel García Landa Enlace permanente. Cátedra


De vocal a Presidenta: Ascendiendo

De vocal a Presidenta: Ascendiendo

Veo por la última comunicación de la Asociación Española de Estudios Anglo-Norteamericanos (AEDEAN) que llega ahora a su presidencia la Dra. Montserrat Martínez Vázquez, catedrática de Filología Inglesa. Se dirige a nosotros los socios muy amablemente agradeciendo su elección y expresando su buena disposición al frente de la asociación.

Sin embargo no la felicitaré, pues sin comerlo ni beberlo tengo en el historial un desencuentro accidentado con la ahora presidenta de AEDEAN. Hasta tal punto que tentado estoy de escribirle a la asociación para darme de baja ante su elección.

Resulta que en el año 2003 me presenté a unas oposiciones de cátedra, junto con otros candidatos. En el tribunal, presidido por la Dra. Onega, actuaba como vocal la Dra. Martínez Vázquez. La oposición fue desagradable, accidentada, llena de irregularidades, y finalmente se dejó la plaza desierta. Quizá para evitar el compromiso de dársela a ninguno de los cuatro aspirantes que nos presentábamos, nos suspendieron a todos en el primer ejercicio, por unanimidad del tribunal. Eso no impidió que, en circunstancias más auspiciosas, uno de los candidatos llegase más adelante a catedrático con cien puntos sobre cien, y con la misma presidenta de tribunal. Cosas veredes.

En la cátedra a la que me presenté, la consigna era otra. Nada de cien puntos. A suspender a todo cristo en el primer ejercicio, y cerramos pronto. Uno de los vocales, el Dr. Dietz, firmó su renuncia nada más firmar la constitución de la comisión, sin llegar a ver el primer ejercicio. Los restantes catedráticos (el secretario Dr. Garrudo, la Dr. Martínez Vázquez y el Dr. González Groba) no quisieron ver allí nada anómalo, y siguieron estrictamente la política marcada por  la Casa—como sucede en las oposiciones "no problemáticas". Lo malo es que hubo tal cúmulo de irregularidades en las pruebas que yo (únicamente yo, por cierto) interpuse un recurso ante el Rector. Aparte de las muchas irregularidades de procedimiento que denuncié, dejé constancia del escándalo que me produjo el razonamiento "técnico" de la comisión, intocable para los recursos. Cito del escrito al Rector:

- La Comisión evaluadora, con excepción de su presidenta, alabó la excelencia de mi curriculum investigador, con su trayectoria en teoría de la narración, hermenéutica, teoría de la interpretación, estilística, etc., pero unánimemente señaló QUE TALES CUESTIONES NO TIENEN RELACIÓN CON LA LINGÜÍSTICA y que por tanto la excelencia (“excelencia” a juicio de la Comisión, no mío) de mis méritos investigadores era irrelevante para el caso que nos ocupa. La afirmación que he resaltado, principio básico de la valoración académica de la Comisión en mi caso, contradice los presupuestos más elementales de la Filología de finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI, y de por sí descalifica a la Comisión para valorar estas materias con rigor académico, de la misma manera que su desconocimiento deliberado de la ley la descalifica a nivel administrativo. Al ser ésta una cuestión central para la justa resolución del recurso, sugiero que V.E.M. recurra al asesoramiento de especialistas en el área de conocimiento relevante para esta plaza (Filología Inglesa), en el caso en que el dictamen que he citado no ofenda directamente el sentido común de V.E.M. y se considere que es preciso más asesoramiento experto. En todo momento, la Comisión actuó durante mi primer ejercicio como si el perfil asignado a la plaza, “Lingüística inglesa”, fuese un sinónimo de “Gramática inglesa”, negándose a entrar a considerar las cuestiones académicas y filológicas elementales que sustentaban mi razonamiento. Las bases de este razonamiento pueden consultarse en el proyecto docente que presenté.
 


Por supuesto, en las clasificaciones de campos del saber usadas corrientemente por la Administración española, como son las de la UNESCO, "lingüística" no quiere decir "gramática" sino que incluye análisis del discurso, interpretación, semiología, filología, estilística, estudios de lengua y literatura, etc. Que junto con la gramática son otros aspectos de los estudios lingüísticos (ver aquí, apartado 57). Pero, por axioma imperativo, la Comisión tenía que actuar según otras presuposiciones. Vamos, que la Comisión incurrió deliberadamente en una falsa interpretación del perfil de la plaza. Es como si a un concurso perruno descalificasen a todos los que no presentasen un podenco, alegando que todo perro tiene que ser podenco por necesidad, que los demás no son perros. Así la comisión prevaricó pública y tranquilamente en el uso de su criterio 'experto', con la finalidad, en mi caso, de ponerme una puntuación de menos de dos puntos sobre 10—un "muy deficiente", digamos, y eso que tenía yo dos sexenios, premios extraordinarios de Doctorado y demás, libros en editoriales de prestigio, muchas publicaciones académicas, un máster en la Ivy League, el premio de investigación de la propia AEDEAN, participación en proyectos de investigación nacionales y demás... A los otros candidatos también los suspendieron, aunque ellos dieron su suspenso por bueno y no recurrieron.

Yo le envié una carta a cada miembro del tribunal haciéndole saber mi indignación por su actuación en esta prueba, y anunciándoles que interpondría recurso. De la Dra. Martínez Vázquez no recibí respuesta; supongo que lo consideraría parte de la marcha habitual del quehacer cotidiano, un marroncillo de esos que te tocan a veces.

El Rectorado de la Universidad de Zaragoza (Pétriz lo llevaba entonces) hizo lo posible por enterrar el asunto, con un simulacro de investigación—sin dar respuesta por escrito a mis recursos, mareando los tiempos, y tratando de impedir luego que se pudiera llevar el caso ante los tribunales. Sí lo conseguí llevar, sin embargo, aunque con poco éxito: perdí el juicio (sin por ello perder la razón ni el seso) tanto en los tribunales de lo contencioso-administrativo como en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón.

Pero no crean que lo perdí por falta de argumentos a mi favor—aquí hay unos cuantos, en mi comentario detallado a la sentencia final del asunto. Lo perdí porque... ¿alguien sabe cómo acaba esta frase?"la justicia en España es...."
Pues eso.

En fin, unos ladramos, y otros cabalgan, a la presidencia de la Asociación por ejemplo—que para mí les aseguro está más que verde, o yo para ella. Dicen las malas lenguas (decimos) que con mimbres como éstos se hacen a veces las carreras académicas—no basta con publicar mucho o bien, a veces ni es necesario: lo que sí es esencial, sobre todo, es no crearse conflictos inter pares, respetar el feudo ajeno, ayudar a quienes te pueden ayudar a subir, y aplicar mucha ceguera selectiva. Sólo puedo desear que la Dra. Martínez Vázquez no se haya visto en muchos casos como el de "mi" oposición, y que en la presidencia de AEDEAN actúe mejor de lo que lo hizo en esa otra comisión.  No tengo más datos que me hagan suponer una cosa u otra.


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Domingo, 04 de Diciembre de 2011 11:21. José Ángel García Landa Enlace permanente. Cátedra


Denuncia por manipulación en oposiciones de cátedras

martes 24 de mayo de 2011


Denuncia por manipulación en oposiciones de cátedras


Aquí está el blog de Jorge Lirola, candidato a una cátedra en la Universidad de Almería, que expone allí cómo ha presentado una denuncia contra la manipulación del procedimiento en su departamento, y contra el Rector de la Universidad —una denuncia por prevaricación, por no investigar dicha denuncia y tapar el asunto.

Aquí hay una acción que sugiere en apoyo de la investigación de estas cuestiones, para quienes crean que tiene efectos en las autoridades el recibir denuncias. Yo, particularmente, no lo creo—y sin embargo enviaré los correos que sugiere.  Un poco en plan acampada en la Puerta del Sol.

Y lo haré porque yo también me presenté a una oposición de cátedras manipulada,  y también lo denuncié ante el Rectorado, con éxito parecido. Sólo que allí el Rector (Pétriz) cubrió el expediente con un simulacro de investigación,  de la cual jamás se supo nada. Este sabía hacerlo mejor—y con su saber hacer ascendió a secretario de Universidades del gobierno Zapatero, donde seguirá sin duda cubriendo el expediente, y estudiando el próximo ascenso mientras se hunde el tablao.  La historia de "mi cátedra" está aquí. En parte. Hay que añadir que cuando llevé el caso ante los tribunales, no me dieron la razón. Aquí está la sentencia definitiva del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, y mi comentario detallado a la misma. La gracia, claro, está en los detalles. A quien no le gusten, que no se moleste en interesarse por el tema.


Y aquí el escrito del profesor Lirola. En su caso también parece que se incumplieron abundantemente los procedimientos. En todo caso, es algo que tendrá que investigar la justicia, y es lo que se pide no más:

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En relación con la denuncia que le remití hace unos días contra el Rector de la Universidad de Almería, Pedro Molina García, por considerar yo que es un rector corrupto, que ha prevaricado y cometido otros delitos punibles, muchos son los que me han contestado indicándome que la corrupción es un mal bastante generalizada en las universidades, contra el que estimo que debemos hacer algo.

Como digo en mi blog, en que que encontrará la denuncia que he realizado (http://1001denuncias.blogspot.com/2011/05/denuncia-presentada-al-fiscal-de.html),  tan responsables son quienes cometen las injusticias o la corrupción como quienes las justifican y/o las amparan. Nuestro silencio sirve de amparo, en cierto modo. Si no amparásemos esas injusticias y denunciáramos la corrupción, seguramente existirían menos casos e incluso podríamos conseguir llegar a erradicarla.
 
Se trata también de luchar contra la impunidad que suele aplicarse en estos casos que simplemente se dejan pasar.
 
Si está en contra de dicha corrupción, le propongo que colabore, de una forma sencilla y sin ningún tipo de implicación que suponga tomar partido, para tratar de establecer referentes positivos contra esa corrupción.
 
Para ello le propongo que mande mensajes y/o escritos a las autoridades que le indico, con las propuestas que también le hago para que corte, pegue y/o modifique, según crea oportuno.
 
Información sobre mi denuncia también la encuentra en:

http://www.youtube.com/watch?v=8bwlbfvd9oE
http://www.youtube.com/watch?v=CrSjWZ0U3IM
http://www.youtube.com/watch?v=6fRt_xvtsqo

Si en ccoo, me envía copia (jlirola@ibntufayl.org), le quedaría doblemente agradecido.
 
Estas son las autoridades y mensajes que le propongo:
 
1) Al Ministro de Educación, D. Ángel Gabilondo Pujol, en calidad de Presidente del Consejo de Universidades (gabinete.ministro@educacion.es;secretaria.ministro@educacion.es. Asunto: A/A D. Ángel Gabilondo Pujol) y/o, por escrito, a través de los registros oficiales, como las delegaciones de gobierno.
 
Yo, Nombre y apellidos, con DNI nº *** y con domicilio en ***, manifiesto que:
 
He tenido conocimiento de la denuncia efectuada por D. Jorge Lirola Delgado ante el Fiscal Jefe de Almería, D. Antonio Pérez Gallego, en la que sostiene unas graves acusaciones contra el Rector de la Universidad de Almería, D. Pedro Molina García, y otras personas.
 
Dado que considero que es importante aclarar todos y cada uno de los hechos, le ruego encarecidamente, en su calidad de Presidente del Consejo de Universidades, al que pertenece el referido rector, inste Usted al mencionado fiscal para que se llegue al fondo de la denuncia, investigando todos los extremos denunciados y exigiendo las correspondientes responsabilidades a la vista de los resultados de las investigaciones, de forma que este tema no quede impune, por el buen nombre de las instituciones afectadas. Si fuese falsa la denuncia, se le pidan responsabilidades al denunciante, como él mismo pide, y, si fueran ciertos los hechos, a quienes hayan cometido las irregularidades.
 
Al ser un tema, una supuesta corrupción universitaria, que me interesa especialmente, desearía ser informado del resultado de las investigaciones, directamente, si es posible, y, si no, a través de los medios de comunicación.
 
Atentamente, le saluda.
 
2) Al Presidente del Consejo Social de la Universidad de Almería y Presidente de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Públicas, D. Joaquín Moya-Angeler Cabrera (consejo@ual.es. Asunto: A/A D. D. Joaquín Moya-Angeler Cabrera). C/ Gerona, 35, planta 2ª, despacho 2.010. Almería. 04002.
 
Yo, Nombre y apellidos, con DNI nº *** y con domicilio en ***, manifiesto que:
 
He tenido conocimiento de la denuncia efectuada por D. Jorge Lirola Delgado ante el Fiscal Jefe de Almería, D. Antonio Pérez Gallego, en la que sostiene unas graves acusaciones contra el Rector de la Universidad de Almería, D. Pedro Molina García, y otras personas.
 
Dado que considero que es importante aclarar todos y cada uno de los hechos, le ruego encarecidamente, en su calidad de Presidente del Consejo Social de la Universidad de Almería, la más afectada, y también como Presidente de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Públicas, inste Usted al mencionado fiscal para que se llegue al fondo de la denuncia, investigando todos los extremos denunciados y exigiendo las correspondientes responsabilidades a la vista de los resultados de las investigaciones, de forma que este tema no quede impune, por el buen nombre de las instituciones afectadas. Si fuese falsa la denuncia, se le pidan responsabilidades al denunciante, como él mismo pide, y, si fueran ciertos los hechos, a quienes hayan cometido las irregularidades.
 
Al ser un tema, una supuesta corrupción universitaria, que me interesa especialmente, desearía ser informado del resultado de las investigaciones, directamente, si es posible, y, si no, a través de los medios de comunicación.
 
Atentamente, le saluda.
 
3) Al Rector de la universidad de su ciudad (por correo electrónico, rector@unizar.es, o por escrito a través de los registros oficiales, de la Universidad u otros, como las delegaciones de gobierno).
 
Yo, Nombre y apellidos, con DNI nº *** y con domicilio en ***, manifiesto que:
 
He tenido conocimiento de la denuncia efectuada por D. Jorge Lirola Delgado ante el Fiscal Jefe de Almería, D. Antonio Pérez Gallego, en la que sostiene unas graves acusaciones contra el Rector de la Universidad de Almería, D. Pedro Molina García, y otras personas.
 
Dado que considero que es importante aclarar todos y cada uno de los hechos, le ruego encarecidamente, en su calidad de miembro del Consejo de Universidades, al que pertenece también el referido rector, inste Usted al mencionado fiscal para que se llegue al fondo de la denuncia, investigando todos los extremos denunciados y exigiendo las correspondientes responsabilidades a la vista de los resultados de las investigaciones, de forma que este tema no quede impune, por el buen nombre de las instituciones afectadas. Si fuese falsa la denuncia, se le pidan responsabilidades al denunciante, como él mismo pide, y, si fueran ciertos los hechos, a quienes hayan cometido las irregularidades.
 
Al ser un tema, una supuesta corrupción universitaria, que me interesa especialmente, desearía ser informado del resultado de las investigaciones, directamente, si es posible, y, si no, a través de los medios de comunicación.
 
Atentamente, le saluda.
 
4) Al Fiscal Jefe de Almería (D. Antonio Pérez Gallegos). A ser posible en el registro de la Fiscalía (C/ Reina Regente, 4. Almería 04071) o en el de su ciudad, en cuyo caso diríjalo al Fiscal Jefe de esa ciudad para que se lo transmita al de Almería. Si no, a través del formulario por internet. O ambas cosas:
 
http://www.fiscal.es/cs/Satellite?cid=1240559967889&language=es&pagename=PFiscal%2FPage%2FFGE_contacta
 
Yo, Nombre y apellidos, con DNI nº *** y con domicilio en ***, manifiesto que:
 
He tenido conocimiento de la denuncia efectuada por D. Jorge Lirola Delgado ante el Fiscal Jefe de Almería, D. Antonio Pérez Gallego, en la que sostiene unas graves acusaciones contra el Rector de la Universidad de Almería, D. Pedro Molina García, y otras personas.
 
Dado que considero que es importante aclarar todos y cada uno de los hechos, le ruego encarecidamente que se llegue al fondo de la denuncia, investigando todos los extremos denunciados y exigiendo las correspondientes responsabilidades a la vista de los resultados de las investigaciones, de forma que este tema no quede impune. Si fuese falsa la denuncia, se le pidan responsabilidades al denunciante, como él mismo pide, y, si fueran ciertos los hechos, a quienes hayan cometido las irregularidades.
 
Al ser un tema, una supuesta corrupción universitaria, que me interesa especialmente, desearía ser informado del resultado de las investigaciones, directamente, si es posible, y, si no, a través de los medios de comunicación.



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Jueves, 26 de Mayo de 2011 08:10. José Ángel García Landa Enlace permanente. Cátedra


Quinta cátedra

Quinta cátedra

del Departamento de Filología Inglesa y Alemana --

"Por indicación de la Presidenta del tribunal, se comunica a todos los miembros del departamento que el próximo viernes, 19 de noviembre, a las 12.00 horas tendrá lugar la celebración del Concurso de Acceso a la Catedrático [sic] de Universidad (2010-37) en la Sala de Juntas de la Facultad de Filosofía y Letras."

Esta vez la concursante única es Carmen Pérez-Llantada Auría, antigua alumna mía por cierto, que ha hecho carrera con más fortuna—o quizá con mejores apoyos y alianzas, y menos obstáculos. La presidenta, como siempre en estos casos, es la Dra. Onega, creando escuela, as the saying goes. Aunque creo que no miento si digo que la Dra. Pérez-Llantada también ha ido muy de la mano de otro de nuestros catedráticos, el Dr. Collado. Y pertenece además al equipo de investigación de un tercer catedrático de nuestro departamento, el Dr. Vázquez. Como siempre en las cátedras, entre catedráticos anda el juego.

Desde aquí le damos la enhorabuena por anticipado.

_________

PS: En efecto, obtiene la candidata 100 puntos sobre 100. Nota "inhumana" que, no se alarme nadie, no significa otra cosa sino que no se ha encontrado con enemigos en el tribunal—si saben ustedes cómo funcionan las cátedras. Muy diferente fue "la mía", y eso que hay quien dice que el currículum de esta doctora y el mío no se llevan tanto. Será que a alguien le patina el criterio, cuando conviene. Cuando no conviene... pues cien puntos, y a correr.

Con esta oposición queda cubierta la cátedra que se dejó vacante entonces, la que debería haber ganado yo en lugar de esta señora—yo o a una mala cualquiera de los demás candidatos que se presentaron. La cátedra ha estado esperando años en conserva, a salvo de candidatos foráneos, a la espera que se presente alguien a quien favorezca el juego de alianzas del departamento.  En fin, yo más no puedo que contar las cosas como son, y denunciar los trapicheos y las trampas de criterio ante el Rectorado y los tribunales, como ya hice en su momento. Pero semejantes denuncias no se llevan en esta casa—aquí se lleva más lo de arrimarse a buen árbol y esperar a que caiga algo.



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Miércoles, 17 de Noviembre de 2010 20:47. José Ángel García Landa Enlace permanente. Cátedra


Cocinando el POD

jueves 11 de febrero de 2010

Cocinando el POD


thanksgiving
Hoy hemos tenido consejo del departamento de Filología Inglesa y Alemana, con punto único: primer acercamiento a la elaboración del Plan de Ordenación Docente. Un papeleo aburridísimo y una pesadilla para la dirección, a pesar de la sugestiva aplicación informática Odile que les ayuda a hacerlo. Y es que hay hacer muchos cálculos de horas y grupos, y mover muchos cables, ajustándose al viento (que este año no es favorable) para conseguir el objetivo primordial, que es justificar muchas necesidades y dividir muchos grupos para generar muchas plazas. Es el axioma incontestado del POD, o el Plan detrás del POD: conservar la plaza de los que están, y colocar a todos los que podamos que aún no están. Huy no, qué digo, que es para mejorar la atención al estudiante, el fin último.

Cierto es que la idea de empezar la implantación del Grado con grupos de 70 estudiantes, según ordena el Rectorado... como que no casa mucho con el espíritu de Bolonia. Pero la Universidad está en crisis, endeudada hasta las orejas, y tendrá que reducir grupos y costes. Así que nuestro departamento decide contraatacar por gambito lateral, creando grupos de prácticas, que aún se puede... Aunque sean una pesadilla de organizar en cuestión de horarios. Y seguramente les viene bien a los estudiantes, practicar.

Aunque por el camino se consigue colocar a muchos socios y asociados que están a la espera de merecer, y eso interesa. De hecho, lo de colocar asociados no está tan fácil: para obtener ese contrato hace falta justificar que se está trabajando fuera de la universidad, con lo cual las plazas suelen quedar vacantes, y luego salen para cubrirse por urgencia con los retrasos de rigor. Ahí ya se coloca mejor a quien haga falta. Tampoco es fácil obtener ayudantes doctores, y es que debe ser que no hay un solo doctor de Filología Inglesa en paro en el país. En fin, que entre lo difícil que está colocar a los del grupo de uno, y lo difícil que está encontrar a alguien que cumpla los requisitos de las plazas, no es tarea fácil para los muñidores del POD, y requiere la cosa muchos cálculos y vueltas y revueltas. Vamos, que haciéndolo se ha puesto enfermo el director Dr. Guillén, y ha dirigido la reunión de hoy el Dr. Sánchez García, que ya apunta maneras de futuro director.

Yo he abierto la boca para hacer una observación. Resulta que tanta sed de plazas, y tiene este departamento una plaza guardada en salmuera desde el año 2003—una cátedra de universidad, nada menos. Pero esa no piden nunca al Rectorado que la desempolve, ni que la saque a concurso. ¿Por qué será?

Yo me presenté a esa cátedra, y también otros profesores del departamento, y de fuera, cuando sí salió a concurso en el año 2003. Se dejó vacante. Al parecer el tribunal juzgó que ninguno estábamos preparados (y eso que sumábamos muchos muchos sexenios). Vamos, que no se cubrió porque no interesaba darla a ninguno de los candidatos, a quien estaba repartiendo el bacalao. Aquí está parte de la historia. ¿Mi interpretación? Pues que había que pasar por delante a algunos profesores mejor vistos que ni habían firmado esa plaza, ni la podrían haber ganado creíblemente de haberla firmado. Y pasaron, pasaron, con el tiempo.

Bien, pues la plaza aquella, la cátedra fantasma, no se cubrió, a pesar de eso, ni se volvió a sacar a concurso—con la excusa de que estaba la cosa sub iudice. Pues yo había recurrido (el único que lo hizo) y pasaron muchos años hasta que se resolvió el asunto, dando por buena la actuación del tribunal (es que hay una cosa que se llama ficciones legales).

Pero ahora no está sub iudice. Y se preocupaba mucho la Dra. Onega en la reunión de hoy por que no se fuese a perder la plaza, con las pocas cátedras que hay en este departamento, decía.... (Yo también pensaba cosas, aunque muchas veces se contiene uno de decir lo que piensa en estas reuniones, créanme. Que hay pocas cátedras, dice la presidenta del tribunal que dejó esa plaza vacante—y la anterior también, por cierto).

Entonces he expuesto yo mi opinión: que la Cátedra Maldita debería sacarse a concurso de una vez. Que ya se la ha toreado bastante, y que ahora este departamento sólo puede hacer una cosa administrativamente coherente con ella, que es sacarla a concurso y cubrir la plaza. Pero entonces me dicen, los gestores de las cosas: Es que no hay nadie que se pueda presentar. Nadie, oigan. Se supone que esta frase quiere decir "no hay en el departamento ningún profesor acreditado que vaya a presentarse a esa plaza". Presuponiendo, como buenos funcionarios públicos, que la institución está allí para sus propios habitantes, para coparla los que ya están en ella. No eres bienvenido, forastero—la endogamia universitaria funciona como los pueblos del Oeste. Es la dinámica que se presupone en el Departamento como artículo número uno de funcionamiento: hay que procurar generar plazas que vayan a ocupar los miembros del departamento. O sus meritorios. Y oigan, que la universidad no les va a llevar la contraria, pues no quiere verse a las espaldas con todos los que ya están, y con la crisis, y con uno más que llega de fuera. Así que desde el Rectorado se toleran, cuando no se favorecen, la endogamia y los arreglillos feudales de los departamentos.

Pero es que la frase clave en realidad no quiere decir que "la cátedra ha de ser para un miembro de este departamento"—como aparenta. No. Porque si así fuera, ya la habrían cubierto cuando salió en su momento, que estábamos todos perfectamente capacitados para obtener la plaza, y no se nos dejó ni pasar al segundo ejercicio. No. La frase no hay nadie que se vaya a presentar quiere decir, en realidad, no hay nadie de la cuerda de los catedráticos que se vaya a presentar.

Y así se crea escuela. Con lo bien que nos vendría que sacase la plaza una persona sin hipotecas ni deudas ni pleitesías. Pero qué digo. Esos no llegan ni a cien metros del tribunal.

Por supuesto yo he dicho que se podría presentar cualquier español o extranjero acreditado para ello. Pero me temo que de lo que digo en este consejo hace tiempo que no se toma nota. En el consejo pasado votaron mis colegas (así, por todo el morro, y en pleno) que no tenía yo ninguna publicación académica ni ningún año de experiencia docente en la universidad que me permitiese optar a docencia en el máster. Cero puntos en los dos apartados del baremo me pusieron (—los de su cuerda en cambio sacaron muchos más puntos, claro). O sea que no me van a hacer mucho caso, al del ceropuntos. Claro que, cocinada por quienes ejercen semejante criterio, sale la ordenación docente un poco distorsionada.


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Sábado, 13 de Febrero de 2010 00:26. José Ángel García Landa Enlace permanente. Cátedra


La oposición, y la oposición

martes 1 de diciembre de 2009

La oposición, y la oposición

Hoy tiene lugar una oposición a cátedras en mi departamento (de Filología Inglesa y Alemana, Universidad de Zaragoza). Es una cosa que no sucede todos los días, ni todas las décadas. El otro día se quejaba el Director, en el Consejo, de la insuficiente dotación de catedráticos en este departamento: cinco cátedras previstas (y sin cubrir) para más de cien profesores. Una ratio atípica. Tuve que hacerle notar que cuando se dejó vacante una cátedra, hace seis años, a la que se presentaban varios profesores del Departamento, a este departamento ni le pareció mal ni protestó ni dijo chitón. Simplemente apoyó sin fisuras a la presidenta del tribunal en su actuación —era, cómo no, la Dra. Onega, que viene "rigiendo destinos" desde hace tiempo aquí. Y era por entonces la única catedrática entre los casi cien profesores. Vamos, de traca. Menuda autovaloración del departamento.

Lo cierto es que de todos los candidatos suspendidos en esa prueba, todos en el primer ejercicio, a pesar de venir su investigación avalada por sexenios, etc., sólo yo impugné la actuación del tribunal. Nadie me apoyó, a no ser la Dra. Penas y algún otro compañero a título personal, aunque varios profesores sí me hicieron saber lo escandalosa y vergonzante que les había parecido la actuación del tribunal. Pronto, sin embargo, cambiaron de criterio la mayoría, han reescrito la historia y modificado sus recuerdos, y han venido apoyando a la Dra. Onega y proponiéndola una vez y otra más para presidir tribunales.

Bien, mis recursos y protestas tuvieron un largo y accidentado recorrido, y al final los tribunales de justicia dieron por buena la actuación de la comisión: con patinazos de criterio y con huecos de razonamiento que merecen este comentario.

A la prueba de hoy se presenta uno de los candidatos suspendidos en aquella ocasión, el Dr. Ignacio Vázquez. En lugar de impugnar la actuación del tribunal que le suspendió, el Dr. Vázquez ha colaborado desde entonces activamente con la Dra. Onega. Así que no dudamos de que esta vez tenga éxito: su trayectoria desde aquella prueba va sin duda a ser recompensada. Hay que decir que en el tribunal están dos miembros de la comisión que lo suspendió en 2003: la Dra. Onega y (como suplente, creo) el secretario de aquella prueba, Dr. Francisco Garrudo, de Sevilla. Pero esta vez la cosa va a estar cantada.

Le desearía suerte al Dr. Vázquez, pero supongo que tendrá en cualquier caso la valoración que ha merecido a juicio del tribunal. Y no hay que olvidar que el Dr. Vázquez ha venido apoyando, junto con los demás coordinadores del postgrado, ya catedráticos ellos, la política de la Dra. Onega que buscaba reservar los nuevos estudios a los miembros de sus grupos de investigación. Es una política que ha sido anulada en los tribunales de justicia, por ilegal, pero que se sigue aplicando entre líneas: por ejemplo, ahora que no pueden eliminarnos de entrada a quienes no pertenecemos a sus grupos, hacen una valoración de nuestros currícula y me ponen a mí, por ejemplo, CERO puntos en publicaciones de mi área— con criterio falsario y prevaricador.

Mucho me temo que el Dr. Vázquez, aunque nunca ha dicho esta boca es mía, ha venido apoyando con sus votos, sus silencios, sus firmas y sus acciones esta política ilegal e inmoral de acoso administrativo, exclusión y protección mutua. Que la sigue apoyando. Y que, independientemente de que él piense que mis publicaciones valgan cero puntos o no, que probablemente no ha reflexionado ni un segundo sobre la cuestión, le ha convenido apoyar esta estrategia de manipulación, el otro día en el Consejo de departamento, todos a una... como en Fuente Ovejuna.

Pero hoy será catedrático. Porque para eso no basta con publicar cosas (que igual valdrían cero, vaya usted a saber). Es mucho más importante participar de lo que aquí se viene llamando, con delicioso eufemismo, la "filosofía" del departamento.

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PS: Según previsto, tenemos cuarto catedrático en el Departamento, sumándose el Dr. Vázquez al trío que estaban entre los cinco del tribunal de examen—los Dres. Onega, Collado y Deleyto.

La puntuación otorgada al candidato es de 100 puntos sobre 100. Lo cual nos confirma en nuestras sospechas de que la puntuación que obtuvimos todos los candidatos en la misma sala en 2003 (estábamos entre ellos el Dr. Vázquez y yo) fue injusta. En efecto, ningún candidato obtuvo suficientes puntos para un aprobadillo con cinco, y para pasar al segundo ejercicio. Lo raro es que, aunque no diré que el Dr. Vázquez no ha hecho currículum desde entonces, su carrera, méritos y publicaciones son sustancialmente los mismos. No más del doble—ni de muy lejos. Y la presidenta del tribunal también es la misma. Qué cosa más rara, tratándose de gente con experiencia evaluadora. Tuvo que haber serios errores de criterio, pero muy serios, en la evaluación de aquella prueba de 2003. No en ésta, por supuesto.


Más cátedras

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Martes, 01 de Diciembre de 2009 22:20. José Ángel García Landa Enlace permanente. Cátedra


La sentencia de la cátedra (VI)

viernes 2 de octubre de 2009

La sentencia de la cátedra (VI)



Este es un artículo de una serie que ya termina—y no el menos sustancioso, como sucede con los últimos episodios de todos los seriales. En los primeros enlaces del encabezamiento puede leerse cómo un tribunal de oposiciones dejó vacante una cátedra a la que me presenté en mi departamento de la Universidad de Zaragoza—esto a pesar de mis méritos de investigación reconocidos: los míos y los de los demás concursantes (aunque éstos no recurrieron).

Fue una actuación arbitraria, vergonzante y plagada de irregularidades, de un tribunal presidido por la Dra. Susana Onega Jaén, de la Universidad de Zaragoza, y compuesto por el Dr. Francisco Garrudo Carabias (Universidad de Sevilla) como secretario, y los Dres. Constante González Groba (Universidad de Santiago) y Montserrat Martínez Vázquez (entonces en la Universidad de Huelva) como vocales. Se ausentó de la prueba, antes de comenzar el primer ejercicio, el Dr. Bernhard Dietz (Universidad de Córdoba). El Rectorado de la Universidad de Zaragoza, a cargo entonces de Felipe Pétriz, contestó con silencio administrativo a todas las denuncias y echó tierrra al asunto con un simulacro de investigación, sin resolver jamás nada por escrito.

Tras una larga pelea administrativa y judicial protestando por las irregularidades y arbitrariedades que a mi juicio se habían cometido, elevé un recurso de apelación al Tribunal Superior de Justicia de Aragón, sin éxito. Aquí está la sentencia que dictó éste (PDF) en julio de 2009—desestimatoria. Fue redactada por el magistrado ponente Fernando García Mata, con el visto bueno de Jaime Servera Garcías (presidente) y Eugenio Ángel Esteras Iguácel (magistrado). Siendo tantas las irregularidades alegadas, la sentencia sólo da un simulacro de refutación, incurriendo en múltiples absurdos e irregularidades para llegar a su veredicto desestimatorio. Otra manera no había de hacerlo, claro.

Vengo comentando públicamente esta sentencia, expondiendo sus contradicciones e injusticias con argumentaciones detalladas, no dictaminando arbitrariamente y a la mecagüen diez como han hecho los jueces en este caso, y seguramente (se teme uno) en otros muchos, visto el estilo de la casa. Así va la justicia en España. Por mí, que se vea bien. Tienen los comentarios abiertos.

En los enlaces iniciales puede verse el comentario de la sentencia punto por punto. Hoy comento detalladamente el quinto y último punto, relativo a la irregularidad producida en las votaciones de la comisión. Al juez de primera instancia le pareció muy bien este procedimiento, y ahora también al Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Quien tenga capacidad de criterio apreciará de primera mano lo que se entiende por justicia en Aragón.

Cito el quinto punto de la sentencia del TSJA sobre mi recurso de apelación:

QUINTO – En último termino afirma que se ha producido una incongruencia omisiva en relación con la irregularidad en la votación de la primera prueba por parte de la Comisión, que concreta en el hecho de que una de las personas más críticas en su informe con el apelante le otorgara su voto favorable, sin embargo, la solución a dicha cuestión es la misma que la apuntada al contemplar la inadecuación del perfil, ya que se encuentra dentro del ámbito de la discrecionalidad técnica del Tribunal, debiendo negarse que exista incongruencia o arbitrariedad por el hecho de que un informe, a pesar de destacar aspectos negativos—con lo que se pone de manifiesto que se ha procedido críticamente al examen de los méritos del aspirante—, otorgue un voto favorable, máxime cuando la autora del mismo—Presidenta de la Comisión—otorga su voto favorable en este primer ejercicio a todos los concursantes.



Antes de examinar y comentar este pronunciamiento frase por frase, vamos a presentar, como preliminares, tres escritos previos:

1) La cuestión de las votaciones, tal como la planteé inicialmente al Rector en un recurso—que quedó sin respuesta. Y el contexto de ese silencio.

2) Mi comentario personal a la sentencia del juez de primera instancia sobre su tratamiento de este punto. Tratamiento por el método de ignorarlo, digo.

3) Qué alegaba yo (a través de mi abogada) en el recurso elevado al TSJA. Por ver si contestan los jueces o no a lo que se les pregunta, en esta resolución que acabo de citar.


1) Primer preliminar. Del recurso al Rector de la Universidad de Zaragoza.

En mi recurso de fecha 23-12-2003 al Rector (entonces Felipe Pétriz, que hoy es director general de Política Universitaria), ya aduje esta irregularidad:

SEIS. En mis recursos anteriores expresaba sorpresa por el hecho de que la Comisión use los votos como si fueran puntos, valorando primero por común acuerdo a los candidatos y procediendo luego a darles un número de votos según la puntuación obtenida. Reitero mi petición de que se determine si este modo de proceder es conforme a derecho. Pues, tras el común acuerdo de la Comisión, ¿en qué criterio racional habría de fundarse la asignación de voto a cada uno de sus miembros? ¿En preferencias personales? ¿O bien se realizaría un sorteo arbitrario? Y ruego además se determine si es racional y justo, habiendo acordado la Comisión una puntuación de suspenso para todos y cada uno de los candidatos, que a continuación alguno de los miembros de la Comisión haga figurar un voto positivo a tal o cual candidato, en flagrante contradicción con la puntuación asignada. ¿Puede votarse a favor de un candidato al cual se ha asignado por común acuerdo con los otros tres miembros de la comisión una puntuación de 1’8 sobre 10? ¿No se supone que expresan la puntuación, y la votación, la valoración que merece el candidato a cada uno de los miembros de la comisión?


(Son, claro, preguntas retóricas—pero para el Rector todo iba a tener pase. Sin argumento ni respuesta a mi recurso, eso sí). Así concluía mi recurso:

Con esta actuación, la comisión presidida por la Dra. Onega lleva sus irregularidades algo más allá, y tras atentar contra los principios de la Filología, contra la normativa legal aplicable en el concurso oposición, y contra la justicia, pasa ahora a ofender a la misma lógica y razón. Es un proceder escandaloso, al que ruego que el Rectorado ponga coto, por el bien del Departamento de Filología Inglesa y Alemana y por la dignidad que merece la Universidad de Zaragoza.


Que ya se ha visto cuál es, esa dignidad.

En fin, que con silencio administrativo contestó el Rector, a falta de mejor argumento, inaugurando así la protección a las irregularidades cometidas por la comisión. Es más, me prometió repetidamente una contestación por escrito, pero mientras, esperó a que se pasase (según creía la Universidad) el plazo que yo tenía para recurrir en contencioso administrativo.

La Universidad se resistió no sólo a dar una respuesta razonada a los recursos (algo que jamás hizo) sino también a emitir una certificación de silencio administrativo Pues está obligada la Administración a responder, y si no responde, está obligada, si se le solicita, a emitir un certificado de que ha habido silencio administrativo, para llevar el asunto a los tribunales.

Un escrito, sin embargo, sí emitió el Rector, tras una protesta que elevé a través del Defensor Universitario: un escrito en el que declaraba lo siguiente:

1) Que no cabía recurso al Rector según el RD 1888/1984, al no haber habido provisión de plazas, y que yo "debería haber continuado con el procedimiento legalmente establecido", o sea, en los tribunales. (No dice, claro, que estaba yo a la espera de su respuesta escrita prometida de palabra…).

2) Y, sobre las irregularidades de la prueba alegadas—algo que sí le correspondía investigar—cito: "En relación a los otras [sic] cuestiones que aparecían en sus escritos y que tienen la consideración de denuncia, Vd conoce que se realizó una información reservada habiendo finalizado con el oportuno informe de la instructora."

Aclararé que el Rector no quiso abrir un expediente informativo por mis denuncias, no—pues no contaba para ello con la aprobación de la Dra. Onega. Aquí todo se hace buscando "consenso", y parece que sólo se investiga a alguien si a ese alguien le parece bien. Sólo accedió el Rector a abrir un expediente informativo sobre mí—a instancias de la Dra. Onega, pues yo no me opuse a que se investigase todo lo posible, más bien lo exigí—y el Rector dijo que la única vía en esas circunstancias para investigar algo era investigarme a mí. Pues si es la única manera, le dije, que se abra el expediente. Pero que se responda a todas las cuestiones que planteo.

La instructora fue una profesora de la Facultad de Filosofía y Letras, Concepción Lomba Serrano, que supongo leería mis escritos al Rector, y se entrevistó conmigo y (por lo que sé) con la Dra. Onega. Del "oportuno informe" que produjo no tengo ninguna otra noticia; no está incluido en el expediente que la Universidad pasó al Juzgado. Aunque visto lo visto, la instructora debió aconsejar al Rector cerrar el caso. Con qué argumentos atendió a las cuestiones que yo planteaba y planteo aquí, lo ignoro. Me gustaría verlos. Tendrían que haber sido jurisprudencia fina—aunque más bien me supongo que no, y que lo que hizo fue quitarse el muerto de encima por la vía rápida del "aquí no ha pasado nada"—cerremos la investigación y echemos tierra al asunto. Como no veremos ese escrito, si es que el "informe" llegó a existir en papel, no lo podremos saber jamás. Este fue el granito de arena de otra juzgadora de este asunto. Claro que tal como había planteado el Rector la cuestión, lo que había que resolver era ante todo si yo era culpable de algo—aún tendré que estar agradecido de que no me empapelasen.

Cuando por fin llevé el caso a contencioso, la Universidad intentó que se inadimitiese el recurso por estar "fuera de plazo" (otra postura antijurídica, habiendo incumplido el Rectorado su deber de contestar). Ni hacer justicia, ni dejar hacer, vamos. Aunque no se consiguió la inadimisión, el juez de primera instancia (Javier Albar) resolvió en contra mía, con razones como la que ahora se verá. Lo que se pierde en la Universidad, difícil ganarlo en los tribunales, según reza el dicho. Y así va la Universidad, y así van los tribunales.

2) Segundo preliminar: Mi comentario personal a la sentencia del juez de primera instancia sobre su tratamiento de este punto. El juez sencillamente ignoró la cuestión en su resolución. Claro, argumento mejor que el silencio, o el "por mis huevos", no hay en este caso. Esto comenté sobre la sentencia, en su momento.

Hay otra cosa más que el juez ha resuelto por el procedimiento del ignorémosla. Otra cuestion garrafal de forma/fondo, en la que insistí detalladamente en mis recursos, por lo cual malamente se puede creer que ha pasado desapercibida. Aunque ya no sé.

