Política

Pastoreo lingüístico

Como siempre existe una política lingüistica siempre existe el pastoreo lingüístico en el que las autoridades dicen a los ciudadanos cómo tienen que hablar o qué idioma tienen que utilizar. Las diferencias, supongo, son siempre de grado, y lo que difiere es la visibilidad o importunidad del pastoreo para una proporción mayor o menor de la población.

Pero siendo entonces todo los mismo en todas partes, las diferencias de grado y proporción y las proporciones estadísticas son altamente relevantes, y vale decir que se convierten en diferencias de sustancia. Que todos los casos no son iguales, vamos.

Y para sustanciosas, o más bien propias de gente con poca sustancia, vale destacar las políticas lingüísticas de los nacionalistas en la España de hoy. De los nacionalistas, y de los socialistas, pues los socialistas han resultado ser nacional-socialistas en cada corroncho local por algún efluvio del lugar, o influencia irresistible; del mismo modo que el Partido Popular tiene contorsiones, espasmos y da señales de ir a hacer una mutación hacia el populismo-nacionalismo para mimetizarse con el paisaje dominante.

Bien, pues en Galicia, que es donde paso las vacaciones desde hace años, hay dos idiomas con los que según mito popular (y oficial) nunca ha habido problema de convivencia. Eso de "cuando a la gente le hablan en gallego, pues habla en gallego, y cuando le hablan en castellano, pues contestan en castellano sin ningún problema". Como si todos supiesen "castellano" y gallego, vamos. Otra versión: "Y si no, os cada uno habla en lo que quiere y os entendéis igual". Me gustaría ver qué hubiese pasado en tiempos pre-autonómicos (o post-autonómicos) si a alguien se le hubiese ocurrido hacer un examen en un idioma distinto al estipulado o esperable, o si un presentador de la televisión saliese hablando en el idioma que le diese la gana a él—aun siendo oficiales los dos idiomas oficiales.

Los nacionalistas del terruño, sean populares, socialistas o secesionistas, gravitan hacia el monolingüismo local con una atracción irresistible e inexplicable, sólo comparable a la del perro por volver a su vómito. Y así vemos como poco a poco la rotulación oficial se va volviendo monolingüe terruñosa; primero la oficial, y luego la privada, primero por subvención oficial e incentivos psicológicos varios, luego por multa a quien no se pliegue, como ya sucede en Cataluña. Y lo mismo con la educación, sentando las bases de un próspero futuro de profesionales y funcionarios que sólo hablen vasco, o catalán, o bable. Que tampoco, ojo, es que les dejen hablar a los chavales en la escuela lo que ellos quieren o hablan, para nada van los tiros por allí. Le preguntaba a un chaval de pueblo por aquí, y me dice que "en gallego hay que hablar cuando te mandan, y si no te castigan". Y que no puede hablar tampoco de la manera que a él le sale cuando habla en la calle con otros chavales: "¡No hables en castrapo!" De la lengua del pueblo, me río yo. Esa nunca tiene lugar en el sistema educativo. Y en secundaria, se pone la cosa más seria: "Allí, a la tercera vez que te pillan hablando en español, expulsado una semana".

La situación en Galicia es realmente pintoresca. A la gente, sobre todo la gente mayor, la oyes hablar entre sí en gallego por la calle con sus amistades, aunque en las tiendas ya tiendan a usar más el español. Los periódicos están casí íntegramente en español, aunque siempre con alguna columnilla en gallego por aquí y por allá, más por no desentonar parece que por otra cosa—y aquí ya ha habido desde Rosalía de Castro al menos un interés por conservar esta lengua. Pero, ¿los políticos? En gallego como un solo hombre, aunque sea un gallego más falso que un duro de madera, que se ve que la mayoría sólo lo hablan cuando tienen un micrófono delante. En los medios públicos, lo mismo: cadenas subvencionadas por decreto sólo en gallego, y noticias en las radios en un gallego lo más desgalleguizado posible, una especie de híbrido oficialmente aceptable de gallego con fonética española, para que la gente se entere, que no conviene tampoco quedarse sin audiencia si empezamos a hablar con tono cantarín. Que el acento gallego gallego sigue sonando a paleto, por lo que parece, hay que darle un lavado de cara, un poco como si los presentadores de TVE hablasen a lo Miguel Ríos, en español con entonación y dejes de inglés.

De aquí a que se abuchee a quien hable en español en el parlamento gallego, como pasa en el parlamento catalán, poco falta. Y si de las autoridades depende, la lengua común (común no sólo a la mayoría de los gallegos, sino común a Galicia y al resto de España) se irá eliminando del espacio público tan sistemáticamente como si fuese una peste indeseable. Hasta ahí les llega la lógica y el sentido común a nuestros políticos.

