Aquellos polvos, estos lodos, y los que han de venir

Según publica hoy La Razón, la policía lingüística va cogiendo fuerza en Cataluña: 

la agencia catalana del consumo envió una misiva a varios establecimientos, a la que ha tenido acceso este diario, advirtiéndoles que «según el Estatut y el artículo 2 de la Ley 1/98, de Política Lingüística, la lengua propia de Cataluña es el catalán». Sólo ocho días antes un comercio se veía obligado a pagar un multa de 1.200 euros por documentos mercantiles y ofertas de servicios no escritos en la lengua vernácula.

La carta enviada es un requerimiento con plazo de dos meses que recuerda que la actual normativa establece que «la señalización y los carteles de información general de carácter fijo y los documentos de oferta de servicios (cualquier documento empresarial que detalle las características de los productos o servicios, ya sean prestaciones, precios...) de los establecimientos abiertos al público deben ser redactados, por lo menos en catalán». De no cumplir con estas condiciones, se advierte de que en un período de dos meses, es decir el próximo 31 de julio, se iniciarán las actuaciones necesarias para corregir la infracción. Es decir, se procederá a multar a la empresa o establecimiento. 

Todo esto proviene de la irresponsabilidad del Tribunal Constitucional (y del Parlamento, y del Gobierno), al templar gaitas y no anular una ley que obviamente atenta contra el artículo tercero de la Constitución. Este dice así en sus dos primeros puntos:

1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.

2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.

El punto dos haría factible (si bien se trataría de una medida opresiva) la obligatoriedad del bilingüismo en organismos oficiales. Aplicado con intencionalidad política manipuladora, se utiliza para penalizar el uso por parte de particulares de la lengua oficial declarada por el punto uno. Esto no hay legislador que pueda justificarlo, ni político que pueda defenderlo, sin una voluntad muy decidida de practicar el doublethink.

Aquí, como en tantas otras cosas, los nacionalistas y el Partido Socialista actúan de modo irresponsable contra la letra misma de la Constitución. Las consecuencias a largo plazo de estas políticas torticeras y manipuladoras pueden ser funestas. Poco a poco se va viendo. Y lo que nos tocará ver aún.

Contra el Estatut

2 comentarios

[JoseAngel - 13 de junio de 2006 - 23:17]

Supongo que dependerá de la honestidad de cada tribunal. Pero si desde el poder se alienta el localismo y la ley del embudo, todos podemos suponer las consecuencias que derivan de eso desde la cúpula hacia abajo. El gobierno ha de ser un ejemplo ético, además de político. Y los gobiernos nacionalistas, con sus leyes del embudo, actúan con frecuencia de manera inmoral, además de políticamente problemática.

[Fer____ - 13 de junio de 2006 - 20:46]

Aquí algunos licenciados se preparan, a la vez que el cap, el catalán, por aquello de si las opos salen en cataluña. O en Valencia. O en Baleares. Lo que no está tan claro es lo que pasa después una vez allí.