Se trata del amaño de las votaciones. En el acta final, la Comisión, no contenta con ofender a la Filología y al procedimiento administrativo, pasa al asalto de la Lógica. También demuestra, de paso, desconocer qué es una votación, o más bien estar más que decidida a ignorarlo.

En primer lugar, la Comisión acuerda, sin disparidad de criterio, una puntuación. Todos, la misma puntuación dada a los candidatos. (Por ejemplo, a mí, un 1’8 sobre 10—esto con mis calificaciones máximas continuadas en la Universidad de Zaragoza y Brown University, mis premios de estudios e investigación, mis sexenios de mérito investigador que alguno de ellos no tenía, etc. etc. Sin complejos todos, ¿eh?).

Acto seguido, la Comisión procede a votar a los candidatos diferenciadamente, a pesar de la puntuación dada a todos por acuerdo unánime. O sea, que yo, con un 1’8, no crean, sí que tuve un voto, el de la Dra. Onega. Claro que eran votos rituales, una especie de minué o pas de deux de la votación, donde los votos se distribuían de manera que ningún miembro de la comisión dejase de votar a alguien, y donde nadie pudiera obtener más de dos votos. De esta manera se disimulaba (no sé por qué, por algún tipo de falso pudor administrativo quizá) el acuerdo previo y unánime de la Comisión de no proponer a ningún candidato.

Con lo cual el voto no es la valoración razonada que el candidato tiene para el miembro del tribunal. Más bien no tiene nada que ver con eso. El voto es una mera pantalla destinada a disfrazar la auténtica actuación de la Comisión (el voto detrás del voto), que ha acordado unánimemente (por la puntuación previamente concedida) no proponer a ningún candidato, es decir, no votar a ninguno.

Este uso de los votos para disimular lo sucedido en una prueba, en lugar de para enjuiciar la valía de los candidatos, es un caso clarísimo de desvío de poder. Clarísimo, por el hecho de que una misma puntuación dé lugar tanto a un voto positivo como a uno negativo por parte de la misma persona. Es, como digo, una ofensa a la lógica, puesta al servicio de una ofensa a la normativa administrativa.

Pero—¿hay algún intento del Juez por defender este procedimiento, por entenderlo con arreglo a la discrecionalidad técnica de la Comisión, o a su buen hacer en todos los terrenos, o a su demostrado conocimiento de la normativa? ¿Algún intento de rescatar este proceder, por las posibilidades y margen de maniobra que ofrece a los tribunales para un bien quedar—bien quedar para quien se lo crea? Pues no, no hay ningún intento. Sencillamente se evapora esta cuestión de la sentencia, como si no hubiese sido nombrada. ¿Igual es que el juez considera obvio que es así como hay que usar el voto en un tribunal? Ya es que uno no sabe a qué atenerse.

Por todo lo anterior, no procede aceptar la sentencia, sino recurrirla ante un juez que, esperemos, tenga mejor criterio. O mejores argumentos— por muy tentador que sea para un tribunal apoyar las resoluciones de los tribunales, aun cuando desbarran.




3) Tercer preliminar. Qué alegaba yo (a través de mi abogada) en el recurso elevado al TSJA.

SEXTA.- Incongruencia omisiva de la sentencia de instancia en relación a la irregularidad en la votación de la primera prueba por parte de la Comisión Juzgadora.

En relación a esta cuestión, la sentencia de instancia guarda silencio. No obstante, se hace necesario llamar la atención sobre la falta de conformidad de las votaciones de los miembros de la Comisión con la puntuación otorgada al candidato y con, lo que es más grave, los informes razonados de los miembros de la Comisión, [que] no se corresponden con las votaciones otorgadas.

En este sentido, la propia sentencia de instancia, en su fundamento octavo, señala que los miembros de la Comisión fueron más críticos con [el Sr. García Landa] que con el resto de candidatos, "especialmente la señora Onega y el señor Garrudo, folios 112 y 113". Sin embargo, el único voto que le fue otorgado a mi mandante fue de la Sra. Onega, precisamente uno de los miembros de la Comisión más críticos con el Sr. García Landa.

Y es que una cosa es la valoración que se realice de los méritos de los concursantes para motivar la decisión de la Comisión, y otra que, como parece desprenderse de la actuación de la Comisión, ésta haya trasladado dicha puntuación a un número determinado de votos, cuestión que resulta disconforme a derecho.

Mientras que en la primera prueba los miembros de la Comisión pueden votar a todos los candidatos o a alguno de ellos, en la segunda de las pruebas deben seleccionar a uno de los mismos, en orden a proponerlo para la provisión de la misma.

Como se ha manifestado, el hecho de que precisamente una de las personas más críticas con mi mandante en su informe razonado ha sido la que le ha otorgado el voto, resulta un comportamiento arbitrario y por lo tanto vedado en nuestro ordenamiento jurídico.

En este sentido, y tal y como señala el TSJ de Cataluña en su sentencia de 8 de marzo de 2006, dictada al recurso 673/2002:

"(...) una cosa es el voto para superar el primer ejercicio y otra diferente es la puntuación que cabe otorgar al mismo. La primera prueba del concurso tiene carácter eliminatorio, según dispone el art. 9.3 del RD 1888/1984, por lo que los miembros de la Comisión han de votar si estiman que los concursantes han "aprobado" la primera prueba, por reunir los méritos suficientes para ocupar la plaza convocada; lógicamente, en esta primera prueba, los miembros de la Comisión pueden votar a todos los concursantes según consideren que reúnen méritos suficientes para ocupar la plaza, a diferencia de la segunda prueba donde el voto sólo puede ser otorgado a uno de los concursantes, que es el finalmente elegido por cada miembro de la Comisión en el procedimiento de concurrencia competitiva".


Sobre este particular, también se puede traer a colación [la] sentencia de la sala de lo contencioso-administrativo del TSJ de Galicia de 4 de marzo de 2002, dictada al recurso 877/2000.

Esta sentencia se enmarca en un procedimiento sobre provisión de plaza de Catedrático en la Universidad de Santiago de Compostela. En la misma se procede a desestimar el recurso planteado contra la propuesta de la Comisión de Reclamaciones de la Universidad, en la cual, estimando las alegaciones de uno de los concursantes, no ratifica la propuesta de la Comisión Juzgadora.

En este sentido, precisamente uno de los argumentos de la no ratificación de la propuesta era la incoherencia entre los informes y votos emitidos por los miembros de la Comisión Juzgadora. Pronunciándose en los siguientes términos:

"(...) el Presidente tras calificar de "Brillante" y "Excelente" el currículum del aspirante Sr. E., vota sin embargo al Sr. U. cuyo currículum había calificado de "Meritorio" o "Bueno". El Vocal 3º que, por un lado, calificó la exposición y defensa del currículum y proyecto docente del Sr. E. como "Muy buena" y la exposición y defensa del proyecto de investigación como "Aceptable" y, por otro, calificó, por iguales apartados, al actor Sr. S. con las calificaciones de "Aceptable" y "Muy buena", teniendo en cuenta el valor doble o triple de la primera prueba tendría que haber votado a favor del Sr. E. y, sin embargo, lo hizo a favor del Sr. S. Al recurrente se le valora negativamente la exposición de su proyecto docente y, pese a ello, le otorgan cinco votos y una calificación global de 7,4 puntos."

Dicho lo cual, la sentencia de este Tribunal entiende que en dicho proceso selectivo se habían producido irregularidades de magnitud suficiente, para afirmar que habían alterado los principios de igualdad, mérito y capacidad que deben regir en estos procedimientos de selección, razón por la cual estimaban conforme a derecho la no ratificación por parte de la Comisión de Reclamaciones de la propuesta realizada por la Comisión Juzgadora.

Por lo tanto, y aplicado al caso que nos ocupa, el hecho de que una de las personas más críticas en su informe otorgara su voto a mi mandante [J. A. García Landa], junto con el hecho de que parece que este voto responde a una traslación de la puntuación otorgada a los candidatos a un número determinado de votos, resulta una actuación disconforme a derecho y vulneradora de la normativa de aplicación a este tipo de concursos.

De todo lo anterior se infiere que la sentencia de instancia no ha interpretado correctamente la normativa de aplicación a este tipo de procesos (Ley de Reforma Universitaria y RD 1888/1984, modificado por el 1427/1986), por cuanto la actuación de la Comisión Juzgadora del concurso de referencia resultó arbitraria y vulneradora de los principios de igualdad de mérito y capacidad que deben concurrir en todo proceso selectivo.

En este sentido y teniendo en cuenta que los Tribunales jurisdiccionales pueden y deben controlar que no exista interdicción de la arbitrariedad de la Administración en el ejercicio de sus potestades discrecionales, procede la estimación del presente recurso, con la consiguiente revocación de la sentencia de instancia.




Bien, basta de preliminares—remanguémonos y al meollo del asunto: el comentario frase por frase de la sentencia de García Mata, Servera Garcías y Esteras Iguácel, en su punto 5 antes citado. Aunque supongo que ya se aprecia por dónde va la cosa.


"1) En último término afirma que se ha producido una incongruencia omisiva en relación con la irregularidad en la votación de la primera prueba por parte de la Comisión, que concreta en el hecho de que una de las personas más críticas en su informe con el apelante le otorgara su voto favorable,"


Esto que termina en coma es una oración completa. Como siempre, puntúan fatal los magistrados, y donde debería haber punto y aparte ponen coma— no sé si será por saltar inmediatamente a las conclusiones predeterminadas.

Aquí se salta la sentencia ya una cuestión importante en su mismo planteamiento, y comete así una falacia procesal. Parecería, oyéndolos, que estoy protestando porque me extraña una incoherencia en la votación de la Dra. Onega, y no por la irregularidad de todas las votaciones. Así que están falseando de entrada los magistrados lo que se alega y lo que se recurre. No es el problema de la actuación contradictoria o no de una persona en concreto (que también lo es), sino una cuestión mucho más de fondo, de procedimiento administrativo, y de lógica, si no de matemáticas. Pero ya han dado pruebas suficientes estos magistrados de no ver las matemáticas que se les ponen delante, cuando no es oportuno para el resultado a obtener.

Esta manera de escamotear las cuestiones es, por lo visto, un procedimiento habitual a todos los niveles de la actuación judicial. Hablando el otro día con un amigo abogado, me decía que, en base a su experiencia, los jueces se hacen una idea previa primero de si van a dar una sentencia favorable o desfavorable, y ello por múltiples razones, entre las cuales la argumentación presentada por las partes es sólo una, y a veces la menor. En muchos casos se olfatea el ambiente, se atiende a "la manera habitual de resolver estos casos" (sea lógica o no); otras veces se detectan los contactos y apoyos de una y otra parte, hay telefonazos de conocidos. E incluso hay casos de corrupción, de la de maletín, seguramente mucho más frecuentes de lo que imaginamos (—No creo que esto último se dé en este caso, para nada, pues desconozco por completo a qué obedece su ilógica particular, aunque ilógica sí hay, y mucha). En fin, una vez tomada la decisión previa, por las razones públicas u ocultas que resulten operativas, pasan los jueces a argumentar esa decisión por la vía rápida, creando una ficción de razonamiento que les lleva a esa decisión: o sea, estructuran una argumentación considerando sólo los aspectos de la cuestión que favorecen la decisión que ya han tomado.eyes wide shut (Esto tiene su interés desde el punto de vista de una teoría de la retroactividad). Los demás aspectos del caso, los argumentos de la parte contraria, los refutan a veces de malísima gana. Los minimizan en lo posible, y con argumentos malos si no los hay buenos. (Y en esta sentencia sí vemos un caso acabado de este proceder). De tal manera que, si la parte "contraria" —que ya lo es, parte contraria—presenta un argumento demasiado fuerte, o irrefutable, éste suele desaparecer sin más de la argumentación del juez, y de la sentencia. De tal modo que, decía este abogado, a veces es una estrategia más provechosa para un abogado presentar únicamente el argumento más incontrovertible, aunque haya muchas otras razones que aducir y muchas irregularidades de procedimiento... y fundar la apelación exclusivamente sobre este punto incontrovertible. De esta manera, el juez no puede ignorarlo, pues como no puede entregar una sentencia en blanco, no puede dar un simulacro de sentencia donde la verborrea sobre cuestiones menores disimule el pufo grande. Algo tiene que escribir el juez, y se retrata vivamente si resuelve un asunto bien visible de modo chapucero.

Pero la estrategia favorita es escamotear sin más la argumentación del apelante—sin llegar a refutarla. Se pierde por el camino, entre punto y punto, o en el rincón de una frase, y ya está.

Pues esto es lo que sucede aquí. La comisión evaluadora votó incongruentemente, otorgando unas puntuaciones que no se corresponden con los votos. De hecho, figura en sus actas, a plena luz del día, el procedimiento antijurídico seguido: los votos no son tales votos, sino que son, para esta comisión, una traducción arbitraria de una puntuación previamente acordada. Traducción incomprensible e ilógica, y que en realidad sólo se entiende interpretándola en los términos más zafios posibles, que en ningún momento buscan ocultarse. A saber: la Dra. Onega vota a todos los candidatos, porque es la "anfritriona" y presidenta del tribunal. Y es la que tiene que "quedar bien", blindando bien su posición a posibles críticas, precisamente por ser la mayor responsable del desarrollo de las pruebas.

Los demás votos se distribuyen al azar, con el minuetto por parejas que describíamos antes, pero siempre siguiendo la condición previa de que ningún candidato reciba tres votos, algo acordado previamente, según consta en acta. ¿Qué tipo de votos son éstos, pues? Nada que responda a lo que se entiende por voto en ningún contexto jurídico, político ni administrativo. Es un montaje, una fachada pública, pero presentada, no sé si diga ingenuamente, como tal fachada. Todos suspensos, todos los candidatos, por acuerdo de la comisión. Esto quiere decir, si lógica hay en el mundo, que ningún candidato recibe el voto de ningún miembro del tribunal. Es un poco fuerte, claro. Pero, también por acuerdo de la comisión, y por cubrir las apariencias (con un taparrabos raído pero que ya vemos que surte efecto suficiente) cada uno de los candidatos ya suspensos va a recibir un voto digamos de consolación, o dos. El de la presidenta del tribunal, por supuesto: aquí cuidamos a los de casa, y hasta a los de fuera, y no los dejamos maltratar, eso que se vea, y que no se vea. Y luego un voto así a voleo de otro miembro del tribunal. Supongo que a mí me tocaba el del Dr. Dietz, sólo que se había ido antes de empezar la prueba, así que me quedé con las dos valoraciones de la Dra. Onega: una, por la cual me pone en el ejercicio un 1 coma 8, por común acuerdo con todo el tribunal, otra, por la cual vota por que pase al segundo ejercicio (pero, ay, sólo habiendo acordado previamente que nadie más me fuese a votar).

Todos los votos positivos de la comisión son gratuitos e infundados. Como digo, el de la Dra. Onega, presidenta y "de la casa", se funda en una especie de favoritismo de oficio a favor de todos los candidatos, en la generosidad del poderoso o del buen anfitrión. Los demás votos positivos, ni se sabe en qué se fundan—hay que suponer que en la impresión más o menos favorable recibida, o en el candidato que sería favorito si no se hubiese decidido suspenderlos a todos, o—se echa a los dados, sin más, "¿te pongo que le votas tú?" —"Vale, a este ponme a mí". "—No, a mí no me pongas más, que ya me has puesto que votaba al otro".

En suma: no existe consistencia entre la puntuación asignada a cada candidato por la comisión, y los votos (positivos o negativos) recibidos. O, dicho de otro modo, no existe relación lógica posible entre un acuerdo previo de suspender a todos los candidatos (según consta en acta) y una supuesta atribución de votos positivos por parte de algunos miembros de la comisión.

Lo que la Comisión ha efectuado, y ha hecho constar en acta, no es una votación. O más bien sí ha efectuado otra votación (por la cual todos los candidatos eran eliminados por común acuerdo)—pero luego no la ha hecho constar en el Acta. El acta cuenta otra historia, no una historia de común acuerdo, sino una historia de valoraciones distintas, en el que unos miembros de la comisión votan una cosa y otros votan otra. Pero a la vez es una ficción transparente, pues se incluye, de modo casi ingenuo, en el expediente, el acta previa que deja claro que estos votos no son tales votos. Como si la cosa no pudiera tener consecuencias jurídicas. Y, para más inri, resulta que en efecto no las tiene. Porque el Rector lo da por bueno, el Juez de primera instancia lo da por bueno, y ahora lo da por bueno el Tribunal Superior de Justicia de Aragón.

Pero lo dan por bueno por la vía de escamotearlo. Sería bastante más difícil justificarlo, o refutar la argumentación que he presentado. Así que es mucho más práctico ignorar la cuestión sin más, y hacer como que si estuviese sólo extrañándome por el uso del criterio de una persona (criterio que quedará bien resguardado por la discrecionalidad que blinda las actuaciones de las comisiones)—frase 2 de la sentencia:

"sin embargo, la solución a dicha cuestión es la misma que la apuntada al contemplar la inadecuación del perfil, ya que se encuentra dentro del ámbito de la discrecionalidad técnica del Tribunal,"


— e ignorando la cuestión central: que estoy denunciando una manipulación del procedimiento mismo, aún más, del concepto mismo de VOTACIÓN. Algo que evidentemente no es amparado por ninguna discrecionalidad técnica, como no sea la de especialistas en mangoneo.

Esta es una irregularidad más de las muchas que se dieron en esta prueba. Es especialmente clara porque atenta contra el procedimiento administrativo mismo, si no contra la lógica, pues ambos dicen que un funcionario en un cuerpo colegiado puede dar una única votación, y que ésta ha de responder a su valoración de la cuestión a decidir. Aquí, ni una cosa ni otra. Todos dan dos votaciones contradictorias, y ninguna de ellas responde a su criterio personal, sino a un pacto alcanzado con los otros. Pacto que por un mínimo de vergüenza debería ser secreto, pero que aquí, encima, se exhibe tranquilamente en el acta. Desde luego, el hecho de que exista prueba documental de la irregularidad, incluida en el propio expediente, no hace este proceder menos irregular.

Y todo, para que resulte la querella en una desestimación por escamoteamiento de la cuestión. La comisión evaluadora, desde luego, tuvo la suerte de ir a dar con un tribunal que trata las leyes y la lógica y los procedimientos con tanta ligereza como lo hizo ella misma. Cuando conviene, claro. Hasta aquí es hasta donde llega la jursiprudencia de estos jueces, miopes selectivos. Pero no tengan cuidado, que tendrán vista de águila en cuanto sea oportuno, y responderán bien a las alegaciones que sí estén interesados en ver. Desde luego, no cuesta mucho imaginar que, de no existir en el expediente mismo la prueba de la irregularidad, los jueces hubiesen seguido otra estrategia, y podrían haber desestimado explícitamente la cuestión, tranquilamente, por falta de pruebas del "pacto previo"—que entonces sería una mera imaginación del demandante. Qué repugnante es la administración de justicia, cuando emplea una balanza trucada.

Así que, ignorada la cuestión central, pasa el tribunal con mano experta a refutar la cuestión que según ellos estaba alegando yo:

"debiendo negarse que exista incongruencia o arbitrariedad por el hecho de que un informe, a pesar de destacar aspectos negativos—con lo que se pone de manifiesto que se ha procedido críticamente al examen de los méritos del aspirante—, otorgue un voto favorable,"


—Otra vez falseando los hechos. Porque yo no alego únicamente una contradicción entre el informe y el voto favorable, aunque la haya. Lo que alego es una contradicción entre dos votaciones y dos valoraciones. Lo que alego es la imposibilidad de que un candidato al cual otorga la Dra. Onega una puntuación de 1,8 sobre 10 pueda recibir a continuación un voto favorable, al menos con la lógica de no contradicción que suele entenderse que rige los asuntos humanos. Alego una incongruencia, o dicho de modo más claro, un amaño de las votaciones. Vamos, que no es que la Dra. Onega "destaque aspectos negativos" de mi currículum pero que en conjunto su valoración sea positiva—es que da una valoración totalmente negativa, una puntuación de 1,8, de común acuerdo con el resto del tribunal, un Suspenso con Muy Deficiente, de No Pasar... y a continuación, no se sabe por qué, vota a favor de todos los candidatos incluido éste que escribe. En la misma incongruencia incurren todos los miembros del tribunal que votan a favor de algún candidato, habiendo pactado previamente que ningún candidato superase la prueba. Los puntos no se traducen a votos, y menos a voleo, ni en la Administración española, ni en ninguna otra conocida. ¿Dónde se ha visto antes la frase repetidamente utilizada por esta comisión: "como resultado de esta puntuación, el concursante obtiene dos votos"? Yo, por lo menos en ninguna parte. Una puntuación de suspenso universal y por unanimidad nunca da lugar a un voto favorable, en ninguna parte.

Se dirá quizá que es una ficción legal, o una ocultación inocente… Para inocencias estamos, con cuatro catedráticos pactando y otro desaparecido irregularmente. La ocultación de los hechos es real, pues el expediente de la prueba es confidencial, y al público (al Departamento, por ejemplo, o a la Facultad) trasciende sólo la votación amañada que se publica en la sede de la prueba.Y en todo caso, al margen de las intenciones con que se haga esto, el defecto de forma es flagrante.

Tiene chiste esa frase de la sentencia, cuando dice que las críticas de la Dra. Onega, precediendo al voto "positivo" de pegolete que me dio, prueban que "se ha procedido críticamente al examen de los méritos". Será con el mismo criterio crítico con el que este tribunal examina críticamente las cuestiones. O sea, depositando un tupido velo administrativo que haga inaccesible la realidad de las cosas—pero ponle el sello, y a correr—¡caso resuelto y críticamente examinado!

Por lo mismo, sería inútil esperar que estos Magistrados viesen nada atípico el hecho que citan en la última frase de este punto, ni juzgasen que es indicio de nada:

"máxime cuando la autora del mismo—Presidenta de la Comisión—otorga su voto favorable en este primer ejercicio a todos los concursantes."


Más bien son los magistrados el receptor ideal de la maniobra de ocultación (o el gesto esbozado de ocultación) que hace el tribunal con esta cuestión de los votos. Poniéndose las gafas de madera, desde luego, se puede dictar sentencia bien a gusto. Parece que los jueces no recuerdan aquí el acta donde la misma presidenta firma un acta donde toda la comisión, por unanimidad, otorga puntuaciones de suspenso a todos los concursantes. ¿Es eso un voto favorable de la Presidenta? Las actas han de reflejar el contenido de las decisiones de un cuerpo colegiado, no ocultarlo, como hacen las actas de votación de esta comisión. Cierto que también anexan otra acta que refleja más exactamente lo ocurrido, el acta donde dan (por común acuerdo) puntuación de suspenso a todos los candidatos, y traducen votos a puntos. Pero ni un acta irregular, ni dos actas contradictorias superpuestas, resultan en un procedimiento administrativo conforme a derecho.

Esta es una cuestión más, menor, por ser una irregularidad de procedimiento, de las muchas que se encuentran en este caso. Lo peor fueron las irregularidades de criterio—las arbitrariedades a la hora de valorar expedientes, de dictar qué es y qué no es "lingüística" y por tanto qué va a darse por bueno y qué no en esta prueba, extendiendo abusivamente las atribuciones de juzgar que se les dan a los miembros de la Comisión evaluadora. Sobre esta cuestión, que ya no se sometía a este tribunal por ser fácilmente "solucionable" refugiándose en la supuesta discrecionalidad técnica, escribía yo al Rector en el recurso antes citado:

Deseo recalcar que conozco el concepto de la llamada “discrecionalidad técnica” de las Comisiones, y que la argumentación de mis recursos anteriores va dirigida al uso inadecuado de tal discrecionalidad. No puede entenderse la discrecionalidad técnica en el sentido de libertad para contravenir principios básicos del campo de conocimiento para el cual se nombra a los expertos; por ejemplo, determinando que “Estilística” o “Lengua y Literatura” no son materias pertenecientes a la Lingüística, a contrario de las argumentaciones de la comisión, y como se puede comprobar consultando cualquier manual o los campos de conocimiento de la UNESCO. Rogamos pues se determine si la discrecionalidad técnica significa que la comisión puede reorganizar las bases del saber humano, o si por el contrario sus miembros deben atenerse precisamente a los criterios técnicos para cuya aplicación se les ha nombrado.


Pero igual que para la comisión, todas esas cuestiones son fácilmente escamoteables para los juzgadores por la discrecionalidad técnica de la Comisión, entendida abusivamente como su contrario, la discrecionalidad y carta blanca para ignorar, si quieren, las bases mismas de la disciplina en la que supuestamente son expertos. Podrían haber entrado los jueces a valorar el falseamiento del criterio técnico, pero ya vimos que no había ninguna intención de hacerlo. Señal clara de lo que no quieren ver son las cuestiones más puramente formales y administrativas. Si una contradicción lógica, o una falsedad documental fácilmente comprobable, rebotan ante la ceguera voluntaria del tribunal, no es esperable que afinen más en otras cuestiones donde tienen la excusa fácil para no entrar.

Lo que espeluzna, realmente, es pensar que si los jueces recibiesen este caso, con todas sus irregularidades a cuestas, con los votos contradictorios, el abuso de criterio, con la composición irregular del tribunal, con las falsedades en las actas, y les diese la ventolera de resolver en otro sentido, vistas las cuestiones planteadas, por supuesto lo tenían fácil y más que facil, y eso sin tener que recurrir a falacias ni tergiversaciones de la ley ni olvidos ni omisiones ni contradicciones ni absurdos jurídicos. Ni media hostia tenía el caso.

Lo que espeluzna, siendo así las cosas, es la completa arbitrariedad de los procedimientos judiciales en este país— la capacidad de un tribunal para ignorar las partes que le convenga de lo alegado, para saltarse hechos y elementos del expediente, para ofender a la lógica, o para ignorar los asaltos al procedimiento administrativo. Ya no digo a la Filología. Sin que nada tenga consecuencias, a no ser que un elemento externo decida que (vaya, por esta vez) sí surta efecto la ley. Así han actuado los magistrados García Matas, Servera Garcías y Esteras Iguácel al tratar este caso en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Quien así actúa no es un juez justo—se parece más a un Demonio de Maxwell en su actuación selectiva.

O, por si no se me entiende: una ley que funciona o deja de funcionar de modo inexplicable; que resuelve arbitrariamente; que tan pronto considera válido un argumento como lo desestima; que ignora las partes de la demanda que no le interesa ver—una ley que así se aplica, es, como antes, como siempre, la sempiterna Ley del Embudo: la subordinación de la Justicia a criterios e intereses bastardos.

Sabíamos que la Justicia no es una ciencia. También parece claro que en este caso no es un Arte, como no sea un arte de la prestidigitación. Más bien parece, en frase que ya lleva adherida la judicatura española por sus propios méritos, un cachondeo.


(Oposición a cátedra, mangoneo y bendición)

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Sábado, 03 de Octubre de 2009 07:10. José Ángel García Landa Enlace permanente. Cátedra


La sentencia de la cátedra (V)

viernes 18 de septiembre de 2009

La sentencia de la cátedra (V)


En estos enlaces previos puede leerse cómo un tribunal de oposiciones dejó vacante una cátedra a la que me presenté, y cómo tras una larga pelea administrativa y judicial protestando por las irregularidades cometidas, elevé un recurso de apelación al Tribunal Superior de Justicia de Aragón, sin éxito. Aquí está la sentencia que dictó éste (PDF) en julio. Fue redactada por el ponente Fernando García Mata, con el visto bueno de Jaime Servera Garcías (presidente) y Eugenio Ángel Esteras Iguácel (magistrado). Sonroja, pero no a estos magistrados, que un tribunal de última instancia juzgue con semejantes criterios, aunando despropósitos y falacias. Vengo comentando públicamente esta sentencia, expondiendo sus contradicciones e injusticias con argumentaciones, no arbitrariamente y a la mecagüen diez como han hecho los jueces en este caso, y seguramente (ay) en otros muchos. Así va la justicia en España. Por mí, que se vea bien.

Hoy toca comentar el punto cuarto de la sentencia. Como siempre, lo transcribo íntegro en el texto en verde (es todo lo que hay: no hay más razón ni más argumento, ni da para más el tribunal) y lo comento explicando bien cuál es el punto clave donde se escamotea la ley aquí. Para que se vea la pena y el asco que da la justicia tal como la administran los Sres. García Mata, Servera Garcías y Esteras Iguácel. Buen equipo hacen con el tribunal de oposiciones que empezó este desaguisado. Dios los cría, y ellos hacen carrera.

Así reza íntegro el cuarto punto:

"Asimismo afirma que la sentencia interpreta incorrectamente la normativa aplicable en relación con la obligación de que se considere la actividad investigadora como mérito prioritario. Sin embargo, la sentencia rechaza acertadamente dicho argumento, que se funda en el artículo 8.2.a) del Real Decreto 1888/1984, al poner de manifiesto que en el presente caso se valoró la investigación con un 40%, frente a un 30% de la experiencia docente, con lo que cumplió con la exigencia de que en el primer ejercicio "se evaluarán como mérito prioritario las actividades de investigación de los candidatos", lo que añadido a la valoración de un 20% del proyecto docente e investigador, supone valorar la faceta investigadora en un 50%."

Resumen: que la Comisión lo hizo bien, y que el juez de primera instancia también, y que el único que se equivoca en las cuentas es este demandante.

Observemos que una vez más se niega mi argumento principal, aunque por si acaso se cuida de rebatirlo "matemáticamente"—algo que podría interpretarse como un argumentación suplementaria de apoyo, o como una muestra de mala conciencia. Yo argumentaba que una "valoración prioritaria de la investigación" tal como exige la ley supone que a este aspecto se le dé una puntuación en un baremo de al menos 50 %. Y trans negar la mayor, aquí se cuida de justificar que al valorar la investigación se llega a un 50%. Más exactamente sería 51%, pero no vamos a reñir por un uno por ciento en un contexto donde tan alegremente se pasa de dar a los candidatos el cien por cien a darles el veinte o el diez por ciento.

En mi recurso se argumentaba como sigue:

"En este sentido, la actividad investigadora no puede contemplarse por parte de la Comisión como un mérito más de entre todos los que deben de tenerse en cuenta.

Siguiendo con lo anterior, el hecho de que la valoración de la actividad investigadora únicamente tuviera un peso del 40% no supone su caracterización como mérito prioritario, por cuanto un candidato sin absolutamente ninguna actividad de este tipo, pero con unas puntuaciones elevadas en los demás apartados, podía superar esta primera prueba por delante de un candidato con el máximo de puntuación en el apartado de la actividad investigadora.

Esta circunstancia precisamente es la que se pretende evitar con el establecimiento como mérito prioritario de la actividad investigadora en el artículo 8.2 del RD 1888/1984; por lo tanto, la interpretación que sobre esta cuestión realiza el juzgador de instancia tampoco resulta conforme a derecho."

Pero en este punto los jueces nadan y guardan la ropa. Por una parte, declaran a las matemáticas irrelevantes; por otra, como apoyo ’por si acaso’, dicen que las matemáticas están de su parte. Vienen a argumentar, unos y otros, que un mérito puede ser ’prioritario’ con un 40%, ignorando la argumentación anterior de mi abogada: que alguien sin NADA de investigación todavía podría verse priorizado por encima de los demás candidatos, con sólo que tuviesen bien cubiertos los demás aspectos. Si esto es "prioritario", que baje Dios y lo vea.

Pero como digo, luego argumentan "por si acaso" que de todos modos sí estableció la Comisión un porcentaje de puntuación del 50%, o sea, "prioritario", para valorar la investigación.

Y entonces el argumento es: cuarenta por ciento dado a la investigación en el baremo (vaya… cuarenta, no cincuenta)…. Pero tate, que hay también en el baremo un proyecto docente e investigador exigido, con veinte puntos: o sea que (supongamos) diez de esos puntos serán de investigación, y ya tenemos el cincuenta por ciento, y ya está todo bien, y no hay que anular la oposición. Uf.

Era el argumento que utilizó el primer juez. Lo malo es que la comisión se confundió de ley, y no había tal exigencia de proyecto docente e investigador, sino sólo de proyecto docente. Con lo cual ya se tambalea todo el asunto—o se habría de tambalear. (La Comisión al parecer estaba pensando en un concurso de méritos, donde por la distinta estructura de la prueba ateniéndose al RD 1888/1984 se exigía presentar un ’proyecto docente e investigador’. Pero bah, en realidad les daba todo más o menos igual, los criterios auténticos estaban en otra parte).

En este punto, el juez de primera instancia, Javier Albar, cuya sentencia aquí se recurría, incurría en contradicción. Admitía el juez (a regañadientes) que en efecto no tenía yo ninguna obligación de presentar un proyecto de investigación, según me exigía la Comisión desconociendo la ley, sino únicamente un proyecto docente. Pero a continuación el razonamiento del Juez aquí hace una deriva lateral de manera extraña para, en lugar de preguntarse por qué la Comisión desconoce las leyes que supuestamente está aplicando, pasar a argumentar contra el recurrente, diciéndole también ahora el Juez que debería haber presentado un proyecto de investigación que no le es exigido por la ley. Que aunque no sea exigible por ley, sí es "aconsejable", y que en suma la Comisión hizo bien exigiéndomelo. Curioso. Más que curioso, visto que yo sí lo entregué, y la Comisión no lo puntuó, y el Juez ignora esto o hace como que. El Juez éste de primera instancia gasta bastante tinta explicando que el proyecto investigador no se contempla como un requisito sine qua non, ni es determinante en el resultado final, etc. No queda claro, sin embargo, por qué no considera que se ha vulnerado mi derecho a una evaluación justa al puntuar como exigible un requisito no contemplado en la normativa. O por qué a mí no me lo puntúan, y a otros sí. Y, para más inri, después de reconocer que lo que la ley exigía presentar era un proyecto docente, este juez acudía en su argumentación a recoger los diez puntejos del supuesto proyecto docente E INVESTIGADOR (¿cuál?) para justificar que la Comisión no puntuó la investigacióin por lo bajo, y que le casaban las cuentas. A él le casan a expensas de contradecirse: primero acepta que era un proyecto docente lo que exige la norma—sin pasarle factura a la Comisión por equivocarse de normativa—y luego hace lo mismo que ellos cuando echa en falta unos puntejos de investigación para que le salgan las cuentas.

Esto es lo que comenté en su momento a la primera sentencia que aquí se recurría:

La última cuestión sobre la que se pronuncia el Juez antes de declarar que "no procede estimar el recurso" es "la afirmación de que se prima antijurídicamente la docencia sobre la investigación, en contra del art. 8.2 a del RD 1888/1984" etc. El juez estima que esto no es así, "ya que la prioridad no significa en modo alguno que el mérito deba computarse de forma mayoritaria, y en el caso presente se valoró la investigación en 40% frente al 30% de la experiencia docente o al 10% de la experiencia en la gestión. Por otro lado, se atribuye un 20% al proyecto docente e investigador, lo cual supone que, a despecho de la principal argumentación del recurrente—que consideraba que éste no era exigible ni tan siquiera presentable [¡¡!!]—que otro 10% correspondería a la investigación, si bien en este caso en su proyección de futuro, lo que le otorgaría un 50%".

A ver, a ver...

- ¿"ni tan siquiera presentable", cuando yo mismo lo presenté? Ya será menos, Sr. Juez. Hay muchas cosas impresentables en este concurso-oposición, pero un proyecto de investigación no es una de ellas.

- Matemáticamente, mayoritario quiere decir prioritario. Hay otras posibles computaciones, pero puestos a hacer porcentajes priorizantes, un porcentaje prioritario tiene que ser del 51% mínimo. Que se lo pregunten si no a los políticos en el Congreso, quién tiene prioridad para formar gobierno.

- Y ahora, resulta que el juez da por buena la exigencia del proyecto de investigación, y por hecho que el proyecto que se ha de presentar al primer ejercicio es docente e investigador... cuando antes ha basado su argumentación en que en ningún momento se ha exigido proyecto de investigación. Pero ay, ahora necesita ese pequeño porcentaje para redondear su argumento, que si no se va a caer todo el edificio por este asunto de porcentajes.

Por otra parte tiene bemoles, y más que bemoles, que todos estos jueces sinvergüenzas den por buena la valoración del supuesto proyecto "docente e investigador" que hizo la Comisión, cuando, como ya he explicado por extenso, la Comisión, y todos los jueces detrás, SE EMPEÑAN EN IGNORAR QUE, AUNQUE NO FUESE REQUISITO EXIGIBLE, SI QUE ENTREGUE UN PROYECTO DE INVESTIGACION, junto con el resto de la documentación de mi currículum, y que LA COMISIÓN DECLARA FALSAMENTE QUE NO LO HICE—sin que ninguna instancia se haya molestado en examinar la documentación para comprobar este extremo. Falsarios sinvergüenzas, realmente no puedo decirlo de otra manera.

Y ellos contenticos que les casan los puntos, y a declarar que se rechaza "acertadamente" mi argumento, mirando a otro lado, y a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga.

Hace falta narices, realmente, acudir a rebatir este punto de mi recurso recurriendo a un elemento tan ESCANDALOSO del proceso como es la valoración del proyecto de investigación, cuando les denuncio precisamente que la Comisión, negro sobre blanco, declaran todos por escrito que no he entregado proyecto de investigación. ¿Cómo habrían de valorarlo ni acertadamente ni desacertadamente, si no se han enterado al parecer, o no se han querido enterar, de que se les ha entregado?

¿Es posible tamaño absurdo? ¿Es posible emitir un juicio más obcecadamente parcial de esta cuestión, sumando el pitorreo a la befa? Pues sí. Y va a misa, no se lo pierdan.

Parafraseando, se podría resumir así la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, de los magistrados "ilustrísimos" Jaime Servera, Eugenio Ángel Esteras, y Fernando García Mata:

Este tribunal considera que un 40% es prioritario sobre un 60%, o sea que en todo caso no le va a dar la razón a usted. Pero en cualquier caso, aun admitiendo que fuera cierto lo que usted dice, que las mayorías se hacen con un 50%, pues la Comisión ya contempló un diez por ciento de investigación en un proyecto de investigación no previsto por la norma (claro que hemos dicho antes para salvarles la cara que no se le exigió a Vd ese proyecto, sino sólo uno docente… pero no importa, estamos en otra fase del razonamiento…). También es irrelevante que Vd. sí entregase ese proyecto de investigación (mire que es usted pertinaz, no hay por donde pillarle, jeje...). Igualmente es irrelevante que no se le valore a usted ni ese diez por ciento ni nada, y que hasta pongan mentiras en las actas diciendo que no había entregado proyecto de investigación. A este Tribunal se la suda. El caso es que aunque sea con números imaginarios parece que nos sale la suma, 40 +10 = 50, jeje, y además en todo caso este Tribunal le va a dar la razón en todo a la Comisión, como si le da por hacer el pino. Siguiente.

Claro que esto, bien redactado, y con sello de salida, queda mucho más presentado.


La Sentencia de la Cátedra (VI)

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Domingo, 20 de Septiembre de 2009 16:17. José Ángel García Landa Enlace permanente. Cátedra


No he de callar por más que con el Dedo

Lunes 7 de septiembre de 2009

No he de callar, por más que con el dedo

Algunos dicen que en mis protestas pierdo los papeles, pero no—los tengo muy ordenaditos. Hoy he retirado del Rectorado la documentación de la oposición a cátedras a la que me presenté en 2003. Llevaba allí años archivada, tras un largo proceso de recursos, primero dentro de la Universidad y luego en los tribunales de lo contencioso administrativo. Ahora ha terminado el último y me la llevo, con el caso perdido ante los tribunales.

Vengo comentando en detalle, aquí, la sentencia según la cual se desestiman mis recursos contra la actuación del tribunal de oposiciones o "comisión evaluadora", por defectos de forma. Por defectos de razonamiento o de conocimiento o de criterio del tribunal no vale la pena recurrir en estos casos—está la famosa "discrecionalidad técnica" que permite que los tribunales de oposiciones hagan de su capa un sayo cuando deciden meterse a sastres.  Así que (haciendo abstracción de muchas otras lindezas) alegué ante los tribunales únicamente los numerosos defectos de forma que a mi juicio se dieron en la oposición.

Lamentablemente, el juicio de los jueces ha resultado favorable a la Comisión,  y la cosa se queda como está: un señor cabreado (yo) con muchas opiniones personales contra una comisión que actuó correctísimamente. Asunto cerrado, hale, y a cascala, supongo que opinarán algunos. Esa es "la verdad oficial" del asunto, y con ella se pueden quedar los amantes de las verdades oficiales.