La Secretaría de Política Lingüística del gobierno gallego paga anuncios animando a la gente a hablar en gallego. Se pregunta uno por qué, siendo las dos lenguas oficiales, no hay otros tantos anuncios animándoles a hablar en español. Que aparte de ser también "lo tuyo" etc. etc. para muchos, ofrecería otras ventajas que se pasan por alto con esta política cegata y obcecada. Ahora que la gente se resiste, claro—si no, no harían falta anuncios, ni subvenciones. Como digo, en cuanto alguien se juega los cuartos suyos (no los del gobierno que no son "de nadie") ni lo duda y usa el español, como sucede en los periódicos, o en las programaciones no subvencionadas o no obligadas por cuota. Y cuando en la radio los presentadores monolingües gallegos entrevistan a alguien (a alguien sin consigna o sin instrucciones del jefe, se entiende) rarísima es la vez en que habla en gallego. Habla en español, en una lengua que al decir de los Xunteros no es propia—que hay que ver cómo es la gente, qué falsa.

Creo que va siendo hora de pasar a las multas.

(PS: Aunque hay quienes lo llevan con retranca. Compruebo con sorpresa que La Voz de Galicia—sin cambiarse el nombre a A voce de Galicia, tiene en gallego íntegramente la portada, pero sin perdonar una noticia, y hasta el ano de publicación. Ahora bien, la continuación de todas esas noticias en páginas interiores está en español, y el gallego sólo aparece en las dos o tres columnillas de rigor. Esto es gracioso—pero también es síntoma de una situación altamente atípica. Como lo es que haya sido el Partido Popular, y no ningún Bloque galleguista, el responsable de eliminar hasta el menor rastro de español de la señalización oficial).

Manifiesto por la lengua común

Hasta el moño, del castellano

Aquí va a haber esta semana una manifestación contra el "imperialismo lingüistico del catalán". Pues igual deberíamos haber empezado por hacer una contra  el imperialismo lingüistico del castellano.

Nos gustaría mucho el manifiesto a favor del castellano si hablásemos castellano. Toda la vida hablando español, y ahora resulta que hay que tener cuidado de aclarar que en realidad no hablamos en español (que al parecer no existe, o no se sabe qué idioma es ese) sino sólo en castellano. ¿A ver si es que quieren promocionar el laísmo, leísmo y loísmo, los promotores del manifiesto?

Mi padre propone la siguiente jotica cuando le dicen que habla en castellano:

No somos ni catalanes
Ni franceses ni navarros
Somos sólo aragoneses
No nos llaméis castellanos

Y aquí con música:

Siempre ha llevado especialmente mal mi padre esto de que al español lo llamen castellano, como si estuviésemos en el siglo quince.  Cuando habla con algún catalán, le gusta contraatacar, dejando caer distraídamente en la conversación "vosotros los castellanos..."  Y le pegan cada brinco...

Claro que también se puede reír uno del tema éste, como cuando en la playa de Valencia mi sobrino David viene corriendo y le dice: "Yayo, ese niño que jugaba conmigo me dice que habla en castellano, y le entiendo todo todo—¡el castellano y el español deben ser dos idiomas muy parecidos!"

Por mí, en Castilla que lo llamen como quieran. Y en Hispanoamérica si lo llamasen hispanoamericano me parecería genial. Pero es que allí, y aquí, y en todo el mundo, lo llaman español, no "Castilian" ni "châtelain" ni "Kastellanisch". Hasta el moño de la ñoñería esta de evitar el término "español"—dejémosselo a los secesionistas, que no son pocos y no necesitan ayuda.

Pero aun con todo, vale la pena firmar el manifiesto en defensa de la lengua común (aunque la llamen "castellano") ya que es lo más razonable que se ha podido pergeñar hasta la fecha.  

Manifiesto por la lengua común

Qué vergüenza de Academia

En las atribuciones e intereses y acuerdos de la Real Academia Española de la Lengua entra el opinar que debemos beber "güisqui" y usar "cederrones", pero en cambio apoyar un manifiesto a favor del respeto al español como lengua común... lagarto lagarto. Que ahí topamos con la ofensa a los todopoderosos Nacionalistas, y al todooportunista PSOE, y al todoescurridizo PP— y en la Academia son chupatintas, después de todo, que han de estar a tono con el tono falsario de la interpretación que dan en este país a la Constitución todas las instituciones, del gobierno al Parlamento al Tribunal Constitucional. El español estará sano y boyante, pero no parece que sea por el esfuerzo ni el compromiso de la Real Academia.  ¿Yo firmar manifiestos? —dice el presidente de la Academia. —¿De mí o de la Academia que se diga que opinamos algo sobre el papel la lengua española, o que hay alguna causa de nuestra incumbencia? Amos hombre, faltaría más, a ver si se piensan que hemos nacido ayer.

Por mí que los cierren a estos medalleros. Pero son los que suben como la espuma.

Lenguas en guerra

 

Manifiesto por la lengua común

Han impulsado desde Unión, Progreso y Democracia un Manifiesto por la Lengua Común. Manifiesto que manifiesto que firmo, a pesar de un detallito que no me gusta.

El detallito es se llama al español sistemáticamente "castellano", como si no fuese el castellano el idioma español por antonomasia. Se dice que las demás lenguas "también son españolas", ya... —pero es que no lo son en la misma medida ni en el mismo sentido. Se usan en algunos sitios de España y en ese sentido son españolas, pero ninguna se usa en toda España y por tanto ninguna es la lengua española.

