Un debate en Libertad Digital: España siguiendo los pasos de Grecia, y comprando abundantes boletos para una crisis económica y financiera prolongada. Con el gobierno español escondiendo la cabeza en la arena, y sin dar asomos de enfrentarse a la situación.
Acabo de oír por la radio a Celestino Corbacho, ministro de Trabajo, diciendo, tal cual: "No se va a crear empleo por el hecho de que hagamos una reforma laboral." Es para releerlo, oigan. "No se va a crear empleo por el hecho de que hagamos una reforma laboral."
O sea, que este individuo desconoce el mecanismo básico de la oferta y la demanda, y el efecto de las subidas o bajadas de precio sobre la demanda de los productos. Las reglamentaciones que hacen subir el precio y la calidad del empleo, y restringen las condiciones bajo las cuales se puede contratar a alguien, evidentemente tienen un efecto sobre el empleo creado. Puedes tener poco empleo muy bien pagado y garantista, o mucho empleo peor pagado y con menos garantías. Pero esto no lo sabe el ministro de trabajo, o (peor aún) hace como que no lo sabe.
No es que se lo diga yo, no. Se lo dice la oposición, se lo dicen sus socios parlamentarios (algunos), se lo dice la Comisión Europea (hasta Almunia), se lo dice el Fondo Monetario Internacional, y hasta su propio secretario de Estado se lo dice. Pero el ministro, como que la cosa del trabajo y del paro no va con él.
¿En qué tómbola le ha tocado el puesto a este sujeto—a este ignorante?
En la tómbola Zapatero— ya se sabe: populismo, línea de partido, y negación de la realidad, mientras el cuerpo aguante. Y leña al mono, que es de goma.
Qué plaga de estupidez ha descendido sobe este país para que nos esté gobernando gente de este calibre. Ya ha conseguido otra vez el PSOE su veinte por ciento de parados, el logro de Felipe González, pero esta vez con abundantes estrategias para perpetuarse en el poder. Como por ejemplo subvencionar energías renovables ruinosas—o introducir la traducción simultánea en el Senado, para que los nacionalistas puedan hablar en idiomas que no entiendan los demás, y sigan así apoyando al gobierno.
Y los sindicatos, a celebrar el primero de mayo exigiendo, claro, que se mantengan los privilegios para los ya colocados. Incluidos ellos (los primeros). Y mientras, la deuda creciendo, que ya pagará el último que se quede. El país ha venido comprando boletos para darse un buen batacazo—y ya se lo está dando, por capítulos.
"No se va a crear empleo por el hecho de que hagamos una reforma laboral." Es para saborearlo. Todo un plan de incompetencia, y de engaño.
La Administración, la Justicia, y la Administración de Justicia, manga por hombro. Aquí se comentan ciertas interferencias y caos causados por el desgobierno y el inflamiento de las autonomías:
—en el artículo de Julián Casanova en El País del otro día, "Jubilar a Garzón por investigar crímenes".
Será, más bien "Procesar a Garzón por investigar crímenes que como bien sabe él están amnistiados y han prescrito". Eso de tomar decisiones deliberadamente ilegales, o basadas en una ignorancia inexcusable de los hechos, se llama prevaricación, cuando lo hace un funcionario público. Y es un delito—aquí y en la República.
No nos gustarán las leyes, quizá, pero mala idea es saltárselas y dar por sentado que no va a pasar nada. Un juez debería tener más información al respecto, y un catedrático quizá también.
Como si fuese un periódico catalán, yo tampoco tengo problemas en reproducir editorales ajenos cuando estoy de acuerdo con ellos. O básicamente de acuerdo. Este comentario sobre el Tribunal Constitucional y su aún hipotética sentencia sobre el estatuto de Cataluña lo pasa el Foro Ermua:
EN DEFENSA DE LA CONSTITUCIÓN
EL FORO ERMUA RESPONDE AL EDITORIAL CONJUNTO DE DOCE PERIÓDICOS CATALANES SOBRE LAS DELIBERACIONES DEL T.C.
Bilbao 26 de Noviembre de 2009
Doce periódicos catalanes han coordinado sus posiciones para aumentar la presión al Tribunal Constitucional ante la Sentencia sobre el nou Estatut. Renuncian así a su independencia, se ponen al servicio de determinados poderes políticos locales y se acercan a un modelo de prensa más propio del franquismo que de una democracia.
El editorial resulta tan burdo que funciona a modo de boomerang contra quienes lo suscriben; es el mejor ejemplo de cómo la constitucionalidad del Estatut es indefendible con argumentos jurídicos y sólo mediante la coacción y la presión política tiene posibilidades de superar el filtro del Constitucional.