Sobre la actuación de la comisión, y el criterio de los jueces que no han visto ninguna actuación impropia, me reservo sin embargo el derecho de seguir opinando, derecho sancionado (que no sancionable) por la Constitución, y de exponer los hechos para quien quiera conocer algunos detalles de lo que se denunciaba, y cotejar con lo que han sentenciado los jueces. Es un caso supongo que no atípico, sino más bien muy ilustrativo de lo que pasa en las oposiciones donde hay denuncias por irregularidades.  Normalmente quedan las denuncias enterradas bajo el papeleo, y va a misa lo que dice el tribunal, que es menos complicado. Y así llegamos a tener la universidad que tenemos, feudal y borreguil, porque donde no llega la justicia, mandan las mafietas, e impera la ley del silencio.
tipping scales
Cuando denuncio irregularidades, mentiras, falsedades puestas negro sobre blanco en las actas, no es por tanto que pierda los papeles. Es más bien que los tengo delante, y puedo comprobar la cara dura y los dobles raseros con la que han actuado en este asunto la comisión de los Doctores Onega, Garrudo, Martínez Vázquez y González Groba, el Rector y hoy director de Universidades Pétriz, y los jueces del tribunal de lo contencioso administrativo. Por ejemplo, sólo un par de detalles.

Uno. Con respecto al Rector, me aseguró en varias entrevistas personales que todo se investigaría y que recibiría una respuesta razonada a todos mis recursos—Claro que eso eran parole parole. Pues bien, el Rectorado contestó únicamente con silencio administrativo, e intentando luego que el caso fuera inadmitido por los tribunales (cosa que no consiguió).

Detalle número dos: en la oposición, los miembros de la comisión declaran como un solo hombre, por escrito, que no entregué en la prueba un proyecto de investigación, cosa falsa—una mentira y gorda sin más. Ante mis denuncias de la falsedad de esto, algo fácilmente demostrable acudiendo a la documentación, todos los órganos juzgadores han hecho oídos sordos, en una cosa tan flagrante—o bien ignorando mis alegaciones sin más, sin respuesta—blank— o diciendo que "dan por bueno el criterio de la comisión", así porque sí, porque lo dice la comisión—sin examinar la documentación que se les entregó. Si así actúan en una cuestión de blanco y negro, se entenderá que donde haya que interpretar algo, la ley del embudo va que vuela.

En la Universidad se lleva mucho lo de paciencia y barajar: si un tribunal te la juega, es de buen tono retirarte discretamente, castigado y con el rabo bajo, y esperar turno "a que te toque"—por falsarios que sean los argumentos y valoraciones que se hayan ventilado en la prueba. Luego vas haciendo méritos con quien ostenta el Dedo, por averiado que esté su criterio. Así los catedráticos y jefecillos locales van asentando su influencia, dejan claro quién manda, si ellos o las normas escritas, y su Dedo va designando a quién le toca y a quién no, al margen de criterios objetivables.

Tiene narices que en cualquier concurso para profesor Asociado, en mi universidad, se contabilizan los puntos y los medios puntos y los cuartos de punto de cada currículum hasta la náusea, y por un punto o medio punto se concede la plaza a uno u otro candidato. En cambio, en una oposición, ni baremos ni congas. Se coge a ojo de buen cubero la carrera de un señor, de veinte o treinta años de trabajo en el área, y sin mayor justificación ni apoyo documental, se dice así panorámicamente que "su currículum no es adecuado", y se deja vacante la plaza a la que se presenta en su propio departamento. Con un par---o con varios. De ir con el visto bueno de la cátedra local, un currículum parecido en cambio se valora---casos recientes se han visto---en cien puntos sobre cien, en lugar de en veinte o treinta sobre cien. Así, a ojímetro, y viva la función pública.

Pues no, señores—a mí no me parece el método adecuado, lo de callarme y esperar a que me bendigan. Y donde así se actúa renuncio a intentar promocionarme. Mucho más productivo me parece denunciar las malas actuaciones y la arbitrariedad. No sólo por afición, aunque a uno sí se le acaba desarrollando la afición a protestar cuando lo pisotean. También por obligación, como funcionario y como ciudadano interesado en que no proliferen en la Administración los corrillos de alianzas mutuas y de pleitesías. Sírvame esta obligación de excusa para mantener que, aunque la justicia se desentienda de él, the case continues.

Acabo de colgar en el blog universitario Fírgoa la tercera parte de mi comentario a "la sentencia de la Cátedra". Lleva de momento el asunto unas ocho mil lecturas allí, supongo que en general por parte de gente interesada por cuestiones de este género en la Universidad española. Espero que a alguno le haya servido como ilustración de los dobles raseros que se aplican en tribunales de oposición, y hasta en tribunales de justicia. Y de qué poco puede servir llevar ante los tribunales un caso de mal hacer administrativo, por documentadísimo que esté, si no hay "viento a favor" para empujarlo una vez allí.

Enterarse de lo que va mal es el primer paso, imprescindible, para remediarlo. Y no es que sea yo optimista, pero si renunciamos al derecho a la protesta, y a la denuncia, entonces sería que el mal hacer ya está enquistado más allá de toda esperanza de curación. Es más, estaríamos contribuyendo a perpetuarlo. Así que por mí que no quede.  Y quien se anime a debatir sobre el caso, tiene la Red abierta. Pero me parece que seguiremos viendo mucha palabrería por este lado y un discreto silencio por el otro. Y es que en casos como estos sí es aplicable si no lo de Quevedo, sí lo de Wittgenstein—eso de que sobre lo que no se puede hablar, más vale callarse.


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Miércoles, 09 de Septiembre de 2009 10:21. José Ángel García Landa Enlace permanente. Cátedra


La sentencia de la cátedra (IV)



En estos enlaces previos puede leerse cómo un tribunal de oposiciones dejó vacante una cátedra a la que me presenté, y cómo tras una larga pelea administrativa y judicial protestando por las irregularidades cometidas, elevé un recurso de apelación al Tribunal Superior de Justicia de Aragón, sin éxito. Aquí está la sentencia que dictó éste (PDF) hace un mes. Fue redactada por el ponente Fernando García Mata, con el visto bueno de Jaime Servera Garcías (presidente) y Eugenio Ángel Esteras Iguácel (magistrado). Sonroja, pero no a estos magistrados, que un tribunal de última instancia juzgue con semejantes criterios, aunando despropósitos y falacias. Vengo comentando públicamente esta sentencia, expondiendo sus contradicciones e injusticias con argumentaciones, no arbitrariamente y a la mecagüen diez como han hecho los jueces en este caso, y seguramente (ay) en otros muchos. Así va la justicia en España. Por mí, que se vea bien.

Hoy toca comentar el punto tercero de la sentencia. Como siempre, lo transcribo íntegro en el texto en rojo (es todo lo que hay: no hay más razón ni más argumento, ni da para más el tribunal) y lo comento explicando bien cuál es el punto clave donde se escamotea la ley aquí. Para que se vea la pena y el asco que da la justicia tal como la administran los Sres. García Mata, Servera Garcías y Esteras Iguácel. Buen equipo hacen con el tribunal de oposiciones que empezó este desaguisado. Dios los cría, y ellos hacen carrera.

TERCERO.- Afirma a continuación la parte apelante la incorrecta valoración por parte del juzgador de instancia en relación a la valoración del proyecto de investigación en este tipo de concursos.

Así, frente a la sentencia que afirma que el proyecto de investigación no se consideró obligatorio ni fue determinante de la puntuación de los que lo presentaron, ni lo habría sido del recurrente de haberlo presentado ("De haberlo presentado..." — hacen falta narices, para emplear esta expresión con toda pachorra, como se verá luego—) y haber obtenido la máxima calificación, señala el apelante en síntesis que la actuación de la comisión es arbitraria en cuanto incluye como mérito a valorar un proyecto investigador cuando esto no lo permite la normativa de aplicación a este tipo de concursos, desconociendo que sí se incluía un proyecto investigador que tiene como título "narración, interacción e interpretación".


Aquí pongo (en verde) para abrir boca, el comentario que hice en su momento sobre la sentencia del primer juez de este punto—la sentencia que ahora examinan los magistrados del TSJA.

Admite el juez (a regañadientes) que en efecto no tenía yo ninguna obligación de presentar un proyecto de investigación, según me exigía la Comisión desconociendo la ley, sino únicamente un proyecto docente. Recordemos que estamos hablando del primer ejercicio, pues por supuesto yo tenía listos mis cinco proyectos de investigación encuadernados en pasta para presentarlos en el segundo ejercicio, el ejercicio relativo a un trabajo de investigación (aunque tampoco fuese estrictamente necesario, pues lo que la ley exigía era  exponer un trabajo de investigación).

Bien, pues los cuatro miembros de la Comisión hacen constar en acta que no he presentado proyecto de investigación, como quien hace notar una insuficiencia o irregularidad. Y el Juez pasa a defender su actuación, arguyendo que "el que no fuese necesario no quiere decir que no resultase posible, e incluso aconsejable, su presentación, prueba de lo cual es que el resto de los concursantes sí lo presentaron". Vale—o sea, que, por ejemplo, por usar una analogía, puede resultar posible, e incluso aconsejable, aunque no sea requisito legal, hacer la presentación del ejercicio en PowerPoint. Creo que se admitirá, sin embargo, que resultaría extraño que la comisión hiciese constar en sus actas que el concursante no ha presentado su ejercicio con PowerPoint, como argumento para suspenderlo.

(El ejemplo no es inocente: en la oposición de mi antiguo doctorando el Dr. De Juan, que también acabó como el rosario de la aurora, la misma presidenta de la comisión, Dra. Onega, hizo constar en un escrito dirigido al Rector que el Dr. de Juan no había hecho su ejercicio en PowerPoint, sistema éste que calificó tecnología de obligado uso en las clases, a pesar de que ella jamás lo haya utilizado).

Pues de igual modo, el razonamiento del Juez aquí hace una deriva lateral de manera extraña para, en lugar de preguntarse por qué la Comisión desconoce las leyes que supuestamente está aplicando, pasar a argumentar contra el recurrente, diciéndole también ahora el Juez que debería haber presentado un proyecto de investigación que no le es exigido por la ley. Curioso.

Más que curioso, por lo que voy a explicar un par de párrafos más abajo.

El Juez gasta bastante tinta explicando que el proyecto investigador no se contempla como un requisito sine qua non, ni es determinante en el resultado final, etc. (No queda claro, sin embargo, por qué no considera que se ha vulnerado mi derecho a una evaluación justa al puntuar un requisito no contemplado en la normativa. O por qué a mí no me lo puntúan, y a otros sí).

Yo presenté un proyecto investigador, como explicaré a continuación, pero el Dr. Garrudo no se dio por satisfecho, y entró en una serie de disquisiciones diciendo que no era suficiente la presentación del proyecto ni del trabajo de investigación en el segundo ejercicio, sino que debería haber presentado, además, una memoria de investigación—(distinta, supongo, de la documentación relativa a mis publicaciones y de mis participaciones en proyectos de investigación, documentación que sí presenté en el currículum y anexos). De hecho pasó un rato en la prueba el Dr. Garrudo haciendo una disquisición y diferenciación entre los proyectos, referidos al futuro, y las memorias, referidas al pasado. Y era la memoria de investigación lo que echaba en falta—al menos en ese momento. Porque luego hizo constar como todos los miembros del tribunal que lo que yo no había presentado era un proyecto de investigación.

También es inexacto que todos los concursantes presentasen un proyecto investigador a la primera prueba. (Aunque no dudo que lo hubiesen hecho, como yo también, a la segunda). Durante el ejercicio de otro de los concursantes, el Dr. Vázquez, realizado tras el durísimo enfrentamiento con la Comisión que tuvo lugar en mi ejercicio, me salté la normativa o etiqueta de la prueba en el momento en el que el Dr. Garrudo comentaba el proyecto docente del Dr. Vázquez. Lo hice para preguntar en voz alta  a la Comisión por qué en este caso no se exigía al concursante un proyecto de investigación. No lo hice con el propósito de perjudicar al Dr. Vázquez, claro está—pues insisto en que no era requisito presentar ese proyecto—sino con el fin de enfrentar a la Comisión con sus arbitrariedades, ya que me exigían (exigían, Sr. Juez, no recomendaban, ni aconsejaban) un proyecto de investigación a mí solo, y no a todos los concursantes. Por eso pregunté en voz alta si en este caso no se exigía proyecto de investigación. Por supuesto, en lugar de responder a esta pregunta tan improcedente desde el público, la Dra. Onega ordenó al Secretario que no contestase y que se ignorase lo que se acababa de escuchar. "Creo, sin embargo, que todos me han oído"—volví a decir. Y es que donde no hay ley, no hay educación tampoco—¿saben?

El Juez, en suma, aun reconociendo que la ley no exige la presentación de un proyecto de investigación, da por buena la actuación de la Comisión en este punto, minimiza los daños hipotéticos producidos al exigírmelo, y pasa por lo tanto a aceptar, como un hecho bien establecido y adecuado, la valoración que la Comisión hace sobre este recurrente (q.e.d.). Da así por muy bien fundado y procedente el hecho de que "además de ser más críticos los miembros de la Comisión con él que con el resto, especialmente la señora Ónega y el señor Garrudo, folios 112 y 113, en el informe final se explica que en su exposición se desvió de la cuestión objeto del debate, que su actividad investigadora y docente se aleja de las necesidades de la Universidad que se explican en la convocatoria y que sus conocimientos no son suficientes ni adecuados a la plaza"—nou cóment, que si no no avanzo.

A lo que voy, cuestión muy reveladora tanto sobre la actuación de la Comisión como sobre la del Rector y sobre la del Juez. Dicen los miembros de la Comisión, unánimemente y blanco sobre negro, que no presenté proyecto de investigación. Dejemos al margen la cuestión ya tratada de si era obligatorio exigirlo o no. Centrémonos en el hecho de que SÍ LO PRESENTÉ, en las carpetas 81 y 82 de la documentación listada en el currículum. Se trataba del proyecto en el que estaba trabajando, y que había presentado a las convocatorias nacional y regional de proyectos de investigación: se titulaba "Narración, Interacción, Interpretación", y aunque no obtuvo subvenciones oficiales—por aquello de no tener bastantes aragoneses en el equipo, etc.—sí dio lugar a numerosas publicaciones, y (supongo que habrá contribuido) a un sexenio de evaluación de la actividad investigadora. Este proyecto, encuadernado en pasta en cinco ejemplares y con las publicaciones aledañas y en curso, iba a ser presentado en el segundo ejercicio caso de pasar a él. Pero ya había sido incluido en la documentación muy voluminosa (ahí duele) del primer ejercicio.

Bien, pues ni la Comisión, ni el Rector, ni el Juez, tienen nada que decir sobre este punto. Sencillamente, lo ignoran. La Comisión declara unánimemente que no presenté un proyecto.... y es que mucho me temo que ni llegaron a examinar la documentación. Luego, en mi recurso, hago saber este hecho al Rector. Un error llámese material si se quiere, o mejor garrafal, o incontrovertible, por parte de la Comisión—o una falsedad si se prefiere... no, en todo caso, una cuestión de discrecionalidad técnica. Pero ¿cuál es el fallo del Rector sobre este hecho? ¿Pone en duda la veracidad o fiabilidad de la Comisión? ¿Va a examinar la documentación, a ver si está ahí el proyecto? No padre. La respuesta es el silencio administrativo, tan socorrido y tan útil para no saber si se va, si se viene, o si se está de vuelta de todo.

¿Y qué hace el juez, cuando mi abogada le vuelve a insistir en su exposición el día del Juicio, que al margen de que la Comisión exigiese o no indebidamente el proyecto de investigación, es falso que yo no lo presentase?

Pues otro silencio, sin más. De este asunto no hay ni media palabra en la sentencia, que da por sentado, ateniéndose a las actas de la Comisión, que no se presentó proyecto de investigación—sin la menor explicación ni alusión, ni a la exposición de mi abogada, ni a los recursos dirigidos al Rector donde exponía yo esta circunstancia. Concluye sobre este punto el juez que "el proyecto de investigación ni se consideró obligatorio (...) [¡toma ya!] — ni fue determinante ni de la puntuación de los demás, que sí lo presentaron, ni lo habría sido del recurrente, de haberlo presentado y haber obtenido la máxima calificación"—y del hecho de que sí lo presenté, y que lo ignoró el tribunal, y luego el Rector, y ahora el juez, ni media. Y todos tan frescos, que es sólo un señor el recurrente al que le gusta protestar al parecer, y el Juez lo tiene claro.

Se pregunta uno si esto de que sí que presenté proyecto de investigación lo voy a tener que publicar en el Heraldo, o proyectarlo a las nubes en PowerPoint. Es, como poco, chocante—o escandaloso—que una cuestión de forma/fondo tan obvia, tan flagrante, tan clara—¿igual es precisamente por eso, por lo clara?—sea esquivada con una especie de ceguera selectiva súbita por los órganos juzgadores (Comisión, Rectorado, Juez) cuando hay que dictarminar sobre ella, y se evapore sin más de los papeles. Y lo peor no es ya que la Comisión valorase o dejase de valorar el proyecto en sí—lo más significativo es lo que indica esto de la nula atención con la que la Comisión examinó la documentación de los opositores, o al menos la mía. Claro que yo ya iba excluido de entrada por "literato". Pero nada de todo esto es indicio de nada para el juez, que para mí que procesa este asunto del proyecto sin que su cerebro llegue a procesarlo. Con estos mimbres, no es de extrañar que estas investigaciones judiciales acaben incluso felicitando al tribunal si hace falta. Vaya confabulación de chupatintas.


Bien, así razonaba el primer tribunal de lo contencioso administrativo. Veamos lo que hace el segundo, el TSJA, al respecto. En sustancia valen los mismos argumentos para el segundo tribunal y para el primero, pero examinemos lo que tienen que decir los magistrados, por si hubiera aquí alta jurisprudencia.

No obstante debe señalarse que lo cierto es que no se exigió el proyecto investigador como requisito de admisión de los candidatos, en cumplimiento del artículo 9.1 del Real Decreto 1888/1984, en su redacción dada por el Real Decreto 1427/1986,


A ver. Veamos qué es "lo cierto". La Comisión evaluadora no estaba exigiendo requisitos de admisión ni admitiendo a los candidatos—si estamos hablando de admisión en un sentido técnico-jurídico, que uno supondría que es el que corresponde en este documento, pero ya no sabemos ni de qué hablamos. Porque "admitidos" al concurso-oposición estábamos todos los candidatos (José Ángel García Landa, Beatriz Penas, Brian Mott, Ignacio Vázquez, Carlos Inchaurralde y Melissa Moyer) antes de que la Comisión viese ni opinase ni recibiese ningún material. Una vez admitidos, unos se presentaron a las pruebas y otros no. No sé de qué están hablando estos señores, ni qué pretenden argumentar. Supongamos, dada la ambigüedad de ese "se exigió", que no se sabe quién es el sujeto, supongamo que estén hablando de la Comisión evaluadora, y estén diciendo, cosa que vendría más al caso, que la Comisión no exigió el proyecto investigador como requisito para superar la primera prueba, o para admitir a los candidatos al segundo ejercicio.

En el primer ejercicio de este tipo de pruebas, la Comisión tenía que valorar el proyecto docente de los candidatos, y sus méritos académicos, dando prioridad a los méritos de investigación. Eso es investigación ya hecha, o investigación en curso: puede también entenderse que podría incluirse (como mérito menor) la investigación que se proyecta hacer. Menor, por lo mismo que los proyectos cuentan menos que sus realizaciones. Pero obsérvese que la ley especifica que se presentará un proyecto docente, no un proyecto de investigación, puesto que hay un segundo ejercicio dedicado expresamente a la exposición de un trabajo de investigación. La comisión hace notar en sus actas que no se ha presentado un proyecto de investigación. Aparte de la falsedad de este aserto, cuestión sobre la que volveré, ¿qué quiere decir la presencia de esta frase en las actas? ¿Es una anécdota circunstancial? No, pues las actas se dedican a justificar las razones que hacen adecuado, o inadecuado, el trabajo de un candidato, y que motivan la decisión de la Comisión. No dicen, por ejemplo, cualquier otra cosa no requerida que yo no haya presentado, no dicen, pongamos, que "no ha presentado copia informática de su proyecto docente". En este caso, el hecho de que todos los miembros adujesen que yo no había presentado un trabajo de investigación es (aparte de FALSO, insisto), es OBVIAMENTE, la exposición de un requisito incumplido. Como muy bien argumentó mi abogada, la Comisión al parecer tenía confundidas dos tipos de pruebas diferencias por ley, e insistía en valorar el proyecto investigador como criterio primordial en la primera prueba.

Los detalles, los exponía muy pormenorizadamente mi recurso al TSJA.

una lectura sistemática de la normativa relativa a los concursos regulados en los artículos 35 a 38 de la Ley de Reforma Universitaria sólo puede llevar a la conclusión de que la primera de las pruebas de este tipo de concursos no contempla la valoración de un proyecto investigador. Y el hecho de que se contemplara como uno de los criterios de valoración en primer lugar, y valorando negativamente su no aportación por parte de la Comisión, supone un comportamiento totalmente disconforme a derecho.

En este sentido, se hace necesario recordar que los criterios de valoración recogían la valoración del proyecto investigador como uno de los requisitos a tener en cuenta para la provisión de la plaza en cuestión. Y los miembros de la Comisión recriminaron su no presentación al Sr. García Landa, tal y como consta en los informes razonados.

En relación a esta cuestiíon, la sentencia de instancia viene a entender que es posible la interpretación que suponga la valoración de un proyecto de investigación aunque no sea obligatoria su presentación en este tipo de procedimientos. Sin embargo, esta afirmación, dicho sea con el debido respeto, no puede considerarse conforme a derecho.

Y esto por cuanto y como se ha manifestado, este criterio estaba contemplado en la normativa de aplicación a los concursos regulados por los artículos 35 a 38 de la Ley de Reforma Universitaria (sin embargo, sí que estaba contemplado para los concursos regulados en el apartado 3 del artículo 39 de la Ley de Reforma Universitaria).

En relación a esta cuestión, se trae a colación la sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional nº 138/2000, de 29 de mayo (rec. 3061/1996) que señala lo siguiente:

"los criterios que para la valoración de las pruebas ha de fijar y hacer pública la Comisión evaluadora deben respetar y ser compatibles en todo caso con las normas reguladoras del procedimiento selectivo, las cuales, en consecuencia, no pueden ser desconocidas e ignoradas en el establecimiento e interpretación de tales criterios"

Esta conclusión trae causa en una argumentación anterior en relación a los criterios exigibles en un concurso para acceder a profesor titular de universidad, que a la sazón también estaba regulado en el artículo 9 del RD 1888/1984, de 26 de septiembre, por el que se regulan los concursos para la provisión de plazas de los Cuerpos docentes universitarios en la redacción dada por el RD 1427/1986. En este sentido, la sentencia entiende que hay que respetar la normativa reguladora de los procesos respetando los límites que ésta impone. En la sentencia traída a colación, se otorga el amparo al recurrente por cuanto en el proceso al que se había presentado se había aplicado el mérito de la experiencia docente como requisito encubierto para acceder a la plaza.

En relación a esta cuestión, esta sentencia, en su Fundamento Noveno, señala lo siguiente:

"No cabe duda, ciñéndonos al caso que ahora nos ocupa, que la experiencia docente, a tenor de lo dispuesto en los arts. 37.2 LORU y 9.3 y 4 del Real Decreto 1888/1984, de 26 Sep., en la relación dada por el Real Decreto 1427/1986, puede ser uno de los méritos aportados por los candidatos a plazas de Profesor Titular de Universidad y que ha de ser valorado por la Comisión evaluadora en la selección de los aspirantes en el marco de la primera de las pruebas del concurso junto con otros méritos, el historial académico e investigador y el proyecto docente presentado por cada candidato."

En lo que aquí interesa, llamamos la atención sobre que el Tribunal Constitucional, en este tipo de procesos (como el que nos ocupa) regulados en los artículos 35 a 38 de la Ley de Reforma Universitaria, y en virtud de lo establecido en el artículo 9 del RD 1888/1984, en la redacción dada por el RD 1427/1986, considera como méritos valorables: la experiencia docente, historial académico e investigador, proyecto docente presentado, y otros méritos.

Es decir, que no se contempla como mérito la valoración de proyecto investigador, ni por la normativa de aplicación ni por la jurisprudencia que la interpreta.

Establecido lo anterior, habrá que afirmar con rotundidad la total disconformidad a derecho de que en los criterios de valoración se contemplara como mérito a valorar el proyecto investigador. Por lo tanto, la sentencia de instancia, al considerar la posibilidad de valoración del proyecto de investigación como mérito, vulnera la normativa de aplicación (RD 1888/1984, en la redacción dada por el RD 14271986), así como la jurisprudencia.

Una vez determinado lo anterior, se hace necesario señalar que, dicho con el debido respeto, el Juzgador de instancia minimiza el alcance que hay que darle a esta cuestión, señalando que como en el apartado en el que se valoraba el proyecto investigador se compartía también la valoración del proyecto docente y era de un 20%, la máxima puntuación que se podía obtener por este concreto apartado era de 10.

Sin embargo, la incidencia de un incorrecto criterio de valoración no se limita a la puntuación asignada al mismo (puntuación que además no se hubiera limitado a lo manifestado en la sentencia, por cuanto el porcentaje indebidamente asignado a este criterio hubiera recrecido a otro) sino que el hecho de habdr incluido incorrectamente como mérito la valoración de un proyecto [investigador] supone una actuación irregular de la Comisión Juzgadora del proceso selectivo de referencia, lo cual permite afirmar que existe una quiebra de la presunción de legalidad de la actuación de esta Comisión en el concurso para la provisión de una plaza de Catedrático en el Área de Conocimiento de Filología Inglesa en la Universidad de Zaragoza.


Por aclarar y puntualizar: yo no niego que la comisión pueda valorar un proyecto investigador como un mérito más entre los demás méritos de investigación del concursante, en absoluto. De hecho por eso incluí en la documentación que les presenté un proyecto de investigación. Lo que es improcedente es que desconozcan o tergiversen la ley, y hagan de la presentación del proyecto de investigación un requisito primordial y exigible como se desprende que han hecho al hacerlo constar en las actas de valoración—mostrando así que no tenían claro qué tipo de concurso-oposición estaban juzgando.

Sea como sea, en la sentencia no se encuentra ni rastro de contraargumentación a todo esto. Sólo la afirmación gratuita de que no "exigió" la comisión el proyecto—aunque hagan constar en acta que no se les ha entregado (mintiendo, encima). O bien esto de que "no lo exigió" que dice el TSJA es falso, sin más, o está interpretado barriendo para casa descarada y abusivamente. Porque así yo también contraargumento con toda la facilidad del mundo. O, si soy un juez de homicidios, también podré resolver que "aunque hay que reconocer que el acusado le disparó a la víctima varias veces, en ningún momento manifestó su intención de dañarle, cuánto menos de quitarle la vida". Cito de las actas de "informes razonados sobre los méritos de los concursantes":

"No presenta proyecto investigador" (Firmado: Susana Onega Jaén)
"he de destacar la ausencia de un proyecto investigador, que el candidato no ha entregado" (Firmado: Francisco Garrudo)
"No presenta proyecto investigador" (Firmado: Montserrat Martínez Vázquez)
"No presenta proyecto investigador" (Firmado: Constante González Groba)

Así pues, sostengo que la Comisión sí exigió un proyecto de investigación en el primer ejercicio. Y le asignó puntuación aparte, como consta por otra parte en la argumentación del primer juez. Así lo demuestran las actas de la oposición, contra la interpretación tendenciosa de todos estos jueces. Con una hermenéutica judicial así, jamás se condenaría a O. J. Simpson.

Sigue así la sentencia del TSJA:

"...y que la valoración de los proyectos de investigación no constituye vulneración ni de la normativa aplicable, ni de las bases de la convocatoria".


Así dicha la frase suena cierta, y hasta yo estaría de acuerdo con lo que parece decir, así en general y fuera de contexto. Pero para entender lo que dice, y lo que hace realmente, hay que atender a lo que se está presuponiendo, en el contexto en el que se está tratando. Y las presuposiciones en este caso son de aúpa: los efectos surtidos van por tanto a juego. En suma, se da carta blanca a la comisión para que haga y deshaga a su gusto, sobre la marcha, la normativa que regula las oposiciónes. ¿Aunque, más bien, no será que el punto principal de que se parte es la desestimación del recurso, y que cualquier argumento o presuposición vale para ello?

Aquí dan por hecho que el proyecto de investigación  no se ha exigido, pero que sí se ha valorado. Yo más bien sostengo lo contrario: Que sí se ha exigido, y que no se ha valorado.

Lo de lo que no se ha valorado va porque la comisión declara que el proyecto (exigible o no, exigido o no) no se pudo valorar puesto que no se presentó. Cosa ésta que es falsa.

Mentir, no sé si la comisión quizá no miente, porque miente quien engaña deliberadamente. Pero como poco desconoce los hechos, y los desconoce porque no examinó la documentación que se le entregó. Y por eso ponen en las actas falsedades tales como que "No se presentó proyecto de investigación".

Esto es lo que alegaba en mi recurso al TSJA:

Pero es que, en relación a esta cuestión, aún hay más. Consta en el expediente administrativo cómo desde el principio mi mandante ha sostenido que en la voluminosa documentación que se entregó a la primera prueba del proceso selectivo de referencia sí que se incluía proyecto investigador; este hecho también se puso de relieve en el acto del juicio.

En este sentido, consta en las carpetas 81 y 82 de la documentación listada en el currículum el proyecto investigador que tiene como título "Narración, Interacción e Interpretación".

Es decir, que mi mandante que presentó proyecto investigador.

Por lo tanto, resulta doblemente arbitraria la actuación de la comisión, en primer lugar incluyendo como mérito a valorar un proyecto investigador cuando esto no lo permite la normativ de aplicación a este tipo de concursos, y en segundo lugar por cuanto, si se observa la documentación que se acompañó a la prueba del proceso de referencia, se observa cómo sí que había proyecto investigador; por tanto resultan arbitrarias las afirmaciones de los Informes razonados de los miembros de la Comisión que manifiestan su inexistencia.

Por lo tanto y también por esta razón procede la revocación de la sentencia de instancia.



Pero, sobre esta cuestión, tan infamemente silenciada, ignorada sin más, por la primera sentencia de lo lo contencioso administrativo, ¿algo tendrá que decir, seguramente, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón? ¿No es esto un defecto de forma palmario, negro sobre blanco, que invalidaría la actuación de cualquier tribunal?  Es de suponer que si el recurrente, yo, alega ante un tribunal que hay una falsedad en los hechos, el tribunal investigará esa cuestión, y resolverá, por ejemplo, si en la documentación entregada al tribunal, y todavía depositada en la Universidad de Zaragoza desde ese día, hay o no un proyecto de investigación.

Pues no, miren: no tiene efectos este defecto de forma. Aquí todo es bueno y aquí todo vale cuando vale, y si no todo se evapora porque sí cuando no tiene que valer. La justicia del Sombrerero Loco, parece esto. Esto es lo que dice este tribunal:

"Por último, en cuanto al alegado error padecido por la Comisión por desconocer que dentro de la documentación aportada presentó un proyecto de investigación, debe señalarse que la valoración negativa emitida desconociendo su existencia a la vista de la totalidad de la documentación presentada y examinada es suficiente para rechazar la eficacia de dicha alegación."


Léanselo otra vez, que tiene BEMOLES la cosa—que se pueda oír este tipo de razonamiento tarado, en una institución que debería merecer respeto. Yo no le falto al respeto: quienes la desacreditan son estos señores con semejantes actuaciones—como quien caga en el sillón que ocupa.

Es que merece un análisis sintáctico, la frasecita, además de judicial.

Primero una cuesitón de semántica, o de pragmática, o de lapsus freudiano. La Comisión no ha "padecido" ningún error. La Comisión, como su nombre indica, lo ha cometido: es la comisión del error. El padecimiento del error, y el padecimiento de la Comisión, y de semejantes jueces, me corresponde a mí, al recurrente, sujeto paciente, aunque aquí se pierde la paciencia.

Lo de la sintaxis. No queda claro (y por tanto puede significar cualquier cosa) si la frase "
por desconocer que dentro de la documentación aportada presentó un proyecto de investigación"
está regida todavía por "alegado", o no. O sea, no queda claro si esta sentencia considera o no si es un hecho que presenté un proyecto de investigación dentro de la documentación aportada. Esperemos, o supongamos, aunque tanto da, que signifique esto que no, que no es algo probado, sino sólo algo que yo alego, aunque como se verá, a los jueces les da igual que sea cierto o no.

Para actuar en justicia, habría que determinar si esta alegación mía es cierta o no, es decir, habría que examinar la documentación del concurso, depositada en la Universidad de Zaragoza, y determinar al respecto. O bien, cosa más acorde con los procederes judiciales, habría que requerir a la Universidad de Zaragoza para que remita al TSJA una copia de los documentos en cuestión, en concreto los archivadores que contenían el proyecto, y que lleguen a la mesa del juez.

Un inciso—que el hecho de que "lo que haya" en los archivadores sea un proyecto de investigación o no, "en su esencia", no es lo que está aquí sujeto a debate: sólo el hecho de si se presentó o no se presentó. Lo de la esencia es es cuestión fácilmente determinable, porque era un proyecto de investigación oficialmente, es decir, un proyecto acogido a una de las convocatorias del ministerio de ayuda a la investigación, y sellado por la propia universidad como tal proyecto de investigación, con la firma del Rector etc. etc. Vamos, que no depende la cosa del gusto particular de la Comisión sobre lo que son proyectos, o de que les interese o no el tema del proyecto, etc. No es eso lo que está en cuestión aquí, sino sólo y únicamente si es cierto que entre la documentación presentada hay una cosa llamada "proyecto de investigación", como sostengo yo, o si no la hay, como sostiene la Comisión. Es una cuestión que requiere, como digo, inexcusablemente, consultar la documentación. Hasta un juez de teatro de marionetas llegaría hasta ese nivel.

Pero no se eleva hasta allí el Procedimiento de estos magistrados, qué va. Y la manera que tienen de decidir la cuestión tampoco es la del juez anterior, que consistió en actuar como si no hubiera oído nada, y hacer que la cuestión alegada se volatilice de su sentencia.

Lo que hacen estos es "razonar", muy entre comillas, que "debe señalarse que la valoración negativa emitida desconociendo su existencia a la vista de la totalidad de la documentación presentada y examinada es suficiente para rechazar la eficacia de dicha alegación".


zombie mona lisa








—¿Habré leído bien?











Otra vez nos topamos con la sintaxis. "Que es suficiente la valoración negativa emitida"...  ¿La valoración negativa emitida por quién?

- Si significa emitida por el Juez, en la primera sentencia que ahora se revisa, hay que decir que el juez ni emitió ninguna valoración al respecto, puesto que la cuestión no aparece en su sentencia, ni examinó en ningún momento "la totalidad de la documentación presentada". Si los magistrados quieren decir esto, están diciendo falsedades obvias, o quizá mentiras dignas de bellacos.

- Si se refiere a la valoración negativa emitida por la Comisión, la cosa es peor si cabe. Significa entonces la frasecita que el tribunal da por bueno sin más lo que diga la comisión, sea cierto o falso, y que no va a verificar de ningún modo los hechos comprobableslos defectos de forma y procedimiento, sobre los que hay denuncias que la Comisión ha errado, o mentido. Que no va a ejercer su función institucional de revisión, lo que justifica su existencia como tribunal. O más bien nos hace el TSJA un simulacro de verificación, pasándole el hisopo a la sentencia, sin mojarlo siquiera en agua bendita—haciendo como si hubiese usado un Alto Criterio, mientras que lo que está decretando es la indefensión por sistema del recurrente. Porque para determinar si éste tiene razón o no, no se acude a investigar los hechos, sino que se le pregunta a la parte contraria objeto de la denuncia.

Y la parte contraria... es que no ha visto el proyecto. Pero bah, da igual, "la valoración negativa emitida desconociendo su existencia ...  es suficiente para rechazar la eficacia de dicha alegación", de mi alegación se entiende. Aún tienen los magistrados la cara dura de aducir el "desconocimiento" como hecho y como si fuese un argumento a favor de la decisión tomada, y que justificase desestimar mi recurso entonces, y volver a desestimarlo ahora. Vamos, que visto que los de la comisión, o el juez, desconocían que hubiese entregado el proyecto, y se perdían entre tanta documentación, pues da igual, bien que hicieron al no ver nada. Suficiente. Y caso cerrado y tan frescos. Evidentemente, cualquier cosa es suficiente para rechazar mi alegación, con todos los jueces sentados en un platillo de la balanza.

Para esto no tengo palabras, realmente. Justicia tan grotesca no la he visto administrar en ninguna farsa, culebrón, ni esperpento teatral. Pero ahí los tienen, con sus togas y puñetas—puñetas que no falten, es lo esencial— sentenciando, y dictaminando que "debe señalarse". A ustedes sí que los tendrían que señalar, en el bar de los Juzgados.

La sentencia de la cátedra (V)


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Domingo, 09 de Agosto de 2009 17:09. José Ángel García Landa Enlace permanente. Cátedra


La sentencia de la cátedra (iii)

miércoles 29 de julio de 2009

La sentencia de la cátedra (III)




En estos enlaces previos puede leerse cómo un tribunal dejó vacante una cátedra a la que me presenté, y cómo tras desoír mis recursos el Rectorado de la Universidad de Zaragoza, un juzgado de lo contencioso administrativo dictó que no procedían mis reclamaciones—con argumentos tan pobres que merecieron este comentario. Una vez presentado el recurso de apelación al Tribunal Superior de Justicia de Aragón, aquí está la sentencia que dictó éste (PDF), dos años después, fallando también en contra mía. Fue redactada por el ponente Fernando García Mata, con el visto bueno de Jaime Servera Garcías (presidente) y Eugenio Ángel Esteras Iguácel (magistrado). Esta sentencia no será recurrida, pues considero inútil de hecho (además de improcedente en lógica jurídica) acudir al Tribunal Constitucional con esta cuestión. En estas cuestiones este tribunal es la última instancia, o debería serlo. Lo que sonroja es que un tribunal de última instancia juzgue con semejantes criterios, aunando despropósitos y falacias.

Por lo menos sí puede la sentencia comentarse públicamente, expondiendo sus contradicciones e injusticias. El otro día rebatí el punto 1; hoy toca el 2. Lo transcribo íntegro, y comento sobre la marcha.

SEGUNDO.- En segundo término alega el apelante la incorrecta valoración de la sentencia de instancia en relación a la aplicación del perfil a los méritos de los concursantes por parte de la Comisión Juzgadora.
En este punto la sentencia, tras señalar que la parte debió haber recurrido la resolución que convocó la plaza y poner de manifiesto la doctrina jurisprudencial sobre el control de la discrecionalidad estima que lo que se pretende es sustituir el criterio de la Comisión por el del recurrente en lo que constituye una decisión discrecional del Tribunal, por lo que rechaza la impugnación formulada, decisión que impugna la parte apelante puesto que, según afirma, ante la amplitud del perfil de la plaza fijado en la convocatoria; que no se corresponde con ninguna asignatura en concreto de la licenciatura, el que varios miembros de la Comisión manifestaran que el currículo del apelante no resultaba acorde con el perfil de la plaza resulta arbitrario y ausente de motivación, máxime atendidos los sexenios de investigación y demás méritos del recurrente.

A ver, a ver. Primero, qué mal puntúan los juristas; la última frase es un borfollo sintáctico casi incomprensible: hay que cambiar el punto y coma por una coma. A la sentencia aludida de ese juez alegué en el recurso que "una vez fijado dicho perfil, la Comisión Juzgadora no puede proceder a limitarlo a su antojo, como realizó en el presente proceso selectivo". Y es eso lo que se debe juzgar: si ha hecho eso la Comisión Juzgadora, o no lo ha hecho. Que el perfil estaba mal definido de entrada, es una cuestión de la que yo sólo informaba al juez, no para su conocimiento, que debería suponérsele aunque sea mucho suponer, sino para su conocimiento de que yo era consciente de esta cuestión. Y punto: no estaba yo recurriendo ese perfil, "Lingüística inglesa", que se fijó y aprobó en su momento sin que nadie lo recurriese, años antes, cuando todos estábamos pensando en otra cosa.

Pues bien, "lingüística inglesa" habemus. Lo que yo alego es que, habiéndose convocado la plaza con ese perfil, la comisión debía atenerse a él, y no cambiarlo implícitamente, como hizo, por otro que en ningún momento aparece por escrito, pero que podríamos llamar "Gramática inglesa". Yo presenté mis publicaciones en el currículum, cada una clasificada según los identificadores de la UNESCO, para que quedase claro que eran publicaciones de lo que se considera, oficialmente, por organismos acreditados y de referencia del propio Ministerio, "lingüística". Es decir, cuestiones como semiótica, teoría de la narración, estilística, análisis del discurso, pragmalingüística, etc. Si la Comisión creía que mis publicaciones (acreditadas, que habían dado lugar a sexenios, etc.) no eran de Lingüística debería haber procedido a demostrar que no eran publicaciones de estilística, teoría de la narración, semántica, teoría de la interpretación, etc.