A pesar de eso, como digo, lo firmo, y os animo a firmarlo en esta página. Este es el texto:


Desde hace algunos años hay crecientes razones para preocuparse en nuestro país por la situación institucional de la lengua castellana, la única lengua juntamente oficial y común de todos los ciudadanos españoles. Desde luego, no se trata de una desazón meramente cultural -nuestro idioma goza de una pujanza envidiable y creciente en el mundo entero, sólo superada por el chino y el inglés- sino de una inquietud estrictamente política: se refiere a su papel como lengua principal de comunicación democrática en este país, así como de los derechos educativos y cívicos de quienes la tienen como lengua materna o la eligen con todo derecho como vehículo preferente de expresión, comprensión y comunicación.
 
Como punto de partida, establezcamos una serie de premisas:
 
1. Todas las lenguas oficiales en el Estado son igualmente españolas y merecedoras de protección institucional como patrimonio compartido, pero sólo una de ellas es común a todos, oficial en todo el territorio nacional y por tanto sólo una de ellas -el castellano- goza del deber constitucional de ser conocida y de la presunción consecuente de que todos la conocen. Es decir, hay una asimetría entre las lenguas españolas oficiales, lo cual no implica injusticia (?) de ningún tipo porque en España hay diversas realidades culturales pero sólo una de ellas es universalmente oficial en nuestro Estado democrático. Y contar con una lengua política común es una enorme riqueza para la democracia, aún más si se trata de una lengua de tanto arraigo histórico en todo el país y de tanta vigencia en el mundo entero como el castellano.
 
2. Son los ciudadanos quienes tienen derechos lingüísticos, no los territorios ni mucho menos las lenguas mismas. O sea: los ciudadanos que hablan cualquiera de las lenguas cooficiales tienen derecho a recibir educación y ser atendidos por la administración en ella, pero las lenguas no tienen el derecho de conseguir coactivamente hablantes ni a imponerse como prioritarias en educación, información, rotulación, instituciones, etc... en detrimento del castellano (y mucho menos se puede llamar a semejante atropello «normalización lingüística»).
 
3. En las comunidades bilingües es un deseo encomiable aspirar a que todos los ciudadanos lleguen a conocer bien la lengua cooficial, junto a la obligación de conocer la común del país (que también es la común dentro de esa comunidad, no lo olvidemos). Pero tal aspiración puede ser solamente estimulada, no impuesta. Es lógico suponer que siempre habrá muchos ciudadanos que prefieran desarrollar su vida cotidiana y profesional en castellano, conociendo sólo de la lengua autonómica lo suficiente para convivir cortésmente con los demás y disfrutar en lo posible de las manifestaciones culturales en ella. Que ciertas autoridades autonómicas anhelen como ideal lograr un máximo techo competencial bilingüe no justifica decretar la lengua autonómica como vehículo exclusivo ni primordial de educación o de relaciones con la Administración pública. Conviene recordar que este tipo de imposiciones abusivas daña especialmente las posibilidades laborales o sociales de los más desfavorecidos, recortando sus alternativas y su movilidad.
 
4. Ciertamente, el artículo tercero, apartado 3, de la Constitución establece que «las distintas modalidades lingüísticas de España son un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección». Nada cabe objetar a esta disposición tan generosa como justa, proclamada para acabar con las prohibiciones y restricciones que padecían esas lenguas. Cumplido sobradamente hoy tal objetivo, sería un fraude constitucional y una auténtica felonía utilizar tal artículo para justificar la discriminación, marginación o minusvaloración de los ciudadanos monolingües en castellano en alguna de las formas antes indicadas.
 
Por consiguiente los abajo firmantes solicitamos del Parlamento español una normativa legal del rango adecuado (que en su caso puede exigir una modificación constitucional y de algunos estatutos autonómicos) para fijar inequívocamente los siguientes puntos:
 
1. La lengua castellana es COMUN Y OFICIAL a todo el territorio nacional, siendo la única cuya comprensión puede serle supuesta a cualquier efecto a todos los ciudadanos españoles.
 
2. Todos los ciudadanos que lo deseen tienen DERECHO A SER EDUCADOS en lengua castellana, sea cual fuere su lengua materna. Las lenguas cooficiales autonómicas deben figurar en los planes de estudio de sus respectivas comunidades en diversos grados de oferta, pero nunca como lengua vehicular exclusiva. En cualquier caso, siempre debe quedar garantizado a todos los alumnos el conocimiento final de la lengua común.
 
3. En las autonomías bilingües, cualquier ciudadano español tiene derecho a ser ATENDIDO INSTITUCIONALMENTE EN LAS DOS LENGUAS OFICIALES. Lo cual implica que en los centros oficiales habrá siempre personal capacitado para ello, no que todo funcionario deba tener tal capacitación. En locales y negocios públicos no oficiales, la relación con la clientela en una o ambas lenguas será discrecional.
 
4. LA ROTULACIÓN DE LOS EDIFICIOS OFICIALES Y DE LAS VÍAS PÚBLICAS, las comunicaciones administrativas, la información a la ciudadanía, etc... en dichas comunidades (o en sus zonas calificadas de bilingües) es recomendable que sean bilingües pero en todo caso nunca podrán expresarse únicamente en la lengua autonómica.
 