Ampuloso y frívolo al considerar que es nada menos que la dignidad de Cataluña la que está en juego con la Sentencia del nou Estatut, el editorial no explica cómo es posible que sólo un 35,78 % de los ciudadanos de Cataluña con derecho a voto apoyara un texto en el que, según su propia hipérbole, radica su dignidad.
En todo caso en poco valora su dignidad quien la hace depender de una resolución sobre la inadecuación a la Constitución de su Estatuto autonómico en lugar de hacerla residir en el nivel de libertad de sus ciudadanos, en su solidaridad, en su capacidad para aportar al bien común o en la justicia de sus actos.
El editorial demuestra desconocimiento o mala fe y ánimo de desinformar cuando denuncia que el Tribunal Constitucional se va a convertir en una cuarta Cámara. Nada más falso. La función del Constitucional es bien clara : tiene que controlar el funcionamiento de las Cámaras y determinar si la normativa aprobada se adecua a la Constitución. Para eso fue creado y ésa es la función que debe cumplir frente a cualquier Ley, incluida la Orgánica del nou Estatut. Pretender lo contrario por el mero hecho de que una Ley haya sido aprobada por el Parlamento español y el catalán y refrendada por los ciudadanos catalanes es propio del populismo más antidemocrático: cuando el derecho no ampara, se viola la legalidad mediante la demagógica apelación al “pueblo”. No es nada nuevo, pero ése no es el sistema que las democracias reales nos hemos impuesto. Nuestros ordenamientos no son inmutables, pero existen unos procedimientos para su reforma que no pueden ser trampeados.
Porque lo que está pidiendo el editorial es que nos olvidemos de lo que dice la Constitución y que se dé el visto bueno al texto por motivos políticos. No argumenta de manera alguna sobre la hipotética constitucionalidad del nou Estatut, limitándose a anunciar grandes males si se declara inconstitucional y a calificar de irreductibles a los magistrados que no se muestran propicios a sus intereses. Desde el FORO ERMUA consideramos francamente positivo mostrarse irreductible si de lo que se trata es de oponerse a una mutación constitucional a través de la aprobación de un Estatuto. Y esta irreductibilidad sería positiva tanto porque supone una defensa de la Constitución y, por tanto, del Estado de Derecho, como porque en este caso beneficia a los ciudadanos al mantener espacios comunes con mayores oportunidades, más derechos, más igualdad y más libertad.
El dilema, como dice el editorial, se plantea entre avance o retroceso, poniéndose en juego la propia dinámica constitucional y el marco de convivencia que los españoles nos dimos.
Sin duda estaríamos ante un grave retroceso y una quiebra de la dinámica constitucional si se aceptara que Cataluña es una nación política cuando la Constitución diferencia claramente (arts. 1 y 2) entre la nación (considerada como ámbito de soberanía política) y nacionalidades (consideradas como ámbitos con particularidades históricas y culturales relevantes), sería un retroceso y rompería con lo dispuesto en la Constitución si se aceptara romper la unidad del poder judicial español que queda establecida sin duda alguna (arts. 117.5, 122, 123, 125 y 149.1 5ª) en la Constitución, sería un retroceso y rompería con lo dispuesto en la Constitución aceptar la obligatoriedad del catalán cuando la Constitución establece únicamente la obligación de conocer el castellano (Art. 3.1), habiéndose excluido expresamente la obligación de conocer las lenguas regionales en el debate constitucional al rechazar una enmienda en ese sentido del Sr. Trías Farga porque “sería clara la discriminación y sería romper el principio de libertad de comunicación y establecimiento de todos los españoles, incluso los funcionarios” (Diario de Sesiones nº 104, 5/7/78, pág. 3856), también sería un retroceso y rompería con lo dispuesto en la Constitución aceptar levantar difusas barreras entre los españoles, romper la unidad de los cuerpos de notarios, jueces, secretarios judiciales, registradores, etc., restringir la competencia del Parlamento para la realización del presupuesto, aceptara terminar con la igualdad en los derechos básicos de los españoles, romper los mercados laborales, o que las relaciones entre España y Cataluña se sometan al principio de bilateralidad, olvidando así la pluralidad de España que está compuesta por diecisiete autonomías y reduciendo el papel del Estado central al de mero coordinador entre diecisiete miniestados. Esos son los riesgos reales de retroceso y ruptura del marco de convivencia al que nos enfrentamos.
Tampoco conviene olvidar que frente a lo que pretende el editorial no será el TC cumpliendo con su deber quien rompa con la dinámica constitucional, sino que ha sido el propio procedimiento para la aprobación del nou Estatut el que ha roto la dinámica propia de la Transición donde los acuerdos sobre el marco jurídico básico eran adoptados por consenso. Por primera vez desde 1978 se ha aprobado un texto estatutario sin acuerdo entre los dos grandes partidos nacionales que representan a más del 80% de los españoles, con el rechazo expreso del 44,64% del Parlamento nacional y con un fuerte rechazo popular tanto en Cataluña como en el resto de España.