Otra opción hubiera sido echarse al río y llevar la contraria a la Unesco, o al Ministerio, o a la Comunidad Científica, o a quien sea, y argumentar que la estilística, análisis del discurso, etc., no son lingüística—LINGÜISTICA INGLESA, cuando se refieren a textos, cuestiones, teorías y debates del área anglófona. Naturalmente, eso hubiera sido bastante más difícil y problemático que coger todo a rebullón y decir que "el currículum del candidato no se corresponde al perfil de la plaza", así panorámicamente, sin justificar ni razonar—pero incurriendo en falsedad a la vista de la documentación. El primer juez decía, y repiten aquí los jueces del TSJA, que yo pretendo que los jueces se atengan a mi criterio en lugar de al de la Comisión. Pues no: lo que pretendo es que se atengan a criterios objetivables, tanto la Comisión, como los jueces, pero parece mucho pedir: y eso que acudir a criterios objetivables, en caso de disensión, es lo que se supone que ha de hacer la justicia. Esto comentaba yo hace dos años, y sigo comentando, sobre la actuación recurrida:

Jamás he pretendido yo que se sustituya el criterio de la Comisión por el mío, según sugiere el Juez que hago—antes bien, he apelado a que se consulten y apliquen los criterios generales, universalmente aceptados, y establecidos por organismos internacionales, como la UNESCO, para determinar qué es y qué no es "lingüística"—en lugar de una misteriosa discrecionalidad técnica que de hecho es arbitraria al no estar basada en ningún criterio técnico reconocible ni contrastado. O sea, no mi criterio, sino el de la UNESCO. Que no somos la misma persona, ojo.

[La sentencia] sigue con un argumento un tanto dudoso, según se entienda su alcance. La discrecionalidad técnica de la Comisión o tribunal se extiende al parecer a redefinir el perfil, según el Juez. Cosa que en absoluto es así. El perfil estará bien dado, o mal dado (bien dado, según estima el juez), pero la Comisión no puede (o más bien no debe) valorar la prueba como si de otro perfil se tratase. Es cuestionable que a una oposición con semejante perfil (Lingüística) fuese adecuado presentar un proyecto sobre una materia mucho más concreta—fonética, pongamos por caso—aunque el juez lo dé por bueno. Cuestionable, digo, y quizá entre en la discrecionalidad técnica de la comisión, al menos tal como aquí se entiende. Pase. Pero lo que nunca puede hacer la Comisión es hacer un gambito lateral y, teniendo que juzgar sobre un perfil de lingüística, hacer como si estuviese juzgando un perfil de gramática, o de fonética, excluyendo arbitrariamente los méritos que según criterios objetivables, internacionales, no subjetivos del recurrente ni de la comisión, etc.—son méritos relativos al campo de la Lingüística. Por todo lo cual, el razonamiento del Juez no es adecuado para el caso aquí presente, pues no centra bien la naturaleza del problema, ni responde a las objeciones que he presentado a la actuación de la Comisión. Y que son, en sustancia, objeciones a una actuación demostrablemente injusta. Si se atiende a la demostración, claro, y a los criterios de validez usados por la propia Administración en sus evaluaciones oficiales (como son esas clasificaciones de materias de la UNESCO).

Eso en el caso de que no se quiera dar por válido el principio administrativo más general: que los méritos de investigación en el área de conocimiento, es decir, en Filología Inglesa, han de ser los determinantes en el primer ejercicio, ya que el perfil ("lingüística") en este caso, se refiere únicamente a labores docentes por realizar en el Departamento, y no a investigación realizada en el área.

Es decir, que el Juez nunca entra a valorar lo que aquí se recurría: a saber, si entra en la discrecionalidad técnica de la Comisión lo que yo digo que ni entra ni puede entrar: el dejar fuera de consideración, a su voluntad, el trabajo realizado en según qué tipos, ramas, o modalidades de "lingüística". Admitir la discrecionalidad técnica para hacer esto sería admitir que el perfil de la oposición lo fija la Comisión evaluadora, en lugar de ser algo establecido por la Universidad—y esto es algo que nadie ha defendido abiertamente, ni dispondría de argumentos legales para defender.


Bien, pues por eso fue recurrida la actuación de la Comisión, y luego la del juez. Ahora veamos qué sentencia al respecto el TSJA (continuamos citando el texto de su sentencia):

Centrada en los anteriores términos la impugnación y aunque es cierto que a la hora de abordar el tema de la discrecionalidad técnica las posiciones doctrinales resultan cuanto menos dispares—van desde la que niega, sin distingos, cualquier posibilidad de revisión a la decisión de los tribunales en materia de oposiciones y concursos, hasta la que asume la postura absolutamente contraria por estimar que negar la posibilidad de revisión constituye una postura contraria a la Constitución (art. 24 CE), en cuanto supone un reconocimiento de zonas inmunes de control jurisdiccional—,

(Observemos que entre las posiciones dispares a que se alude unas son acordes a la constitución y otras sencillamente la ignoran y vulneran—pequeño detalle que debería impedir igualar unas con otras, como si de criterios igualmente respetables se tratase desde el punto de vista jurídico).

no puede desconocerse que los tribunales han tenido la ocasión de ir delimitando cuál es el ámbito propio de la discrecionalidad técnica y sus límites. Así, la jurisprudencia ha venido sosteniendo que si bien es cierto que los Trinunales que juzgan oposiciones o concursos gozan de discrecionalidad técnica en sus funciones de valoración de conocimientos o méritos, no obstante sus decisiones pueden y deben ser revisadas por los Tribunales de Justicia cuando para efectuar dicha valoración se hayan infringido las bases de la convocatoria, cuando haya sido producida mediante desviación de poder o cuando de forma patente incurra en arbitrariedad. Partiendo de lo expuesto es indudable que las posibilidades de revisión de los Tribunales son más limitadas cuando, como sucede en le presente caso, se trata de enjuiciar la valoración en fase de concurso/oposición, fase en el que ("en la que", será más bien) el control de la discrecionalidad por medio de la interdicción de la arbitrariedad se convierte en la técnica de control fundamental.

Es decir, el tribunal sí está de acuerdo en que hay que controlar que la Comisión no incurra en arbitrariedad. O sea, que si hay denuncia de arbitrariedad, tendrá que arbitrar el Tribunal alguna manera de establecer si se ha incurrido en arbitrariedad o no, en lugar de atenerse automáticamente al criterio de la comisión (que es precisamente lo que se está sometiendo a juicio). Esto sería lo razonable desde el punto de vista jurídico (y del sentido común). Pues bien:

Pues bien, en el presente caso la sentencia da una solución satisfactoria a la alegación aquí formulada que es reproducción de la planteada en primera instancia, puesto que en modo alguno cabe estimar la existencia de ausencia de motivación, ni de arbitrariedad, a la vista de los informes razonados obrantes a los folios 112 y siguientes del expediente—cuyo contenido damos por reproducido—.

Yo también los puedo dar por reproducidos, pues lo que importa aquí es la súbita quebrada lateral efectuada por el razonamiento de los jueces. Ahora resulta que el criterio a que apelan para determinar que no ha habido arbitrariedad en la sentencia del juez son las actas de la Comisión... ¡o sea, el criterio de la propia Comisión!—cuando dicen que mi expediente no es adecuado a la plaza, que no presento proyecto de investigación, y otras falsedades. En ningún momento se plantean los jueces el confrontar las alegaciones de la comisión con las mías, y someterlas a un criterio objetivo, sino que se someten de entrada al criterio de la Comisión que supuestamente era objeto de investigación en este proceso. Justicia de juez y parte, llamo yo a esto.blind justice

Podrá la parte discrepar, como de hecho lo hace, de lo razonado en cuanto a la adecuación al perfil, pero lo cierto es que nos encontramos aquí ante el núcleo propio de la decisión técnica de los Tribunales calificadores, cuya corrección no ha quedado desvirtuada por alguno de los medios de control de la discrecionalidad enumerados en la sentencia de instancia, por lo que procede en consecuencia rechazar este motivo de impugnación.

Es decir, que no cabe alegar arbitrariedad en la actuación de la Comisión, porque los jueces se van a atener al criterio de la comisión en cualquier caso. El juez, recordemos, arguía que "
podrá discutirse si debía o no de concretarse o especificarse más el perfil, pero ello es una decisión discrecional del Tribunal". Cosa palmariamente falsa: el tribunal de oposición lo que tiene que hacer es valorar el currículum del candidato con respecto al perfil que les viene predefinido, nunca concretar o especificar más ese perfil, así sobre la marcha y según su inspiración.

El perfil es algo a lo que la comisión debe de atenerse. No puede, en una oposición con perfil de "Matemáticas", decir que el currículum de un candidato que ha trabajado en "Geometría" no es adecuado porque no es de "Aritmética". Esto es manipular el perfil, y la oposición, y pervertir el criterio experto. Del mismo modo, no se puede valorar en esta oposición, como de hecho se hizo, un perfil de Lingüística como si fuese un perfil de Gramática o de Didáctica del inglés—que es la idea de Lingüística con la que al parecer trabajaba el tribunal, sin ninguna apoyatura ni administrativa ni teórica para ello. Con esa idea en mente, claro, los trabajos que se les presenten de análisis del discurso, estilística, etc., "no son adecuados al perfil": pero no lo son al perfil que se han sacado de la manga: sí lo son al que marca la convocatoria. Pero al juez le parece cojonudo. Me pregunto qué hubiera pensado si le hubieran aplicado la misma en su oposición.

Ahora este despropósito viene a ser avalado por el TSJA. Si le han dado el cambiazo al perfil por el camino de facto, declarando que mi perfil académico no es adecuado para optar a una plaza de lingüística inglesa, pues ahí no van a entrar los jueces ni ven indicios de manipulación. Pues para ver si el primer Juez ha juzgado bien la actuación de la Comisión, van a sentar su criterio.... ¡sobre las actas de la Comisión! Como si de documentación objetiva para resolver el caso se tratara, y no de la materia objeto de recurso y juicio. Es un proceder, por ponerlo suavemente, inaudito.

Con lo cual viene a ser como cerrar el lazo de la contradicción, deshacer lo antes dicho sobre la "interdicción de la arbitrariedad" y confesar que en efecto hay aquí una área que escapa al control jurisdiccional, vulnerando así la Constitución de modo palmario. Porque con este planteamiento, sólo si la Comisión declarase en sus actas que su actuación ha sido arbitraria podría intervenir el Juez, visto que no va a aplicar otro criterio que no sea el de la Comisión—o sea, el de una de las partes en el contencioso. Este razonamiento es kafkiano y no merece mayor comentario, sino sólo desprecio. Su lugar propio estaría en alguna ciencia-ficción grotesca, en alguna cultura marciana de Star Wars—en la Alianza del Comercio, pongamos, o en la corte de Jabba el Hutt; es justicia-ficción.
Por desgracia lo tenemos que aguantar en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón.

Si el punto 1 de la sentencia era un cachondeo, el segundo es una tomadura de pelo; al recurrente, y a la Justicia—esa entelequia que parece rehuir la compañía de los jueces.


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Viernes, 31 de Julio de 2009 17:33. José Ángel García Landa Enlace permanente. Cátedra


La sentencia de la cátedra (ii)



En estos enlaces previos puede leerse cómo un tribunal dejó vacante una cátedra a la que me presenté, y cómo tras desoír mis recursos el Rectorado de la Universidad de Zaragoza, un juzgado de lo contencioso administrativo dictó que no procedían mis reclamaciones. Con argumentos que merecieron este comentario. Una vez presentado el recurso de apelación al Tribunal Superior de Justicia de Aragón, aquí está la sentencia que dictó éste (PDF), dos años después, fallando también en contra mía. La sentencia que, como voy a mostrar, es una vergüenza procesal, por sus irregularidades jurídicas. Fue redactada por el ponente Fernando García Mata, con el visto bueno de Jaime Servera Garcías (presidente) y Eugenio Ángel Esteras Iguácel (magistrado).

Hoy rebatiré sólo el punto 1 de esta sentencia. Lo transcribo íntegro, y comento sobre la marcha.

PRIMERO: La parte apelante, que reproduce en esta apelación los motivos de impugnacióin aducidos en la instancia, comienza alegando la incorrecta interpretación por parte de la sentencia de instancia de la normativa reguladora de la composición de las Comisiones Juzgadoras, en cuanto trató como una ausencia lo que en realidad era una renuncia, que debía haberse remitido al Rector, para que apreciara si concurría o no causa justificada, añadiendo que ello determinó que la calificación se realizara por cuatro personas cuando estamos en procesos selectivos en los que hacen falta tres votos para ser propuesto para la plaza.
A la vista de dicha alegación y examinado el expediente debe reconocerse que el vocal D. Berndhard [sic] Dietz Guerrero, presentó un escrito—folio 103—en fecha 4 de febrero de 2003, en el que manifestaba "a los efectos de su renuncia al citado tribunal", que había fallecido un tío en Madrid "motivo por el cual excusa su participación en los trabajos",


debe reconocerse. Como si doliera. Como veremos, la actuación de estos magistrados emplea una descarada Ley del Embudo para favorecer a lo que consideran la Administración—o sea, para respaldar en todo caso la actuación del tribunal (refrendada por las administraciones posteriores), sin sopesar de modo ecuánime si es una buena administración o una mala administración. A primer golpe de vista, otro tribunal menos predispuesto reconocería de lejos que el motivo alegado no es excusa administrativamente hablando, pues la ley contempla sólo el fallecimiento de familiares en primer grado como causa de renuncia. Esto no despierta la curiosidad de sus señorías, ni es indicio de nada. Podría la comisión juzgadora de la oposición haber aplazado las sesiones, o al menos haberlo solicitado el Dr. Dietz, etc.—pero no era esa la cuestión, ni queda de eso rastro administrativo. Sólo de su renuncia, sin más solicitudes ni negociaciones. Eligió renunciar, y renunció. Por otra parte, también advertiría una administración menos deliberadamente cegata que en ningún momento de este proceso contestado aparece ningún justificante ni certificado de defunción por ningún sitio, ni hay asomo de que en ningún momento se materialicen las "responsabilidades en que hubiera incurrido" según la ley un miembro del tribunal que renuncie sin causa justificada. Porque la ausencia de justificantes, etc., también es un dato administrativo objetivo. Imagínense que soplase viento del otro lado, y al tribunal le diese la ventolera de empapelar a alguien, con semejante planteamiento. Pero nada de eso. Continúa la sentencia, atentos,

"sin embargo, debe negarse que la expresión de 'renuncia' contenida en su escrito sólo pueda ser considerada en un sentido técnico jurídico."


Y de argumentar que no sólo pueda interpretarse en sentido técnico jurídico, pasan los magistrados rápidamente a argumentar que no puede interpretarse en un sentido técnico jurídico. Esto ya es más grave, y de traca. En un documento oficial, como es el expediente de una oposición, se incluye un escrito enviado por uno de los miembros a la presidenta, renunciando. Y nos dice ahora el tribunal que no procede aplicar el sentido técnico-jurídico de "renuncia" a este escrito de renuncia. ¿Por qué? Como veremos, no hay ninguna razón que se sostenga. La única razón visible en el horizonte es que no es oportuno, porque entonces habría que desautorizar al tribunal, al Rector, y al juez de lo contencioso administrativo. Hagamos otra vez el experimento contrafactual: que un tribunal viene digamos "bien predispuesto" para sentenciar que tal señor ha renunciado a su nombramiento. Y que se encontrasen en el expediente con un escrito del tal señor a la presidenta del tribunal, comunicándole su renuncia. Oye, blanco y en botella, ¿no?

Por tanto, no son los hechos o los datos objetivos lo que está dictando esta interpretación en este caso, sino únicamente la voluntad del tribunal de atenerse a una interpretación preestablecida, sean cuales sean los datos objetivos que tienen ante sí. Y esto no es justicia. Lo que podría dictaminar un tribunal no sesgado que se encontrase con un escrito oficial de renuncia, sobre la cuestión de si había habido renuncia o no, lo podemos dejar a la imaginación de cada cual. Este tribunal, que no se encuentra en este caso, está buscando una interpretación alternativa. Admite a regañadientes que la expresión "renuncia" sí podría ser considerada en un sentido técnico jurídico (incluso quizá admita que es la interpretación que primero viene a la cabeza), pero se apresura a saltar sobre la interpretación contraria—pues hay otras interpretaciones posibles. En efecto, las hay, en el contexto administrativo adecuado. Así, un vocal podría decir "yo renuncio a estar en este tribunal", pero si no lo hace constar por escrito, por ejemplo, no procedería interpretar esa expresión en un sentido técnico jurídico. Ahora bien, si se encuentra en un escrito de renuncia incluido en un expediente, se pregunta uno de dónde sale la elección de estos magistrados, y si tratan la documentación que tienen delante con la misma ligereza interpretativa en todos los casos. Se huele uno más bien que en unos casos sí, y en otros no. Con el dedico en la balanza.

La argumentación, que no existe, se expone en lo que sigue:

"Así debe tenerse en cuenta que es el artículo 6.10 del Real Decreto 1888/1984—derogado por el Real Decreto 774/2002, de 26 de julio, por el que se regula el sistema de habilitación nacional para el acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios y el régimen de los concursos de acceso respectivos, que fue a su vez derogado por el Real Decreto 1313/2007, de 5 de octubre, por el que se regula el régimen de los concursos de acceso a cuerpos docentes universitarios— [todo esto de las derogaciones es humo jurídico, pues es irrelevante para la cuestión que se trata, que ha de ser dilucidada con respecto a la norma entonces en vigor - JAGL] el que regula la renuncia disponiendo que 'el nombramiento como miembro de las comisiones será irrenunciable, salvo cuando concurran causas justificadas que impida su actuación como miembro de la Comisión', cuya aprobación corresponde al Rector,"


—hasta ahí no se dice nada muy extraño, pero fíjense en esta frase—

y que en el presente caso el citado vocal no renunció a su cargo,


¡Vaya! Lástima entonces que haya un escrito de renuncia en el expediente. El tribunal quiere dictaminar si hubo o no renuncia, dado ese escrito. Y como prueba aduce.... que no hubo renuncia, a pesar de ese escrito. Genial. Un procedimiento jurídico impecable, por lo circular. El círculo es la figura geométrica más perfecta, ya lo decían los griegos. Hay un asomo de argumentación, empero: examinémoslo:

... no renunció a su cargo, participando en el acta de constitución de la comisión de 3 de febrero de 2003 y en la decisión adoptada el mismo día sobre los criterios de valoración y ulterior sorteo —folios 97 y siguientes—.


O sea, que la prueba de que no renunció el día 4 es que no había renunciado aún el día 3. Sopesen ustedes lo que vale, en lógica y en Derecho, esta argumentación. Análogamente, en otro caso, nos podrían contar los magistrados que la prueba de que la víctima no fue asesinada el día 4 es que el día 3 estaba viva.

A lo que parece que va la argumentación (para no ser propia de un imbécil sin más) es a presuponer, aunque cucamente sin decirlo, que una vez constituida la Comisión ya no se puede renunciar a formar parte de ella. Pero eso no lo dice la ley por ninguna parte, me temo, por mucho que lo quieran aducir o meramente sugerir los magistrados. Y aun si se interpretase así la ley, habría que valorar cómo se actúa si alguien hace algo prohibido o no previsto por la ley, como es renunciar cuando no ha lugar. Lo más próximo que dice la ley para tratar todo esto es que es el Rector quien ha de dictaminar, antes de proceder con el caso. Y no después.

Bien, pero los magistrados se ven obligados a admitir que sí consta por escrito la renuncia del Dr. Dietz, con posterioridad a la constitución de la Comisión—

"Ciertamente el día 4 de febrero presentó el escrito antes referido, que el Presidente de la Comisión—folio 102—estimó constituía un supuesto de ausencia—"


Esta es otra irregularidad que se produjo en la prueba: como señala mi recurso, ante la renuncia procedía aplazar las sesiones y nombrar un nuevo miembro del tribunal. El tratar una renuncia como ausencia y seguir como si tal es no sólo demostrar una falta notable de respeto a los opositores, que se ven perjudicados por esta "ausencia"—es también desconocer la normativa, actuar con irregularidad sólo por una necesidad que se echó de ver cada vez más claramente en el tribunal de dar carpetazo al asunto lo antes posible, como hicieron al suspendernos a todos los concursantes en el primer ejercicio: otra falta de respeto mayúscula a los concursantes, como si no hubiese nadie en este departamento que mereciese un puesto de catedrático.

"el artículo 7.5 dispone que 'los miembros de la comisión que estuvieran ausentes en alguna de las pruebas correspondientes a alguno de los concursantes cesarán en su condición de miembros de la misma, sin perjuicio de las responsabilidades en que pudieran haber concurrido'"


Concurrido no, señores, incurrido. Pero aquí nadie incurre en nada, cuando el viento sopla a favor.

Varios meses tras la prueba, y habiéndole llegado noticias de mis protestas al respecto, el Dr. Dietz se puso en contacto conmigo para hacerme saber su molestia por verse nombrado en este asunto (pero claro, la alternativa sería no denunciar las irregularidades). También para asegurarme a título personal que en efecto tuvo lugar el fallecimiento de su tío el día 4. A lo cual le repuse que, sin animosidad personal por mi parte, me atenía meramente a los hechos documentados. Y documentado queda, y certificado por todos los tribunales, aunque sea sin consecuencias de ningún tipo, que su ausencia de la comisión fue irregular, al margen de las razones personales que hubiera, e independientemente también del tratamiento administrativo que se le diese luego por parte de la presidenta.

Observemos, en un inciso, con respecto a la ausencia del Dr. Dietz, que para los casos de ausencia hay un impreso normalizado para dar de baja a un miembro del tribunal. Tan atípica es la ausencia de un miembro justo tras constituir la comisión, y antes de iniciar las pruebas, tan imprevisto administrativamente es el tema, que al rellenar el acta la comisión tuvo que tachar el impreso y reescribirlo. En cursiva lo rellenado por la Comisión:

CONCLUIDO EL ACTO DE PRESENTACIÓN
Iniciada la ..... prueba del Concurso para la provisión de una plaza para el Cuerpo de .... Catedráticos de Universidad .... correspondiente al área de concocimiento:....Filología Inglesa.... convocada por Resolución de....25-oct.-01... B.O.E. ...(12-nov.-01)... y ausentándose: D. ....BERNDHARD [sic] DIETZ GUERRERO, por fallecimiento de un familiar, del acto de realización de la prueba durante la actuación del concursante D..... REMISION DE INFORMES... procedo en mi condición de Presidente, a determinar su cese como miembro de la Comisión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.6 del Real Decreto 1888/84 de 26 de septiembre. Y para que conste, etc. ... (Firman la presidenta, Susana Onega, el secretario, Francisco Garrudo, y los vocales Montserrat Martínez Vázquez y Constante González; no firma el vocal 3º).


Es inaudito, en efecto, que se constituya un tribunal para acto seguido desaparecer de todas las pruebas uno de los miembros. Yo por lo menos no conozco ningún otro caso. La tentación era pensar que el Dr. Dietz se presentó sólo para desaparecer con una excusa, y dejar que los demás miembros del tribunal hicieran lo que vieran oportuno. Y fuesen cuales fuesen las intenciones, desde luego fueron esos los hechos. No especularé más sobre ello, sino que me centraré en la cuestión de si esto fue una ausencia o una renuncia.

Es crucial para determinar la justicia de la valoración de este punto por parte del TSJA distinguir jurídicamente los casos de ausencia y de renuncia. Repetiré aquí la argumentación de mi recurso a este respecto, argumentación que no es refutada por los magistrados, sino meramente ignorada:

La renuncia deberá ser cursada por escrito, la ausencia no. Por cuanto, tal y como establece el artículo 6.10 del RD 1888/1984 de constante referencia, el Rector tiene cinco días desde la recepción de la renuncia para resolver sobre la causa alegada por el miembro del Tribunal que desea renunciar. Sin embargo, la ausencia de algún miembro es la falta de asistencia del mismo a alguna de las pruebas, ésa es la razón de que ésta pueda conllevar responsabilidad del que se ha ausentado.

En el caso que nos ocupa, por lo tanto, nos encontramos ante la renuncia del Vocal Sr. Dietz a ser miembro de la Comisión que juzgaba el concurso para la provisión de la plaza para el Cuerpo de Catedráticos de Universidad correspondiente al Área de Conocimiento de Filología Inglesa, por cuanto lo que hace constar en su escrito el Sr. Dietz es "su renuncia al citado Tribunal"; además "excusa su participación en los trabajos". En todos los trabajos, por cuanto su voluntad es dejar de formar parte de la Comisión Juzgadora.


En efecto, de no existir la diferencia entre ausencia y renuncia en el hecho de la comunicación por escrito, incorporada al expediente, las dos figuras legales, ausencia y renuncia, serían indistinguibles, lo cual sería un absurdo jurídico. Se podría hacer pasar toda ausencia por renuncia, o toda renuncia por ausencia, o podría el presidente dictaminar indistintamente que se había producido una, o la otra, a su antojo. Pero no es así. Para eso están las comunicaciones oficiales por escrito. Y menos es así en este caso, en el que la comunicación escrita no es un simple escrito de excusa por no asistir, sino un escrito cursado "a los efectos de su renuncia al citado Tribunal". En ningún proceso judicial se ignora un documento puesto así en la mesa, que yo sepa. Al existir un escrito de renuncia del Dr. Dietz, escrito que se incorpora a las actas de la prueba y al expediente judicial, no puede alegarse que el Dr. Dietz meramente se "ausentó". A un ausente se le echa de menos, e incluso se puede certificar que falta a la prueba; pero a alguien que renuncia por escrito a formar parte del tribunal se le debe sustituir. Para atender a los términos de la ley, la argumentación del TSJA debería haber intentado justificar, por ejemplo, que no existe la figura de "renuncia" una vez se ha constituido el tribunal. Pero esto requeriría muchos estudios jurídicos, citar precedentes, normas, etc., y la argumentación vendría a ser igual de endeble en última instancia: pues es evidente que se puede renunciar a cualquier cargo en cualquier momento, sea oportuna la renuncia o no; y para este tipo de situaciones la ley no especifica que sea más irrenunciable el cargo a partir de un momento dado.

En suma, el carácter oficial de renuncia, y no de ausencia, del Dr. Dietz, viene dado precisamente por la incorporación de su escrito de renuncia a las actas y al expediente. Eso es lo que lo convierte en una renuncia oficial, y no en una notita privada dirigida al aquí llamado Presidente (la Dra. Onega). A partir de ahí, su tramitación es errónea, uno más de los defectos de procedimiento de esta oposición, que son incomprensiblemente justificados por una administración tras otra.

¿Que la renuncia del Dr. Dietz era improcedente, injustificada, inoportuna procesalmente, y contraria a derecho? Eso es otra cosa. Allí podríamos estar de acuerdo. Eso es precisamente lo que alegamos, y por lo que recurrimos. Pero del hecho de que fuese improcedente, injustificada, inoportuna procesalmente y contraria a derecho, no se deduce en modo alguno que no se produjese. Y tampoco se deduce que tenga que pagar el pato el opositor, en lugar del tribunal que actúa tan a la ligera.

Pero como vemos, todos los tribunales actúan aquí muy a la ligera.

Empezó actuando muy a la ligera la Dra. Onega, permitiendo que una oposición siguiese adelante siendo que uno de los miembros del tribunal se había presentado únicamente para constituir la comisión, renunciando seguidamente a su puesto antes de comenzar las pruebas (cosa bastante inaudita y que hubiera requerido un poquito de pausa). El TSJA justifica así la actuación de la Dra. Onega interpretando la renuncia como ausencia:

"el artículo 7.5 dispone que 'los miembros de la comisión que estuvieran ausentes en alguna de las pruebas correspondientes a alguno de los concursantes cesarán en su condición de miembros de la misma, sin perjuicio de las responsabilidades en que pudieran haber concurrido', calificación que, discutida por la parte apelante, no resulta disconforme a derecho, ya que lo que se exterioriza con dicho escrito, no es su renuncia al nombramiento por causa justificada, sino su voluntad de no asistir a los trabajos—de ausentarse—motivada por el hecho referido, supuesto de ausencia que determina el cese acordado, sin que el funcionamiento con cuatro miembros invalide la actuación del Tribunal en cuanto el artículo 7.4 del Real Decreto 1888/1984 dispone expresamente que 'para que la comisión pueda actuar válidamente será necesaria la participación de, al menos, tres de sus miembros'—en este caso actuaban 4—."


Oye, qué abundancia de miembros, aún nos sobra uno. Bien, aquí el tribunal da por buena la actuación de la Dra. Onega. Pero veamos el punto central, el sancta sanctorum del razonamiento, o el vértice donde se apoya la argumentación. La razón por la que no resulta disconforme a derecho todo esto.

Es conforme a derecho porque... el Dr. Dietz no renuncia por causa justificada. Sino que decide ausentarse de un modo que el tribunal considera injustificado. Sin que eso dé lugar a ningún tipo de efectos que no sean los de perjudicar al opositor y a su recurso, claro.

Y también es "no disconforme a derecho", se supone, por lo siguiente. Porque en su escrito, nos dicen, el Dr. Dietz no renuncia al nombramiento, sino que sólo comunica su voluntad de no asistir. Pero esto ignora de modo palmario y escandaloso el escrito en el que Dr. Diez comunica oficialmente que renuncia, y lo cito:

El abajo firmante, Bernhard Dietz Guerrero, catedrático de Filología Inglesa de la Universidad de Córdoba y Vocal 3º del tribunal para la oposición de una cátedra de Filología Inglesa convocada por resolución de 25 de ocubre de 2001 (BOE de 12 de noviembre) perteneciente a la Universidad de Zaragoza, manifiesta y hace constar, a los efectos de su renuncia al citado tribunal, que en el día de hoy, 4 de febrero de 2003, se ha producido el fallecimiento en Madrid de un tío suyo, motivo por el cual excusa su participación en los trabajos a fin de acompañar a su familia y honrar al muerto.
Tal extremo ha sido ya notificado a la Ilma. Sra. Presidenta de la citada comisión, quien ha dado su aprobación.
En Zaragoza, a 4 de febrero de 2003.
Fdo. Bernhard Dietz Guerrero


De este escrito parecen deducirse dos cosas: uno, que no va dirigido a la Sra. Presidenta, puesto que la nombra en tercera persona y comunica que se le ha comunicado algo. Parece propiamente un escrito para su traslado al Rector o para su inclusión en el expediente (se hizo lo segundo). Otra cosa: que la Presidenta de la comisión ha dado "su aprobación" (cosa no desmentida por escrito de la presidenta) para una ausencia injustificada, cosa administrativamente inaudita. Recuérdese que aquí estamos tratando con el aspecto administrativo de la cuestión, y no con otros aspectos que no vienen al caso. No es papel de un presidente de comisión aprobar ausencias injustificadas, como aquí nos dice el TSJA que se ha hecho, y menos aceptar la renuncia de un miembro del tribunal, que es a todas luces lo que se produce, según el escrito aquí citado.

Más elaborado jurídicamente (aunque un berenjenal de cuidado) sería que el TSJA argumentase que el Dr. Dietz no renunció "al nombramiento" sino que renunció "al cargo" y por tanto no se aplica la norma que regula la renuncia. Como digo, esto requeriría volúmenes propiamente, pues la diferencia sería para un jurista como discutir el sexo de los ángeles... aunque para un no jurista la cosa se parezca más a una prevaricación deliberada o a un fraude de ley. Pues el renunciar "al cargo" sin renunciar "al nombramiento" es concepto que no viene en modo alguno avalado por el Real Decreto a que nos referimos, y cualquiera que piense que es ésto lo que se está haciendo, o que es éste el razonamiento que se intenta introducir, puede con razón pensar que algo huele a podrido en Dinamarca.

Pero el TSJA prefiere no adentrarse explícitamente en este razonamiento perverso, aunque su interpretación parece utilizarlo sin nombrarlo. En lo que sí se dice de modo explícito, corta más por lo sano la sentencia, y nos dice, así por simplificar, que en ningún momento existe una renuncia del Dr. Diez, cosa que es palmariamente falsa.

O sea que el TSJA falsea los hechos cuando dice que el Dr. Dietz no renuncia, cuando aduce que meramente comunica su voluntad de no asistir. El hecho de que una renuncia sea injustificada (caso éste previsto, que no justificado, por la ley) no invalida el hecho de que en efecto se trate de una renuncia. Querer escamotear este hecho, ignorando un documento oficial, un escrito de renuncia— ¡que sin embargo se sigue incluyendo en el expediente! —es falsear la situación y aplicar un supuesto legal que no viene al caso. Es ignorar, por presuposicion, y contra la norma, que existen las renuncias improcedentes, irregulares e injustificadas.

Aún más, es utilizar una actuación irregular en una comisión como argumento "válido" para rechazar los recursos planteados a la actuación de esa comisión—apoyar una actuación viciada en otra también viciada, como si eso pudiera justificarla.

Como he venido diciendo, aquí hay una arbitrariedad TOTAL en la interpretación de los hechos relativos al punto 1 de la sentencia. Con los mismos hechos, y la misma documentación, y con sólo el viento soplando de otro lado, es fácil imaginar lo que podría dictaminar un tribunal que se encontrase con semejantes pruebas documentales. Y esto no es justicia—es, como bien decía aquel alcalde, un cachondeo.

Y al siguiente punto se le dió un tratamiento igual de arbitrario, como se verá en el siguiente post de esta serie.

La sentencia de la Cátedra (III)

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Viernes, 24 de Julio de 2009 10:46. José Ángel García Landa Enlace permanente. Cátedra


La sentencia de la cátedra (I)

sábado 18 de julio de 2009

La sentencia de la cátedra (I)


Este es un comentario de la sentencia de fecha 1 de julio del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, recurso de apelación contra el procedimiento abreviado 459/06, de José Ángel García Landa contra la Universidad de Zaragoza. El asunto se refiere a una oposición a cátedra de Filología Inglesa a la que me presenté, que fue dejada vacante en 2003 por una comisión evaluadora presidida por la catedrática Dra. Onega.

La sentencia del TSJA va sin numerar ni firmar (al margen de un garabato, uno, mal totoñado) por los Ilustrísimos Señores D. Jaime Servera Garcías (presidente), D. Eugenio Ángel Esteras Iguácel (magistrado) y D. Fernando García Mata (ponente de esta sentencia). La inopia administrativa que esto demuestra va a juego con la pobreza del tratamiento jurídico dado a este caso. Pobreza por no decir algo más, pues este documento merecería un suspenso no ya en primero de Derecho, sino en primero de bachillerato. Es una sentencia que me es desfavorable, pero no la comento aquí porque me sea desfavorable (—"yo no soy Tonto"—), sino porque el exponerla a la luz pública les es desfavorable a estos magistrados, y al tribunal de oposición que pudiera sentirse justificado en su actuación por semejante sentencia.

Es una sentencia plagada de despropósitos jurídicos y lógicos. Sólo una voluntad insensata de querer dar la razón a la Administración, aunque soplen chuzos, podría servir para entender de dónde puede salir esta... cosa, viniendo de gente con estudios. Digo con estudios, y no con criterio, pues de ése ya se verá su talla. Presento la sentencia, pues, como documento autoexplicativo de por qué he perdido el caso, y como un ejemplo acabado del mal hacer de nuestro sistema judicial: es una vergüenza para el Aragón y la Justicia que supuestamente representan estos magistrados—un pequeño modelo a escala (por lo irrelevante del caso) de las honduras a que puede descender lo judicial en este país. Tiembla uno de pensar cómo actuarán en casos de mayor trascendencia estos Togados.

Pondré el nombre de los jueces al lado de su obra en cada uno de los posts. Lo siento, pero hoy en día todo va a Internet. Ya no estamos en los años en que estas cosas dignas de verse y exhibirse se pudrían en el fondo de un legajo.

Esto no es sino un capítulo (no el menos vergonzoso) de una larga historia. Aquí pueden leerse algunos episodios previos. Una comprensión completa de todo el caso requeriría publicar, cum commento, los detallados recursos enviados al Rectorado de la Universidad de Zaragoza. Estos fueron desoídos, y contestados por el rector Pétriz con silencio administrativo, antes de llegar el caso a los tribunales de lo contencioso-administrativo (—que llegó, pese a las triquiñuelas de la Universidad). Quizá un día publique esos recursos presentados al Rector. Pero ahora, por atenerme a los antecedentes inmediatos, me limitaré al recurso de apelación que ha resuelto esta segunda sentencia de lo contencioso administrativo. En su momento ya comenté la primera sentencia, del juez Javier Albar—también sentencia de traca. Puede leerse aquí el comentario. El recurso de apelación que presenté a esa primera sentencia lo transcribiré al pie de este post, antes de pasar, en una serie de posts sucesivos, al comentario detallado de cada uno de los puntos del razonamiento, por así llamarlo, de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en su respuesta al mismo.

Recuérdese que en todo este caso sólo pueden someterse a recurso irregularidades formales, es decir, atentados contra el correcto proceso administrativo. Atentados contra la Filología, por parte de los miembros del tribunal, los hubo todavía más graves, pero ahí están resguardados los miembros por la cláusula de discrecionalidad técnica que ampara a las comisiones juzgadoras: ya se utilice para aplicar criterios de especialista, como deberían, o para hacer de su capa un sayo, cuando así lo deciden. Así que no entraremos para nada en las cuestiones de fondo (de filología y de lingüística): toda esta discusión se refiere únicamente a las numerosas irregularidades de forma y procedimiento que se alegaron contra la comisión juzgadora compuesta por los Dres. Francisco Garrudo, Bernhard Dietz, Constante González Groba y Montserrat Martínez Vázquez, y presidida por la Dra. Susana Onega, catedrática de mi departamento. Los jueces han sentenciado que no hubo irregularidad. Un lector atento puede, sin embargo, hacerse su propia opinión sobre la cuestión. Sobre todo si conoce cómo se cuecen las habas en la Universidad, o en los juzgados.


AL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº DOS DE ZARAGOZA

Dña. PAULA HORMIGON SOLAS, abogada del R. e I. Colegio de Abogados de Zaragoza, colegiada nº 4375, con despacho abierto en esta Ciudad, Plaza de los Sitios, nº 18 - 3º Izda., ostentando la representación de D. JOSÉ ANGEL GARCÍA LANDA, tal y como tengo acreditado en autos de recurso contencioso administrativo que se siguen ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº Dos de Zaragoza con el nº 459/2006-BM, ante dicho Juzgado comparezco y, como mejor en derecho proceda, DIGO:

Que con fecha 6 de julio de 2007 me ha sido notificada la sentencia nº 224 de ese Juzgado, dictada en los presentes autos el día 3 de julio anterior, por la que se procede a desestimar el recurso interpuesto por D. José Ángel García Landa contra la resolución desestimatoria presunta del recursode alzada interpuesto el 14 de noviembre de 2005 contra resolución de 7 de febrero de 2003 que había declarado desierta la plaza nº 1 del Cuerpo de Catedráticos de Universidad del Área de Conocimiento de Filología Inglesa en la Universidad de Zaragoza, convocada por Resolución de 25 de octubre de 2001.

Que, comoquiera que esta parte considera, dicho sea con el debido respeto, que la sentencia de referencia no es acorde a derecho y resulta ser lesiva para sus legítimos intereses, formula, al amparo de lo dispuesto en los artículos 81 y siguientes de la vigente Ley Jurisdiccional, el presente RECURSO DE APELACIÓN que basa en las siguientes

ALEGACIONES


PRIMERA.- Preliminar

La sentencia de instancia, después de rechazar la causa de inadmisión opuesta de contrario, desestima el recurso contencioso-administrativo formulado por esta parte. Las causas de denegación se recogen en cuatro fundamentos jurídicos de la sentencia. El primero de ellos viene a considerar que la composición del ribunal fue en todo momento conforme a derecho, el segundo de ellos considera que las cuestiones alegadas en relación al perfil formaban parte de la discrecionalidad técnica de la Comisión Juzgadora, el tercero considera que la valoración del proyecto investigador no suponía una vulneración de la normativa aplicada a este tipo de procesos, y el cuarto entiende que el establecer como prioritario el mérito de la actividad investigadora no implica que éste sea el mérito mayoritario.

A la impugnación de estos fundamentos, junto con dos cuestiones más, alegadas a lo largo del procedimiento, pero a las que no se ha dado respuesta en la sentencia de instancia, como es el hecho de que mi mandante sí que presentó proyecto de investigación, junto con las irregularidades a la hora de las votaciones por parte de la Comisión Juzgadora, se dedican las siguientes Alegaciones.