5. LOS REPRESENTANTES POLÍTICOS, tanto de la administración central como de las autonómicas, utilizarán habitualmente en sus funciones institucionales de alcance estatal la lengua castellana lo mismo dentro de España que en el extranjero, salvo en determinadas ocasiones características. En los parlamentos autonómicos bilingües podrán emplear indistintamente, como es natural, cualquiera de las dos lenguas oficiales.
 
Firmado por Mario Vargas Llosa, José Antonio Marina, Aurelio Arteta, Félix de Azúa, Albert Boadella, Carlos Castilla del Pino, Luis Alberto de Cuenca, Arcadi Espada, Alberto González Troyano, Antonio Lastra, Carmen Iglesias, Carlos Martínez Gorriarán, José Luis Pardo, Alvaro Pombo, Ramón Rodríguez, José Mª Ruiz Soroa, Fernando Savater y Francisco Sosa Wagner.

También está el manifiesto en Libertad Digital, o en el ABC, y hasta en El País o en RTVE— (aunque ahí no hay enlace para firmarlo, ya sería mucho pedir)—Lo digo por si algún inquieto asustadizo piensa que es cosa de fachas esto de no ponerles alfombra roja a los nacionalistas.

La falacia de la lengua oficial "no propia"

Preguntas capciosas

Les va a preguntar el presidente de la autonomía vasca a sus administrados un par de cosillas:

- Si están a favor de una "solución negociada" con la Eta.
- Si están a favor de que los partidos vascos elaboren un plan de autodeterminación.

Son preguntas capciosas.

La primera es capciosa porque se aprovecha de la buena fe de la gente y del discurso buenista y de la memez y sumisión ambientales, para dar privilegios especiales a quienes los exijan a tiro limpio—en lugar de ponerlos en su sitio, que es la cárcel. Los gobernantes tienen el deber de saber mejor que sus gobernados cómo se tratan estas situaciones. Pero... el nacionalismo vasco, y los demás, se han aprovechado siempre de la violencia de Eta y de las debilidades de las autoridades, para barrer para casa.

La segunda es capciosa—y aún más que capciosa, traidora—porque utiliza una institución constitucional como es la autonomía vasca para proponer un plan independentista que atenta contra esa constitución en la que se apoya su propio cargo y de la que emana su autoridad. Se hace decidir al parlamento vasco algo que no tiene entidad legal ni atribuciones para decidir. Es lo que hemos llamado la Falacia Democrática de los Órganos. O también—una declaración de independencia.

Pero estos desmantelamientos graduales del estado de derecho se hacen con el visto bueno de las autoridades, del gobierno, parlamento y Tribunal Constitucional. Recordemos que lo primero que hizo Zapatero al llegar al poder fue derogar las leyes que penaban explícitamente este uso fraudulento de las instituciones autonómicas. Y el Estatuto de los privilegios catalanes tiene pronto vía libre.

La segunda pregunta, por otra parte, incluye en el feliz consenso tanto a los que ponen el tiro en la nuca como a los que ponen la nuca, sin distingos—todos vascos al fin y al cabo, oye. Capciosa es también la presuposición (en la primera y en la segunda pregunta) de que la Eta es fiable—gente de palabra que puede dar garantías que la ciudadanía y gobernantes habrían de creer. Sinvergüenzas interesados, y bellacos, son los que a estas alturas pretenden vendernos estas motos.

Son preguntas capciosas, las de Ibarretxe, pero van a ser muy bienvenidas por los vascos, que quieren ser (cómo no) aún más vascos, gustan de este tipo de gobierno y total ya se han acostumbrado a sentir el cuchillo a la espalda. A estas dinámicas perversas les auguro una buena recepción y un gran futuro en la España de la sopa boba.

PS: Comunicado de prensa del Foro Ermua:

El FORO DE ERMUA se opone frontalmente al contenido de la Ley sobre el


prerreferendum de Ibarretxe, por ser absolutamente inconciliable con nuestro


Orden Constitucional, y por pretender con él que los partidos vascos se


adhieran a sus objetivos secesionistas, llegado el caso bajo la amenaza de


ETA, ignorando a aquella parte de la sociedad vasca, presente o exiliada,


que no comparte la locura sabiniana.


 


Bilbao 30 de mayo de 2008


 


 


Ante la puesta en escena del proyecto de Ley por el que el Gobierno vasco


pretende poner en marcha su prerreferendum y el conocimiento público de las


dos preguntas protagonistas de esa consulta, el FORO ERMUA quiere manifestar


a la opinión pública española su más absoluto y radical rechazo.


 


A nuestro juicio son tres las claves que permiten descifrar el significado


verdadero de esta última actuación nacionalista:


 


Primera: Las trampas del lenguaje. Nada hay más antidemocrático que actuar


al margen de una legalidad constitucional instaurada democráticamente por el


pueblo español: pues ese supuesto acuerdo democrático -- del que previamente


quedan excluidos quienes en el País Vasco no son nacionalistas, o los vascos


que han tenido que abandonar su tierra por la misma causa y, por supuesto,


el resto de los españoles a los que corresponde decidir qué es España --


pretende concluir en algo diametralmente opuesto a la Constitución, que en


ningún caso ampara ese supuesto derecho a la autodeterminación de ninguna


parte de la población española.


