Inactividad de la Administración
Hemos interpuesto la Dra. Penas y yo mismo un recurso contencioso-administrativo contra la inactividad de la Administración, en concreto de la Universidad de Zaragoza, por no aplicar sus propias resoluciones sobre recursos anteriormente presentados.
La fecha del juicio prevista es otra prueba de la inactividad de la Administración: será el 6 de mayo de 2009 (Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Zaragoza, 12 h.). Esto por actuaciones contrarias a derecho en nuestro departamento de Filología Inglesa (Universidad de Zaragoza) que comenzaron en 2005.
De lo que se deduce que los atropelladores de derechos y mangoneadores en la Administración tienen todas las de ganar: aun cuando la justicia deshaga el entuerto, habrán tenido cuatro años de ventajismo, y entretanto pueden haber empezado a acosar por otro sitio. Que ya están en ello, no lo duden.
La culpa, en cuanto responsable último, es del Rector—ahora rector en funciones, Felipe Pétriz: que habiendo resuelto dos recursos sobre esta cuestión a nuestro favor, luego no ha cuidado de aplicarlos cuando se han desoído o toreado esas resoluciones suyas, y ha optado por contestar a nuestras protestas con silencio administrativo.
Yendo más a la raíz de la cuestión son responsables los coordinadores del postgrado de nuestro departamento: los doctores Susana Onega, Francisco Collado, Celestino Deleyto e Ignacio Vázquez, que contrariamente a derecho (según resolvió el Rector) han reservado los estudios de postgrado y la prerrogativa de dirigir tesis en nuestro departamento únicamente para los miembros de sus equipos de investigación. Sistema feudal, vamos. Y son por supuesto esos miembros quienes les han votado y apoyado en esta actuación contra derecho, para beneficiarse del coto.
También le toca su parte de responsabilidad al director del Departamento, Dr. Carlos Inchaurralde, que ha permitido que el Departamento aplique esas normativas internas ilegales, y ya anuladas repetidamente, pero que siguen en vigor. A día de hoy, seguimos sin poder dirigir tesis doctorales y sin poder optar a docencia del nuevo segundo ciclo—cuando toda la vida hemos impartido segundo y tercer ciclo. Pero un día le entró esa inspiración a la Dra. Onega, que es quien toma estas decisiones y es seguida en fila india por los demás profesores, ya sea votando en silencio (si no son catedráticos), ya sea argumentando con apasionamiento lo que toque defender ese día (si son catedráticos). Tampoco cabe la menor duda para quienes conocemos el ambiente de que si la Dra. Onega decidiese apearse de la burra o cambiase de criterio, irían todos detrás como un solo hombre. Qué triste.
¿Y por qué siguen en vigor estos criterios si han sido anulados por instancia superior? Pues porque aunque el Rector resuelve que se han hecho cosas contrarias a derecho, y papeles irregulares, no le llega la capacidad operativa hasta ordenar al órgano inmediatamente superior que enmiende lo mal hecho. Qué digo amonestar o sancionar a quienes vulneran la normativa: es que el Rector se niega (por omisión y silencio administrativo) incluso a corregir los papeles mangoneados. Prefiere no intervenir, y que sigan campando a sus anchas los grupillos de poder locales, si eligen no obedecerle. Supongo que es su idea de la buena administración. Pues califica por sí sola.
Estas situaciones normalmente se resuelve por cansancio y desistimiento de los acosados, al toparse con la inactividad de la administración, que trabaja a favor del feudalismo y mangoneo. Pero nosotros aún estamos animosos. Así que a contencioso administrativo nos vamos—que arrieros somos.
La fecha del juicio prevista es otra prueba de la inactividad de la Administración: será el 6 de mayo de 2009 (Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Zaragoza, 12 h.). Esto por actuaciones contrarias a derecho en nuestro departamento de Filología Inglesa (Universidad de Zaragoza) que comenzaron en 2005.
De lo que se deduce que los atropelladores de derechos y mangoneadores en la Administración tienen todas las de ganar: aun cuando la justicia deshaga el entuerto, habrán tenido cuatro años de ventajismo, y entretanto pueden haber empezado a acosar por otro sitio. Que ya están en ello, no lo duden.
La culpa, en cuanto responsable último, es del Rector—ahora rector en funciones, Felipe Pétriz: que habiendo resuelto dos recursos sobre esta cuestión a nuestro favor, luego no ha cuidado de aplicarlos cuando se han desoído o toreado esas resoluciones suyas, y ha optado por contestar a nuestras protestas con silencio administrativo.
Yendo más a la raíz de la cuestión son responsables los coordinadores del postgrado de nuestro departamento: los doctores Susana Onega, Francisco Collado, Celestino Deleyto e Ignacio Vázquez, que contrariamente a derecho (según resolvió el Rector) han reservado los estudios de postgrado y la prerrogativa de dirigir tesis en nuestro departamento únicamente para los miembros de sus equipos de investigación. Sistema feudal, vamos. Y son por supuesto esos miembros quienes les han votado y apoyado en esta actuación contra derecho, para beneficiarse del coto.
También le toca su parte de responsabilidad al director del Departamento, Dr. Carlos Inchaurralde, que ha permitido que el Departamento aplique esas normativas internas ilegales, y ya anuladas repetidamente, pero que siguen en vigor. A día de hoy, seguimos sin poder dirigir tesis doctorales y sin poder optar a docencia del nuevo segundo ciclo—cuando toda la vida hemos impartido segundo y tercer ciclo. Pero un día le entró esa inspiración a la Dra. Onega, que es quien toma estas decisiones y es seguida en fila india por los demás profesores, ya sea votando en silencio (si no son catedráticos), ya sea argumentando con apasionamiento lo que toque defender ese día (si son catedráticos). Tampoco cabe la menor duda para quienes conocemos el ambiente de que si la Dra. Onega decidiese apearse de la burra o cambiase de criterio, irían todos detrás como un solo hombre. Qué triste.
¿Y por qué siguen en vigor estos criterios si han sido anulados por instancia superior? Pues porque aunque el Rector resuelve que se han hecho cosas contrarias a derecho, y papeles irregulares, no le llega la capacidad operativa hasta ordenar al órgano inmediatamente superior que enmiende lo mal hecho. Qué digo amonestar o sancionar a quienes vulneran la normativa: es que el Rector se niega (por omisión y silencio administrativo) incluso a corregir los papeles mangoneados. Prefiere no intervenir, y que sigan campando a sus anchas los grupillos de poder locales, si eligen no obedecerle. Supongo que es su idea de la buena administración. Pues califica por sí sola.
Estas situaciones normalmente se resuelve por cansancio y desistimiento de los acosados, al toparse con la inactividad de la administración, que trabaja a favor del feudalismo y mangoneo. Pero nosotros aún estamos animosos. Así que a contencioso administrativo nos vamos—que arrieros somos.
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