SEGUNDA.- Incorrecta interpretación por parte de la sentencia de instancia de la normativa reguladora de la composición de las Comisiones Juzgadoras

En relación a la composición de la Comisión Juzgadora, los hechos acaecidos son los siguientes: En fecha de 3 de febrero de [2003] se procede a constituir la Comisión encargada de juzgar el concurso para la provisión de una plaza de Catedrático. En el Acta de Constitución de la Comisión (folio 97 del expediente) figura la presencia de los cinco miembros de la misma. Ese mismo día se fijan los criterios de valoración del proceso selectivo. En el acta correspondiente (folio 98 del expediente) sigue figurando la presencia de todos los miembros de la Comisión. Ese mismo día se realiza el acto de presentación de los concursantes admitidos, los cuales hacen entrega de la documentación correspondiente a la primera prueba; la Comisión hace constar orden de actuación de los aspirantes, así como el lugar y hora para la realización de las mismas. Todo esto figura en el Acta de Presentación (folio 100 del expediente) donde siguen figurando las firmas de los cinco miembros de la Comisión juzgadora del proceso.

El día siguiente, 4 de febrero de 2003 (folio 102 del expediente) se levanta un Acta Incidental en la cual figura que "Concluido el Acto de Presentación del Concuros para la provisión de la plaza para el Cuerpo de Catedráticos de Universidad correspondiente al área de conocimiento de Filología Inglesa convocada por resolución de 25 de octubre de 2001 (BOE de 12 de noviembre) y ausentándose D. Berndhard Dietz Guerrero, por fallecimiento de un familiar, del acto de Remisión de Informes, procedo en mi condición de Presidenta, a determinar su cese como miembro de la Comisión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.6 del Real Decreto 1888/1984 de 26 de septiembre".

A dicha Acta incidental se adjuntaba escrito del Sr. Dietz (folio 103 del expediente) en el cual literalmente manifiesta y hace constar "su renuncia al citado tribunal, en el día de hoy, 4 de febrero de 2003, se ha producido el fallecimiento en Madrid de un tío suyo, motivo por el cual excusa su participación en los trabajos (...)"

El incorrecto tratamiento por parte de la Comisión Juzgadora primero, y de la sentencia de instancia, después, en relación a la diferencia entre ausencia y renuncia, viene a ser uno de los motivos de impugnación de la misma.

El Juzgador de instancia considera conforme a derecho que aunque el Sr. Dietz manifestara su renuncia, el tratamiento que diera la Comisión fuera el de ausencia injustificada, aplicando el procedimiento del artículo 7.5 del RD 1888/1984 y procediendo a cesarle en su condición de vocal. A partir de lo anterior, el hecho de que durante todo el proceso la Comisión estuviera constituida por cuatro de sus miembros resultaba, según el juzgador de instancia, conforme a la legalidad.

Ante esta cuestión, hay que señalar la importancia que tiene la diferencia entre la renuncia de un miembro a seguir formando parte de una Comisión y lo que supone la ausencia de un miembro a alguna de las pruebas del proceso. El procedimiento a seguir difiere, y en el presente caso se trató como una ausencia lo que en realidad era una renuncia, hecho [que] constituye una actuación disconforme a derecho, lo que produce que en la realización de las pruebas la Comisión Juzgadora estuviera incorrectamente constituida.

Como venimos manifestando, el tratamiento que la normativa realizaba de la renuncia y de la ausencia es diferente.

En este sentido el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, por el que se regulan los concursos para las plazas de los Cuerpos docentes universitarios, en su redacción dada por el Real Decreto 1427/1986 establecía en relación a la Renuncia en el apartado 10 del artículo sexto que "el nombramiento como miembro de una Comisión es irrenunciable, salvo cuando concurra una causa justificada que impida su actuación como miembro de la misma. En este caso, la apreciación de la causa alegada corresponderá al Rector de la Universidad que convoca la plaza, que deberá resolver en el plazo de cinco días, a contar desde la recepción de la renuncia, actuándose a continuación en su caso, según el procedimiento establecido en el apartado 12 de este artículo". Por su parte el apartado 12 de este mismo artículo establece que "En los casos de abstención, recusación o de causa justificada que impidan la actuación de los miembros de la Comisión Titular, serán sustituidos por sus respectivos suplentes".

Por su parte y en relación a la Ausencia de alguno de los miembros de la Comisión, el artículo 7.5 del RD 1888/1984 establece que "Los miembros de la Comisión que estuvieran ausentes en alguna de las pruebas correspondientes a alguno de los concursantes cesarán en su calidad de miembros de la misma, sin perjuicio de las responsabilidades en que pudieran haber incurrido".

La diferencia entre renuncia y ausencia en el marco de un proceso selectivo es que la primera se refiere a la voluntad de un miembro de la Comisión de dejar de participar como miembro de la misma a partir de un determinado momento (luego habrá de determinarse por el Rector si la causa alegada es justificada o no); sin embargo la ausencia se refiere a la no concurrencia de un miembro a alguna de las pruebas.

En palabras del Diccionario la Renuncia es la "Dimisión o dejación voluntaria de algo que se posee, o del derecho a ello." La Ausencia es la "Acción de ausentarse o estar ausente. Tiempo en el que se está ausente. Falta de alguna cosa."

La renuncia deberá ser cursada por escrito, la ausencia no. Por cuanto, tal y como establece el artículo 6.10 del RD 1888/1984 de constante referencia, el Rector tiene cinco días desde la recepción de la renuncia para resolver sobre la causa alegada por el miembro del Tribunal que desea renunciar. Sin embargo, la ausencia de algún miembro es la falta de asistencia del mismo a alguna de las pruebas, ésa es la razón de que ésta pueda conllevar responsabilidad del que se ha ausentado.

En el caso que nos ocupa, por lo tanto, nos encontramos ante la renuncia del Vocal Sr. Dietz a ser miembro de la Comisión que juzgaba el concurso para la provisión de la plaza para el Cuerpo de Catedráticos de Universidad correspondiente al Área de Conocimiento de Filología Inglesa, por cuanto lo que hace constar en su escrito el Sr. Dietz es "su renuncia al citado Tribunal"; además "excusa su participación en los trabajos". En todos los trabajos, por cuanto su voluntad es dejar de formar parte de la Comisión Juzgadora.

El Sr. Dietz renunció a ser miembro de la Comisión Juzgadora del proceso de referencia.

En este marco, la Presidenta de la Comisión no podía considerar como ausencia lo que constituía una renuncia; a este respecto, en la sentencia de instancia, se manifiesta que posiblemente la razón de que se tratara como ausencia lo que era una renuncia era porque "posiblemente no se estaba ante una causa justificada, ya que se trataba de un familiar no directo y no se aportó el justificante del fallecimiento ni del día en que el mismo se produjo".

Sin embargo, el órgano competente para juzgar si se trataba de una ausencia justificada, no era ni la Presidente ni los demás miembros de la Comisión, sino el Rector de la Universidad de Zaragoza.

En este sentido, la actuación correcta por parte de la Comisión debía de haber comportado la remisión del escrito de renuncia al Rector, órgano encargado de apreciar si concurría causa justificada para ello (artículo 6.10 del RD 1888/1984), circunstancia que no aconteció en el proceso selectivo de referencia, donde fueron los demás miembros de la Comisión los que decidieron calificar a la renuncia como ausencia y seguir el procedimiento para esta última establecido en el artículo 7.5 del RD 1888/1984.

El que la sentencia de instancia considere conforme a derecho esta actuación de la Comisión, dicho con el debido respeto, supone una incorrecta aplicación de las normas que regulan las Comisiones Juzgadoras en este tipo de procedimientos (RD 1888/1984).

En resumen y en relación a esta cuestión, hay que manifestar que la sentencia de instancia realiza una incorrecta interpretación de los artículos 6.10 y 7.5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, por el que se regulan los concursos para la provisión de plazas de los Cuerpos docentes universitarios, por cuanto otorga una potestad no reconocida a las Comisiones Juzgadoras como es cursar como ausencia lo que en realidad es una renuncia; y en segundo lugar como es el juzgar si se está ante una causa justificada o no, cuando no es el órgano encargado para ello.

La consecuencia de la actuación de la Comisión tratando como ausencia lo que era una renuncia fue importante, por cuanto determinó que las pruebas las juzgaran cuatro personas, cuestión a resaltar cuando estamos en procesos selectivos donde hacen falta tres votos para poder ser propuesto para la plaza objeto de provisión.

TERCERA.- Incorrecta valoración de la sentencia de instancia en relación a la aplicación del perfil a los méritos de los concursantes por parte del a Comisión Juzgadora.

La sentencia de instancia viene a entender que la actuación de la Comisión Juzgadora en relación al perfil de la plaza se enmarca en la discrecionalidad técnica que poseen todas las Comisiones Juzgadoras. En este sentido, viene a entender que la Comisión Juzgadora del proceso selectivo de referencia, aun a sabiendas de que el perfil establecido de "lingüística inglesa" era un perfil amplio (por cuanto englobaba muchas asignaturas de la licenciatura) no había querido limitar dicho perfil, por un posible carácter polivalente que se le quería dar a la plaza en cuestión.

Pero es que la cuestión que se dilucidaba en relación al perfil de la plaza, no se circunscribía únicamente a esto.

Una cosa cierta es que el perfil que se había fijado para la plaza en cuestión no respetaba la definición que a este respecto establecía el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, por el que se regulan los Concursos para la provisión de Plazas de cuerpos docentes universitarios, que viene a definir el perfil de la plaza como las actividades docentes e investigadoras concretas que deberá realizar quien obtenga la plaza que la Universidad convoca. Es decir, que el perfil de la plaza no se correspondía con ninguna asignatura de la licenciatura de filología inglesa.

En el presente caso, el perfil propuesto venía a encuadrar casi la mitad de las asignaturas que comprenden la licenciatura de referencia. Sin embargo, y en lo que constituye una actuación arbitraria, la Comisión, en sus informes, manifiesta una inadecuación de los méritos de mi mandante al perfil de la plaza.

Esta manifestación de inadecuación al perfil de la plaza resulta arbitraria, por cuanto contraviene los hechos. Hechos que avalan la trayectoria de mi mandante en el ámbito de la lingüística. En este sentido figuran sus publicaciones avaladas en revistas, libros y editoriales de reconocido prestigio, Sexenios de Investigación, etc.

La Comisión Juzgadora parece haber procedido a limitar el perfil tan amplio fijado a priori, estableciendo que el currículum de mi mandante no se correspondía con tal perfil, eso sí, sin dar ninguna explicación que motive tal decisión.

El perfil de la plaza se fija en la convocatoria del proceso selectivo del que se trate; en este caso, y a juicio de esta parte, el pefil no se ajustaba a la normativa puesto que no se corresponde con ninguna asignatura del plan de estudios, sino a un conjunto de las mismas. Pero una vez fijado dicho perfil, la Comisión Juzgadora no puede proceder a limitarlo a su antojo, como realizó en el presente proceso selectivo, donde procedió a manifestar que el currículum de mi mandante no se correspondía a la Cátedra objeto de provisión, sin dar ninguna argumentación, y cuando esto contraviene los propios méritos de mi mandante puestos de manifiesto tanto en los sexenios de investigación, como en los artículos, revistas, libros, etcétera, publicados en editoriales de reconocido prestigio.

Establecido lo anterior, habrá que colegir que según la interpretación que da la propia sentencia de instancia en relación a los límites de la discrecionalidad técnica de las Comisiones Juzgadoras, la actuación de la Comisión Juzgadora no se adecuó al perfil de la plaza, actuación que resulta disconforme a derecho tal y como se ha manifestado.

En resumen, teniendo en cuenta la amplitud del perfil de la plaza fijado en la convocatoria de referencia, perfil que como se ha manifestado, y quedó probado en la fase de prueba del procedimiento de referencia, no se corresponde con ninguna asignatura en concreto de la licenciatura, sino que puede enmarcar casi la mitad de las mismas, el hecho de que varios miembros de la Comisión manifestaran que el currículum de mi mandante no resultaba acorde con el perfil de la plaza resulta totalmente arbitrario, y absolutamente ausente de motivación, más, cuando, como se viene manifestando, dicha afirmación contrasta con los sexenios de investigación y demás méritos que ostenta mi mandante.

CUARTA.- Incorrecta valoración por parte del juzgador de instancia en relación a la valoración del proyecto de investigación en este tipo de concursos.

En relación a la exigencia de proyecto investigador, la sentencia de instancia viene a reconocer que la normativa de aplicación al proceso selectivo de referencia no exigía la presentación de proyecto de investigación. Sin embargo, viene a manifestar que el que no fuera necesario no quiere decir que no fuera aconsejable su presentación.

Sobre este particular se manifiesta que aunque es cierto que la referencia al proyecto investigador desapareció tras la modificación realizada por el RD 1427/1986, el hecho de que en el punto 9.2 se haga referencia a dicho proyecto investigador, lo hace compatible con una valoración del mismo.

Sin embargo, una interpretación sistemática del articulado nos permite afirmar que la normativa no recogía la valoración de proyecto de investiga[ción] para la primera prueba de esta clase de procesos selectivos, hecho que reservaba para el segundo de los ejercicios.

En este sentido, si se trae a colación el punto tercero de este artículo nueve del RD 1888/1984, se observa que éste contempla en relación a la primera prueba lo siguiente:

"La primera prueba de estos concursos será pública y consistirá en la exposición oral por el concursante, en el tiempo que estime oportuno, de los méritos alegados y la defensa del proyecto docente presentado. Seguidamente la Comisión debatirá sobre sus méritos, historial académico e investigador y proyecto docente presentado. Esta prueba tendrá carácter eliminatorio para todos aquellos concursantes que no obtengan en la misma, al menos tres votos".

Es decir, que el hecho de que se haga referencia al proyecto docente e investigador en el punto segundo del artículo 9.2 del RD 1888/1984, sólo puede imputarse a una incorrección de la técnica legislativa, en el sentido de que la modificación llevada a cabo por el RD 1427/1986 no tuvo en cuenta que en el apartado segundo del artículo 9 se hacía también referencia a dicha cuestión.

No obstante, y como se viene manifestando, una lectura sistemática de la normativa relativa a los concursos regulados en los artículos 35 a 38 de la Ley de Reforma Universitaria sólo puede llevar a la conclusión de que la primera de las pruebas de este tipo de concursos no contempla la valoración de un proyecto investigador. Y el hecho de que se contemplara como uno de los criterios de valoración en primer lugar, y valorando negativamente su no aportación por parte de la Comisión, supone un comportamiento totalmente disconforme a derecho.

En este sentido, se hace necesario recordar que los criterios de valoración recogían la valoración del proyecto investigador como uno de los requisitos a tener en cuenta para la provisión de la plaza en cuestión. Y los miembros de la Comisión recriminaron su no presentación al Sr. García Landa, tal y como consta en los informes razonados.

En relación a esta cuestión, la sentencia de instancia viene a entender que es posible la interpretación que suponga la valoración de un proyecto de investigación aunque no sea obligatoria su presentación en este tipo de procedimientos. Sin embargo, esta afirmación, dicho sea con el debido respeto, no puede considerarse conforme a derecho.

Y esto por cuanto y como se ha manifestado, este criterio estaba contemplado en la normativa de aplicación a los concursos regulados por los artículos 35 a 38 de la Ley de Reforma Universitaria (sin embargo, sí que estaba contemplado para los concursos regulados en el apartado 3 del artículo 39 de la Ley de Reforma Universitaria).

En relación a esta cuestión, se trae a colación la sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional nº 138/2000, de 29 de mayo (rec. 3061/1996) que señala lo siguiente:

"los criterios que para la valoración de las pruebas ha de fijar y hacer pública la Comisión evaluadora deben respetar y ser compatibles en todo caso con las normas reguladoras del procedimiento selectivo, las cuales, en consecuencia, no pueden ser desconocidas e ignoradas en el establecimiento e interpretación de tales criterios"


Esta conclusión trae causa en una argumentación anterior en relación a los criterios exigibles en un concurso para acceder a profesor titular de universidad, que a la sazón también estaba regulado en el artículo 9 del RD 1888/1984, de 26 de septiembre, por el que se regulan los concursos para la provisión de plazas de los Cuerpos docentes universitarios en la redacción dada por el RD 1427/1986. En este sentido, la sentencia entiende que hay que respetar la normativa reguladora de los procesos respetando los límites que ésta impone. En la sentencia traída a colación, se otorga el amparo al recurrente por cuanto en el proceso al que se había presentado se había aplicado el mérito de la experiencia docente como requisito encubierto para acceder a la plaza.

En relación a esta cuestión, esta sentencia, en su Fundamento Noveno, señala lo siguiente:

"No cabe duda, ciñéndonos al caso que ahora nos ocupa, que la experiencia docente, a tenor de lo dispuesto en los arts. 37.2 LORU y 9.3 y 4 del Real Decreto 1888/1984, de 26 Sep., en la relación dada por el Real Decreto 1427/1986, puede ser uno de los méritos aportados por los candidatos a plazas de Profesor Titular de Universidad y que ha de ser valorado por la Comisión evaluadora en la selección de los aspirantes en el marco de la primera de las pruebas del concurso junto con otros méritos, el historial académico e investigador y el proyecto docente presentado por cada candidato."


En lo que aquí interesa, llamamos la atención sobre que el Tribunal Constitucional, en este tipo de procesos (como el que nos ocupa) regulados en los artículos 35 a 38 de la Ley de Reforma Universitaria, y en virtud de lo establecido en el artículo 9 del RD 1888/1984, en la redacción dada por el RD 1427/1986, considera como méritos valorables: la experiencia docente, historial académico e investigador, proyecto docente presentado, y otros méritos.

Es decir, que no se contempla como mérito la valoración de proyecto investigador, ni por la normativa de aplicación ni por la jurisprudencia que la interpreta.

Establecido lo anterior, habrá que afirmar con rotundidad la total disconformidad a derecho de que en los criterios de valoración se contemplara como mérito a valorar el proyecto investigador. Por lo tanto, la sentencia de instancia, al considerar la posibilidad de valoración del proyecto de investigación como mérito, vulnera la normativa de aplicación (RD 1888/1984, en la redacción dada por el RD 14271986), así como la jurisprudencia.

Una vez determinado lo anterior, se hace necesario señalar que, dicho con el debido respeto, el Juzgador de instancia minimiza el alcance que hay que darle a esta cuestión, señalando que como en el apartado en el que se valoraba el proyecto investigador se compartía también la valoración del proyecto docente y era de un 20%, la máxima puntuación que se podía obtener por este concreto apartado era de 10.

Sin embargo, la incidencia de un incorrecto criterio de valoración no se limita a la puntuación asignada al mismo (puntuación que además no se hubiera limitado a lo manifestado en la sentencia, por cuanto el porcentaje indebidamente asignado a este criterio hubiera recrecido a otro) sino que el hecho de haber incluido incorrectamente como mérito la valoración de un proyecto [investigador] supone una actuación irregular de la Comisión Juzgadora del proceso selectivo de referencia, lo cual permite afirmar que existe una quiebra de la presunción de legalidad de la actuación de esta Comisión en el concurso para la provisión de una plaza de Catedrático en el Área de Conocimiento de Filología Inglesa en la Universidad de Zaragoza.

Pero es que, en relación a esta cuestión, aún hay más. Consta en el expediente administrativo cómo desde el principio mi mandante ha sostenido que en la voluminosa documentación que se entregó a la primera prueba del proceso selectivo de referencia sí que se incluía proyecto investigador; este hecho también se puso de relieve en el acto del juicio.

En este sentido, consta en las carpetas 81 y 82 de la documentación listada en el currículum el proyecto investigador que tiene como título "Narración, Interacción e Interpretación".

Es decir, que mi mandante que presentó proyecto investigador.

Por lo tanto, resulta doblemente arbitraria la actuación de la comisión, en primer lugar incluyendo como mérito a valorar un proyecto investigador cuando esto no lo permite la normativa de aplicación a este tipo de concursos, y en segundo lugar por cuanto, si se observa la documentación que se acompañó a la prueba del proceso de referencia, se observa cómo sí que había proyecto investigador; por tanto resultan arbitrarias las afirmaciones de los Informes razonados de los miembros de la Comisión que manifiestan su inexistencia.

Por lo tanto y también por esta razón procede la revocación de la sentencia de instancia.

QUINTA.- Incorrecta interpretación por parte de la sentencia de instancia de la normativa de aplicación en relación a la obligación en este tipo de procesos de que se considere la actividad investigadora como mérito prioritario.

En relación a esta cuestión, hay que recordar que los criterios de valoración otorgaban un 40% a la actividad investigadora, un 30% a la experiencia docente, un 10% a la experiencia de gestión, y un 20% a la valoración del proyecto docente e investigador.

Dice la sentencia de instancia que la prioridad no puede interpretarse como que el mérito deba computarse de forma mayoritaria; en este sentido además considera que si tenemos en cuenta la valoración del proyecto investigador, las cuestiones relacionadas con la investigación llegan al 50%.

A este respecto, hay que manifestar con rotundidad que no puede considerarse conforme a derecho la valoración como mérito en este tipo de procesos del proyecto de investigación; por lo tanto, no puede resultar conforme a derecho su inclusión como mérito investigador. Por otra parte, una cosa es un proyecto de investigación, y otra la actividad investigadora desarrollada por un candidato.

El artículo 8.2 del RD 1888/1984 establece con relación a los criterios, además de que al primer ejercicio deberá asignársele como mínimo un valor doble y como máximo un valor triple que al segundo ejercicio, también que se deberá evaluar como mérito prioritario las actividades de investigación.

En este sentido, habrá que considerar, tal y como establece la jurisprudencia, que mérito prioritario supone, de algún modo, que esta actividad investigadora representa una prima adicional en el conjunto de méritos de cada uno de los concursantes, y que se incorpora como un factor valuable privilegiadamente en comparación con el resto de su actividad y su currículum profesional.

En este sentido, la actividad investigadora no puede contemplarse por parte de la Comisión como un mérito más de entre todos los que deben de tenerse en cuenta.

Siguiendo con lo anterior, el hecho de que la valoración de la actividad investigadora únicamente tuviera un peso del 40% no supone su caracterización como mérito prioritario, por cuanto un candidato sin absolutamente ninguna actividad de este tipo, pero con unas puntuaciones elevadas en los demás apartados, podía superar esta primera prueba por delante de un candidato con el máximo de puntuación en el apartado de la actividad investigadora.

Esta circunstancia precisamente es la que se pretende evitar con el establecimiento como mérito prioritario de la actividad investigadora en el artículo 8.2 del RD 1888/1984; por lo tanto, la interpretación que sobre esta cuestión realiza el juzgador de instancia tampoco resulta conforme a derecho.

SEXTA.- Incongruencia omisiva de la sentencia de instancia en relación a la irregularidad en la votación de la primera prueba por parte de la Comisión Juzgadora.

En relación a esta cuestión, la sentencia de instancia guarda silencio. No obstante, se hace necesario llamar la atención sobre la falta de conformidad de las votaciones de los miembros de la Comisión con la puntuación otorgada al candidato y con, lo que es más grave, los informes razonados de los miembros de la Comisión, [que] no se corresponden con las votaciones otorgadas.

En este sentido, la propia sentencia de instancia, en su fundamento octavo, señala que los miembros de la Comisión fueron más críticos con [el Sr. García Landa] que con el resto de candidatos, "especialmente la señora Onega y el señor Garrudo, folios 112 y 113". Sin embargo, el único voto que le fue otorgado a mi mandante fue de la Sra. Onega, precisamente uno de los miembros de la Comisión más críticos con el Sr. García Landa.

Y es que una cosa es la valoración que se realice de los méritos de los concursantes para motivar la decisión de la Comisión, y otra que, como parece desprenderse de la actuación de la Comisión, ésta haya trasladado dicha puntuación a un número determinado de votos, cuestión que resulta disconforme a derecho.

Mientras que en la primera prueba los miembros de la Comisión pueden votar a todos los candidatos o a alguno de ellos, en la segunda de las pruebas deben seleccionar a uno de los mismos, en orden a proponerlo para la provisión de la misma.

Como se ha manifestado, el hecho de que precisamente una de las personas más críticas con mi mandante en su informe razonado ha sido la que le ha otorgado el voto, resulta un comportamiento arbitrario y por lo tanto vedado en nuestro ordenamiento jurídico.

En este sentido, y tal y como señala el TSJ de Cataluña en su sentencia de 8 de marzo de 2006, dictada al recurso 673/2002:

"(...) una cosa es el voto para superar el primer ejercicio y otra diferente es la puntuación que cabe otorgar al mismo. La primera prueba del concurso tiene carácter eliminatorio, según dispone el art. 9.3 del RD 1888/1984, por lo que los miembros de la Comisión han de votar si estiman que los concursantes han "aprobado" la primera prueba, por reunir los méritos suficientes para ocupar la plaza convocada; lógicamente, en esta primera prueba, los miembros de la Comisión pueden votar a todos los concursantes según consideren que reúnen méritos suficientes para ocupar la plaza, a diferencia de la segunda prueba donde el voto sólo puede ser otorgado a uno de los concursantes, que es el finalmente elegido por cada miembro de la Comisión en el procedimiento de concurrencia competitiva".


Sobre este particular, también se puede traer a colación [la] sentencia de la sala de lo contencioso-administrativo del TSJ de Galicia de 4 de marzo de 2002, dictada al recurso 877/2000

Esta sentencia se enmarca en un procedimiento sobre provisión de plaza de Catedrático en la Universidad de Santiago de Compostela. En la misma se procede a desestimar el recurso planteado contra la propuesta de la Comisión de Reclamaciones de la Universidad, en la cual, estimando las alegaciones de uno de los concursantes, no ratifica la propuesta de la Comisión Juzgadora.

En este sentido, precisamente uno de los argumentos de la no ratiticación de la propuesta era la incoherencia entre los informes y votos emitidos por los miembros de la Comisión Juzgadora. Pronunciándose en los siguientes términos:

"(...) el Presidente tras calificar de "Brillante" y "Excelente" el currículum del aspirante Sr. E., vota sin embargo al Sr. U. cuyo currículum había calificado de "Meritorio" o "Bueno". El Vocal 3º que, por un lado, calificó la exposición y defensa del currículum y proyecto docente del Sr. E. como "Muy buena" y la exposición y defensa del proyecto de investigación como "Aceptable" y, por otro, calificó, por iguales apartados, al actor Sr. S. con las calificaciones de "Aceptable" y "Muy buena", teniendo en cuenta el valor doble o triple de la primera prueba tendría que haber votado a favor del Sr. E. y, sin embargo, lo hizo a favor del Sr. S. Al recurrente se le valora negativamente la exposición de su proyecto docente y, pese a ello, le otorgan cinco votos y una calificación global de 7,4 puntos."


Dicho lo cual, la sentencia de este Tribunal entiende que en dicho proceso selectivo se habían producido irregularidades de magnitud suficiente, para afirmar que habían alterado los principios de igualdad, mérito y capacidad que deben regir en estos procedimientos de selección, razón por la cual estimaban conforme a derecho la no ratificación por parte de la Comisión de Reclamaciones de la propuesta realizada por la Comisión Juzgadora.

Por lo tanto, y aplicado al caso que nos ocupa, el hecho de que una de las personas más críticas en su informe otorgara su voto a mi mandante, junto con el hecho de que parece que este voto responde a una traslación de la puntuación otorgada a los candidatos a un número determinado de votos, resulta una actuación disconforme a derecho y vulneradora de la normativa de aplicación a este tipo de concursos.

De todo lo anterior se infiere que la sentencia de instancia no ha interpretado correctamente la normativa de aplicación a este tipo de procesos (Ley de Reforma Universitaria y RD 1888/1984, modificado por el 1427/1986), por cuanto la actuación de la Comisión Juzgadora del concurso de referencia resutó arbitraria y vulneradora de los principios de igualdad de mérito y capacidad que deben concurrir en todo proceso selectivo.

En este sentido y teniendo en cuenta que los Tribunales jurisdiccionales pueden y deben controlar que no exista interdicción de la arbitrariedad de la Administración en el ejercicio de sus potestades discrecionales, procede la estimación del presente recurso, con la consiguiente revocación de la sentencia de instancia.

SÉPTIMA.- Conclusión

En resumen de todo lo expuesto, habrá que colegir que la sentencia de instancia, dicho con el debido respeto, debe ser revocada por cuanto adolece de vicios de antijuridicidad.

En este sentido, dicha sentencia realiza una incorrecta interpretación de las normas reguladoras de los procesos selectivos regulados por los artículos 35 a 38 de la Ley de Reforma Universitaria, aplicados al proceso selectivo en el que participó mi mandante para una plaza de Catedrático en el Área de Conocimiento de Filología Inglesa en la Universidad de Zaragoza.

En primer lugar, y en relación a los criterios de valoración, la sentencia de instancia realiza una aplicación incorrecta del requisito contemplado en el artículo 8.2 del RD 1888/1984, en relación a que los criterios de valoración de este tipo de procesos selectivos deben tener en cuenta la actividad investigadora como mérito prioritario. Asimismo, la sentencia de instancia, al considerar conforme a derecho que los criterios de valoración incluyeran como mérito a valorar el proyecto investigador, también incurren en vulneración de lo establecido a este respecto en el artículo 9 del RD 1888/1984, en la redacción dada por el RD 1427/1986, así como en la jurisprudencia que se ha traído a colación.

En segundo lugar, también la sentencia de instancia resulta incorrecta en relación a la aplicación del perfil de la plaza a los méritos de los concursantes. En este sentido, y aun siendo que había un perfil muy amplio (por cuanto se corresponde con la mitad de las asignaturas de la licenciatura) la Comisión había procedido a limitar en su aplicación el perfil, considerando que los méritos de mi mandante no se correspondían al mismo, cuando éste en ese ámbito tiene sexenios de investigación, así como multitud de artículos publicados en revistas de reconocido prestigio. La sentencia, de forma incorrecta, a juicio de esta parte, da por buena la aplicación realizada del perfil a los méritos de los concursantes en el proceso selectivo de referencia.

En tercer lugar, la sentencia de instancia realiza una incorrecta interpretación de la normativa en relación a la constitución de las Comisiones Juzgadoras, a partir de la renuncia de uno de sus miembros. Tal y como se ha traído a colación, resultó antijurídico el procedimiento seguido por parte de la Comisión ante la renuncia del vocal Sr Dietz. A juicio de esta parte, la sentencia a este respecto vulnera lo establecido en el artículo 6.10 del RD 1888/1984, de constante referencia.

En cuarto lugar y por último, también se ha hecho referencia a la falta de pronunciamiento por parte de la sentencia en relación a dos cuestiones. Sobre el hecho de que mi mandante sí que presentó proyecto de investigación (documentos nº 81 y 82 del currículum) lo cual contraviene lo establecido por los miembros de la Comisióin en sus informes razonados, y en segundo lugar en relación a la falta de pronunciamiento de la sentencia sobre la arbitrariedad en los puntos otorgados por la Comisión, sobre todo en relación a que el único voto otorgado al Sr. García Landa fue por la Sra. Onega, que había sido uno de los miembros más críticos con el mismo (tal y como reconoce la propia sentencia de instancia).

Establecido todo lo anterior, se está en condiciones de exigir una sentencia estimatoria del presente recurso de apelación, por la cual se proceda a la revocación de la sentencia de instancia, anulando la resolución recurrida, nombrando una nueva Comisión Juzgadora y procediendo a la retroacción del proceso selectivo al momento en que debieron de fijarse los criterios de selección.

Por lo expuesto,

SUPLICO AL JUZGADO PARA LA SALA, que teniendo por presentado este escrito se sirva admitirlo, tenga por interpuesto recurso de apelación contra la sentencia nº 224/2007 de este Juzgado, dictada en los presentes autos el día 3 de julio de 2007, y, en su virtud y previos los trámites pertinentes, proceda a remitir los autos a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, de la que se solicita dicte en su día sentencia estimatoria del presente recurso de apelación por la que, con revocación de la sentencia de instancia, proceda a anular las resoluciones recurridas, y nombrando una nueva Comisión Juzgadora, se proceda a retrotraer el procedimiento al momento en que debieron de fijarse los criterios de valoración. Y todo ello con imposición de las costas a la Administración demandada.

(...)

Es justicia que pido en Zaragoza a 26 de julio de 2007.



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Domingo, 19 de Julio de 2009 23:13. José Ángel García Landa Enlace permanente. Cátedra


Fallamos

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FALLAMOS:
Primero:
Desestimamos el recurso de apelación interpuesto por Don José Angel García Landa, contra la sentencia 224/2007, de 3 de julio, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Zaragoza, recaída en el Procedimiento Abreviado 459/06.
Segundo: Imponemos las costas a la parte apelante.
Así lo acuerdan y firman los Ilmos. Señores anotados al margen.

Aunque en el margen no hay nada anotado, hay que entender que son los que figuran en el encabezamiento:

ILUSTRÍSIMOS SEÑORES
PRESIDENTE:
D. Jaime Servera Garcías
MAGISTRADOS:
D. Eugenio Ángel Esteras Iguácel
D. Fernando García Mata

—son jueces del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección 2ª), fallando sobre el "Rollo de apelación nº 2306 del año 2007", en un caso más de la serie "José Ángel García Landa contra Universidad de Zaragoza". La sentencia ésta es del 1 de julio, y me ha llegado hoy la notificación.

Termina así, supongo, un largo proceso que empezó en 2003, con la malhadada oposición a cátedras a que me presenté en el Departamento de Filología Inglesa y Alemana de la Universidad de Zaragoza (la vacante dejada por la jubilación de la Dra. Olivares). Que vacante quedó en la oposición, y vacante sigue, y vacante seguirá hasta que se presente alguien más del agrado (discrecional) de los catedráticos de nuestro departamento.

Como se dice aquí, ya perdí un primer juicio sobre esta cuestión en primera instancia, hace un par de años. En su momento ya comenté esa sentencia. El juez consideró, con argumentos de muy baja categoría lógica, ética y jurídica, que la Comisión evaluadora constituida por los catedráticos Dres. Garrudo, Dietz, González Groba y Martínez Vázquez, y presidida por la Dra. Onega, no cometió irregularidades. Y la presente sentencia de los magistrados del TSJA corrobora esa postura, con argumentos de solidez similar.

Como el asunto lo merece, iré comentando puntos de esta sentencia por partes, en una serie de posts. Sin mucha prisa.

Para mí vale la pena volver al tema, porque en mi trabajo y mi carrera este asunto de la cátedra ha sido un antes y un después. Para empezar, me ha desilusionado de intentar promocionarme, en un sistema donde lo que cuenta realmente no son los méritos objetivos, sino los sistemas de alianzas, y toda la parafernalia de las oposiciones es una pantalla destinada a ocultar las auténticas razones por las cuales se aprueba o se suspende a un candidato. A eso ya no juego más, una vez conocidas las reglas invisibles.

Por otra parte, todas las personas que se trataban conmigo en la Universidad antes de la oposición dejaron de tratarse después, haciendo piña alrededor de la catedrática y presidenta del tribunal de oposiciones. Salvo tres o cuatro colegas con quienes mantengo trato, ninguno de los profesores de mi departamento se ha interesado en ningún momento por saber si el procedimiento de la oposición había sido correcto o no, o qué razones tenía yo para recurrir y sentirme agraviado por el resultado de esa oposición. Todos han dado por bueno que, tras una carrera académica brillante, un tribunal me cascase así porque sí, por discrecionalidad, una calificación de uno coma ocho sobre diez, no para darle la plaza a otro (ni siquiera para eso), sino para dejarla vacante. Eso, en un departamento que por entonces tenía unos noventa profesores y una sola catedrática—la Dra. Onega, presidenta del tribunal. Ha sido un proceso de cierre de filas espectacular—como trazar una raya en el suelo y hacer que la gente se posicione a un lado o a otro. Sin necesidad ninguna aparente de hacerlo—y sin que la gente, a la hora de posicionarse, estudie el tema así con el cerebro o con el criterio, claro: el posicionamiento se da sólo por motivos de estrategia y conveniencia. Son cosas que, naturalmente, le abren a uno los ojos sobre las personas y las maneras de actuar.

Aparte, estos grupos han cerrado filas alrededor de la catedrática desde entonces también en otros casos, apoyando decisiones contrarias a derecho tomadas por ella y que me perjudicaban directamente. Así, una normativa impulsada por la Dra. Onega como coordinadora del postgrado de Estudios Ingleses ha llevado a excluir del máster o del doctorado a quien no pertenezca a los "grupos de investigación" de los coordinadores, sin entrar a baremar sus méritos ni respetar su jerarquía ni capacitación profesional. Este asunto también ha acabado en los tribunales de lo contencioso administrativo, con mejor fortuna de momento.

De los miembros del tribunal de oposiciones de la cátedra, sólo diré que el proceso estuvo plagado de irregularidades de todo tipo, de fondo y de forma, y que en ningún momento han intentado justificar su actuación o sus criterios con argumentos sostenibles públicamente, ni administrativos ni filológicos. Yo sí justifico, dando razones, por qué digo que la oposición fue una merienda de negros. El debate es público: está aquí, o donde decidan iniciarlo ellos. Pero es más seguro atenerse al silencio. Porque es muy de temer que no tengan argumentos más sólidos que los que aportan estos jueces en sus sentencias.

Y la categoría de estos argumentos (la categoría jurídica y la intelectual) la vamos a ir viendo en detalle aquí, punto por punto.



La sentencia de la Cátedra I

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Martes, 07 de Julio de 2009 21:58. José Ángel García Landa Enlace permanente. Cátedra


Impunidad de los expertos

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Un tirón de orejas le han dado a la ANECA por arbitrariedades en el proceso de acreditación a profesores. Nos pasa esta información FETE-UGT:

"El Consejo de Universidades enmienda propuestas sobre evaluaciones de acreditación que había presentado la ANECA y ordena que las actuaciones de las comisiones de acreditación se retrotraigan a la fase de emisión de informe por los expertos designados al efecto, en contestaciones a reclamaciones presentadas. El pasado mes de noviembre, y a la vista del cúmulo de quejas recibidas sobre los informes de expertos que se iban conociendo en los que no constaba motivación como tal sino que eran meras apreciaciones subjetivas o algunas veces eran hirientes, la FETE-UGT levantó su voz denunciando las actuaciones de la ANECA y exigiendo ’cambios inmediatos que subsanen el procedimiento que ampara la impunidad de los expertos y que vulnera los principios de mérito e igualdad’.

Ahora hemos tenido conocimiento de que el Consejo de Universidades, a través de su Comisión de Reclamaciones, ha resuelto estimar diversas reclamaciones presentadas ya que ’encuentra en ellos [en los expedientes] numerosas deficiencias formales que dificultan una garantía suficiente de los principios rectores del acceso a la función pública y del derecho de tutela judicial efectiva’" (El Boletín de Universidad nº 56)


—y pasa FETE-UGT a detallar más medidas de control que estima necesarias.

Hay que resaltar que esto sucede en el marco de un proceso que ya está muy reglado, con baremos públicos que regulan la puntuación de los méritos, en un proceso donde la arbitrariedad de las comisiones ha de tener un margen muy escaso. (Otra cosa será, quizá, en el concurso de acceso en la propia universidad...  Supongo que en muchos se seguirán cociendo habas con mayor alegría.)

Cuando no había acreditaciones ni habilitaciones, sino sólo concursos de acceso, me presenté a una oposición de cátedra—una de las últimas, hace cinco años— y fui una víctima (bueno, lo fuimos todos los candidatos) de esa impunidad de los expertos. A pesar de mi buena carrera hasta la fecha, con premios, abundantes publicaciones, méritos reconocidos oficialmente (tramos de investigación, etc.), no tenía yo un requisito requerido: la bendición del tribunal.

Así que tras una oposición que fue un espectáculo,  la comisión evaluadora me cascó un "1,8" sobre 10, así con un par de. Y se cargaron también a todos los demás candidatos, de la casa y de fuera de ella, en el primer ejercicio.  Esto en un departamento con casi cincuenta funcionarios y una sola cátedra por entonces—la de la presidenta del tribunal, la Dra. Onega. Toda una desautorización de tamaño colosal—desautorización de un departamento de inútiles que tras quince años sin oposiciones a cátedras en su casa no logran sacar una cuando se convoca. O bien desautorización del propio tribunal, que es la tesis por la que me incliné (yo solo: ni el Rectorado, ni el Departamento).

Envié un voluminoso recurso al Rector detallando numerosas irregularidades, como esta denuncia relativa a la arbitrariedad de los "expertos", que es el tema que hoy me ocupa:

CINCO. Deseo recalcar que conozco el concepto de la llamada “discrecionalidad técnica” de las Comisiones, y que la argumentación de mis recursos anteriores va dirigida al uso inadecuado de tal discrecionalidad. No puede entenderse la discrecionalidad técnica en el sentido de libertad para contravenir principios básicos del campo de conocimiento para el cual se nombra a los expertos; por ejemplo, determinando que “Estilística” o “Lengua y Literatura” no son materias pertenecientes a la Lingüística, a contrario de las argumentaciones de la comisión, y como se puede comprobar consultando cualquier manual o los campos de conocimiento de la UNESCO. Rogamos pues se determine si la discrecionalidad técnica significa que la comisión puede reorganizar las bases del saber humano, o si por el contrario sus miembros deben atenerse precisamente a los criterios técnicos para cuya aplicación se les ha nombrado.