 


Segunda: La ambigüedad calculada. Lo que la segunda pregunta de ese


prerreferendum entraña es que pura y simplemente se firme un "acuerdo" que


sólo pueda tener por contenido y fin la afirmación del derecho de


autodeterminación. No se trata de negociar para discutir si procede o no


afirmar y pedir tal derecho. No es por tanto un proceso de negociación, sino


de adhesión a un objetivo ya previamente determinado. Y cuando lo que se


pide es una simple adhesión, automáticamente se está rebajando la posición


de quien se adhiere respecto de la quien establece ese objetivo, se está


definiendo un reparto de poderes no igualitario en el que, en este caso, los


partidos nacionalistas o los que asumen sus planteamientos gozan de una


situación de superioridad.


 


Tercera: La amenaza. ¿Cómo se consigue esa adhesión?. En algunos casos con


la expectativa de golosos beneficios políticos o económicos. En otros, con


las consecuencias funestas que derivan de la primera de las preguntas, y que


nos conduce directamente a la "tercera pregunta" que ayer manifestamos a los


medios: ¿Por qué ETA no ha matado nunca a un político nacionalista? Pregunta


que evidentemente nos lleva inmediatamente a otra: ¿Por qué ETA sólo mata


(cuando mata políticos, dado que la mayoría de sus víctimas no lo eran)


políticos no nacionalistas? Esa primera pregunta del prerreferendum sobre la


negociación con ETA es una funesta herencia de la política del Sr. Zapatero


en la pasada legislatura ahora empleada por Ibarretxe con un grado de


cinismo insuperable. Pero lo que ahora queremos resaltar es que esa pregunta


no está vinculada a la segunda, en el sentido de que no se condiciona la


formación de ese acuerdo para la autodeterminación a la obtención de ese


"final dialogado de la violencia" (donde propiamente estaría la verdadera


negociación cuyo contenido no se quiere hacer público). Pase lo que pase con


esa última versión de la "tregua", el acuerdo para la autodeterminación y la


convocatoria del referendum siguen su calendario. Y en consecuencia, la


amenaza de ETA, cuyos frutos tan bien sabe recoger el PNV, sigue latente y


se convierte en un útil instrumento para la necesaria adhesión.


 


Todo esto no dejaría de ser un lastimoso y pobre ejercicio de maquiavelismo


político de no ser que la letra de ese ensayo está escrita con tanta sangre.


Ni la memoria de las víctimas, ni los ideales y valores de la sociedad


española, perfectamente encarnados por nuestra Constitución, consienten esta


aberración.

A mí que me gobiernen

 

Libertad de crítica y derecho a la imagen

Interesante está el juicio contra Federico Jiménez Losantos, a quien el Alcalde de la Villa y Corte, Alberto Ruiz-Gallardón, ha llevado a los tribunales. Jiménez Losantos, mosca cojonera de Libertad Digital, y abrigado de momento por la Cope y El Mundo, es un artista de la radio, y parte de su arte (siempre orientado a la crítica del PSOE y de las actitudes PSOEísticas dentro del PP) consiste en una verborrea coloquial, un stream of consciousness improvisado que vuelve y vuelve a los mismos temas con variaciones humorísticas in crescendo, que exploran cada vez más el lado grotesco de los personajes o situaciones que denuncia. Y así le da un fregao cotidiano no sólo a Gallardón, sino también a Rajoy, a Zapatero, a Ibarreche, a Montilla o a Piqué—que todos podrían sin duda llevarlo a juicio con la misma razón que Gallardón.

Jiménez Losantos es para muchos un cañón suelto, que rueda por la borda y va disparando a la redonda siguiendo una lógica propia pero igualmente peligrosa para propios y ajenos. Los propios son la Cope (pero Jiménez Losantos no es cristiano) y un ala del PP representada por Acebes, Zaplana y Aguirre (pero ayer estos se desmarcaron de él en el juicio). También El Mundo y su director Pedro J. Ramírez (con quien sin embargo disiente a veces a voces) y que sí le apoyó ayer en el juicio, como lo hizo el ex-presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Francisco José Alcaraz. A esta asociación pertenece Jiménez Losantos, que tuvo que huir de Cataluña porque amenazaban con matarlo los terroristas de Terra Lliure (actualmente integrados en el partido de gobierno Esquerra Republicana)—y le dieron un tiro para demostrar que "no" iban en serio. Se fue Jiménez Losantos a tierras supuestamente más seguras, pero la lengua se le desató todavía más contra el nacionalismo y el terrorismo.

Y vaya, que no corren tiempos de criticar al nacionalismo y secesionismo—que uno es facha si lo hace. Y a los terroristas, se les reprende con fórmulas ceremoniales pero se busca pactar con ellos en cuanto sea posible—como hacía espectacularmente Zapatero hace sólo un año, o propone hacer hoy el presidente de las vascas y los vascos. Así que la fórmula Federico de denunciar a los terroristas sin remisión como alimañas, de señalar el frente común antiespañolista que forman nacionalismo y terrorismo, digamos como que no se lleva. No se lleva en un país donde decir que alguien tiene planes para liquidar España (la pe con la a, vamos, y la evidencia misma para quien escuche cinco minutos a un nacionalista) hace levantar un coro de "facha, facha". Decir que España es un valor o una institución a conservar y proteger es, vamos, el fascio mismo, según la ideología que prima entre muchísimos votantes de este gobierno. Una extraña dinámica autodestructiva, ciertamente, con pocos paralelos que se le ocurran a uno. Y de ahí siguen engordando las dinámicas y administraciones nacionalistas.