El unísono editorial no niega que se esté tratando de mutar la Constitución a través de un mero Estatuto de autonomía, pero exige que no se frene esta maniobra. Apela, como no podía ser de otra manera, no a argumentos jurídicos sino al miedo, anunciando problemas para la convivencia y respuestas por parte de Cataluña. Desde el FORO ERMUA podemos asegurar que una Sentencia acorde con la Constitución no provocará ningún problema grave de convivencia; el riesgo para la convivencia no se encuentra en una Sentencia ajustada a la Constitución, sino precisamente en la falta de respeto del marco constitucional. Las amenazas del nacionalismo siempre quedan en nada, entre otras cosas, porque ellos son los primeros beneficiados del sistema que pretenden torpedear. Por otro lado, los unánimes editorialistas no están legitimados para hablar en nombre de Cataluña, puesto que sólo son representantes de intereses más cercanos a la estructura caciquil del Antiguo Régimen que a los intereses de los catalanes: no olvidemos que el 64,22 % de los ciudadanos de Cataluña no apoyó el nou Estatut.
Por mucho que lo exija una docena de periódicos cuya independencia han sacrificado a favor del poder político, el Estado de Derecho no debe someterse a los intereses de unos pocos. No se trata de mirar airadamente a la identidad catalana como pretende el editorial. No hay nada más fácil que inventarse un enemigo para no tener que debatir con el adversario real y nada más fácil para ocultar los intereses propios que identificarlos con el de todos los ciudadanos.
La oposición al Estatuto de Cataluña de 2006 no tiene nada que ver con la animadversión hacia Cataluña ni hacia el catalán. De lo que se trata es de oponerse a discursos propios de los reaccionarios antidemocráticos del siglo XIX y a la reducción de derechos de los ciudadanos. Se trata, precisamente, de preservar en beneficio de todos el marco de convivencia fijado por la Constitución y que es puesto en peligro por el nou Estatut. Es este marco de convivencia el que tiene que defender el Constitucional. Es la libertad de los españoles, incluidos los catalanes, para establecerse sin barreras difusas en cualquier lugar de España y para optar por la educación y lengua que deseen, es la igualdad de derechos y la solidaridad interterritorial, es la unidad del poder judicial, es un Estado con competencias y medios para funcionar eficazmente, es España como ámbito de decisión común y de unidad frente al exterior, son los acuerdos alcanzados en la Transición los que deben ser protegidos y son las presiones desde el nacionalismo y parte del partido socialista las que ponen en peligro estos acuerdos.
El Tribunal Constitucional tiene la obligación de dictar ya una Sentencia fundada en derecho y que proteja el espíritu y la letra de la Constitución. Seguir retrasando la Sentencia sólo conllevará un mayor desprestigio del Tribunal, un aumento de las presiones y un incremento de las dificultades para revertir la normativa dictada al amparo de una norma inconstitucional. La situación resulta ya insostenible.
Nuestros prohombres (y nuestras promujeres)
Es una situación lamentable, la del pesquero secuestrado, que jamás debería haberse dado. Porque no hay que ir a pescar a costas de piratas—Y porque no debería haber costas de piratas. O porque no es competencia del gobierno español defender barcos con bandera de Euskadi, o de Cabo Verde, o de Panamá, o de la que lleve. Pero hay piratas, y han ido allí los pescadores, y ahora están prisioneros, y se ha hecho responsable de ellos el gobierno como si fuese un problema nacional, y ahora está prisionero el gobierno por haber aprisionado a dos piratas, porque hay que devolverlos para poder pactar.... y es legalmente imposible...
La única solución decente sería dejar claras a los piratas dos cosas—por supuesto sin dejar que huyan con el barco a ningún sitio. Lo que tendrían que tener claro es:
- Que si se rinden y entregan a las tropas, tendrán un juicio justo según los tribunales españoles. Que igual hasta deciden que no es competencia suya juzgarlos.
- Y que si no se rinden, van a morir todos, esta semana: unos a tiros en un asalto, en cuanto dañen a algún rehén, y otros colgados del palo mayor. Que es lo que siempre se ha hecho con los piratas.
Pero ni el gobierno tiene esto claro, ni le permite la ley internacional tenerlo claro (pues a esos efectos los piratas no existen ya, son seres de ficción o de película camp).
Podría haberse dado una solución eficaz y maquiavélica, por la vía de los hechos, y corriendo un tupido velo los primeros días—y las quejas al maestro armero. Pero ahora el caso está publicitado, y el gobierno está prisionero de su propia retórica buenista. Por eso no tiene solución buena el caso. Ni éste ni el siguiente.