(Otra que tal: )

SEIS. En mis recursos anteriores expresaba sorpresa por el hecho de que la Comisión use los votos como si fueran puntos, valorando primero por común acuerdo a los candidatos y procediendo luego a darles un número de votos según la puntuación obtenida. Reitero mi petición de que se determine si este modo de proceder es conforme a derecho. Pues, tras el común acuerdo de la Comisión, ¿en qué criterio racional habría de fundarse la asignación de voto a cada uno de sus miembros? ¿En preferencias personales? ¿O bien se realizaría un sorteo arbitrario? Y ruego además se determine si es racional y justo, habiendo acordado la Comisión una puntuación de suspenso para todos y cada uno de los candidatos, que a continuación alguno de los miembros de la Comisión haga figurar un voto positivo a tal o cual candidato, en flagrante contradicción con la puntuación asignada. ¿Puede votarse a favor de un candidato al cual se ha asignado, por común acuerdo con los otros tres miembros de la comisión, una puntuación de 1’8 sobre 10? ¿No se supone que expresan la puntuación, y la votación, la valoración que merece el candidato a cada uno de los miembros de la comisión?


Y es que la Dra. Onega, naturalmente "votó a favor" mío y de todos sus demás colegas de la casa.

En fin, y decenas de folios más con cuestiones de este calibre, tanto conceptuales como defectos de forma. El Rector (Pétriz) no respondió nunca a mis recursos por escrito: sí me recibió, e intentó desanimarme diciendo que la única manera en que podría contestar era abriéndome a mí un expediente investigador. Y lo abrió en efecto, a instancia mía, visto que investigarme a mí era la única manera de investigar nada, para el Rector.  

Pero la investigadora nombrada, una colega de la Facultad, se quitó el muerto de encima por la vía rápida: si existió su informe, jamás lo ví, ni consta en el expediente del caso. En cualquier caso, le hizo saber al Rector (supongo que de palabra) que todo eran problemas "de desavenencias personales" entre yo mismo y la presidenta del tribunal. Cuestiones de rencillas personales, oigan. Aunque de responder a mis denuncias de irregularidades de modo razonado, ni una letra, por supuesto. Como para ponerle un pleito a la investigadora. Pero carpetazo al asunto, y a correr. Ahora la investigadora es vicerrectora; y Pétriz director de universidades—gente que hace universidad, y sabe de qué va el percal, vamos. Cuando se denuncian mangoneos, no suele faltar quien haga lo posible por taparlos, o por ponerse de perfil, y dejar que vaya a misa lo que dice el catedrático. Que así seguro que acierta, y así es como se potencia el funcionamiento habitual y estable de las instituciones.

En cuanto a mí, llevé el asunto a contencioso administrativo, ante el silencio del Rectorado—silencio seguido por su solicitud expresa al tribunal de que no se oyera el asunto ni se admitiera a trámite. Pero bueno, se admitió...  se desestimó también—con flojas razones, créanme. En los tribunales sigue la cosa.  

Y mientras, los expertos, de comisión en comisión.

 

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Martes, 20 de Enero de 2009 09:58. José Ángel García Landa Enlace permanente. Cátedra


Información de Comisiones

CC.OO informa:

Se ha publicado el Acuerdo del Consejo de Universidades con la designación de las comisiones de acreditación nacional, en el BOE 299 de 14 de diciembre.

http://www.boe.es/boe/dias/2007/12/14/pdfs/A51424-51428.pdf

Se han aprobado las condiciones de los planes de estudios de los títulos oficiales de Grado para el ejercicio de las actividades 
profesionales reguladas de Arquitecto, Arquitecto Técnico, Maestro en Educación Infantil, Maestro en Educación Primaria, Médico, Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas y Veterinario, en el Consejo de Ministros celebrado el 14 de diciembre.

http://www.la-moncloa.es/ConsejodeMinistros/Referencias/_2007/refc20071214.htm#T%C3%ADtulos

En Filología Inglesa, para quien le dé pereza mirar, se ha nombrado a Román Álvarez y a Fernando Galván, para la comisión de acreditación para profesores Titulares de Universidad.

Para la comisión de acreditación de catedráticos, se ha nombrado a Susana Onega.

Visto que en los últimos cuatro años he presentado no menos de veinte denuncias, recursos y pleitos contra decisiones administrativas tomadas por Susana Onega o inspiradas/alentadas por ella....

... mejor me abstengo de intentar acreditarme en esta sesión, ¿no?

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Lunes, 17 de Diciembre de 2007 13:39. José Ángel García Landa Enlace permanente. Cátedra


Recurso de apelación

(31 de julio de 2007)

Sobre el tema de la cátedra de 2003... aún. Me envía esta información mi abogada.

Hoy ha quedado presentado el recurso de apelación.  El recurso consta de siete alegaciones, una Primera que viene a identificar los fundamentos de la sentencia de instancia que se consideran disconformes a derecho. Que son cuatro: Composición del Tribunal, el tema del perfil, el establecer la valoración de proyecto investigador como uno de los criterios a tener en cuenta y el tema de que los criterios de valoración no recogen la actividad investigadora como un mérito prioritario.

A la impugnación de estas cuestiones se añaden dos, a las que no se hace referencia en la sentencia de instancia: 1- El hecho de que sí que se presentó proyecto investigador, 2.- El tema sobre la irregularidad en las votaciones.

PS: La abogada rebate, con argumentos a mi juicio irrefutables, el razonamiento de la sentencia de instancia, concluyendo que es antijurídica, viciada en sus argumentos, y debe ser revocada. Resumiendo:

- Vicios relativos a la composición del tribunal: La presidenta de la Comisión no es quien ha de decidir sobre la renuncia presentada por uno de los miembros, sino el Rector: sin embargo, no se dio traslado al Rector de esa renuncia. La sentencia se equivoca al dar por buena la confusión que se hizo de renuncia y mera ausencia.

- Vicios relativos a la aplicación del perfil: Una vez establecida la legitimidad de un perfil que abarca la mitad de las materias de nuestra área de conocimiento, no puede legítimamente excluírseme como inadecuado para ese perfil —y eso sin ofrecer ninguna explicación—habida cuenta de mi extenso currículum investigador con reconocimiento y evaluación oficial y en revistas y editoriales de reconocido prestigio, etc. Vamos, que no le gustaban al tribunal, al parecer, la narratología, la hermenéutica, el análisis del discurso o la estilística, o no les gustaba yo, y lo resolvieron por la vía rápida diciendo que eso no es lingüística. Pero eso entra dentro de la arbitrariedad del tribunal, no de su discrecionalidad técnica.

- Vicios relativos a la valoración del proyecto de investigación. El más gordo, ignorado por el juez: que aunque la comisión dice como un solo hombre que no presenté proyecto de investigación, allí está en los papeles que les entregué. Ni palabra sobre el asunto tiene el juez. Y ya es vicio, ya. Sin contar con que ni siquiera tenían derecho a exigir la presentación de ese proyecto en el primer ejercicio, como reconoce a regañadientes el propio juez.

- Vicios relativos a "la obligación en este tipo de procesos de que se considere la actividad investigadora como mérito prioritario". Como argumenta mi abogada, "el hecho de que la valoración de la actividad investigadora únicamente tuviera un peso del 40%, no supone su consideración como mérito prioritario, por cuanto un candidato sin absolutamente ninguna actividad de este tipo, pero con unas puntuaciones elevadas en los demás apartados, podía superar esta primera prueba por delante de un candidato con el máximo de puntuación en el apartado de la actividad investigadora"—un razonamiento que pueden entender hasta los de matemáticas.

- Vicios relativos a irregularidades en la votación.  Aquí hace falta una pequeña cita del recurso:

"En relación a esta cuestión, la sentencia de instancia guarda silencio; no obstante, se hace necesario llamar la atención sobre la falta de conformidad de las votaciones de los miembros de la Comisión con la puntuación otorgada al candidato y (...) lo que es más grave, los informes razonados de los miembros de la Comisión no se corresponden con las votaciones otorgadas.

En este sentido, la propia sentencia de instancia, en su fundamento octavo, señala que los miembros de la Comisión fueron más críticos con [José Ángel García Landa] que con el resto de candidatos, "especialmente la señora Onega y el señor Garrudo, folios 112 y 113". Sin embargo, el único voto que le fue otorgado a mi mandante fue de la Sra. Onega, precisamente uno de los miembros de la Comisión más críticos con el Sr. García Landa".

Tras citar precedentes de sentencias que declaran antijurídica en las oposiciones la incongruencia entre el informe razonado y la votación,

"y aplicado al caso que nos ocupa, el hecho de que una de las personas más críticas en su informe otorgara su voto a mi mandante, junto con el hecho de que parece que ese voto responde a una traslación de la puntuación otorgada a los candidatos a un número determinado de votos, resulta una actuación disconforme a derecho y vulneradora de la normativa de aplicación a este tipo de concursos".

Vamos, que si tras su actuación injusta y arbitraria la Dra. Onega pensaba que quedaba cubierto el expediente dándome su voto (sobre el papel, vamos) de modo gratuito e injustificado—o si pensaba que con eso se hacía menos extraña y sospechosa su actuación—estaba muy equivocada.

Esperemos que la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, a donde se remitirá el asunto ahora, tenga mejor criterio que la comisión evaluadora, que el Rector, y que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 2.

Esperemos—pero sin confianza alguna, visto lo visto hasta ahora, y vistos los criterios que se llevan a misa y se lucen con toda la tranquilidad del mundo.


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Miércoles, 01 de Agosto de 2007 13:15. José Ángel García Landa Enlace permanente. Cátedra


Comentario de la sentencia

13/7/07

Comentario de la sentencia

Bien, ahora que ya ha pasado el juicio de la cátedra, que tenemos sentencia desestimatoria, que hemos decidido recurrirla, y que estamos con tiempo en nuestra casita de verano junto a la ría, vamos a comentar la susodicha sentencia. Para aclarar por qué es injusta, y recurrible. Antecedentes, aquí.

La sentencia la firma "El/La Sr/a. D/ña. JAVIER ALBAR GARCIA", magistrado-juez del Tribunal Contencioso/Administrativo nº 2 de Zaragoza. Se viene a llamar el caso "José Ángel García Landa contra Universidad de Zaragoza sobre Cobertura 1 plaza Catedráticos Universidad". Tiene la sentencia dos partes principales, una de cuestiones de procedimiento relativas a este recurso (a) y otra de fondo—en realidad también sobre la forma no del recurso sino de la prueba recurrida (b).

(a). Con la cuestión de procedimiento estoy de acuerdo, porque me da la razón—ojo, no porque sí, sino porque me da la razón y sus argumentos son coherentes. Viene a decir (en contra del criterio sostenido por el abogado representante de la Universidad) que sí procede entrar a valorar el recurso, a pesar del tiempo transcurrido. Recuérdese que la Universidad no contestó a uno solo de mis recursos dirigidos al Rector—eso sobre el papel. Ni se molestó en comunicarme que se daba la decisión de la comisión evaluadora por buena (a pesar de esos recursos) y que podía interponer recurso contencioso-administrativo. Silencio total y absoluto, cosa que obviamente es un incumplimiento de sus obligaciones. Y denota, para mí, una clara voluntad de no entrar a juzgar el asunto, por el procedimiento de correr un tupido velo y hacerse el longuis. Sobre todo habida cuenta de que el Rector (Pétriz) prometió contestar debidamente todas las cuestiones planteadas, y luego simplemente esperó a que pasase el plazo previsto para recursos, con lo cual el asunto quedaba enterrado y ya no tenía que dar explicaciones. Creía.  Claro que no es todo esto lo que dice la sentencia: las palabras del Rector no existen a efectos administrativos. Lo que dice la sentencia es que la Universidad incumplió su deber de informar, y que por tanto cabe interponer recurso contra la resolución, pues nunca se ha cerrado el plazo. Lo cual era uno de mis argumentos. No es que se haya reabierto la cuestión, sino que como dice la sentencia, cito,

"el recurso de alzada interpuesto el 14-11-2005 (...) no puede hacer renacer la posibilidad de recurrir, es decir, no puede reabrir el procedimiento, pero ello es cuando el mismo se ha cerrado, no cuando sigue abierto, como es el caso, al haberse interpuesto un recurso en su momento, siendo de recordar que la confusión creada se debe esencialmente a la falta de adecuada notificación por parte de la Universidad".


Eso para quienes crean que soy yo el que anda liando los papeles. La Universidad, a incumplir todas sus obligaciones y encima a esperar que el silencio lo arregle todo. Pues mira, no. Y a mí me han perjudicado gravemente quienes han decidido incumplir así sus obligaciones, haciéndome perder mi tiempo, y el de otros, de manera miserable. Pero de esto no queda ni huella, ni se piden responsabilidades, qué va, todos con corbata al trabajo como funcionarios modelo, que al administrado este tan protestón ya lo torearemos bien. Qué cara más dura. Y así se asciende.

En suma, que se puede recurrir, a pesar del silencio de la Universidad (menos mal, faltaría más) porque

"la Ley no obliga al ciudadano a recurrir un acto presunto y [sí] a la Administración a resolver, de forma expresa, el recurso presentado. (...)  —no puede (...) calificarse de razonable una interpretación que prime la inactividad de la Administración, situándola en mejor situación que si hubiera cumplido su deber de resolver y hubiera efectuado una notificación con todos los requisitos legales".


Ahora bien, una matización. Si la Universidad no ha contestado, no ha sido por vagancia. Sino más bien por no colocarse en un compromiso y verse obligada o a desautorizar o a defender—una defensa difícil—a una comisión de una serie de catedráticos nombrados por el Rector. Lo cual para mí ya es un abuso de poder, un incumplimiento de la normativa, y un barrer para casa, ni se sabe para qué casa, auténticamente escandaloso. Claro que de esto tampoco sabe nada la sentencia. Pero en fin, me da la razón en lo importante en este aspecto: que la Universidad ha incumplido sus deberes al no resolver ni responder.

Y cuando creían los responsables de esto que el asunto estaba muerto de muerte natural, mira, resulta que tienen que salir a dar la cara en público por la actuación de esta comisión (menuda joya de la corona), y defender este expediente no metiéndolo en un cajón, sino ante un tribunal y de la mejor manera que puedan. Lo primero, intentando una vez más que no se hable más del asunto y se inadmita el recurso, aunque por ahí les ha vuelto a fallar la cosa. Vaya papelón.

Pero encima, ¡es que al final salen todos bien librados! Con lo cual, algunos van a interpretar que en efecto ancha es Castilla.


(b) Cuestiones de fondo/forma. Aquí duele, pues el tribunal entra explícitamente a valorar las cuestiones de fondo por las que recurro, y las desestima. Veamos su razonamiento.

Hay que recordar antes que, aunque al expediente judicial van todos los papeles relacionados con el asunto, los jueces se centran en las cuestiones planteadas en "primera línea", como quien dice, en el recurso interpuesto dirigido a ellos. Y eso es, dados los procedimientos y maneras judiciales, una selección de lo realmente sucedido—una selección de lo que puede entrar a valorar un juez. Por ejemplo, en este caso, la Comisión compuesta por los Dres. Susana Onega, Francisco Garrudo, Constante González Groba, Montserrat Martínez Vázquez (e, in absentia, Bernd Dietz) cometió diversos atropellos contra la Filología; pero ahí son soberanos por ley al entender de la justicia, y los mayores despropósitos en cuestiones filológicas que cometa una comisión y que sean alegados por un recurrente serán desestimados por un juez como argumentos no válidos, pues la Comisión tiene discrecionalidad técnica—que en el caso de una comisión decidida a utilizarla, es discrecionalidad para reinventar el conocimiento humano y la estructura del saber, si hace falta suspender a alguien urgentemente, pongamos por caso.

Así que estos argumentos de fondo, los más serios quizá para un filólogo, han de pasar a tercera fila, o desaparecer, en un procedimiento judicial. Tampoco aquí entraré mucho en ellos, por tanto, y me centraré en las cuestiones formales que son las que sí puede entrar a valorar un contencioso administrativo (de ahí lo de fondo/forma). Tales son: la composición indebida del tribunal, la inadecuación del perfil, la exigencia incoherente de proyecto investigador, la sobrevaloración antijurídica de la docencia sobre la investigación, y el amaño de las votaciones.

Composición indebida del tribunal.

Recordemos que inmediatamente tras la constitución de la comisión evaluadora, el Dr. Dietz presentó renuncia por escrito, alegando la muerte de un tío suyo (motivo no contemplado como causa de excusa)—renuncia que fue aceptada por la presidenta del tribunal, dándole de baja. El Dr. Diez no estuvo presente en ningún ejercicio de las pruebas, que no se retrasaron en ningún momento. No se solicitó el nombramiento de ningún suplente, aun sabiendo antes de empezar las pruebas que éstas iban a tener lugar con una comisión de cuatro miembros.

Bien, pues la sentencia reconoce que la ausencia del Dr. Dietz no se debió a una causa justificada. Pero concluye sin embargo, concurriendo con la Comisión, que "estaba la Comisión válidamente constituida", pues argumenta que la renuncia del Dr. Dietz, precisamente por ser contraria a derecho, no puede considerarse una renuncia, sino sólo una ausencia. Anecdótica, vamos.

Esto sí que es ley del embudo. Atentos. El hecho mismo de que se produzca un acto antijurídico se utiliza como justificación suficiente para respaldar otro—y las víctimas administrativas, que canten misa. Porque el realizar una oposición enteramente con cuatro miembros del tribunal y no cinco, sabiendo que hacen falta tres votos para que un candidato pase al segundo ejercicio, compromete seriamente las posibilidades de éxito para nadie, en el caso de una oposición reñida. Ahora bien, en el caso de una comisión que prefiera dejar la plaza vacante (como era este caso sin duda para quienes conocemos la intrahistoria de esta plaza)—el que se vaya un miembro es una auténtica bicoca. Puente de plata, como hizo la presidenta. Pero para el juez no existen, claro, por axioma, muchas cosas de las que existen para este recurrente.

Más grave es que se ignore el hecho de que una renuncia es una renuncia y produce efectos (para terceras personas) de renuncia, si se acepta como tal, por muy antijurídica que sea—y aún peor, claro, si no se procede a sustituir al renunciante y se trata la renuncia como una mera ausencia a esos efectos. Pero los daños al opositor pesan muy poquito en esta sentencia. Y los actos contra derecho cometidos por la comisión se evaporan, sin más, sin consecuencias. Esto sí es típico de la Administración: o tú pierdes, o yo gano. Lo que no valía con el silencio administrativo, según el juez, sí vale aquí, al parecer.

Sobre este tema, más cosas podría decir, pero sólo añadiré que, según consta en la sentencia, "no se aportó el justificante del fallecimiento ni del día en el que el mismo se produjo". Ni se aportará, claro.

Con relación a la inadecuación del perfil
 
El juez ha dado por bueno que la plaza llevase como perfil "Lingüística inglesa"—algo enormente general, en lugar de una materia concreta. Yo entendía, ateniéndome a la normativa propia de la Universidad, que lo que debía figurar en el perfil de la plaza era una materia:  pongamos, "Historia de la lengua inglesa", o "Gramática inglesa", o "Comentario de textos", etc. Debo aclarar (algo que no parece captar bien la sentencia) que yo no estaba impugnando el perfil, sólo haciendo notar que a mi entender no se atenía a la normativa. Sea como sea, si el juez considera que el perfil es válido, tampoco se lo voy a discutir, y me doy por convencido.

El meollo de la cuestión, en lo del perfil, es que siendo éste tan amplio, no puede excluírseme como inadecuado para ese perfil, como hace la Comisión. Pues para eso tengo publicaciones avaladas en revistas y libros y editoriales de reconocido prestigio, sexenios de investigación, etc. Cuestiones que en ningún momento han sido entradas a valorar por la Comisión, que se limita a invocar una vaga "inadecuación" o una "insuficiencia" vaporosa de mis méritos. Esto es contabilizable: por ejemplo, los números de artículos y de libros son contabilizables, y en lo referente a lo que entra o no en "Lingüística" hay criterios objetivos, internacionales, como son los de la UNESCO, y no establecidos sobre la marcha por una comisión con un fin en mente. Pero el juez juzga que todo esto ya es discrecionalidad técnica. Vamos, discrecionalidad para decir que la tierra es cúbica si hace falta. La Comisión considera que el análisis del discurso, la estilística, la teoría de la narración, la teoría de la interpretación textual, etc.—no son lingüística. Y a correr, que total todo va a colar, rellena el acta y vámonos.

Pero el asunto es más grave. Esta sentencia cita otra sentencia según la cual sí puede entrarse a corregir la valoración técnica de las Comisiones, a pesar de la famosa discrecionalidad técnica, en el caso de errores flagrantes, o cuando las comisiones "no han tenido en cuenta manifiestas condiciones de mérito del partícipe" (sexenios, pongamos por caso), o cosas contra el sentido común, etc. Vale, el sentido común es discutible... Pero lo curioso es que esta sentencia, después de citar estos presupuestos, hace una quebrada mental y pasa a decir lo siguiente. Atentos que hay matices.

"En el caso presente, se pretende que se sustituya el criterio de la Comisión por el del Juzgador, que a su vez debería ’asumir’ el del recurrente, pero ello debe ser rechazado, ya que podrá discutirse si debía o no de concretarse o especificarse más el perfil, pero ello es una decisión discrecional del Tribunal, que podía haber optado bien por admitir como plenamente aceptable el que la actividad y proyecto investigador y docente fuese de cualquier materia encuadrable dentro de la lingüística bien por entender que se debía de exigir unos conocimientos globales o generales relativos al mayor número posible de asignaturas relacionadas con la lingüìstica, coherentes con el presumible carácter polivalente que se quiso dar a la plaza con un perfil tan general, aunque resultasen menos especializados, en el conjunto de materias que están incluidas dentro de la ’lingüística’."


(Un inciso: en el juicio, el abogado de la Universidad dijo que en el plan de estudios de Filología Inglesa sólo había tres asignaturas—no dijo cuáles—que pudiesen considerarse de un perfil de lingüística. Esto provocó carcajadas del público, claro).

Bien, maticemos. Jamás he pretendido yo que se sustituya el criterio de la Comisión por el mío, según sugiere el Juez que hago—antes bien, he apelado a que se consulten y apliquen los criterios generales, universalmente aceptados, y establecidos por organismos internacionales, como la UNESCO, para determinar qué es y qué no es "lingüística"—en lugar de una misteriosa discrecionalidad técnica que de hecho es arbitraria al no estar basada en ningún criterio técnico reconocible ni contrastado. O sea, no mi criterio, sino el de la UNESCO. Que no somos la misma persona, ojo.

El párrafo citado sigue con un argumento un tanto dudoso, según se entienda su alcance. La discrecionalidad técnica de la Comisión o tribunal se extiende al parecer a redefinir el perfil, según el Juez. Cosa que en absoluto es así. El perfil estará bien dado, o mal dado (bien dado, según estima el juez), pero la Comisión no puede (o más bien no debe) valorar la prueba como si de otro perfil se tratase. Es cuestionable que a una oposición con semejante perfil (Lingüística) fuese adecuado presentar un proyecto sobre una materia mucho más concreta—fonética, pongamos por caso—aunque el juez lo dé por bueno. Cuestionable, digo, y quizá entre en la discrecionalidad técnica de la comisión, al menos tal como aquí se entiende. Pase. Pero lo que nunca puede hacer la Comisión es hacer un gambito lateral y, teniendo que juzgar sobre un perfil de lingüística, hacer como si estuviese juzgando un perfil de gramática, o de fonética, excluyendo arbitrariamente los méritos que según criterios objetivables, internacionales, no subjetivos del recurrente ni de la comisión, etc.—son méritos relativos al campo de la Lingüística. Por todo lo cual, el razonamiento del Juez no es adecuado para el caso aquí presente, pues no centra bien la naturaleza del problema, ni responde a las objeciones que he presentado a la actuación de la Comisión. Y que son, en sustancia, objeciones a una actuación demostrablemente injusta. Si se atiende a la demostración, claro, y a los criterios de validez usados por la propia Administración en sus evaluaciones oficiales (como son esas clasificaciones de materias de la UNESCO).

Eso en el caso de que no se quiera dar por válido el principio administrativo más general: que los méritos de investigación en el área de conocimiento, es decir, en Filología Inglesa, han de ser los determinantes en el primer ejercicio, ya que el perfil ("lingüística") en este caso, se refiere únicamente a labores docentes por realizar en el Departamento, y no a investigación realizada en el área.

Es decir, que el Juez nunca entra a valorar lo que aquí se recurría:  es decir, si entra en la discrecionalidad técnica de la Comisión lo que yo digo que ni entra ni puede entrar: el dejar fuera de consideración, a su voluntad, el trabajo realizado en según qué tipos, ramas, o modalidades de "lingüística". Admitir la discrecionalidad técnica para hacer esto sería admitir que el perfil de la oposición lo fija la Comisión evaluadora, en lugar de ser algo establecido por la Universidad—y esto es algo que nadie ha defendido abiertamente, ni dispondría de argumentos legales para defender.

Quiero recordar, además, que en la oposición se me declaró "inadecuado" a priori por lo que el secretario Dr. Garrudo llamó el principio de los "corralitos", cuando me dijo que yo no era de ese "corralito"—o sea, que estaba "predestinado" por alguna razón a no optar a ninguna plaza de la (inexistente) "subárea" de Lingüística. Y que de ésta se me iba a excluir—con muchas felicitaciones por mi currículum, eso sí. Pero cero que te casco (bueno, uno y pico)—independientemente de cuál fuese mi labor investigadora en Filología Inglesa, e independientemente de que la mayor parte de ella se encuadrase, según criterios objetivables, en "Lingüística".  Durante mi ejercicio, el Dr. Garrudo mostró una monografía mía sobre teoría de la narración, y leyó la solapa donde se me definía como especialista en teoría y crítica literaria— presentándo eso como la prueba del nueve de que yo no tenía nada que hacer en una oposición "de lingüistica" (y sentando discrecionalmente, supongo, que la teoría de la narración nada tiene que ver con el estudio del lenguaje). Negaba así, además, el principio básico de la Filología, que es la interacción e interfaz entre lingüística y literatura. (Esta interacción es algo que se da de tortas, claro, con la teoría de las "subáreas" que tiene en la Dra. Onega a su mayor adalid. No es extraño que últimamente venga diciendo que la Filología es una disciplina decimonónica que se debe suprimir).

Pero el juez también pretende resolver la sustancia de este asunto sin que entren en consideración los principios básicos de lo que es la Filología, lo cual nos lleva a una petición de principio desde el momento en que la propia Comisión los ignora, y el juez declara esa actuación off limits para la Justicia, sin acudir a ningún criterio objetivable y de orden superior.

Con relación a la exigencia de proyecto investigador.

Admite el juez (a regañadientes) que en efecto no tenía yo ninguna obligación de presentar un proyecto de investigación, según me exigía la Comisión desconociendo la ley, sino únicamente un proyecto docente. Recordemos que estamos hablando del primer ejercicio, pues por supuesto yo tenía listos mis cinco proyectos de investigación encuadernados en pasta para presentarlos en el segundo ejercicio, el ejercicio relativo a un trabajo de investigación (aunque tampoco fuese estrictamente necesario, pues lo que la ley exigía era  exponer un trabajo de investigación). 

   Bien, pues los cuatro miembros de la Comisión hacen constar en acta que no he presentado proyecto de investigación, como quien hace notar una insuficiencia o irregularidad. Y el Juez pasa a defender su actuación, arguyendo que "el que no fuese necesario no quiere decir que no resultase posible, e incluso aconsejable, su presentación, prueba de lo cual es que el resto de los concursantes sí lo presentaron". Vale—o sea, que, por ejemplo, por usar una analogía, puede resultar posible, e incluso aconsejable, aunque no sea requisito legal, hacer la presentación del ejercicio en PowerPoint. Creo que se admitirá, sin embargo, que resultaría extraño que la comisión hiciese constar en sus actas que el concursante no ha presentado su ejercicio con PowerPoint, como argumento para suspenderlo.

(El ejemplo no es inocente: en la oposición de mi antiguo doctorando el Dr. De Juan, que también acabó como el rosario de la aurora, la misma presidenta de la comisión, Dra. Onega, hizo constar en un escrito dirigido al Rector que el Dr. de Juan no había hecho su ejercicio en PowerPoint, sistema éste que calificó tecnología de obligado uso en las clases, a pesar de que ella jamás lo haya utilizado).

Pues de igual modo, el razonamiento del Juez aquí hace una deriva lateral de manera extraña para, en lugar de preguntarse por qué la Comisión desconoce las leyes que supuestamente está aplicando, pasar a argumentar contra el recurrente, diciéndole también ahora el Juez que debería haber presentado un proyecto de investigación que no le es exigido por la ley. Curioso.

Más que curioso, por lo que voy a explicar un par de párrafos más abajo.

El Juez gasta bastante tinta explicando que el proyecto investigador no se contempla como un requisito sine qua non, ni es determinante en el resultado final, etc. (No queda claro, sin embargo, por qué no considera que se ha vulnerado mi derecho a una evaluación justa al puntuar un requisito no contemplado en la normativa. O por qué a mí no me lo puntúan, y a otros sí).

Yo presenté un proyecto investigador, como explicaré a continuación, pero el Dr. Garrudo no se dio por satisfecho, y entró en una serie de disquisiciones diciendo que no era suficiente la presentación del proyecto ni del trabajo de investigación en el segundo ejercicio, sino que debería haber presentado, además, una memoria de investigación—(distinta, supongo, de la documentación relativa a mis publicaciones y de mis participaciones en proyectos de investigación, documentación que sí presenté en el currículum y anexos). De hecho pasó un rato en la prueba el Dr. Garrudo haciendo una disquisición y diferenciación entre los proyectos, referidos al futuro, y las memorias, referidas al pasado. Y era la memoria de investigación lo que echaba en falta—al menos en ese momento. Porque luego hizo constar como todos los miembros del tribunal que lo que yo no había presentado era un proyecto de investigación.

También es inexacto que todos los concursantes presentasen un proyecto investigador a la primera prueba. (Aunque no dudo que lo hubiesen hecho, como yo también, a la segunda). Durante el ejercicio de otro de los concursantes, el Dr. Vázquez, realizado tras el durísimo enfrentamiento con la Comisión que tuvo lugar en mi ejercicio, me salté la normativa o etiqueta de la prueba en el momento en el que el Dr. Garrudo comentaba el proyecto docente del Dr. Vázquez. Lo hice para preguntar en voz alta  a la Comisión por qué en este caso no se exigía al concursante un proyecto de investigación. No lo hice con el propósito de perjudicar al Dr. Vázquez, claro está—pues insisto en que no era requisito presentar ese proyecto—sino con el fin de enfrentar a la Comisión con sus arbitrariedades, ya que me exigían (exigían, Sr. Juez, no recomendaban, ni aconsejaban) un proyecto de investigación a mí solo, y no a todos los concursantes. Por eso pregunté en voz alta si en este caso no se exigía proyecto de investigación. Por supuesto, en lugar de responder a esta pregunta tan improcedente desde el público, la Dra. Onega ordenó al Secretario que no contestase y que se ignorase lo que se acababa de escuchar. "Creo, sin embargo, que todos me han oído"—volví a decir. Y es que donde no hay ley, no hay educación tampoco—¿saben?

El Juez, en suma, aun reconociendo que la ley no exige la presentación de un proyecto de investigación, da por buena la actuación de la Comisión en este punto, minimiza los daños hipotéticos producidos al exigírmelo, y pasa por lo tanto a aceptar, como un hecho bien establecido y adecuado, la valoración que la Comisión hace sobre este recurrente (q.e.d.). Da así por muy bien fundado y procedente el hecho de que "además de ser más críticos los miembros de la Comisión con él que con el resto, especialmente la señora Ónega y el señor Garrudo, folios 112 y 113, en el informe final se explica que en su exposición se desvió de la cuestión objeto del debate, que su actividad investigadora y docente se aleja de las necesidades de la Universidad que se explican en la convocatoria y que sus conocimientos no son suficientes ni adecuados a la plaza"—nou cóment, que si no no avanzo.

A lo que voy, cuestión muy reveladora tanto sobre la actuación de la Comisión como sobre la del Rector y sobre la del Juez. Dicen los miembros de la Comisión, unánimemente y blanco sobre negro, que no presenté proyecto de investigación. Dejemos al margen la cuestión ya tratada de si era obligatorio exigirlo o no. Centrémonos en el hecho de que SÍ LO PRESENTÉ, en las carpetas 81 y 82 de la documentación listada en el currículum. Se trataba del proyecto en el que estaba trabajando, y que había presentado a las convocatorias nacional y regional de proyectos de investigación: se titulaba "Narración, Interacción, Interpretación", y aunque no obtuvo subvenciones oficiales—por aquello de no tener bastantes aragoneses en el equipo, etc.—sí dio lugar a numerosas publicaciones, y (supongo que habrá contribuido) a un sexenio de evaluación de la actividad investigadora. Este proyecto, encuadernado en pasta en cinco ejemplares y con las publicaciones aledañas y en curso, iba a ser presentado en el segundo ejercicio caso de pasar a él. Pero ya había sido incluido en la documentación muy voluminosa (ahí duele) del primer ejercicio.

Bien, pues ni la Comisión, ni el Rector, ni el Juez, tienen nada que decir sobre este punto. Sencillamente, lo ignoran. La Comisión declara unánimemente que no presenté un proyecto.... y es que mucho me temo que ni llegaron a examinar la documentación. Luego, en mi recurso, hago saber este hecho al Rector. Un error llámese material si se quiere, o mejor garrafal, o incontrovertible, por parte de la Comisión—o una falsedad si se prefiere... no, en todo caso, una cuestión de discrecionalidad técnica. Pero ¿cuál es el fallo del Rector sobre este hecho? ¿Pone en duda la veracidad o fiabilidad de la Comisión? ¿Va a examinar la documentación, a ver si está ahí el proyecto? No padre. La respuesta es el silencio administrativo, tan socorrido y tan útil para no saber si se va, si se viene, o si se está de vuelta de todo.

¿Y qué hace el juez, cuando mi abogada le vuelve a insistir en su exposición el día del Juicio, que al margen de que la Comisión exigiese o no indebidamente el proyecto de investigación, es falso que yo no lo presentase?

Pues otro silencio, sin más. De este asunto no hay ni media palabra en la sentencia, que da por sentado, ateniéndose a las actas de la Comisión, que no se presentó proyecto de investigación—sin la menor explicación ni alusión, ni a la exposición de mi abogada, ni a los recursos dirigidos al Rector donde exponía yo esta circunstancia. Concluye sobre este punto el juez que "el proyecto de investigación ni se consideró obligatorio (...) [¡toma ya!] — ni fue determinante ni de la puntuación de los demás, que sí lo presentaron, ni lo habría sido del recurrente, de haberlo presentado y haber obtenido la máxima calificación"—y del hecho de que sí lo presenté, y que lo ignoró el tribunal, y luego el Rector, y ahora el juez, ni media. Y todos tan frescos, que es sólo un señor el recurrente al que le gusta protestar al parecer, y el Juez lo tiene claro.

Se pregunta uno si esto de que sí que presenté proyecto de investigación lo voy a tener que publicar en el Heraldo, o proyectarlo a las nubes en PowerPoint. Es, como poco, chocante—o escandaloso—que una cuestión de forma/fondo tan obvia, tan flagrante, tan clara—¿igual es precisamente por eso, por lo clara?—sea esquivada con una especie de ceguera selectiva súbita por los órganos juzgadores (Comisión, Rectorado, Juez) cuando hay que dictarminar sobre ella, y se evapore sin más de los papeles. Y lo peor no es ya que la Comisión valorase o dejase de valorar el proyecto en sí—lo más significativo es lo que indica esto de la nula atención con la que la Comisión examinó la documentación de los opositores, o al menos la mía. Claro que yo ya iba excluido de entrada por "literato". Pero nada de todo esto es indicio de nada para el juez, que para mí que procesa este asunto del proyecto sin que su cerebro llegue a procesarlo. Con estos mimbres, no es de extrañar que estas investigaciones judiciales acaben incluso felicitando al tribunal si hace falta. Vaya confabulación de chupatintas.

La última cuestión sobre la que se pronuncia el Juez antes de declarar que "no procede estimar el recurso" es "la afirmación de que se prima antijurídicamente la docencia sobre la investigación, en contra del art. 8.2 a del RD 1888/1984" etc. El juez estima que esto no es así, "ya que la prioridad no significa en modo alguno que el mérito deba computarse de forma mayoritaria, y en el caso presente se valoró la investigación en 40% frente al 30% de la experiencia docente o al 10% de la experiencia en la gestión. Por otro lado, se atribuye un 20% al proyecto docente e investigador, lo cual supone que, a despecho de la principal argumentación del recurrente—que consideraba que éste no era exigible ni tan siquiera presentable [¡¡!!]—que otro 10% correspondería a la investigación, si bien en este caso en su proyección de futuro, lo que le otorgaría un 50%".
 
A ver, a ver...

- ¿"ni tan siquiera presentable", cuando yo mismo lo presenté? Ya será menos, Sr. Juez. Hay muchas cosas impresentables en este concurso-oposición, pero un proyecto de investigación no es una de ellas.

- Matemáticamente, mayoritario quiere decir prioritario. Hay otras posibles computaciones, pero puestos a hacer porcentajes priorizantes, un porcentaje prioritario tiene que ser del 51% mínimo. Que se lo pregunten si no a los políticos en el Congreso, quién tiene prioridad para formar gobierno.

- Y ahora, resulta que el juez da por buena la exigencia  del proyecto de investigación, y por hecho que el proyecto que se ha de presentar al primer ejercicio es docente e investigador... cuando antes ha basado su argumentación en que en ningún momento se ha exigido proyecto de investigación. Pero ay, ahora necesita ese pequeño porcentaje para redondear su argumento, que si no se va a caer todo el edificio por este asunto de porcentajes.

Y voy terminando. Hay otra cosa más que el juez ha resuelto por el procedimiento del ignorémosla. Otra cuestion garrafal de forma/fondo, en la que insistí detalladamente en mis recursos, por lo cual malamente se puede creer que ha pasado desapercibida. Aunque ya no sé.

Se trata del amaño de las votaciones. En el acta final, la Comisión, no contenta con ofender a la Filología y al procedimiento administrativo, pasa al asalto de la Lógica. También demuestra, de paso, desconocer qué es una votación, o más bien estar más que decidida a ignorarlo.

En primer lugar,  la Comisión acuerda, sin disparidad de criterio, una puntuación. Todos, la misma puntuación dada a los candidatos. (Por ejemplo, a mí, un 1’8 sobre 10—esto con mis calificaciones máximas continuadas en la Universidad de Zaragoza y Brown University, mis premios de estudios e investigación, mis sexenios de mérito investigador que alguno de ellos no tenía, etc. etc. Sin complejos todos, ¿eh?).

Acto seguido, la Comisión procede a votar a los candidatos diferenciadamente, a pesar de la puntuación dada a todos por acuerdo unánime. O sea, que yo, con un 1’8, no crean, sí que tuve un voto, el de la Dra. Onega. Claro que eran votos rituales, una especie de minué o pas de deux de la votación, donde los votos se distribuían de manera que ningún miembro de la comisión dejase de votar a alguien, y donde nadie pudiera obtener más de dos votos. De esta manera se disimulaba (no sé por qué, por algún tipo de falso pudor administrativo quizá) el acuerdo previo y unánime de la Comisión de no proponer a ningún candidato.

Con lo cual el voto no es la valoración razonada que el candidato tiene para el miembro del tribunal. Más bien no tiene nada que ver con eso. El voto es una mera pantalla destinada a disfrazar la auténtica actuación de la Comisión (el voto detrás del voto), que ha acordado unánimemente (por la puntuación previamente concedida) no proponer a ningún candidato, es decir, no votar a ninguno.

Este uso de los votos para disimular lo sucedido en una prueba, en lugar de para enjuiciar la valía de los candidatos, es un caso clarísimo de desvío de poder. Clarísimo, por el hecho de que una misma puntuación dé lugar tanto a un voto positivo como a uno negativo por parte de la misma persona. Es, como digo, una ofensa a la lógica, puesta al servicio de una ofensa a la normativa administrativa.

Pero—¿hay algún intento del Juez por defender este procedimiento, por entenderlo con arreglo a la discrecionalidad técnica de la Comisión, o a su buen hacer en todos los terrenos, o a su demostrado conocimiento de la normativa? ¿Algún intento de rescatar este proceder, por las posibilidades y margen de maniobra que ofrece a los tribunales para un bien quedar—bien quedar para quien se lo crea? Pues no, no hay ningún intento. Sencillamente se evapora esta cuestión de la sentencia, como si no hubiese sido nombrada. ¿Igual es que el juez considera obvio que es así como hay que usar el voto en un tribunal? Ya es que uno no sabe a qué atenerse.

Por todo lo anterior, no procede aceptar la sentencia, sino recurrirla ante un juez que, esperemos, tenga mejor criterio. O mejores argumentos— por muy tentador que sea para un tribunal apoyar las resoluciones de los tribunales, aun cuando desbarran.