Lo que se lleva en España es seguir la dinámica bienpensante de sacar tajada a la chita callando, navegar con la corriente, lleve a donde lleve, respetar el consenso entre caballeros y barones cada cual con su proyecto, y llamar la atención lo menos posible para que el dinero presupuestario circule a donde tiene que circular, con buen entendimiento común de la clase política. Estas escandaleras del Federico no gustan ni a propios (cada vez menos) ni a ajenos. Jiménez Losantos no sigue disciplinas de partido ni protocolos cortesanos: está contra el secesionismo nacionalista, contra la ETA y la dinámica de sumisión que impone, contra la igualdad de derechos de inmigrantes, contra la equiparación legal de homosexualidad y heterosexualidad, y contra el oportunismo político; está a favor del nacionalismo español, de la independencia del poder judicial, de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, y del liberalismo. Ah, y contra el Islam: ante la Sumisión, insumisión. Parece comprensible que con este equipaje, coincidirá con algunos sí, con otros no, en esto sí, y en esto otro no. Si el PP está allí, está con el PP; si no, no. Y le aplicará la misma crítica deslenguada a Rajoy que a Gallardón—o a Aguirre, si cierra filas con ellos.

El razonamiento va así: sobreentiende la casta política que términos como "traición" o "vileza" no se pueden aplicar a actuaciones políticas. No cabe hablar de traición ni vileza en política (ya no es que no haya posibilidad de que estemos de acuerdo en que tal o cual actuación sea traidora o vil—no, no. Se trata de que son términos inaplicables, inutilizables en el debate público, off limits). Por tanto quien denuncie actuaciones traidoras o viles es un antisistema—tanto más si suma dos y dos, y dice con todas las letras que quien comete vilezas y traiciones es un vil traidor. Estas cosas no es ya que no guste oírlas a la clase política, o que haya acuerdo tácito de no decirlas así en crudo—ahora se pasa a dirimir si se prohíbe decirlas o no. Toda una cuestión clave donde se ventila el conflicto entre la libertad de expresión—y el derecho a la imagen de quienes son denunciados como viles traidores oportunistas, como Gallardón, o favorecedores de los terroristas y secesionistas, como Zapatero.

No podemos tener las dos cosas—derecho a la imagen de cada cual a su gusto, y a la vez libertad de expresión. Hay que elegir, y lo que resuelvan los jueces en este caso va a ser bastante relevante para determinar los límites de la libertad de expresión. Como dice Losantos, parece que España ya está madura para esta especie de dictadura disimulada—la dictablanda de los poderes fácticos y del consenso entre poderosos. La libertad de expresión siempre está limitada por las leyes—el tema es hasta qué punto está limitada; hasta qué punto es censurable. En el asunto Jiménez Losantos, creo que ofende más la forma que el fondo: si Federico dijese la sustancia de lo que dice, pero en un discreto artículo y no más, en vez de volver día tras día sobre la cuestión, o si formulase sus protestas en términos discretos, educados y alambicados, a Gallardón por un oído le entraría y por el otro le saldría. Pero evidentemente no habría comunicado Federico lo que quiere comunicar: para eso es inseparable decirlo como lo dice, el raca raca de todos los días, con inteligencia, mala baba y humor hispano.

Cuando lo hace con el lenguaje de la calle, repetidamente y a través de un programa de gran audiencia, es cuando llega el mensaje—y es cuando ofende y molesta de verdad. En parte es también eso lo que se ventila en este juicio: si es aceptable utilizar en un medio de gran audiencia los términos y expresiones que se consideran aceptables en una conversación particular. Gran parte del éxito radiofónico de Jiménez Losantos radica en esto (el de otros también, pero son más inofensivos y sumisos con el poder). También es cierto que aquí se ventilan de modo muy evidente cuestiones de caracteriología más que de ideología: personas que no aguantan la libertad de expresión del vecino las hay de todos los partidos. Pero sí sigue habiendo una cuestión ideológica de fondo, relativa a la tolerancia y a los límites a la libertad de expresión que puede poner el Estado. Como muy bien ha señalado en el juicio Pedro J. Ramírez, lo que se dirime aquí no es si Federico tiene o no razón en sus opiniones sobre Gallardón, o si tiene derecho a opinar como opina, sino ante todo si tiene derecho a expresar esas opiniones en un medio de comunicación.