Otra solución, claro, es la que va a haber—la indecente: echarles una carretada de dinero a los piratas, el doble de lo que pedían, y devolverles a sus colegas, y olvidarse de la vergüenza, y de la estrategia, y de la justicia, y de la dignidad. Eso es más factible: total, España y su justicia, por no hablar de su honor, son artículos de saldo. Y con esta "solución" se están poniendo las bases del próximo problema, del próximo secuestro.
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PS, 18-N: Se cumplen de momento nuestras previsiones, con el rescate pagado, la justicia retorcida para ver cómo se puede "liberar a Willy", y el gobierno echando nubes de humo y tinta de calamar en todas direcciones para eludir sus responsabilidades. Si este país tuviese criterio, o dignidad, esto sería la caída del gobierno Zapatero. Pero tantas otras cosas deberían haberlo sido ya antes... y donde no hay ni criterio, ni dignidad, entre los electores, sería perjudicial para un político tenerlos: y tanto mejor parado, y reelegido, sale el gobernante que actúa de modo indigno y carente de criterio.
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Aquí hay un debate entre gente informada y con criterio—no como los que echan por la SER y los medios del gobierno:
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Amedida que pasan los días nos enteramos de más extremos del ridículo grotesco a que han llegado el gobierno español y sus servicios secretos en el tratamiento de este caso. Como por ejemplo pagarle un millón de euros a un falso ministro somalí, para liberar a tres marineros que supuestamente habían llevado a tierra (y era mentira todo)—aquí lo cuentan.
.... Y con esto, a presumir de que estaban haciendo ¡hábiles gestiones diplomáticas! Y luego a ocultarlo todo, claro. Lo de este gobierno no tiene calificativo.
El grupo Prisa está alteradillo con Zapatero. Después de auparlo y apoyarlo, según tradición, hasta en sus proyectos más infames, voceando a favor de la negociación con los etarras, o desacreditando a las víctimas del terrorismo o al PP como fascistas —ahora resulta que Zapatero les da al grupo Prisa en la mejilla. Y cuando ponen la otra, les vuelve a dar. Y eso no es ni cristiano, ni propio de amigos y socios.
Hoy en la SER, de Prisa, están acusándole a Zapatero (todavía entre líneas) de corrupción y amiguismo. Están enfadados por el asunto de querer llevar adelante la TDT de pago mediante un decretazo del consejo de ministros—sin que pase por el Parlamento, claro. Pretende Zapatero desoír todos los informes de los propios órganos jurídicos del estado, e incluso dividir al Consejo de ministros, que nos cuentan que ya está dividido con el tema. El proyecto es la niña de los ojitos del ministro Sebastián, y del propio Zapatero, que según la SER "tienen a varios amigos personales entre los directivos de Mediapro"—y que serían, los de Mediapro y la Sexta, los directos beneficiarios de esta medida, que según el Consejo de Estado vulnera directamente la ley de medios. Aquí lo más inaudito es que el grupo Prisa defienda, entre los perjudicados y tratados con la ley del embudo, a Pedrojota Rodríguez, el de El Mundo. Será porque esta vez están ellos mismos también entre los perjudicados — porque aquí, ecuanimidad, poca. Los decodificadores comprados por millones de personas quedan obsoletos de golpe, al hacer falta otro nuevo para quienes quieran TDT de pago; con lo cual volvemos a los culebrones aquellos de la batallita de los decodificadores de canal Plus, con los de Prisa ahora en el otro bando para variar. Les falta a los de Prisa el canto de un duro para acusar al gobierno Zapatero de saqueo organizado desde el poder, o de mangantes sin más. Claro, porque ahora les tocan la pela a ellos, que debe ser lo primordial. Y eso que bien saben ellos que donde hay filón, y recursos que sorber, eso hay que explotarlo, y mejor with a little help from my friends.
En fin, que Zapatero sigue jugando fuerte y barriendo para casa de la manera más descarada, dividiendo otra vez a sus propios aliados y haciéndoles comulgar con ruedas de molino, para demostrar quién manda. Es método recomendado por las mejores autoridades. Sigue así, Zapo, que en un país con tanto borrego interesado es receta segura para el triunfo, ponerlos firmes. Ya callarán, aunque ahora murmuren.
Se crea la radio de los huídos / expulsados de la Cope: esRadio. De momento, en Madrid, 99.1, a partir de septiembre. A ver si un día llega a Zaragoza; para empezar los oiremos en Internet. Y de momento me suscribo también al canal en YouTube de Libertad Digital Televisión: http://www.youtube.com/user/libertaddigitaltv
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Prohibiciones por temor