Linguistics in this narrow sense

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Martes, 17 de Julio de 2007 11:02. José Ángel García Landa Enlace permanente. Cátedra


El día que perdí el juicio

Me lo dice mi abogada por teléfono mientras me paseaba por la Aljafería. Resulta que he perdido el famoso juicio de la cátedra—en el sentido de que se desestiman los cargos contra la Universidad. El juez ha admitido el recurso (casi parecía lo más difícil), pero ha desestimado explícitamente las cuestiones de fondo, entrando a rebatirlas. Superficialmente, claro. En fin, pocas sorpresas—perdido está el juicio y así queda cerrado el asunto por fin. Ya lo comentaré más detalladamente, que a estas horas tengo mejores cosas que hacer.


Lunes, 09 de Julio de 2007 23:54. José Ángel García Landa Enlace permanente. Cátedra


El día del Juicio

Visto para sentencia ha quedado, el juicio de la cátedra que desierta se dejó. Es la primera vez que estoy en un juicio, y vaya, por lo menos no he sido el reo, aunque sí parte interesada. Más interesada que la otra parte, ciertamente, pues en el caso José Ángel García Landa versus Universidad de Zaragoza el interés de la Universidad ha sido, hasta la fecha, ciertamente limitado. En respuesta a todos los recursos, denuncias, quejas y papeles que envié al Rector desde el día que se celebró el concurso, sólo obtuve una mísera notita dando a entender que si hubiera sabido defenderme los debería haber llevado a contencioso administrativo mucho antes.

Así que los llevé, los llevé. Con un éxito que se promete más que dudoso, pero era una cuestión de principios, el que por mí no vaya a quedar la cosa. Mi abogada se ha batido el cobre en los términos que ha juzgado más beneficiosos para la causa, y le ha contestado el abogado de la Universidad. Que esta vez sí se ha tomado la molestia de enviar un abogado al juicio, algo es algo...

Cada uno ha expuestos argumentos irrebatibles para un profano según los cuales es evidente que todo es irregular y debe anularse (según sostenemos con mi abogada) o que todo está fetén y conforme a los más rancios principios del derecho (según el abogado universitario).  Este último ha detallado con una cierta (sólo una cierta) exhaustividad la lista de mis escritos al rector, no con ánimo de apoyarme sino para dejar claro que este caballero protesta demasiado y con poco conocimiento del derecho: y es cierto que más vale protestar una sola vez con abogado que ciento sin asesoramiento legal, y que una protesta que dice "recurso" sin decir "de alzada" está jurídicamente out, etc.. Pero es que entonces hay que acudir a las oposiciones ya con el abogado puesto—y es lo que recomiendo a todo candidato. Sobre todo si ya ha recibido del tribunal, como los recibí yo, avisos de que hacía muy mal en presentarme porque infringía algunas leyes no escritas.

Claro que aquí nos hemos tenido que atener a lo escrito. Con lo cual, lo comentábamos en la caña post-Juicio, lo que es el proceso legal y lo que ha sucedido realmente son dos relatos que se cruzan casi sin tocarse, todo lo más en algún punto clave se intersectan para después seguir sus lógicas propias. Por ejemplo, la historia de por qué se retrasa tanto la interposición del recurso, hasta el punto en que es casi de Tribunal Constitucional saber si debe admitirse o inadmitirse. Evidentemente, si esperé y esperé, no fue por vicio (ni por viciar el proceso), sino porque el rector Pétriz se había comprometido a investigar detalladamente todo el asunto y a dar cumplida respuesta a mis denuncias y alegaciones. Lo que no aclaró el taimado Rector es que podía darme por cumplidamente respondido, a su juicio al menos, con el silencio administrativo.

Y eso que hasta se abrió un expediente informativo en la Universidad: me lo abrieron a mí el expediente, pues dijo el Rector que era la mejor manera de investigar el asunto, esperando quizá desanimarme—pero le dije: adelante, si la única manera en que se vaya a investigar todo esto es abriéndome un expediente, que se me abra. Y se abrió, y se cerró, sin condenarme a nada, pero también sin poner ni una línea por escrito de respuesta a mis denuncias. Es más: tras meses y meses de marear la perdiz, la contestación que se dio por fin cuando se exigió una respuesta a través del Defensor Universitario fue esa escueta notita, al efecto de que me podía dar por respondido o por no respondido (tanto da) desde el principio, retroactivamente. Menuda faena, pero de esas de las que no dejan huella visible. Claro, de todas las palabras del Rector, ninguna consta en ningún papel, y así parece que este lerdo del Sr. García se deja pasar los plazos porque es corto, o pardillo, sin más—mira que fiarse de la palabra del Rector, adónde va. Cuando lo aconsejable (según la propia Universidad) es llevarlos a juicio directamente y sin avisar.

Otra ficción legal, el tema del proyecto de investigación. Que si había que presentarlo, que si no... Y en lo que no entra nadie es que, frente a la declaración unánime por escrito de los miembros del tribunal de que no presenté un proyecto de investigación, allí están en el sótano del Rectorado, desde hace años, todos los documentos de la oposición, donde en los clasificadores 81 y 82 está el proyecto de investigación. Entre otros documentos que les entregué y que ni llegaron a mirar los miembros de la comisión juzgadora de la plaza. Son pequeños detalles materiales, de esos que sobrevuela velozmente la justicia, que tampoco tiene ninguna intención de agacharse a mirar a ver si en efecto está allí el proyecto dichoso, por ejemplo.

Vamos, que relatos posibles sobre lo que allí sucedió hay muchos. Pero relato bueno bueno, sólo uno: lo que va a misa es lo que consta en los papeles—y si no coincide con la realidad, pues ya se ajustará la realidad, oye, que lo contrario distorsionaría mucho el funcionamiento habitual de la Administración.  Ya se sabe: los performativos, how to do things with words...  ¡Tantos ejemplos de Austin vienen del ámbito jurídico!



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Lunes, 02 de Julio de 2007 23:51. José Ángel García Landa Enlace permanente. Cátedra


Final con traca

Hoy pasan a vernos unos amigos de Francia, Patricia y Abdel, y nos dejan unos días a su hija mayor, Myriam, hasta que nos vayamos de vacaciones. También hay quien viene a Zaragoza de vacaciones, también. Nosotros mismos, todo el mes de agosto está previsto que andemos por aquí, aunque pasaremos unos días en las playas de la Ultima Thule hispana.

Pero entretanto lo que queda de julio es movidito. Acabo de sacar las últimas notas, hasta en sábado había gente por el departamento moviendo papeles. La semana que viene hay consejo, para repartir la docencia del año que viene, y también promete ser polémica la reunión, visto que la normativa utilizada por el Departamento está anulada por el Rector, pero el Departamento tiene intención de seguirla utilizando.

Eso el martes. Pero el lunes aún empezamos con plato más fuerte, con un juicio en el juzgado Contencioso/Administrativo, José Ángel García Landa contra Universidad de Zaragoza, cito: "contra la siguiente actuación: Desestimación Recurso Alzada formulado el 14.11.05 contra resolución de 07.02.03 de la Comisión Juzgadora del proceso selectivo para la cobertura de una plaza del Cuerpo de Catedráticos de la Universidad de Zaragoza". Vamos, el juicio de la famosa oposición de cátedra plagada de irregularidades, y que el Rectorado se negó a investigar (o, al menos, se negó a poner por escrito el resultado de sus investigaciones). Es que, semejante cúmulo de irregularidades... mejor suponer que no pasó nada, que si no la cosa es muy complicada. Así que silencio administrativo que te clavo—más fácil eso que intentar responder a las cuestiones planteadas en mis recursos, claro, que mala respuesta tenían. Y así la cosa ha llegado a contencioso administrativo.

José Angel García Landa contra Universidad de Zaragoza... ¿Hay apuestas a que gana la Universidad de Zaragoza?

Y es que el proceso llega tocado, claro; con los retrasos y silencios del Rectorado, haría falta mucha voluntad investigadora por parte del juez para abrir el expediente a ver qué hay dentro. La cosa se resolverá con preliminares técnicos sobre plazos, interpretación sobre qué es una respuesta y qué no, etc.

Porque ya me ha avisado mi abogada: los jueces, parecido al Rector. El fajo de recursos que he enviado, detallando múltiples irregularidades, es incluso contraproducente: no anima a investigarlo. Ante semejante complejidad, y consecuencias complicadas en caso de fallarse que el tribunal actuó mal, el juzgado tiene la misma tentación que el Rector: tirar por la vía más fácil, y resolver el expediente en cinco minutos, por el atajo legal más directo. Y caso cerrado. Yo desde luego me espero cualquier cosa, sin más. Ya se sabe que en España, dependiendo del juez que te toque, son o noventa años de carcel, o salida a hombros con banda de música, o cualquier cosa entre medias.



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Sábado, 30 de Junio de 2007 13:49. José Ángel García Landa Enlace permanente. Cátedra


Aspirando a cátedras

Aquí están los resultados de la última prueba de habilitación para cátedras de Filología Inglesa (primer ejercicio, en Granada).

Código de habilitación: 1/345/2005
RESULTADOS DE LA PRIMERA PRUEBA

Nombre y Número de votos
1. ACUÑA FARIÑA, JUAN CARLOS 7
2. AMORES CARREDANO, JOSÉ GABRIEL DE 2
3. BARBEITO VARELA, JOSÉ MANUEL 1
4. BRUTON, ANTHONY STEWART 1
5. CARRERA SUÁREZ, MARÍA ISABEL 4
6. COMESAÑA RINCÓN, JOAQUÍN 2
7. CONDE SILVESTRE, JUAN CAMILO 5
8. CORTÉS RODRÍGUEZ, FRANCISCO JOSÉ 4
9. CUDER DOMÍNGUEZ, MARÍA PILAR 1
10. DAVIS GARCÍA, ROCÍO MARÍA 6
11. DÍAZ FERNÁNDEZ, JOSÉ RAMÓN 1
12. DURÁN GIMÉNEZ-RICO, MARÍA ISABEL 2
13. FUERTES OLIVERA, PEDRO ANTONIO 2
14. GÓMEZ LARA, MANUEL JOSÉ 2
15. GURPEGUI PALACIOS, JOSÉ ANTONIO 5
16. HERNÁNDEZ CAMPOY, JUAN MANUEL 4
17. INCHAURRALDE BESGA, CARLOS 2
18. JIMÉNEZ HEFFERNAN, JULIÁN SEBASTIÁN 4
19. LLINAS I GRAU, MIREIA 3
20. LÓPEZ GARCÍA, DÁMASO 1
21. MARÍN ARRESE, JUANA ISABEL 5
22. MEDINA CASADO, CARMELO JOSÉ 1
23. MOTT, BRIAN LEONARD 2
24. NEFF VAN-AERTSELAER, JOANNE 4
25. POSTEGUILLO GÓMEZ, SANTIAGO 2
26. PRIETO PABLOS, JUAN ANTONIO GERMÁN 1
27. RABADÁN ÁLVAREZ, ROSA 5
28. ROMERO TRILLO, JESÚS 2
29. SÁNCHEZ-PARDO GONZÁLEZ, ESTHER 2
30. VARELA ZAPATA, JESÚS 1


Al parecer, hay treinta personas que aspiran a tener una cátedra de Filología Inglesa en España. Me refiero a que (de los muchos más que seguramente aspiran) son treinta los que de hecho se han presentado a la última habilitación. Como se ve por los resultados, son muchos los presentados y pocos los elegidos: los tribunales parecen tener morro fino y no creen que la mayoría de los colegas merezcan un pase; siete votos no merece más que uno, y eso que aún estamos en la primera prueba. No es por criticar ni a los más votados ni al tribunal (pues no sé qué sistema siguen de votación, y los resultados puede que sean inesperados para todos)… pero me parece que los resultados no son muy indicativos de la calidad relativa de los candidatos. Tampoco voy a dar ejemplos, y tampoco los conozco a todos, pero la impresión que me produce es que esto de las habilitaciones tiene mucho de lotería. Sobre si están las bolas trucadas, lo desconozco y no lo voy a decir por tanto: pero sería indicativo saber en qué universidades han salido las plazas que se van a ocupar, y si hay alguna relación entre esa ubicación y los resultados de la habilitación. Las malas lenguas (entre las que me incluyo) dicen que suele haberla; insisto en que no sé nada de esta convocatoria en particular. Si alguien sabe, pues que comente. Mi experiencia directa de los exámenes de cátedras (antes de que se introdujeran las habilitaciones) no puede ser más negativa.

Los resultados de las habilitaciones parecen ser más bien un cubrir un expediente: seguro que los candidatos propuestos tienen un excelente currículum, y salen habilitados, y quedan cubiertas las plazas, quod erat desiderandum para el Ministerio. Además, probablemente las acabarán ocupando en la mayoría de los casos los candidatos más apoyados. Y los demás, viento fresco, a la siguiente si no se han quemado aún. La de gente que pierde el tiempo con estas convocatorias… Yo me juré no perder en habilitaciones ni un minuto: están verdes, pero verdísimas. Sin apoyo en tu propia universidad, sin el elemento de suerte, y sin un currículum que tumbe de espaldas, no hay nada que hacer. Si hay telefonazos subterráneos que ayuden... pues aún mejor. El trabajo y la capacidad así a lo tonto no aseguran nada de nada. Pero mientras tanto está la profesión entretenida con esta zanahoria, y se ha echado el alto de hecho durante años, o para siempre, a la promoción de toda una generación especialmente numerosa y especialmente bien preparada en Filología Inglesa. Lo malo es que muchos puede que interpreten su único voto obtenido, o dos votos, como un resultado injusto para toda una carrera. Y bien puede que, en suma, todo este sistema sea más contraproducente que producente.

En fin, enhorabuena a los mejor situados… y a los demás, mejor los desanimo que los animo; animarles a volver a presentarse sería flaco favor, creo, en un sistema de promoción tan engañoso y malgastador de energías. Que esperen a las acreditaciones, a ver si pintan mejor, aunque lo dudo. Y sin embargo aquí como en todo se aplica una regla: el que la sigue la consigue. Ahora bien, para llegar a tener una cátedra, he observado, hay que seguir muchas normas y protocolos que no figuran en el libro, ni en el baremo oficial de los tribunales.

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Miércoles, 28 de Febrero de 2007 16:12. José Ángel García Landa Enlace permanente. Cátedra


La evaluación evaluada

Nos hacen llegar los representantes sindicales de FETE-UGT esta valoración tan negativa del novedoso programa de evaluación de la actividad docente del profesorado recién implantado por la Universidad de Zaragoza:

Habréis recibido (seguramente con sorpresa) una carta del Vicerrector de Profesorado en la que nos comunica, sin grandes explicaciones, que se ha implantado el nuevo proceso de evaluación de la actividad docente del profesorado, por supuesto, sin conocer ni publicar previamente los criterios de valoración ni el modelo de encuesta.

La evaluación de la actividad docente del profesorado constituye, tanto por el contenido como por la forma de implantarlo, otro ejemplo de IMPOSICIÓN por parte del actual equipo rectoral.

UGT quiere manifestar que comparte el interés por mejorar la calidad de la docencia universitaria, esto siempre ha sido una voluntad reiteradamente expresada en sus congresos, pero rechaza frontalmente los métodos utilizados por el equipo rectoral, imponiendo un procedimiento que puede terminar desvirtuando la actividad docente del profesorado con el único fin de conseguir la evaluación positiva. Somos conscientes de que los defensores a ultranza de este procedimiento (¿con qué intenciones?), rápidamente nos acusarán de corporativismo, por esa razón y ya desde el principio, queremos dejar claro que no hay que jugar a la confusión, que nuestro compromiso es defender a todos los miembros de la comunidad universitaria (PDI, PAS y alumnos), y en este caso, entendemos que se lesionan gravemente los derechos del profesorado.

Así pues, VALORAMOS MUY NEGATIVAMENTE:

• Las actuaciones del vicerrector de profesorado durante el proceso hasta la aprobación del documento “Normativa básica sobre el procedimiento y los criterios de evaluación de la actividad docente del profesorado”.
• El contenido de la propia normativa, sobre la que se presentaron numerosos escritos y alegaciones por parte de la Junta de PDI en su totalidad.
• El apresurado comienzo del procedimiento a pesar del desacuerdo mostrado por la mayoría de los representantes de los trabajadores.

Como en otros temas relativos a las condiciones laborales del PDI, la actitud del vicerrector de profesorado se ha limitado a reunir a los representantes, comunicarles lo que el equipo piensa llevar al Consejo de Gobierno e indicarles lo que no están dispuestos a negociar, es decir todo. En este contexto, UGT DENUNCIA LA FALTA DE NEGOCIACIÓN con los representantes legales de los profesores de la UZ. A diferencia de otras universidades españolas donde se están firmando numerosos acuerdos que van permitiendo mejorar las condiciones laborales, encorsetadas por la legislación nacional de su personal, en la Universidad de Zaragoza se continúa en el oscurantismo, defendiendo a ultranza una normativa calcada de la anterior (de nefasta experiencia....) y que no sirvió para mejorar la docencia que era su objetivo, sino todo lo contrario, para crear malestar e incluso fomentar el “mobbing laboral” o acoso psicológico o moral en el trabajo. Entendemos, pues, que no es suficiente poner sobre el papel que “…se cumplirá con los requisitos legales de información, análisis y negociación con los órganos de representación de los trabajadores…”, ¿con quién se ha negociado?, ¿quién le ha dado las bendiciones?. Desde luego, UGT no.

Con respecto al procedimiento para la evaluación docente, RESALTAMOS y CRITICAMOS los siguientes aspectos:

• El proceso resulta complejo, generando gran cantidad de burocracia, para terminar limitándose a la encuesta anónima de los alumnos. En este sentido, es preciso señalar que, salvo la encuesta a los alumnos, los restantes elementos de evaluación están sin regular, lo que ofrece una idea muy clara de la importancia que se les piensa conceder a pesar de todas las “buenas palabras”.
• Generará indefensión y malestar en el profesorado al verse sometido a la valoración subjetiva tanto de los alumnos como de los miembros de las diversas comisiones implicadas. Para detectar incumplimientos o deficiencias en la calidad de la actividad docente, indudablemente existen métodos más objetivos. Además, la Universidad no puede delegar en otros una función que como gestora de fondos públicos es suya.
• Algunas etapas del proceso crean serias dudas respecto a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal. La confidencialidad no se garantiza en el caso del profesor, dada la forma en que se pretende dar a conocer el resultado.
• Las encuestas de opinión son herramientas de sondeo muy útiles para detectar cuestiones específicas a mejorar. A modo de ejemplo, en los EEUU, de donde algunos siempre quieren aprender, se inventaron las encuestas de opinión para saber, por ejemplo, si un coche gustaba a los usuarios, nunca se pretendió saber con ellas si un coche ere mejor que otro, y mucho menos para saber si era bueno o malo. Sin embargo, como ya se ha apuntado al principio, la mala utilización de las mismas puede incentivar al profesorado a que no sea riguroso y exigente en la docencia para conseguir una evaluación positiva. Apoya lo anterior el hecho de que los profesores universitarios vivimos de nuestro trabajo, necesitamos complementos que ayuden a pagar nuestras hipotecas, necesitamos consolidar una plaza tras años de dedicación, etc.

Desde UGT entendemos que un programa de mejora continua de la calidad de enseñanza, debe partir de un análisis exhaustivo de la situación actual (por ejemplo analizando las consecuencias de la excesiva masificación en las aulas,…), para poner en marcha programas concretos de actuación, que posteriormente deberán ser evaluados, de forma que el proceso se vaya perfeccionando en etapas sucesivas. En la UZ parece que lo más importante es poner en tela de juicio al profesor, amenazarle con la penalización (se habla de complementos, pero pensemos en lo que puede suponer para los profesores que todavía no tienen plaza consolidada). ¿Es una buena estrategia para motivar al profesorado?. ¿Casi veinte años de experiencia negativa ha servido para algo?.


FETE-UGT. SECCIÓN SINDICAL UNIVERSIDAD.



Recuerdo a este respecto que en la última oposición a la que me presenté, la presidenta del tribunal me echó en cara que no les hubiese presentado entre la documentación para la plaza los resultados de las encuestas de docencia de los alumnos. A lo que repliqué que le había presentado al tribunal el documento que creía oficial y relevante sobre este particular, a saber, la certificación por parte de la Comisión de Docencia del centro (que había tenido en cuenta las encuestas como parte de su proceso de evaluación). Una certificación en la que se comunicaba la valoración positiva de mi docencia y se me felicitaba por la labor realizada. Pero la presidenta del tribunal insistía:

- ¿Que por qué no les entregaba las encuestas al tribunal?
- Pues porque era un documento previo a la elaboración del informe, y además de carácter confidencial, y no se requería para presentarse a la oposición.
- Pero el Tribunal deseaba verlas, me recordaba la Presidenta, y tenía derecho a solicitarlas.
- Bien, ustedes tienen derecho a expresar ese deseo, pero yo tengo derecho a no dárselas, les dije, y a que se me evalúe de acuerdo con los documentos que tienen validez oficial, es decir, los informes emitidos por mi centro.

Y así quedó la cosa, y así me fue en la oposición, supongo... (Por cierto, mis encuestas de alumnos eran todas positivas si bien no brillantes, así que, con hindsight, le ahorré al tribunal el trabajo de esgrimir ese argumento para dejarme en la cuneta. Tampoco pondría yo la mano en el fuego de que mis clases sean necesariamente peores que las de profesores que sean mejor puntuados por los estudiantes).

Evaluación e inspección ha de haber en la Universidad, eso parece claro. Pero habrá que regular los procedimientos y usos y límites adecuados de las diversas fases del proceso de evaluación, además de su resultado final. El mal uso interesado de las evaluaciones nunca quedará descartado. Con lo cual la energía perdida en medios, y en medios para examinar los medios, va a ser realmente notable.





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Miércoles, 08 de Noviembre de 2006 20:57. José Ángel García Landa Enlace permanente. Cátedra


Contencioso, sa

En febrero de 2003 me presenté, junto con otros tres candidatos, a una oposición de cátedras de Filología Inglesa. La plaza se declaró desierta, no pasando ninguno de los candidatos al segundo ejercicio. De los cuatro aspirantes, fui el único en recurrir la decisión de la comisión juzgadora; primero ante la propia comisión haciéndoles notar que los criterios que habían establecido no se atenían a derecho (por lo cual se me consideró insolente). Tras la prueba, envié numerosos escritos al Rector detallando las abundantes irregularidades cometidas. El Rector me recibió, intentó que retirase mis denuncias, y ante mi negativa me aseguró que todo sería investigado debidamente. De hecho me abrió un expediente investigador, que quedó en nada, cuando le dije que si la única manera de investigar el asunto era que me abriesen expediente, que adelante. Esta investigación no dejó huella documental que yo haya visto: nunca recibí una respuesta por escrito, y se me dio a entender que los escritos que había presentado no se consideraban recursos, sino denuncias, que el Rector podía oír o desoír. Se optó así por no contestar a ninguna de mis "denuncias" y por ignorar mis exigencias de una respuesta en regla. Ante el silencio administrativo del Rectorado, presenté (ya con abogado) un recurso donde ponía "esto es un recurso de alzada", y también este escrito quedó (esta vez ya previsiblemente) sin respuesta.

Con lo cual pasó el asunto a los tribunales, y presenté un contencioso administrativo. Tenemos juicio para el día 2 de julio de 2007. He estado examinando por primera vez el escrito del contencioso administrativo, redactado por mi abogada en lenguaje jurídico del que no podemos proferir el común de los mortales. Si hubiese contratado a la abogada ya desde el momento en que el tribunal cometió la primera irregularidad, otro gallo nos cantaría. Excuso colgar aquí el recurso, pero sí pondré las cuatro irregularidades básicas que se alegan. (Conste que muchas, muchísimas de las que yo le exponía al Rector en mis denuncias se han quedado por el camino y no han llegado a este escrito, por darle una forma manejable y no marear al juez).

Principales irregularidades, pues, según reza el escrito:

- Irregularidades en relación a la fijación del perfil de la plaza y la aplicación de éste por parte de la Comisión Juzgadora.
- Incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9.1 b) del Real Decreto 1.888/1984 de 26 de septiembre, por el que se regulan los Concursos para la provisión de Plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios (modificado por el Real Decreto 1427/86 de 13 de junio) en relación con los artículos 10, 38 y 39 de la misma norma por cuanto la Comisión Juzgadora introduce la exigencia de un requisito no contemplado en la legislación vigente (presentación de proyecto investigador).
- Irregular composición de la Comisión Juzgadora.
- La Comisión Juzgadora introduce unos criterios de valoración en los que se prima antijurídicamente la docencia ante la actividad investigadora, lo cual supone vulneración del RD 1.888/1984 que regía el proceso de referencia.

(...)

Como conclusión a todo lo expuesto hay que manifestar que en el proceso selectivo objeto de impugnación concurren una multitud de vicios de antijuridicidad que deberían producir la estimación del presente recurso, y es que a la irregular fijación de los criterios de valoración, con una ilegal exigencia de presentación de un proyecto de investigación en su informe razonado, la comisión (irregularmente constituida) procede a realizar una valoración disconforme a derecho del primero de los ejercicios (haciendo un traslado de votos a puntos) y todo ello con un total desconocimiento en la normativa de aplicación, desconocimiento que para más inri pusieron de manifiesto dos miembros de la Comisión Juzgadora, Dra. Onega y el Dr. González Groba que se declararon abiertamente como poco cualificados para juzgar una plaza de lingüística inglesa.

Todo lo anterior unido a que el actor ("el actor" soy yo: a player's heart wrapped in a doctor's hide) tiene reconocidos dos tramos de investigación en esa área de conocimiento, hace que la presunción de la que gozan las Comisiones de juzgar con imparcialidad decaiga en el presente caso, provoca la necesidad de anulación de la resolución del proceso por el que se declaraba desierta la plaza, y con el nombramiento de una nueva Comisión Juzgadora se retrotraiga el procedimiento al momento en que debieron de fijarse los criterios de valoración.
 


El Rector estaba algo alarmado porque en los escritos que le dirigí acusaba a la Comisión Juzgadora de "prevaricación". Así que le tuve que explicar en un nuevo escrito el significado de "prevaricación" según el Diccionario de la Real Academia. Es la acción y efecto de prevaricar:

prevaricar. (del lat. praevaricare). intr. Delinquir los empleados públicos dictando o proponiendo a sabiendas o por ignorancia inexcusable, resolución de manifiesta injusticia. // 2. Der. Cometer el crimen de prevaricato [o sea, "incumplimiento malicioso, o por ignorancia culpable, de las funciones públicas que se desempeñan"]. // 3. Por ext., cometer uno cualquier otra falta menos grave en el ejercicio de sus deberes. // 4. fam. desvariar, decir desatinos. // 5. desus. Hacer prevaricar.


Allí se prevaricó hasta en el sentido desusado. Pero este asunto de la prevaricación es otra de las cosas que se han caído en el presente contencioso administrativo, que además no se presenta, naturalmente, ante los tribunales penales. Quizá se desestime el contencioso por cuestiones de fechas, tecnicismos de consideración administrativa del proceso judicial en sí, atención a la "solución" dada por el Rector, etc. Pero en lo que se refiere a las irregularidades cometidas, son flagrantes e incuestionables. Y, habiendo tales irregularidades en el proceso, y habiendo valorado mi trabajo en el área de Filología Inglesa con una puntuación de 1'8 sobre 10, ¿no hay acaso decisión de manifiesta injusticia? Decisión de manifiesta injusticia que al parecer esperaba el tribunal que yo aceptase "deportivamente". Pues no: me van más otros deportes. Aunque por ello me consideren algunos insolente, o contencioso. Y aunque pleitos tenga, y los pierda. Pues mal perdedor no soy, cuando no se amaña la partida.

 

 

 

PS: Como resultó años después, los tribunales no me dieron la razón en el contencioso, cuestión que comento aquí.

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Viernes, 03 de Noviembre de 2006 20:00. José Ángel García Landa Enlace permanente. Cátedra


El contencioso de la cátedra

Ahora empieza a rodar por los juzgados el contencioso administrativo de la cátedra a la que me presenté en 2003 y se declaró desierta—ante lo cual interpuse recursos contestados por el Rectorado con silencio administrativo. De ahí que optase por llevar a juicio al Alma Mater. Con cierto retraso me he enterado de la citación a juicio de la Universidad ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo. Se ha reclamado a la Universidad el expediente administrativo de los recursos desestimados, y se la ha citado a juicio para el día dos de julio de 2007... nada menos. Las cosas del Palacio de Justicia van despacio. Menos mal que me parece que la resolución del caso, en cambio, será rápida.


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Miércoles, 25 de Octubre de 2006 13:50. José Ángel García Landa Enlace permanente. Cátedra


Googlefight contra el tribunal


 
En este post de arriba vuelvo a vueltas con mi infausta oposición de cátedras, una de mis obsesiones en este blog. Sobre lo injusto de que nos suspendiesen a todos los candidatos, en el primer ejercicio, después de haber informado el propio tribunal que teníamos suficiente currículum para ser catedráticos "en 2003" (cuando se celebró la prueba)—¡vamos, como dando a entender que no era preciso tener el mismo currículum unos años antes, cuando ellos hicieron la prueba a su vez!

En una serie de escritos al Rector (que quedaron sin respuesta, porque no la había posible) detallé las innumerables irregularidades que el tribunal cometió en la prueba. Igual un día las detallo aquí también, aunque si alguien quiere informarse (que no creo) puede leerse la sección sobre "Cátedra" de este blog.

Hoy, en plan más festivo, sólo organizaré una Googlefight entre los cuatro miembros del tribunal que me pusieron una nota de 1'8 sobre 10, y yo. Ay, lástima que no sea un criterio el número de resultados de Google para medir el mérito profesional, ¿eh? Claro que tampoco les parecían criterio a los miembros del tribunal las clasificaciones de campos de conocimiento de la UNESCO. Es que los hay con gustos particulares... En fin, ahí van los resultados:

Presidenta del tribunal: catedrática Dra. Susana Onega Jaén (busquemos—con comillas, eh— "Susana Onega" por dar más ventaja, aunque hay otras Susanas Onegas en el mundo): 992 resultados. Vaya, además el primer resultado es de una página mía, qué se le va a hacer...

Secretario del tribunal: catedrático Dr. Francisco Garrudo Carabias (busquemos "Francisco Garrudo", por si acaso no se usa el segundo apellido): 523 resultados.

Vocal: catedrático Dr. Constante González Groba. Buscando "Constante González": 575.

Vocal: catedrática Dra. Montserrat Martínez Vázquez. Bueno, "Montserrat Martínez" no busco, que es media Cataluña. Buscando "Montserrat Martínez Vázquez": 193.

Total del tribunal: 2283 resultados según Google.

Candidato a cátedras Dr. José Ángel García Landa; buscando "José Ángel García Landa": 31.800 resultados. Si es que Google no miente...

Vencedor por K.O.: el tribunal.


 

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Lunes, 16 de Octubre de 2006 21:35. José Ángel García Landa Enlace permanente. Cátedra


Hago un corralillo

Querido Equis:

Me alegro de volver a saludarte, aunque evidentemente no por la ocasión de esta carta. Eres de las personas de nuestra profesión que me van dejando invariablemente buenos recuerdos, y conforme avanza la carrera (vital) de uno, es un número siempre decreciente, ya se sabe. Por aquí vamos todos bien, y más en junio que es mi mes preferido, creo. Estoy un poco en standby, aunque igual no doy esa impresión por los mails airados que de vez en cuando dirijo a la colectividad de anglistas, despotricando por el desmantelamiento de nuestra especialidad. Y la respuesta de los especialistas me lleva a pensar que no hay un consenso generalizado de que no haya que desmantelarla; por algo será, jeje... Un poquito lamentable todo esto.

Ahora que para lamentable el asunto este del mangoneo que hubo en la oposición a la que te presentaste. Cuando te toca de cerca una acción de estas de poner los árboles antes que el bosque, o el corralillo que dice el Koala antes que la ley y que la disciplina académica... esas actitudes son las que llevan, poquito a poco, al ambiente autodestructivo que hay en la profesión a nivel nacional.

Siento muchísimo que te haya pasado, porque estos disgustos adquieren (somos así de limitados los homo academicus) un coste psicológico desproporcionado en la atención y las motivaciones del opositor o concursante, y las cosas importantes de la carrera (que son las que nos llevaron a emprenderla) pueden pasar a un segundo plano por la atención que dedicamos a las actuaciones mezquinas de los demás. Procura que no te pase, es lo más importante, que no pierdas de vista lo que te motiva en esta actividad a la que hemos elegido más o menos dedicarnos: que no se te estropee el entusiasmo por ese lado, por favor.

Me resultó curioso enterarme del resultado "con bronca incluida" del concurso, porque es necesario conocer cómo actúan en otros ámbitos la gente que sólo conocemos a veces por su lado amable, quizá porque no nos han tocado en ningún tribunal de pincha y corta. Es información útil, desde luego. Los mangoneos que hubo en puntuación, priorizaciones indebidas, etc., parecen lo bastante objetivables como para que surjan serias dudas sobre el proceder del tribunal a cualquier persona no directamente interesada en favorecer uno u otro resultado.

Y a eso voy ahora, cuando paso de darte ánimos, la razón, etc., para echarte una pequeña bronca o reconvención. Bueno, dejémoslo en consejo. Dices que no vas a recurrir la decisión del tribunal. Pues yo te digo que deberías, qué digo, que DEBES, y eso por varias razones que ya se te habrán ocurrido pero que por lo visto has apartado de tu mente; mal apartadas, a mi juicio, y por eso me permito recordártelas.

- Para que no se falseen los procedimientos administrativos y se elija al mejor candidato.

- Para que en el siguiente concurso vayan al menos avisados y con prevención de que puede ser recurrido, y así quizá no salga perjudicada injustamente otra persona.

- Para que haya una oportunidad (mínima, casi inexistente, conociendo la Universidad, es cierto) de que a quienes han actuado mal se les paren los pies (no voy a decir se les reconvenga o se les abra un expediente... pues no sufro de delirium tremens, y sé que eso jamás pasaría en la Universidad a quienes mangonean en un tribunal con el destino de puestos y fondos públicos).

- Para que, aunque la comisión de garantías, o el Rector, o quien sea, en su universidad, no les pare los pies, por lo menos se conozca fuera del circulito, y con recursos de por medio, la manera de proceder de ese departamento y esa comisión. Eso siempre es pedagógico y crea imagen, la merecida.

- Para tu propia tranquilidad de espíritu. Pues (aunque aquí es posible que me equivoque, tampoco te conozco tanto) es importante para superar una historia de estas bien superada el hacer todo lo que esté legalmente posible en tu mano para hacer valer tus derechos. Lo contrario es tirar piedras sobre tu propio tejado.

Créeme, o dime si no que me meto donde no me llaman, pero es muy importante que presentes un recurso al Rectorado sobre este asunto. Sin temer llamar a las cosas por su nombre: prevaricación a la prevaricación, ignorancia a la ignorancia, mala fe a la mala fe, etc. Y hazlo con un abogado.

Ojo con los abogados, que, en mi experiencia, tienden a echar un tupido velo de palabrería sobre estos asuntos, quitándoles hierro y procurando rebajar a "cosillas" los alegres falseamientos de criterio profesional y las desenfadadas desviaciones de fondos públicos que se dan en estos casos, bajo el blindaje de la "discrecionalidad técnica" de las comisiones. Pero un abogado te puede ayudar para que no te suceda lo que a mí en un caso parecido: que por tecnicismos muy al pelo, el Rector decidió que las decenas de denuncias que le envié no llegaban a constituir un recurso, y se refugió, aliviado y cobarde, en el silencio administrativo.

Así que, repito, es necesario que presentes un recurso, y que lo hagas con un abogado. El Rector o la Comisión en cuestión desestimarán el recurso, como suelen de modo prácticamente invariable (por no abrir innecesariamente a su juicio ningún can of worms, cuando pueden tener una universidad tan repulida a su juicio). ¿Tener que contemplar la posibilidad de tergiversaciones, manipulaciones, con las medidas que debería conllevar eso...? Buénooo. Ningún rectorado le va a hincar el diente a semejante barra de turrón de Alicante: se lo pasan empaquetadito y sin abrir a alguien que no sea de los colegas. Así que es importante que entonces no desistas y que tengas preparados ya los papeles para presentar la cuestión a un contencioso administrativo.

Sé que todo esto suena desagradable, especialmente si ya es the return of the repressed y lo habías considerado y desestimado. Sin embargo, y confiando en que hay datos objetivables que pueden apoyar el recurso, creo que es lo que tienes que hacer. Por tí mismo como parte menos interesada, pero sobre todo por civismo y por obligar a la Administración a que sea lo que habría de ser. Al menos en la medida en que esté en tu mano. Y por jorobar, hombre.

Confío en que hagas lo más acertado, y que, en cualquier caso, no dejes que esto te ocupe más minutos de los que debería. Y que me disculpes si te digo algo que te pueda molestar, porque mi intención era sólo darte mi mejor consejo ... ¡admonitio non petita, ya lo sé!

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Lunes, 05 de Junio de 2006 11:49. José Ángel García Landa Enlace permanente. Cátedra


Cátedra en conserva

La cátedra en cuestión es la infausta cátedra en la que se me cargaron a mí y a otros tres y quedó vacante. Bueno, pues resulta que años después de la oposición, el Departamento ha pedido que salga otra vez a concurso, sacándola del jarrito de formol en el que estaba guardada. Y, sorpresa, el Rectorado no va a hacerlo. Pues (según me han dicho de buena fuente) han preguntado al Director que cómo es que se ha pedido la salida a concurso de esta cátedra, si no hay en el Departamento ningún profesor habilitado que se pueda presentar al concurso. Así que no se va a sacar: va contra la política del Rectorado, que al parecer da prioridad absoluta a la promoción de su propio personal por encima de la conveniencia de cubrir las plazas asignadas.

Esto tiene su parte de círculo vicioso, pues el número de plazas de habilitación está en función del número de plazas docentes que saquen las universidades a concurso. Por tanto, al no salir esta cátedra a concurso, habrá menos posibilidades de que se habiliten los candidatos (sean o no de la Universidad de Zaragoza).

Yo ya sabía que la creación de nuevas plazas de catedrático estaba ya explícitamente subordinada a la existencia de personal habilitado. O sea, que si no hay habilitado, en principio no se asignan cátedras nuevas al departamento aunque lo solicite por mantener un equilibrio en la estructura de plantilla. Pero ahora descubro que la misma política se aplica a las plazas ya existentes. Se entiende así que ante la carencia de prisa del Departamento por cubrir su plaza estos años pasados, el Rectorado tampoco le haya apremiado en absoluto. Dinero que se ahorra.

Es una frugalidad loable, y un interés solícito de la institución por la promoción interna de su personal. Lástima que cuando le llegan al Rectorado recursos y denuncias sobre las arbitrariedades e injusticias que cometió la comisión evaluadora para lograr dejar vacante esa cátedra, cuando había tanto candidato de la propia universidad que se presentaba-- allí ya no haya habido tanto interés de la Universidad por velar por la promoción de su personal. Ni un acuse de recibo, ni una respuesta, sino más bien un desprecio olímpico a las opiniones y a las carreras de los candidatos. Eso también ahorra dinero, claro, en sueldos y en papel con membrete. Pero es pan para hoy y hambre para mañana, porque mina la integridad del sistema, y la credibilidad de la universidad.

Es una actitud que ciertamente merece un contencioso administrativo, así que eso he hecho. Con pocas posibilidades de éxito, claro, al haberse atrincherado el Rectorado en el silencio administrativo durante tanto tiempo. Pero por mí que no quede.

La cátedra fantasma

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Miércoles, 05 de Abril de 2006 22:00. José Ángel García Landa Enlace permanente. Cátedra


Maltrato administrativo

Ahora que está de moda ponerse severo con los maltratadores (que si el bullying, que si el mobbing, etc.), propongo que se incluya en la lista el ventanilling. Y es que en este país de papanatas (no se ofenda nadie, que me incluyo), no le hacemos caso a nada de lo que tenemos delante de las narices hasta que le ponemos un nombre extranjero. Pues hoy mismo, como víctima del ventanilling, he ido a pedir un poder notarial para pleitos, y poder presentar un contencioso administrativo contra mi universidad. Que ya es pena, tratar así al alma mater. Pero al alma mater llevo dirigiéndole escritos y recursos desde hace tres años. Tres años hace que un tribunal me puso una nota de un 1’8 en unas oposiciones, haciendo uso falaz y tergiversado de su criterio supuestamente experto, para dejar la plaza vacante en lo que fue una actuación bochornosa. Pero las denuncias, escritos, recursos, etc. al Rectorado sólo han servido para que me den largas de palabra, sin producir ninguna resolución por escrito que contestase a mis denuncias, recursos, etc. Sólo una notita recibí una vez dando a entender que el tema se había cerrado en su momento por el procedimiento habitual del silencio administrativo: mentira cochina, pues cuando se produjo ese "silencio" todavía le quedaban al Rector varios meses de dudas entre si me contestaba o no, hasta que optó por no contestarme. El argumento más definitivo: el silencio, eso simplifica mucho las cosas, que si entramos a debatir, surgen los problemas; hay leyes que no se han aplicado, datos que se han tergiversado, y buf, mejor ni entramos, a ver si pasa el chaparrón y caduca todo y se calla este señor de una vez.