En suma, que si pierde Federico, pierde, que no lo dude nadie, la libertad de expresión y de crítica, y se amordaza un poco más la libre circulación de ideas y juicios—tanto es decir la libertad de pensamiento, porque atenazar las comunicaciones atenaza el pensamiento. Los juicios e ideas libremente expresados pueden ser ofensivos para otras personas, cómo no. Los que no lo son no cuentan como casos relevantes para determinar límites. Y si gana Gallardón, gana la corrección política, y el derecho a la propia imagen de los "hombres públicos", y el control del Estado sobre la crítica. Es decir: gana el derecho a prohibir a los demás que vulneren la imagen de uno con opiniones y expresiones desfavorables.. aunque sean verdaderas. El derecho a la propia imagen y la libertad de expresión son valores si no incompatibles, sí antagónicos: hay que elegir, pues todo lo que se le dé a uno se le quita a la otra. Insisto en que tampoco es nunca cuestión de todo o nada: la libertad de expresión siempre está limitada, y el derecho a la propia imagen nunca es absoluto. Y sin embargo éste es un juicio importante sobre los límites de la libertad de expresión en España.

Y me parece que un elemento importante en la decisión de la juez va a depender de si tiene o no esta juez ambiciones de hacer carrera en las altas esferas de la política judicial. Porque si absuelve a Jiménez Losantos, que se vaya despidiendo de pasar a tribunales superiores.

Yo, por supuesto, en este asunto estoy con Jiménez Losantos: que critique a quien quiera y como quiera, pues su crítica tiene un fundamento político y un criterio, y aunque sea ofensiva no es arbitraria ni se basa en la animadversión personal—antes bien está muy fundamentada en su visión de la política española, se esté o no de acuerdo con ella. Y de los tupidos velos que quiere correr Gallardón para cubrir las vergüenzas propias y de la clase política en su conjunto, cuantos menos tengamos, mejor. Si la juez decide castigar a Jiménez Losantos, los miopes que disientan de él se felicitarán, pero ya pueden poner sus barbas a remojar, pues es también su propia libertad de criticar la que queda amenazada. Claro que muchos ejercen no la crítica sino la consigna, y a éstos poco les preocupará que haya o no libertad de crítica. Les parecerá prescindible—sobre todo la del vecino.

Y es que, una vez enterrado Montesquieu (como se jactaba Alfonso Guerra) hay que ir a por Voltaire.

 

PS: Sin sorpresas, la juez o jueza decide condenar a Jiménez Losantos, y a la vez guardar la ropa salomónicamente condenándolo sólo a la mitad de lo que pedía Gallardón. Y así todos contentos, parece sugerir la sentencia. Pues no: al menos no las asociaciones de víctimas del terrorismo que han apoyado a Jiménez Losantos y han denunciado este juicio como un juicio político para amordazar a los pocos que los defienden.  Pero la carrera de la juez está a salvo, y Federico siempre puede acudir (sin muchas garantías, la verdad) a un tribunal superior. La justicia en España es (.... completar). Y ahora, a amedrentar a la crítica política y a la libertad de expresión, contradiciendo la letra de la Constitución. Eso se les da bien últimamente, a la judicatura.

España y Libertad

El testimonio de Calvo Sotelo

"Su testimonio nos va a enriquecer" dice el presidente del gobierno. Pero lo que queda como la última intervención pública de Leopoldo Calvo Sotelo fueron sus declaraciones en contra del insensato proyecto del gobierno PSOE de buscar un modelo de futuro para España nada menos que en los oscuros años 30 y en la torpe gestión de la República.  Denunció Calvo Sotelo la voluntad del gobierno de ignorar o desautorizar la transición de los años 70—que sigue siendo la base en la que se funda este gobierno, o la rama que asierra estando sentado en ella.

Así que eso, a enriquecerse, que falta hace. Lástima que en Zapatero sea esto, como tantas otras cosas, palabrería y hablar por hablar.

Y dos notas más que no dicen nada bueno de los tiempos. El Rey, en Móstoles, diciendo eso de que "España va bien" y felicitándose de lo unida que está la patria, contra toda evidencia.  Cegueras voluntarias, vamos—o irresponsabilidades borbónicas, para seguir la costumbre, como ya hicieron sus ilustres, en tiempos del Alcalde de Móstoles, o en los del otro Calvo Sotelo.

La otra viene del Tribunal Constitucional, o de sus filtraciones y cañerías agujereadas: que en efecto se dará por bueno eso de que Cataluña es una "nación". Bueno, si no lo ha sido nunca, ahora lo será. Y mientras, a la otra nación, qué digo nación: estado, lo van desguazando, o haciendo una voladura más o menos controlada, los mismos responsables de mantenerlo. Pero desde luego no se podrá decir que no lo hacen a la luz pública y que se vea bien.

Tres naciones distintas y un solo Estado verdadero

Ministerio de Igualdad

Comentario dejado en el blog de la nueva ministra de Igualdad, Bibiana Aído
http://bibianaaido.wordpress.com/

El artículo de Libertad Digital viene de aquí.

JoseAngel // Abril 15, 2008 at 2:40 pm

Enhorabuena por su nombramiento. Un artículo donde se detallan algunas posibles líneas de actuación—por lo de escuchar al contrario:

Libertad Digital ( V. Gago) El Ministerio de la señorita Aído nace sin presupuesto y sin más estímulo que el de taconear la propaganda; pero faena, lo que se dice tajo para lograr la Igualdad, no ha de faltarle. En cuanto uno o un millón de ciudadanos afrentados por la desigualdad de las Leyes de Rodríguez Zapatero y sus aliados pasen por delante de la placa de su portal y lean, en reluciente burilado: “Ministerio de Igualdad”, empezarán a amontonárseles las peticiones de audiencia, las instancias, los exvotos y las antiguas recomendaciones que obraban milagros en los ministerios franquistas y ahí siguen, creando prodigios en los de Chaves.