Así que al tribunaling a que me sometió la comisión evaluadora de esa plaza hube de añadir luego el ventanilling de la administración de mi universidad, que entiende (supongo que como toda administración que se precie) que si alguno de sus funcionarios es acusado de prevaricar, o de tergiversar las cosas, o de actuar injustamente, ha de correr rápidamente la administración a ponerse de su parte y protegerlo en la medida de lo posible contra toda acusación, aunque provenga de otro funcionario de la misma institución. La cosa merecería una investigación y una resolución por escrito, pensaría uno. Pues no. Silencio administrativo, entendido como una manera de fomentar que pelillos a la mar y se hagan las paces. La explicación oficial, supongo, es una que me dio a entender el Rector en su día: que podía muy bien interpretar que técnicamente hablando yo no le había presentado ningún recurso, sino sólo quejas que él podía valorar y oír, o ignorar sin más (o sea, algo así como la diferencia entre "combatientes enemigos" y "prisioneros de guerra", para que se me entienda). Pero eso suma un maltrato a otro, claro.

En tiempos (ver el 7 de febrero de 2005) hice una lista de las normativas administrativas generales que incumple la Universidad maltratando a su propio personal de esta manera. Claro que no voy a ir juicio con toda esta lista, sino sólo con lo que mi abogado considere conveniente espigar de entre la lista, que si no el tema es demasiado complejo para darle una forma jurídicamente aerodinámica.

Pleitos tengas, y los ganes. A ver si por lo menos se me aplica también la segunda parte de la maldición gitana. Pero evidentemente no pleiteo con esa esperanza, sino sólo por coherencia. Si incoherencia hay al final, que no sea por mi parte, sino por los tecnicismos y recovecos de la Justicia -- por el jurisprudencing.

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Miércoles, 22 de Febrero de 2006 07:23. José Ángel García Landa Enlace permanente. Cátedra


Habilitaciones

Algunos no nos habíamos enterado aún del resultado de las habilitaciones para catedrático en nuestra área de conocimiento (Filología Inglesa). Este año las pruebas han tenido lugar en la Universidad de Murcia. Naturalmente, nuestra Asociación de Estudios Ingleses y Norteamericanos es demasiado discreta como para facilitar este tipo de información. Pero está colgada en la red de la Universidad de Murcia. Transcribo:

Resultados de la 1ª prueba con indicación de los votos obtenidos

1. Davis García, Rocío María 3

2.Durán Giménez-Rico, María Isabel 3

3. Gómez González, María de los Angeles 6

4. Gurpegui Palacios, Jose Antonio 6

5. Lavid López, María Julia 4

6. Mott, Brian Leonard 3

7. Neff Van Aerteselaer, Joanne 3

8. Palacios Martínez, Ignacio Miguel 2

9. Sánchez-Pardo González, Esther 3

10. Worsfold James, Brian James 3

11. Acuña Fariña, Juan Carlos 5

12. Bruton, Anthony Stewart 1

13. Calvo López, Clara 6

14. Carrera Suárez, María Isabel 6

15. Comesaña Rincón, Joaquín 3

Se convoca a los aspirantes que hayan obtenido cuatro o más votos al acto de entrega de resúmenes para la segunda prueba, el cual tendrá lugar en la sala Jorge Guillén de la facultad de letras de la Universidad de Murcia el lunes 30 de enero a las diez horas.

La segunda prueba comenzará el martes 31 a las 9:30 horas en la sala Jorge Guillén.

Murcia, 26 de enero de 2006

EL SECRETARIO

Fdo. Francisco Gutiérrez Díez

Vº Bº EL PRESIDENTE

Fdo. Angel Luis Pujante Alvarez-Castellanos

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Resultado final de aspirantes habilitados

La comisión juzgadora de la prueba de habilitación nacional de referencia hace pública la relación de aspirantes habilitados para Catedráticos de Universidad:

1. CALVO LÓPEZ, CLARA

2. GÓMEZ GONZÁLEZ, Mª ÁNGELES

3. LAVID LÓPEZ, JULIA

Murcia, 3 de febrero de 2006

EL SECRETARIO

Fdo. Francisco Gutiérrez Díez

Vº Bº EL PRESIDENTE

Fdo. Angel Luis Pujante Alvarez-Castellanos

Me parece que mi nombre jamás se verá en una lista de éstas. Ya me valió con los resultados de la oposición a la que me presenté hace ahora tres años aquí en Zaragoza. En aquellos tiempos felices todos los titulares estábamos habilitados para ser catedráticos, hasta que por decreto se nos deshabilitó en bloque (precisamente introduciendo las habilitaciones). Como me pareció una jugarreta sucia (y a la que la pasmada profesión no opuso ni una queja), pues no pienso participar en la movida ésta de las habilitaciones. Las cátedras están verdes (o todos estamos verdes).

Claro que en el antiguo sistema tampoco estaba garantizado que se hubiese de dar la cátedra a un titular sólo por el hecho de cumplir los requisitos administrativos y tener méritos reconocidos oficialmente. Se podían dejar desiertas, y se dejaban de hecho, como se dejó la plaza a la que yo me presenté, al no haber falta de concursantes pero no gustar ninguno al tribunal. Eso sí que fue una deshabilitación. Y eso que las primeras actas que elaboraron al examinar las carreras y méritos de los concursantes sí que decían (en el caso de todos) que sí tenían méritos suficientes para obtener una plaza de catedrático de Filología Inglesa. Hubiera pensado uno que, en ese caso, sólo se trataba de elegir al que más méritos tuviera. Pero no-no.... Algo falló en la lógica del procedimiento, y todos los concursantes ("con méritos suficientes") quedaron suspensos, porque el tribunal juzgó que el trabajo y experiencia de esos titulares en Filología Inglesa no era adecuado para la enseñanza de la Lingüística Inglesa. Vaya. Ahora sí que me he perdido. Será que la Filología no es adecuada para la Lingüística, o viceversa...

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Miércoles, 15 de Febrero de 2006 11:56. José Ángel García Landa Enlace permanente. Cátedra


Cierta indefensión

Se acaba de publicar el primer informe anual del Defensor Universitario de la Universidad de Zaragoza. Reconozco, entre los expedientes que describe sin dar nombres de los interesados, el que me atañe a mí:
 
"Expediente 8-2005/4.3

Un profesor se dirige al Defensor Universitario manifestando su queja por no haber recibido respuesta al recurso que en su momento interpuso relacionado con el desarrollo de una oposición.

El Defensor Universitario según lo dispuesto en el art. 93.2 de los Estatutos y en el art. 10.3.d) del Reglamento de organización y funcionamiento del Defensor Universitario, no admite la queja a trámite ya que el tema se encuentra pendiente de procedimiento administrativo, si bien realiza gestiones para, de ser conforme a procedimiento, se conteste a la persona interesada".


Esto me confirma que si el Rectorado me envió (a los dos años de la oposición que recurrí) una respuesta, fue a instancias un tanto telefónicas o "extraoficiales" del Defensor, que no llegó a producir ningún papel sobre este tema (antes de este que sale ahora), por las razones que indica. La respuesta no fue gran cosa, venía a decir que se consideraba el caso cerrado por silencio administrativo. (A una consulta anterior al Rector sobre si debía interpretarlo como silencio administrativo también se había contestado con silencio, y eso que la ley indica que esa pregunta hay que responderla por escrito. Claro que también dice que hay que responder en cualquier caso, y no guardar silencio). Al parecer no se consideraron recursos formales mis escritos, así que el mes pasado presenté un recurso de alzada formalmente redactado, habiendo recibido esta mínima respuesta, primera relativa a una resolución sobre la oposición recurrida. Y estoy a la espera de ver si se contesta ese recurso de alzada.

A lo que voy ahora es que existe un ángulo muerto en la normativa del Defensor Universitario que provoca indefensión en casos como el mío. Suponiendo que el proceso administrativo esté vigente, y nada nos hacía suponer que no lo estuviese (de ahí que no actuase en su momento el Defensor, como dice su escrito), yo quedo sin amparo del Defensor, porque su normativa de actuación dice que se inadmitirán sistemáticamente todos los asuntos a los dos años de haber tenido lugar el hecho que lleve a solicitar esta intervención del Defensor. En teoría el proceso administrativo sigue abierto, con un recurso de alzada que no ha sido contestado. Pero yo ya no soy un caso del cual tenga que ocuparse, o pueda ocuparse, el Defensor Universitario.

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Miércoles, 14 de Diciembre de 2005 15:28. José Ángel García Landa Enlace permanente. Cátedra


Más cátedras

Por fin más cátedras en este departamento, y que sean para bien. Enhorabuena al candidato que la ha obtenido hoy, con 100 puntos sobre 100. Eso es sentar cátedra, y lo demás son cuentos.

Que hacen falta más cátedras es una opinión, desde luego (hay quien las suprimiría todas por perniciosas); me refiero a que ha estado muy cerrada y manipulada la promoción del profesorado en este departamento. Cuando yo me presenté a cátedras hace dos años (y no me la dieron) le hice notar al tribunal en mi memoria estos curiosos datos:

Según los datos ofrecidos por el Consejo de Universidades a fecha 1 de enero de 2003, la distribución de profesorado universitario en los distintos cuerpos funcionariales era como sigue:

        - Catedrát.U. - Titular U. -Cat.EU - Tit.EU - TOTAL

Conjunto del
profesorado - 7.377 - 23.025 - 1.985 - 10.812 - 43.199

Filología
Inglesa - 61 - 416 - 35 - 284 - 796

Universidad
de Zaragoza - 186 - 872 - 26 - 384 - 1.468

En cuanto a los datos del Departamento, son como sigue:

Dpto. Fil. Ingl. y Al. - 1 - 23 - 3 - 17 - 44


Es decir, la proporción de catedráticos de Universidad con respecto al resto de los cuerpos de funcionarios que podrían promocionarse a ese cuerpo es, redondeando, de 1 a 26 en este Departamento, de 1 a 9 en el área de Filología Inglesa a nivel nacional, de 1 a 5 en la Universidad de Zaragoza y de 1 a 4 en el conjunto del funcionariado docente universitario. Creemos que son cifras que deberían hacer reflexionar a las Comisiones evaluadoras de Filología Inglesa antes de declarar desiertas las plazas, como se hace con cierta frecuencia.


Fin de la cita. Bueno, la Comisión sí estimó oportuno declarar la plaza desierta, por insuficiencia o inadecuación de todos los candidatos, tres de ellos de este departamento. En mi caso se me dio una puntuación de 18 sobre 100, alegando diversas insuficiencias, supuestas carencias, errores sin especificar, etc. — todo ello en un proceso plagado, naturalmente, de irregularidades, desconocimiento de la normativa por parte de la comisión, ignorancia deliberada, mala fe, etc. Es un caso que he comentado bastante en este blog, por lo que no me voy a enrollar más con él. Sólo recordar que el Rector ha corrido un tupido velo sobre él, no contestando a ninguno de los escritos de denuncia y recursos que le he enviado. Ni un solo argumento ofrecido en escrito público para rebatir los míos.

Hace dos años este departamento era incapaz de cubrir una plaza de catedrático de Filología Inglesa, aunque algunos llevábamos muchos años de carrera, doctorados ya en los años ochenta, con tramos de investigación reconocidos, funcionarios con muchos trienios y quinquenios y sexenios. Eso fue un insulto no sólo para mí, sino para los demás concursantes, y para el departamento en conjunto: incapacidad manifiesta. Déficit total de profesorado promocionable, y encima todos suspensos cuando lo intentan, hala. ¡Inútiles! —¡negaos! Claro que los demás candidatos y el Departamento eligieron no verlo así; es más elegante y práctico. Son cosas que pasan, en las cátedras no hay estándares ni baremos, depende todo cómo sople el viento. Puedes hacerte catedrático con dos artículos, o no te valdrán toneladas de publicaciones (de camino al examen se partió por el peso uno de los dos carritos en que llevaba mis publicaciones). Es el arbitrio de los dioses, no hay apelación posible, es la discrecionalidad técnica. Para una plaza de asociado, cuentan hasta los medios puntos con regla milimetrada; en una cátedra, en cambio, se puede coger toda la carrera de un candidato como una mesa puesta, hacer un rebullón con platos y copas, y tirarlo todo por la ventana sin mayores contemplaciones. Así que los señores del tribunal, Dres. Onega, Garrudo, Martínez y González, me pusieron un 1,8 sobre 10, y se quedaron tan anchos. Yo no. Les envié a cada uno en persona una carta, con una copia de mi primer escrito de denuncia al rector, y expresándoles la opinión que me había merecido su actuación. Hasta la fecha no me han contestado.

Con el tiempo, otros profesores han dejado más alto el pabellón del Departamento. Hoy, por ejemplo, el Dr. Deleyto ha conseguido 100 puntos sobre 100, con un tribunal también presidido por la Dra. Onega. Tampoco creo, ciertamente, que el departamento se dé mucho por aludido en este caso, sabiendo que al menos algún profesor promocionable sí que tiene. (El año pasado obtuvo una cátedra también el Dr. Collado). Y no les voy yo a discutir sus méritos a los Dres. Collado o Deleyto, claro. Lo que sí discuto es que mi trabajo valga cinco veces menos que el suyo. Por ahí si que no paso. Pongamos, por ejemplo, que el Dr. Deleyto ha publicado una mongrafía en Paidós. Bueno, yo tengo una publicada en la Universidad de Salamanca. (Y otra en Zaragoza. Y otra en América). Que tenga artículos en Film Journal. Eso está muy bien, ciertamente. Yo también tengo artículos, en el European Journal of English Studies, por ejemplo. Que tenga coeditado un volumen colectivo en Edimburgo, y otro en Zaragoza. Vale. Yo tengo uno en Amsterdam, y otro en Londres (en Longman). Que le dieran el premio de nuestra asociación profesional nacional el año pasado—enhorabuena. A mí me lo dieron hace más de diez años. También tengo publicaciones en la Linguist List. En Berlín (de Gruyter). En la Universidad de Oxford. Esta misma semana sacábamos los dos un artículo en la misma publicación (un libro sobre cine de la editorial Rodopi). También he dirigido una revista académica de nuestra especialidad (bueno, él no). Mis publicaciones están en la web para quien quiera verlas. Y, como él, he hecho otras cosas al margen de publicar. Nada, sin embargo, que pueda justificar una puntuación de un 1’8 en un caso frente a un 10 en el otro.

Pero, dirán Vds., todo esto son pamplinas. Este señor no se entera. Las cátedras no se deciden por méritos. Los puntos, los votos, los méritos, son una ficción conveniente.

Pues a eso voy. A denunciar el MANGONEO. En mi caso, entiéndaseme bien, no en el del candidato de hoy.

Con mi felicitación por delante.


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Martes, 13 de Diciembre de 2005 15:57. José Ángel García Landa Enlace permanente. Cátedra


La justicia es un cachondeo

Tras declararse desierta la plaza de catedrático de Filología Inglesa a la que opté con otros tres concursantes en 2003, dirigí al Rector de la Universidad de Zaragoza numerosos escritos denunciando las irregularidades, numerosas y de bulto, que permitieron a la comisión juzgadora presidida por nuestra catedrática llegar a ese resultado. Tras diversas entrevistas, dilaciones y amagos de investigación, la cosa quedó en que el Rector contestó con silencio administrativo.

Una interpretación de dicho silencio es que no se consideraron como "recursos" los fajos de escritos que le dirigí al Rectorado, o quizá que era menos engorroso y una solución "más limpia" no contestar a nada que tener que presentar argumentos que justificasen todas esas irregularidades (menudo embolado sería ese). Los escritos, tras denunciar las irregularidades, instaban al Rector a actuar como juzgase oportuno. No contestar ha sido lo más oportuno.

Esto, evidentemente, es una tomadura de pelo, entre otras cosas porque, confiando en la investigación del Rector, no llevé el asunto a contencioso administrativo y ahora sólo lo puedo llevar en respuesta a una resolución explícita del Rector – probablemente otra buena razón para no contestar.

En cualquier caso, visto que los escritos anteriores no se han recibido ni contestado como recursos administrativos, envío ahora una versión simplificada de los escritos que sí dice que es un "recurso de alzada" y sí pide una resolución concreta: la retrotracción del concurso-oposición hasta el momento en que se cometió la primera irregularidad, y el nombramiento de una nueva Comisión. (Cosa que el Rector ya sabía, por supuesto, yo solicitaba – y aseguró de hecho que se investigaría a fondo sobre la cuestión. Pero, parole parole...).

En este nuevo papelote que presento hoy al Rectorado, candidato a un nuevo silencio administrativo, retomo los cincuenta folios de denuncias de irregularidades, y quitándolas a decenas, me concentro en tres de las más palpables. Por poner algo, y simplificar. Aquí extraigo, del recurso, la argumentación de la irregularidad número 1. Principio de la cita:

I.- La Comisión Juzgadora introduce la exigencia de un requisito no contemplado en la legislación vigente. Se ha exigido, a efectos de valoración del primer ejercicio la presentación de un proyecto de investigación (cuando la legislación vigente no prevé este tipo de requisito para este tipo de concurso).
La Comisión Juzgadora ha confundido de forma notoria y estrepitosa el contenido de los artículos 9.1 y 10.1 del Real Decreto 1.888/1984 de 26 de septiembre, por el que se regulan los Concursos para la provisión de Plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios (modificado por el Real Decreto 1427/86 de 13 de Junio).
Dicho de otro modo, la Comisión Juzgadora ha confundido este concurso ordinario convocado al amparo del artículo 38 de la Ley 11/83 de universidades con los concursos especiales del artículo 39.3 de la misma ley.
Y para este concurso ordinario se aplica el artículo 9.1 del Real Decreto 1.888/1984 y para los concursos especiales del artículo 39.3 se aplica el artículo 10.1.
Estos dos preceptos señalan lo siguiente:
Artículo 9
1. En los concursos regulados por los arts. 35 a 38 de la Ley de Reforma Universitaria, los concursantes entregarán al Presidente de la Comisión en el acto de presentación la siguiente documentación:
a) Currículum vitae, por quintuplicado, según el modelo que establezca la convocatoria del concurso y un ejemplar de las publicaciones y documentos acreditativos de lo consignado en el mismo. La Universidad convocante se encargará de que todos los miembros de la Comisión dispongan de las publicaciones y documentos acreditativos necesarios para la emisión del informe razonado a que se refiere el apartado 2 de este artículo.
b) Proyecto docente, por quintuplicado, que el candidato se propone desarrollar de serle adjudicada la plaza a la que concursa; dicho proyecto se ajustará, si se hubiesen fijado en la convocatoria, a las especificaciones establecidas por la Universidad convocante.
Artículo 10
1. En los concursos a que se alude en el apartado 3 del art. 39 de la Ley de Reforma Universitaria, los concursantes entregarán en el acto de presentación la siguiente documentación:
a) Currículum vitae, por quintuplicado, según el modelo que establezca la convocatoria del concurso, de acuerdo con lo establecido en el apartado 2 del art. 3º y un ejemplar de las publicaciones y documentos acreditativos de lo consignado en el mismo. La Universidad convocante se encargará de que todos los miembros de la Comisión dispongan de las publicaciones y documentos acreditativos necesarios para la emisión del informe razonado a que se refiere el apartado 2 de este artículo.
b) Proyecto docente y de investigación, por quintuplicado, que el candidato se propone desarrollar de serle adjudicada la plaza a la que concursa. El proyecto docente se ajustará, si se hubiesen fijado en la convocatoria, a las especificaciones establecidas por la Universidad convocante. El proyecto de investigación sólo será exigible en los concursos de aquellos Cuerpos docentes universitarios para cuyo ingreso se exija el título de Doctor.
Como puede observarse, en el caso de los concursos del artículo 38 de la antigua LRU, de acceso abierto a cátedra entre catedráticos y profesores titulares de universidad (que es el caso que aquí nos ocupa), según el artículo 9.1. b) NO SE PRESENTA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN sino sólo proyecto docente.
Y por el contrario en el caso especial de los concursos del artículo 39.3 de la antigua LRU, concursos especiales de méritos entre quienes ya son Catedráticos del cuerpo (que no el caso aquí debatido) según el artículo 10.1 b) SÍ se exige proyecto de investigación.
En consecuencia, no cabía aquí exigir proyecto de investigación y mucho menos valorarlo.
En los criterios de valoración publicitados por la Comisión se alude al proyecto investigador y, posteriormente, en el juicio razonado sobre los concursantes se reprocha al compareciente la falta de presentación de un proyecto investigador.
Así se deduce de los juicios razonados emitidos sobre el concursante reclamante donde se recrimina al reclamante la no presentación de proyecto de investigación.
Las circunstancias anteriores, determinan que el resultado del primer ejercicio ha venido mediatizado por la exigencia de un requisito que según la legislación aplicable no es exigible. (Originariamente el Real Decreto 1.888/1984 de 26 de septiembre, por el que se regulan los Concursos para la provisión de Plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios contemplaba la posibilidad de que en estos concursos se exigiera proyecto investigador junto al proyecto docente. Pero esa posibilidad desapareció con la reforma operada por el Real Decreto 1427/86 de 13 de Junio).
En este concurso no era exigible el proyecto investigador. Y, a partir de lo anterior, el hecho de haberlo exigido y haberlo tenido en cuenta ha determinado la infracción del artículo 9 y concordantes del Real Decreto 1.888/1984 de 26 de septiembre, por el que se regulan los Concursos para la provisión de Plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios (modificado por el Real Decreto 1427/86 de 13 de Junio) constituyendo asimismo factor de vulneración directa del principio de igualdad en el acceso a cargos y funciones públicas reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución española (en perjuicio directo del aquí reclamante).
En las antecedentes circunstancias, la concurrencia de este motivo, observable desde el exterior (control de requisitos exigidos) y, por tanto, alejado notablemente del núcleo de la discrecionalidad técnica, debe de llevar al Rector de la Universidad a la estimación del recurso formulado por el reclamante.


Fin de la cita.
Bueno, pues, ¿por qué digo que la justicia es un cachondeo? Ya no porque ni me han contestado hasta ahora ni vayan a contestarme – que también. Lo digo porque para que comience siquiera a tomar forma visible la cuestión para la cuadrícula del jurista de turno, hay que simplificar los hechos de una manera que lleva a convertir todo el proceso en una ficción. Porque, en lo arriba citado, ni siquiera me molesto en mencionar que en la documentación que entregué a la Comisión evaluadora SÍ QUE FIGURABA mi proyecto de investigación - el que dicen que no presenté. Cito de uno de mis escritos enviados por entonces al Rector:

Pero lo más grave y llamativo de este asunto es que la Comisión ignora durante todo el primer ejercicio que sí le había hecho entrega de mi proyecto de investigación, concretamente en los clasificadores 85 y 86 de la documentación, apareciendo también listado entre los proyectos de investigación de mi curriculum como el que está actualmente en curso. Se incluyó en la documentación entregada el día 3 la copia del proyecto titulado "Narración, interacción e interpretación", en el que me encuentro trabajando desde 2001, y que ha sido presentado al plan de apoyo a la investigación de la DGA y también al Ministerio de Ciencia y Tecnología solicitando ayuda financiera. Por supuesto, este proyecto es el que se iba a presentar también en el segundo ejercicio, junto con los trabajos en curso realizados por mí en el marco del mismo, si hubiese habido oportunidad de hacerlo. Si no lo encuaderné junto con el proyecto docente es porque ateniéndome a mi interpretación de la normativa era el segundo ejercicio donde debía exponer este proyecto. Y en cualquier caso ya estaba entregado. Pero la Comisión lo desconoce totalmente, e incluso hace constar en acta que no se ha entregado un proyecto de investigación. Esto no responde a la realidad, como puede comprobarse fácilmente consultando la documentación original, o su listado en el curriculum entregado.

Y en esta línea, una tras otra tras otra. Pero detallitos como esos, a estas alturas, ya son de los que ni vale la pena mencionar. Que si no la gente se pierde, se emburrulla y dice, oiga, mejor hago como que no he oído nada. Si la Comisión puede coger mi carrera, el trabajo de toda mi vida académica, con mis dos sexenios de investigación reconocidos en el área, y a ojo de buen cubero me pone un 1’8 sobre 10, para qué andarse con chiquitas. Y no es que le den la plaza a otro con más méritos, no... todos con sus carreras de veinte años a cuestas, pues patada en el culo y suspensos. Y si eso cuela – pues ¿para qué molestarse en entrar en mayores detalles? Queda más claro el dibujo a brocha gorda. Y con un poco de cachondeo, que es lo que se lleva.

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Lunes, 14 de Noviembre de 2005 13:55. Enlace permanente. Cátedra


En curso y en re-curso

(Extracto de una correspondencia aclaratoria sobre por qué fue improcedente mi precipitado "suspenso" en el examen de cátedras... asunto que todavía colea, visto que todavía no se ha provisto la plaza).

Los sexenios que tengo son reconocimiento de investigación en el área de conocimiento de la plaza, que es Filología Inglesa. No se dan sexenios por investigación en Lingüística inglesa, porque esa no es una área de conocimiento, sino las actividades docentes encomendadas a la plaza. La Comisión, eso sí, la trata como si fuese una área de conocimiento diferenciada de Filología Inglesa, como he explicado en los escritos dirigidos al Rector. Los especialistas son elegidos en el área de Filología Inglesa, y es la investigación en Filología Inglesa el criterio prioritario que han de valorar.

Por otra parte, aun si se admitiese la restricción de la investigación valorable al "perfil docente" de la plaza, y no al área de conocimiento para la cual se convoca, sigue errando la Comisión al descalificarme, porque mi investigación se realiza en lo que, según el criterio oficial y universalmente contrastable de clasificación, a saber, la clasificación de materias de conocimiento de la UNESCO, es LINGUISTICA, exactamente como la investigación de los miembros del tribunal que se autodenominan "lingüistas" (siendo filólogos anglistas).

El criterio prioritario en la asignación de plazas es la investigación, y no puede utilizarse el argumento de una falta de docencia en la materia (falsamente aducido, por otra parte, según explico en los escritos) para excluirme del segundo ejercicio.

Mira, por ejemplo, el razonamiento que sustenta esta sentencia del Tribunal Constitucional (está completa aquí:
http://www.aeds.org/jurisprudencia/tc_29052000.htm )
En esta sentencia, el TC desautoriza una sentencia judicial que hacía valer la docencia como criterio excluyente,

"pues, en la interpretación sostenida en la Sentencia recurrida, la valoración de la experiencia docente tendría una incidencia decisiva y total en el conjunto de la puntuación final, suponiendo una conditio sine qua non para la continuación del concurso. Tal interpretación es desde cualquier punto de vista arbitraria y desproporcionada de tal suerte que su consideración en estos términos desvirtúa el sistema de valoración del concurso y resulta ajena a los principios de mérito y capacidad de los candidatos (arts. 23.2 y 103.3 CE).
No es razonable ni se sigue de la propia lógica de los concursos, pues es evidente que la legislación realiza una distinción a favor de la actividad investigadora como mérito prioritario, lo que responde a una dinámica que tiene su razón de ser. En efecto, la presencia de un grupo de especialistas de una determinada área científica viene impuesta porque son los únicos capaces técnicamente de evaluar los méritos de un candidato de la misma área de conocimiento, en tanto que la experiencia docente nunca se valora de igual modo en una plaza cuyo perfil investigador aparece determinado en la convocatoria y que exige como mínimo el grado de doctor en la disciplina y la actividad investigadora como criterio general. Se trata de un supuesto de acceso a la función pública docente universitaria en el que se exige como mínimo realizar un trabajo original de investigación que evaluado por especialistas alcance la calificación necesaria que le haga doctor en la materia. Por tanto, el juicio técnico que la Comisión de expertos debe de elaborar en este tipo de pruebas es un juicio principalmente de la experiencia investigadora, en tanto que la experiencia docente se evalúa asimismo por este grupo de especialistas pero requiere un juicio técnico mucho menor. A diferencia de la experiencia docente, que es un elemento susceptible de cuantificación que hace más referencia a la cantidad, pero no así o en igual medida a la calidad, la investigación se analiza tanto desde el punto de vista cuantitativo como especialmente cualitativo. Por ello, para lo que se requiere y son nombrados específicamente los especialistas en la materia, que son los únicos capacitados técnicamente, es para valorar lo que la Ley determina prioritario, esto es, la actividad investigadora desarrollada en el área de conocimiento concreta. Es ésta la verdadera razón y justificación del sistema vigente de acceso a este tipo de función docente.concreta. Es ésta la verdadera razón y justificación del sistema vigente de acceso a este tipo de función docente."


En mi caso también se interrumpió la continuación del concurso, sin llegar a la valoración de la investigación en la segunda prueba.

A esta vulneración de la normativa relevante es a lo que me refiero cuando digo que la comisión ha prevaricado, es decir, que ha actuado en ignorancia (ya sea deliberada o por desconocimiento) de las normas administrativas.

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Martes, 27 de Septiembre de 2005 21:34. Enlace permanente. Cátedra


Wanted: Catedrático

Hoy hemos tenido Consejo de Departamento. Se ha aprobado una cátedra de Filología Inglesa con perfil en "Cine y literatura en lengua inglesa". No era la cátedra en la que me suspendieron a mí y otros, por ahorrarla para el futuro, sino una concedida al departamento a petición del candidato. La cátedra de hoy ha ido de momento, y seguramente irá, como la seda. La otra sigue por ahí traspapelada, supongo. Y es que esto de las cátedras, siempre hay argumentos para darla o no darla, todo lo sólidos que se quiera. Con lo cual la cuestión se reduce a la ubicación del candidato con respecto a los poderes fácticos.

Y nos llega hoy una circular del primer catedrático que se digna en protestar por la desaparición del título de Filología Inglesa, B. Dietz. Con argumentos muy compartibles.

B. Dietz, por cierto, también tuvo algo que ver en el famoso examen de cátedra en el que me catearon. Inmediatamente tras la constitución del tribunal, se murió un tío suyo y se fue del tribunal. Al Rector le hice notar que no constaba un certificado de defunción entre la documentación de la prueba, pero al Rector le pareció impropio indagar en la cuestión. Aunque se le solicitase en un recurso con sello de entrada–al que sigue sin contestar a fecha de hoy. La callada por respuesta evita muchas justificaciones incómodas de dar. Y eso que se supone que hubo una investigación.

En resumen, las oposiciones no se aplazaron hasta después del funeral. Con el resultado de que en la infausta oposición, ningún candidato pudo obtener tres votos para pasar al segundo ejercicio... pues los restantes miembros del tribunal, los Dres. Onega, Garrudo, Martínez Vázquez y González Groba, votaron mucho, pero todos sincopadamente a favor de distintos candidatos, no había criterio unánime en reconocer los méritos de ningún candidato. Aunque, significativamente, sí había criterio unificado del tribunal a la hora de dar todos los miembros del tribunal la misma puntuación a cada candidato, por unanimidad. Así se daban votos de quedar bien a la vez que se suspendía a todo el mundo. Con el inconveniente colateral de que, dando la misma puntuación, unos votaban a favor del candidato y otros en contra, unos votaban aprobar a unos poniéndoles un dos, etc. ¿Que no se entiende? Pues claro: las cosas que ofenden a la lógica no hay quien las entienda. Pero al Rector esto tampoco le extrañó, y eso que es de Matemáticas.

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Miércoles, 20 de Abril de 2005 21:42. Enlace permanente. Cátedra


El expediente completo

Me contestan del Rectorado que el expediente de la cátedra (había solicitado una copia) ya lo ví hace dos años, pero que lo puedo volver a consultar. Yo preguntándome, ¿pero es que no habrán añadido nada al mismo desde hace dos años? Porque yo sí que he enviado un buen fajo de papeles de protesta, denunciando irregularidades a manta, que deberían constar allí... Así que voy a consultarlo, y me lo enseñan muy amables; y en efecto, ahí están las actas de la Comisión Evaluadora, y los escritos que yo he enviado, y punto. Ninguna resolución más, ni informe de ninguna investigación ni nada. Tantos papeles, y no consiguieron hacer mella en la indiferente ecuanimidad de las autoridades. Claro que hubiera sido bastante más problemático darse por aludidos, e intentar responder a los argumentos que allí se presentaban: en menudo berenjenal nos hubiésemos metido si empezamos a investigar esto. Así todo más limpio: mucha palabrería por un lado, y un silencio impenetrable por el otro. Quien no dice nada no mete la pata. Y mal se podrá decir que manipula nada quien no hace nada. Arreglado, y a por otra.

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Miércoles, 23 de Marzo de 2005 14:02. Enlace permanente. Cátedra


La cátedra fantasma

Ayer se publicaba la relación de puestos de trabajo del personal docente e investigador de la Universidad de Zaragoza, sometida unos días a información pública para posibles alegaciones. Un dato comentaré, por lo curioso.

En el Área de Filología Inglesa se observará que hay tres cátedras de Universidad, con destino en la Facultad de Filosofía y Letras (Departamento de Filología Inglesa y Alemana) Pues bien, una de esas cátedras está en un limbo administrativo desde hace más de dos años. Era una cátedra con perfil de Lingüística Inglesa, y salió a concurso oposición, al que me presenté, en febrero de 2003 (puede verse para más detalles el 31 de enero de 2005 de este blog). El tribunal consideró que ninguno de los candidatos daba la talla, y la dejó vacante.

Yo recurrí la actuación del tribunal, considerando entre otras cosas un auténtico insulto al profesorado del área de Filología Inglesa en su conjunto lo siguiente: 

Habían transcurrido más de quince años desde la última cátedra concedida en este departamento. Y con el hecho de dejar vacante la cátedra se consideró que de hecho nadie merecía la promoción en esos quince años. Ninguno de los profesores que optaban a la cátedra por verse con posibilidades (por verse ellos y verlos sus colegas, que si no habrían firmado la plaza), más una concursante venida de otra universidad, ninguno estaba a juicio del tribunal preparado para obtener una cátedra en su área de conocimiento.

A mí me parece escandaloso. O si no, vergonzoso. O, pongamos, ¿muy raro?

Claro que esto en modo alguno pareció raro ni ofensivo a mis colegas del Departamento, que en su gran mayoría ignoraron o entorpecieron mis intentos de hacer que el tema se tratase en Consejo. El Departamento aceptó que una cátedra quedase vacante por incapacidad de su profesorado en el estudio de la Lingüística Inglesa, y no dijo ni mú. Con esta ocasión les dirigí a mis colegas un escrito afeándoles su conducta, entre otros con el siguiente párrafo:


"pocas personas apoyaron mi solicitud de que el Consejo emitiese una valoración sobre estos hechos... está claro que no es un tema que se desease abordar por parte de la mayoría de miembros del Consejo. Aparte de las personas que me apoyaron expresamente, otras me habían expresado su temor a manifestarse públicamente sobre la cuestión, o su comprensión pero ’sin compromiso’. A estas personas les agradezco sus palabras o apoyo. A los miembros del Consejo que han preferido desentenderse de la cuestión o correr un tupido velo, me corresponde sin embargo felicitaros: vivís en la Universidad que os gusta, o al menos en la que elegís y merecéis... Al parecer [el Consejo de Departamento] encuentra muy apropiado que se niegue la promoción a personas suficientemente preparadas que llevan trabajando en este Departamento desde hace muchos años. Declarar esa plaza desierta es decir que este Departamento no ha sido capaz en veinte años de producir una persona capaz de ocupar una cátedra de Filología Inglesa en lingüística. Creo que ese juicio os afecta a todos, aunque no hayáis firmado la cátedra. También creo que no se han sopesado bien las consecuencias que tiene el aceptar de este modo público y notorio que no nos regimos por un sistema donde los méritos sean computables de un modo racional, sino por un sistema de autoridad donde se pueden valorar o desestimar según convenga a quien manda."


Es triste que, me consta de primera mano, muchas personas no apoyaron mi petición de que el Consejo de Departamento tratase el tema, aun a sabiendas de que era una petición justa, simplemente por temor. Por temor, sí. Unos por interés, otros por indiferencia, y otros por temor. Menudo panorama. (Aún peor si el temor era justificado).

Yo denuncié al Rectorado que la plaza se había guardado para candidatos mejor vistos por el tribunal pero que (¡ay!) no se habían presentado a la oposición. Porque en una plaza con ese perfil no tenían posibilidades frente a los que nos presentábamos. Por lo cual, predije, se procedería a reasignar el perfil de la plaza en dirección a esos futuros candidatos. Y en efecto, en diciembre de 2003 el Departamento, siguiendo mansamente la propuesta de la presidenta del tribunal de la oposición, intentó suprimir el perfil de Lingüística Inglesa que tenía la plaza, para despejar el camino a otros profesores que no trabajando en nada relacionado con ese perfil, pudiesen optar con más posibilidades de éxito que "los lingüistas del Departamento" (a decir de la presidenta del tribunal).

Hay que decir que entretanto cambió el sistema de oposiciones, y todo futuro candidato debe ahora obtener antes una habilitación a nivel nacional con plazas limitadas, algo nada fácil, por lo que supone de autoestrangulamiento del sistema de promoción (ya se sabe - no sacamos plazas porque no tenemos habilitados, y no tenemos habilitados porque nadie saca plazas). En el sistema de las habilitaciones yo desde luego no pienso participar.

Al suprimir el Departamento el perfil para sacar la cátedra a concurso de nuevo, me dirigí al Rectorado haciendo notar que mis predicciones se iban cumpliendo paso por paso, y que en efecto la plaza se empezaba a mover en dirección a la persona para quien se había guardado. El Rectorado detuvo la salida a concurso de la plaza, mientras se resolvían mis alegaciones. Desde entonces, la plaza sigue en el limbo administrativo, esperando posiblemente a que alguien se habilite; lo curioso es que ninguna de las diversas Direcciones que han estado al frente del Departamento desde entonces se ha preocupado en saber nada de la plaza, reclamarla, pedir aclaraciones sobre el estado del proceso... nada. ¿Una dejadez? Mejor no meneallo, quizá.

En todo caso, ahora el Rectorado sí ha resuelto, de hecho ha resuelto retroactivamente, comunicándome (tras mi insistencia en que se pronunciase) que la no provisión de la plaza quedó confirmada tiempo ha (antes de ese diciembre incluso), desde el momento en que no interpuse un contencioso administrativo. Es decir, que el Rectorado daba por buena en todo momento la actuación del tribunal, y en lo referente a mí , estaba simplemente aguantando mecha y guardando silencio, esperando a ver si yo interponía ese recurso o no, y desde que no lo hice se daba el asunto por zanjado (aunque no es eso, en absoluto, lo que me venía asegurando el Rector, y de hecho por eso no planteaba yo ningún contencioso. Pero ya se ve que eso no hay que hacerlo: aquí todo por escrito, que las palabras se las lleva el viento). En todo caso, al ser la resolución del rectorado efecto del silencio, al cobrar existencia a posteriori, y ser invisible administrativamente, la plaza sigue allí en formol, esperando que el Departamento se acuerde de ella y la vuelva a sacar (de hecho, si nos atenemos a la versión dada ahora por el Rectorado, hubiera podido hacerlo en cualquier momento, pues nada ha interrumpido el curso normal de esa plaza ni ha estado nunca retenida). Que yo sepa, el Rectorado no ha tenido el detalle de comunicar al Departamento que ahora sí puede salir la plaza a concurso.

A lo que voy: la tercera cátedra del Departamento, lo digo aquí por si a alguien le interesa, no está ya bajo ninguna losa de ningún recurso pendiente; no sé qué hace el Departamento que no la reclama otra vez, para reasignarle otra vez el perfil a la plaza, y ponérselo de cine al futuro candidato.

Además, hay un dato nuevo, del cual también me ha llegado un rumor hoy: al parecer, de los dos miembros del Departamento que concursaban a las habilitaciones nacionales, uno ha conseguido habilitarse. Desde aquí le doy la enhorabuena, si es así (a pesar de que todo esto suceda en un contexto bastante penoso). Es un largo camino hacia la cátedra, y desde luego no podrá decirse que quien la obtenga no se lo ha trabajado a fondo. ¡Pero hay que empezar a mover esa plaza, vamos, que ahora seguro que funciona la cosa! Igual al publicarse ahora la relación de plazas se acuerda la Dirección, o alguien, de que, andá, si resulta que nos habíamos olvidado de que había aquí una cátedra en el trastero, qué despistaos...

 

 

(Oposición a cátedra, mangoneo y bendición)

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Martes, 15 de Marzo de 2005 11:10. Enlace permanente. Cátedra






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José Ángel García Landa

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