Si uno fuera el consejero delegado de Kio, ya estaría enviándole un fax –caso de que el Ministerio de la señorita Aído tenga algo más que el nombre, la placa y traje de faralaes entre sus pertrechos– para explicarle lo que es la desigualdad ante el Tribunal Constitucional. El caso de Los Albertos sería una acrobática forma de saltar de la ciencia del zapateado flamenco al arte del caracoleo judicial. Ningún otro desafío la iniciaría con más brío en las vicisitudes de la Igualdad.

Si fuera Carmelo González, el padre que hizo huelga de hambre para poder escolarizar en español a su hija en Cataluña, correría para ser de los primeros en pedir amparo a la flamante ministra de Igualdad, a la que ilustraría sobre cómo se las gastan en desigualdad algunas autoridades autonómicas.

Si fuese el padre de Diego Estacio o de Carlos Palate, los dos obreros ecuatorianos asesinados por ETA el 30 de diciembre de 2006, pediría a la ministra de Igualdad un trato igualitario con los concejales y alcaldes de ANV-ETA que entraron en las instituciones gracias a la negociación secreta que Zapatero mantuvo con los terroristas después del asesinato de sus hijos, mientras mentía a la población proclamando el final de los contactos con la banda.

Puestos a velar por la Igualdad, ¿qué bien más preciado y digno del celo protector que la igualdad de todos, hombres, mujeres y personas humanas, ante la Ley? A decir verdad, es la única Igualdad que, en manos de un Gobierno, no produce escalofríos. Y sería un detallazo que Zapatero hubiese comprendido, al fin, que se necesita todo un Ministerio dedicado en exclusiva a la tarea de restaurar la única Igualdad relevante en un Estado de Derecho y la única que sus políticas y sus alianzas han deshecho.

Lo demás, la igualdad de unos y no la de otros, la de mujeres y no la de hispano-hablantes en Cataluña, la de las minorías identitarias del sexo pero no la de la mayoría acosada por defender su derecho a transmitir a sus hijos la diferencia entre el bien y el mal, sería erigir un Ministerio de la Discriminación, como señala Raúl Vilas, un engendro autoritario propio de 1984, donde las mentiras empiezan invirtiendo los nombres, que es como se miente en todas las dictaduras.

La portavoz de UPyD fue la única que habló de Igualdad, es decir, de igualdad ante la Ley, durante el reciente debate de Investidura. Hasta ahora, esa antorcha la portaba el PP. Pero se ve que la única antorcha que ahora arde en ese partido es la antorcha olímpica de Madrid 2016.

Rosa Díez centró su discurso en la igualdad de todos los ciudadanos a la hora de elegir el idioma en el que quieren escolarizar a los niños, o de tener seguridad de que los tribunales decidirán con la Ley en la mano, una Ley igual, clara, suficiente, directa, unívoca, sin dobleces, ni intérpretes mágicos, ni destinatarios privilegiados –en Derecho, a destinatarios privilegiados de la Ley, corresponde siempre la existencia de destinatarios machacados por ésta–, ni polvo del camino en las togas. Es, tal vez –o sin el tal vez–, el asunto más urgente que tiene sobre la mesa este o cualquier otro Gobierno.

No hay libertad sin Justicia, y no hay Justicia si derechos y obligaciones no son iguales para todos, empezando por el Estado y sus gobernantes. La Igualdad es lo único prioritario hoy en España, es cierto. Igualdad verdadera, de la buena, igualdad ante la Ley y no por medio de ésta, ese pequeño gran detalle que distingue un Estado de Derecho de un Estado como Sea.

Y lo que quede de igualdad en España, puede irse por el sumidero, si prosperan los planes de asaltar el poder judicial y el Tribunal constitucional. Ya ha anunciado este domingo José Antonio Alonso, el nuevo portavoz parlamentario socialista, que estos dos asuntos, CGPJ y TC, son urgentes y los antepondrá a cualquier otro objetivo en su primera reunión con la portavoz del PP, que se celebrará el próximo jueves 17 de abril.

Después de 30 años de democracia, la riqueza entra por la puerta –por algunas más que por otras–, mientras la Justicia salta por la ventana. ¿Vale la pena el canje? Los españoles han decidido que sí. No está muy claro que la opción del PP, que es la de los Estatutos de Valencia y Andalucía, la del señor Camps y la del señor Arenas, pero también la del Plan de Empleo sólo para canarios apoyada por el PP, o la del fomento de la televisión en portugués en Galicia, igualmente apoyada por los populares, significase una alternativa a favor de la auténtica Igualdad.

Para gente como los españoles, Benjamín Franklin tenía un bonito epitafio, no por archi-conocido menos pertinente: “Quienes entregan su libertad para obtener un poco de seguridad temporal, no merecen ni una ni la otra”.

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